La Casa Rosada busca seducir a siete senadores que definirán la Ley Bases
Cuatro patagónicos, dos peronistas del litoral y el radical Abad aparecen como piezas sueltas en el tablero del oficialismoDelfina Celichini
En la recta final hacia el recinto del Senado, los senadores que todavía no definieron su voto juegan al póker con el Gobierno. Con solo siete legisladores propios y un compacto bloque de 33k ir ch nerist as atrincherados en el rechazo, al oficialismo no le queda otra opción que sentarse a negociar con la oposición dialoguista, que muestra indicios de querer acompañar, pero que aún no expresó su voluntad de viva voz. En la medida en que se acerca el día de la sesión, prevista para el miércoles o jueves de la semana próxima, el costo de torcer la voluntad de estos dirigentes aumenta, así como el peso de sus demandas.
El compendio de indecisos varía. Algunos de los que todavía no se habían pronunciado lo terminaron de hacer la semana pasada, al firmar –incluso con disidencias– los dictámenes del oficialismo. Otros, como el radical Martín Lousteau, ratificaron su actitud opositora. En tanto, hubo quienes se sumaron a la indefinición, como su correligionario Maximiliano Abad, quien optó por la prescindencia y abrió una incógnita. En este escenario, la abstención de un legislador considerado “oposición dialoguista” fue tomado como un gol en contra para el Gobierno, en tanto robustecerá el espacio del “no”, que cuenta con 34 manos si se cuenta al kirchnerismo más el presidente del Comité Nacional del radicalismo.
El oficialismo cuenta hoy con una base de 31 adhesiones, si se suma a los libertarios, la bancada de Pro, una mayoritaria porción de la UCR y otros bloques provinciales. En el medio, fluctúan siete senadores que serán determinantes para sellar la suerte de los proyectos y a los que los libertarios buscan seducir.
Se trata de un heterogéneo compendio integrado por Abad; los compañeros del bloque Unidad Federal, Carlos Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos); los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; y las chubutenses Edith Terenzi y Andrea Cristina. Si bien solían componer este grupo la neuquina Lucila Crexell y la rionegrina Mónica Silva, el oficialismo las cuenta a favor de los proyectos. En particular, no obstante, plantearán diferencias. Se especula con que el viraje en su voto responde a concesiones del oficialismo ante demandas puntuales.
Anteayer, Carlos Pagni señaló en LN+ que la posible designación de Crexell como embajadora ante la Unesco, en París, pudo haber influido en un cambio de actitud de la neuquina, quien expuso un vínculo con el Gobierno similar al de un electrocardiograma. El gobernador de su provincia, Rolando Figueroa, cuyo liderazgo político Crexell reconoce pero por momentos pareciera desatender, trabaja en sintonía con su par rionegrino Alberto Weretilneck. Juntos pidieron al Poder Ejecutivo la provincialización de rutas nacionales que alimentan una de las zonas más productivas de la región: Vaca Muerta. Se trata de pedidos de mejoras de infraestructura en las rutas 22, 151, 231 y 242, de las que en la administración libertaria ya tomaron nota.
De hecho, Mónica Silva hizo mención a esta respuesta del Ejecutivo en la red social X. “Tengo una muy buena noticia. Se reactivará la obra Rotonda sobre Ruta Nacional 22 frente a Choele Choel. @albertoweretilneck gestionó esta obra que avanzó en un 60%. Ahora avanzará el 40% restante. Me lo comunicó el administrador general de Vialidad Nacional”, escribió la senadora el 24 de mayo, en pleno empantanamiento de la discusión de la Ley Bases y el paquete fiscal. Weretilneck, además, apuesta a albergar el proyecto de exportación de GNL anunciado por YPF y Petronas en 2022. El otro lugar en donde esta millonaria inversión podría desembarcar es en Bahía Blanca.
Los hilos que podrían mover al entrerriano Kueider son dos. Por un lado, el legislador ya marcó que su interés provincial pasa por la represa de Salto Grande, instalada en Concordia. “Expresé al ministro de Energía mi preocupación por las deudas pendientes con Salto Grande y Yacyretá. Estás dificultan el normal funcionamiento de la generadora en Entre Ríos, especialmente ante las inundaciones”, destacó en X. Por otro lado, y según fuentes del oficialismo, una causa judicial que salpica a la administración del exgobernador Gustavo Bordet, de la que él fue secretario de Gobierno, podría ingresar en la ecuación. La investigación judicial apunta a negocios de la empresa Securitas, a partir de indicios que podrían probar una red de corrupción con referentes del gobierno entrerriano entre 2016 y 2019.
El correntino Espínola tampoco mostró sus cartas aún. Si bien su tradición política está ligada al peronismo, se alejó del kirchnerismo en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. El electorado de su provincia, donde peleó tres veces –sin éxito– por la gobernación, tiene una larga tradición antiperonista. A esta complejidad se le suma que Milei cosecha altos márgenes de aprobación en esa región. Por eso, se especula con que Espínola pueda llegar a un acuerdo electoral hacia 2025, cuando Corrientes volverá a las urnas para elegir gobernador. El radical Gustavo Valdés no puede reelegir y deberá construir un sucesor. En tanto, La Libertad Avanza (LLA) todavía no tiene una estructura consolidada y su referente local, el diputado Lisandro Almirón, todavía está lejos de arañar una victoria provincial.
Los santacruceños Carambia y Gadano, en tanto, lograron incorporar el aumento del 3% al 5% las regalías mineras y se anotaron también el diferencial del 22% para la región en el impuesto a las ganancias. Lo mismo con las chubutenses, quienes tienen detrás al gobernador de su provincia, Ignacio Torres, que insistía con pedir garantías al Ejecutivo para evitar que los beneficios obtenidos en el Senado sean revertidos en Diputados
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Ante las razones del hartazgo social
Joaquín Morales Solá
Los jubilados han sido la variante del ajuste de todos los gobiernos de los últimos 20 años. Según las estadísticas, el período presidencial en el que mejor les fue corresponde al que presidió Carlos Menem en los años 90, y cuando ya las jubilaciones estaban en manos de la AFJP. Cristina Kirchner y Amado Boudou (con la complicidad de Sergio Massa) tuvieron la idea en 2008 de devolverle al Estado esa enorme masa de recursos. La usaron políticamente.
La peor pérdida del poder adquisitivo de los jubilados se registró, en cambio, entre fines de 2017 y enero de este año; perdieron el 57 por ciento del poder de compra. Es un período que abarca tres gobiernos (los de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei), pero la mayor cantidad de años pertenece a la tercera administración kirchnerista. Llama la atención, por eso, que ayer haya sido el kirchnerismo uno de los principales impulsores de la sublevación política en la Cámara de Diputados para imponerle a Milei, supuestamente, una nueva fórmula jubilatoria.
Acompañaron a los seguidores de Cristina Kirchner la izquierda –cómo no–; el radicalismo (esto fue más extraño), y el bloque Hacemos Coalición Federal, un poliédrico conjunto de diputados que preside Miguel Ángel Pichetto, cuya alianza fugaz con la izquierda para alcanzar ayer el quorum es difícil de explicar. Solo Pro y el partido del Presidente, La Libertad Avanza, no aceptaron participar del complot. ¿Por qué se habla tanto de la decisión de Milei de no acercarse tanto a Mauricio Macri? Las posiciones están a la vista en los momentos cruciales.
Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay, suele decir que cuando la economía se desajusta alguien la ajusta: el mercado o la conducción política del país. Los ajustes en la Argentina, dispuestos por el Gobierno o por el mercado, cayeron siempre sobre los jubilados; sucede también que el gasto en seguridad social representa casi el 50 por ciento del presupuesto nacional; la mayoría de ese gasto pertenece a jubilaciones y pensiones.
Desde la época de Cristina Kirchner existen moratorias, además, que les permiten jubilarse a personas que no hicieron los aportes necesarios al sistema previsional. Se sumaron casi cuatro millones de jubilados a un sistema que tiene más de siete millones de jubilados.
La mitad de los jubilados que existen en la Argentina, aproximadamente, no hicieron los aportes que establece la ley. Es cierto que muchas de esas personas no pudieron formalizar los aportes porque fueron víctimas de las periódicas crisis de la economía argentina, pero había otras maneras de resolver esos problemas que son reales. El exgobernador peronista de Santa Fe Omar Perotti propuso, cuando era senador nacional, crear un subsidio para las personas mayores que carecieran de jubilación, pero por fuera del sistema previsional. Esta iniciativa dejaba a la Anses dedicada solo a los jubilados que habían hecho los aportes en tiempo y forma.
Perotti intentó resolver un problema que es fácilmente comprensible: cualquier decisión sobre los ingresos de los jubilados, por pequeño que sea el aumento que disponga, impacta fuertemente en el presupuesto nacional.
Es ahí donde se metieron ayer los diputados opositores, según la distintas versiones de la oposición, pero solo se pusieron de acuerdo para alcanzar el quorum; no lograron ni uno ni dos proyectos comunes para cambiar la fórmula previsional. Empezaron a sesionar con cinco proyectos distintos. Imposible mayor confusión. Corresponde señalar que cuando los legisladores proponen un aumento de las partidas presupuestarias, y tienen derecho a proponerlo, deberían también, por responsabilidad institucional, indicar de dónde saldrán esos recursos sin afectar el equilibrio de las cuentas públicas.
¿Por qué no imaginaron, por ejemplo, eliminar la excepciones impositivas a unas pocas empresas en Tierra del Fuego para destinar ese dinero a mejorar los ingresos de los jubilados? ¿Por qué no propusieron cambiar el régimen que regula la pesca para aumentar el insignificante canon que pagan unas 30 empresas que hacen millonarios negocios con una riqueza que pertenece a todos los argentinos? Sobre esos arbitrarios beneficios de un reducido sector empresario no hablan ni diputados ni senadores. Silencio. ¿Complicidad también? Quién lo sabe.
La propuesta de aumentos de partidas presupuestarias sin compensación significa en los hechos, lo digan o lo nieguen, el proyecto de un regreso al déficit fiscal. Es otro ejercicio de irresponsabilidad política; esa inconsciencia de sus dirigentes llevó al país (y a la sociedad, sobre todo) a la necesidad de sufrir un brutal ajuste de la economía. Es también la tara del kirchnerismo, que aumentó el gasto público hasta dejarlo en casi el 50 por ciento del PBI nacional.
La administración de Alberto Fernández fue la peor de las tres kirchneristas porque ni siquiera tuvo la astucia de evitar que estallara el conflicto de la economía durante su mandato.
La lideresa que levantó ayer la bandera de los jubilados, Cristina Kirchner, se pasó sus dos mandatos peleándose con la Corte Suprema de Justicia porque esta le exigía que cumpliera con la ley y fuera más justa con los salarios de los jubilados. La Anses llegó a declarar formalmente en aquellos años ante el máximo tribunal de Justicia del país que quebraría si cumplía con las resoluciones de la Corte.
Es costumbre institucional que cuando la Corte fija una jurisprudencia sobre un tema, el Poder Ejecutivo traslada esa opinión a un proyecto de ley para que la decisión se generalice en el acto. Si no fuera así, la Corte debería resolver caso por caso innumerables expedientes. Ese tribunal no resuelve en general, sino sobre cada situación en particular. El caso histórico más emblemático de esa práctica fue la decisión de legalizar el divorcio en el país; la Corte Suprema fue en los años 80 la primera institución en resolver que el divorcio era un derecho constitucional. El gobierno de Raúl Alfonsín convirtió esa decisión en ley aprobada por el Congreso para que la Corte no terminara resolviendo todos los divorcios del país. Al revés, Cristina Kirchner se negó a convertir en ley la decisión de la Corte sobre el salario de los jubilados y condenó a cada uno de estos a comenzar una causa propia. La sede de la Justicia Previsional ocupa una casona muy antigua. Cada cierto tiempo, ese edificio debe ser liberado de expedientes con planteos de jubilados porque corre el riesgo de desmoronarse. Esa indiferencia histórica desnuda la protesta parlamentaria de la víspera.
Sucedió ayer, más que nada, una demostración de fuerza ante un presidente que –también es cierto– trata despectivamente a los legisladores de las dos cámaras del Congreso. Las formas y el respeto personal son cualidades que en algún momento se valoran. Pero cualquier iniciativa sobre los jubilados aprobada por la Cámara de Diputados deberá pasar luego por el acuerdo del Senado. Si existiera una decisión con el consentimiento de las dos cámaras, le quedará a Milei todavía el recurso del veto.
Falta mucho camino por andar si los diputados se propusieron realmente modificar la fórmula previsional de aumentos. ¿O es que solo querían mostrar que los opositores, todos ellos juntos sin vínculos políticos ni ideológicos, están en condiciones de marcarle a Milei los límites políticos que tiene?
El aspecto más notable de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados refiere a un cambio abrupto e imprevisto en la relación de fuerzas de esa cámara. Los opositores consiguieron que 141 diputados se sentaran en sus bancas para que el cuerpo pudiera sesionar (se necesitan solo 129) y decidieran contra la opinión del Gobierno. En la votación en general, el proyecto de la Ley Bases consiguió en la Cámara de Diputados en los primeros días de febrero pasado 144 votos a favor de la iniciativa de la administración de Milei; ese mismo proyecto, ampliamente modificado, fue aprobado en general el 30 de abril pasado por 142 votos a favor del Gobierno. Un cambio radical en la relación de fuerzas preexistente en esa cámara. ¿Definitivo? Difícil, si no imposible. Las negociaciones entre el kirchnerismo y la oposición dialoguista (radicales y legisladores de Pichetto, sobre todo) eran ayer un espectáculo inverosímil. No durará.
Sin embargo, lo que sucedió en la Cámara de Diputados pertenece a esos hechos de la política que pasan inadvertidos para la mayoría de los argentinos, pero que ven con preocupación sectores financieros internacionales y el mercado nacional. No es extraño que ayer se hayan movido en una mala dirección el precio del dólar y el valor de los bonos argentinos.
Milei no consiguió todavía, cuando está a solo cinco días de cumplir seis meses en el poder, que el Congreso le aprobara una sola ley ni su monumental decreto de necesidad y urgencia de diciembre pasado. En ese escenario de simbólicos triunfos internacionales y de serias restricciones políticas locales, se inscribió el motín parlamentario de ayer.
Fue también un símbolo destinado a caminar hacia ninguna parte, pero representa al mismo tiempo el espíritu de gran parte de la dirigencia política argentina. El gasto del Estado, dicen, es inofensivo. Ese es un error que explica el hartazgo de los argentinos, y también por qué muchos se abrazan a políticas inconducentes que proponen la idea delirante de un país sin Estado.
La peor pérdida del poder adquisitivo de los jubilados se registró entre fines de 2017 y enero de este año; perdieron el 57% del poder de compra
El aspecto más notable de lo que ocurrió ayer refiere a un cambio abrupto e imprevisto en la relación de fuerzas
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