CUENTAS PENDIENTES Y AJUSTE

Las multas de tránsito no aportan a la seguridad vial
Néstor O. Scibona


Cualquier automovilista del AMBA que venda su vehículo y deba tramitar el certificado de libre deuda por infracciones de tránsito puede encontrarse con una sorpresa muy desagradable: una ristra de fotomultas pendientes de pago en jurisdicción bonaerense, con actas labradas en un lapso que puede ir de 3 meses a más de 5 años, no notificadas ni recibidas y con montos actualizados por unidades fijas (UF) equivalentes al precio de un litro de nafta premium.
Por caso, el exceso de velocidad en rutas o autopistas es sancionado con una multa de 150 UF de $1299 cada una y así su monto se eleva a casi $195.000. En infracciones aún más graves, el máximo puede llegar a 5000 UF y, con reincidencia, a 20.000.
No es el único problema. Si el auto radicado en la CABA o la provincia de Buenos Aires registra infracciones en el conurbano bonaerense o en rutas de la costa atlántica y su propietario decidiera desconocer alguna multa o reclamar la prescripción de otras (5 años, según la ley nacional), deberá recurrir al juzgado de cada municipio que labró el acta a costa de una enorme pérdida de tiempo.
Así y todo, tampoco podría dormir tranquilo: nadie en la Argentina está exento de que en otras provincias y municipalidades aparezcan fotomultas por infracciones reales o discutibles y captadas por cámaras concesionadas a empresas que perciben un porcentaje de la recaudación. Algunas están registradas con el dominio del vehículo (chapa patente) y otras con el DNI de sus propietarios. De ahí que coexistan siglas de diferentes sistemas públicos y privados de rastreo de multas, junto con gestores o estudios jurídicos que reclaman el pago de deudas a cambio de un porcentaje del monto total.
Una de las causas de esta maraña burocrática y jurídica es que las leyes nacionales de seguridad vial, sancionadas hace 30 y 16 años (24.449 y 26.363, respectivamente), crearon la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y un vasto cuerpo normativo para que tuviera la adhesión de provincias y municipalidades. Sin embargo, no todas adhirieron y otras incorporaron normas propias, pese a participar de consejos federales para homogeneizar un sistema que terminó asemejándose a una torre de Babel.
Por ejemplo, para renovar la licencia de conducir en la CABA se requiere el Cenat (certificado nacional de antecedentes de tránsito) y en la provincia de Buenos Aires, el Cepat (certificado provincial), de alcances limitados. Pero los concesionarios que toman vehículos usados como parte de pago utilizan el Sugit (sistema único de gestión), creado por la asociación que los agrupa (Acara), con datos de infracciones de una decena de provincias y un centenar y medio de municipalidades de todo el país. No es el único servicio privado que rastrea multas pendientes de pago.
Recaudación vs. prevención
La virtual ausencia de un registro centralizado a nivel nacional de todas las infracciones de tránsito derivó en un mecanismo heterogéneo y disperso de recaudación fiscal, con proliferación de multas, que poco o nada tiene que ver con la necesidad de mejorar la seguridad vial en todo el país.
Pruebas a la vista son la ausencia o escasez de campañas oficiales sistemáticas de educación vial y concientización de riesgos, los esporádicos controles de alcoholemia y drogas a conductores y el alto número de víctimas mortales.
Según datos de la ONG Luchemos por la Vida, en la Argentina los siniestros viales son causa de 6000 muertes por año (un promedio de 17 por día); más de 120.000 heridos de distinta gravedad, y daños materiales por US$10.000 millones en vehículos e infraestructura.
En la CABA, hubo entre 2017 y 2022 (último dato disponible) una secuencia de 151 a 111 víctimas mortales por año, en su mayoría hombres (entre 70% y 83%) y edades de 25 a 44 años, con alta proporción de motociclistas (40% a 48%) y peatones (34% a 44%). A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el número de fallecidos por año se ubicó entre 1369 en 2017 y 1303 en 2023 (dato provisorio).
Casi el 80% del total de infracciones en la CABA entre enero y agosto de 2024, registradas por fotomultas contratadas a dos empresas (NEC y Cecaitra), corresponden a exceso de velocidad, con 1,45 millones de actas (40,7%), y estacionamiento indebido, con 1,35 millones (37,9%). Los controles de alcoholemia sumaron casi 256.000, de los cuales 3535 diemente. ron positivo con 0,88 promedio (82% en hombres y 18% en mujeres) y retención de licencias por dos meses. Según fuentes del gobierno porteño, los ingresos por multas –no precisados– se destinan a rentas generales, pero se prevé un próximo lanzamiento de la primera campaña de seguridad vial integral en muchos años, basada en la Iniciativa Bloomberg para Seguridad Vial.
Paralelamente, las multas cobradas por la PBA, concesionadas a seis empresas (Cecaitra, Fluxa, HR, Ideas Verdes, Secutrans, TNGroup y Tránsito Seguro) y auditadas por la Universidad de La Plata (UNLP), ascendieron entre enero y septiembre de este año a $67.211 millones (157% más que en todo 2023, inflación mediante), sin detalle del tipo de infracción.
Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte bonaerense desde 2022, atribuye la falta de notificación de infracciones en el plazo legal de 60 días a los proveedores de fotomultas, que, para ahorrarse el costo de correo, suelen registrarlas directa200 Por eso la PBA dispuso en 2023 la constitución obligatoria del “domicilio vial electrónico” individual para evitar la falta de notificación. Otra novedad es la posibilidad de tramitar multas en la Casa de la Provincia en la CABA (en Congreso), aunque en la página web por ahora solo figuran los juzgados provinciales en varios municipios.
El ministro precisa además que el sistema bonaerense tiene un stock de 32 millones de multas difícil de depurar, ya que procesa un promedio de 450.000 por mes, de las cuales 50% se resuelven, con 70% de sanción y 30% de absolución por datos erróneos.
En cuanto al destino de la recaudación, indica que, por convenio marco, 40% va al municipio, otro 40% al prestador y el 20% restante a la Provincia, que asigna esos recursos a seguridad vial para pagar móviles, alcoholímetros y cascos entregados gratuitamente a motociclistas de bajos recursos. Aun así, reconoce que cuenta con solo personas para controlar toda la provincia y fiscalizar el transporte de pasajeros y cargas, por lo cual se cruza información con municipios. Según sus datos, en el primer año de la ley de alcohol cero los casos bajaron 60% debido a la suspensión de licencias por 6 meses y la retención transitoria del vehículo.
Propuestas privadas
María Cristina Isoba, presidenta de Luchemos por la Vida, que impulsó campañas mediáticas impactantes (como “El celular al volante mata” o “Cuidate, vos que tenés cerebro usá casco”), opina que “aunque tuviéramos las mejores leyes del mundo no hay solución si no controlamos su cumplimiento”.
En este sentido, enfatiza que las exigencias de alcohol cero o uso del casco solo serían eficaces si los controles, en vez de ser intermitentes y aleatorios, fueran sistemáticos y generalizados. Cita como ejemplo a países desarrollados con alta frecuencia de controles y sanciones que no solo consisten en multas muy onerosas, sino en la exigencia de cursos obligatorios de rehabilitación o trabajos comunitarios. “Hacen que el infractor tome conciencia de la relación costo-beneficio de violar esa norma, para no reincidir y evitar más muertos o heridos”, subraya.
A juicio de la especialista, la multiplicidad de disposiciones sobre un mismo tema genera dificultades enormes. A tal punto que la verificación técnica vehicular (VTV) no rige en algunas provincias y en otras no existen controles, como lo muestra la circulación de vehículos sin luces y deteriorados a la vista de las autoridades, al igual que la tracción a sangre, prohibida desde hace décadas.
Esta ONG impulsa que el examen práctico para licencias de conducir se realice en la vía pública y mezclado con el tránsito en vez de en un circuito cerrado o acotado a pocas cuadras de baja circulación. También propone, a semejanza de España, declarar “delitos contra la seguridad vial” las conductas temerarias de conductores y reprimirlos con penas de prisión, aunque no provoquen muertes ni heridos. Una iniciativa similar promueve la asociación civil Madres del Dolor, aunque en ambos casos sería necesario reformar el Código Penal de la Nación.

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Caputo anunció el cierre de un organismo de saneamiento y obras hídricas.
Es el Enohsa, encargado de ejecutar y supervisar obras de saneamiento y agua potable; el caso Aerolíneas
La motosierra continúa funcionando, y después del cierre de la sociedad ferroviaria Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf) la semana pasada, el Gobierno avanzará con el cierre de otro organismo. Se trata del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), que fue creado en 1995 durante el gobierno de Carlos Menem.
Así lo anticipó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una entrevista con Luis Majul en el programa La cornisa, que se emite por LN+. “Es un antro de corrupción”, denunció sobre la actividad del Enohsa.
El ente había vuelto a la órbita del Ministerio de Economía en diciembre de 2023 (después de quedar debajo de sucesivas carteras, como el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, la Secretaría de Obras Públicas, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y después al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda) y su administrador era Bernardo Bartolomé Heredia, un hombre de Juan Schiaretti, oficializado en el cargo en marzo de este año.
Sin embargo, fuentes de Economía dijeron que el organismo, “tal como los fondos fiduciarios y las universidades, eludía el control de gasto que hay en la administración central”. De esta manera, funcionaba en total duplicidad con la Subsecretaría de Recursos Hídricos (SS.RH.):“El objetivo era claro: encubrir y distribuir una nueva caja negra de la política”.
“Solo algunos números: en diciembre de 2023 la subsecretaría tenía 184 obras en cartera, de las que hoy quedan 29 priorizadas, mientras tanto, el Enohsa contaba con 1485, de las que hoy quedan 122 priorizadas. Además, mientras la SS.RH. tenía alrededor de 145 personas empleadas, el Enohsa contaba con 358 empleados al inicio de esta gestión, de los que hoy quedan 234”, apuntaron.
Más definiciones
En cuanto al decreto que emitió el Gobierno que establece que Aerolíneas Argentinas está sujeta a privatización, Caputo también fue contundente y dijo que “las empresas del sector público son cajas” y que, si no se vota la privatización de Aerolíneas, el Gobierno está analizando otras alternativas. Según pudo saber este diario, una de ellas sería otorgarles las acciones de la compañía a los empleados o formalizar un esquema por el cual los gobernadores aporten fondos para costear las rutas domésticas que no son deficitarias.
Consultado por la inflación, el ministro anticipó que en septiembre el índice de precios al consumidor (IPC) podría estar entre 3% y 3,5% y que la tendencia es hacia abajo. “No hacemos política para los mercados, sino en función de bajar la inflación que afecta a los que menos tienen. Con menos inflación hay más estabilidad”, afirmó.
Además, dijo que “con un marco macroeconómico estable las inversiones empiezan a venir” y que “a partir de abril la economía empezó a pegar la vuelta”. “Con una macroeconomía consistente, el crecimiento se hace sostenible a largo plazo. Hace cinco meses, el salario real le ganó a la inflación y se ve más aumento de producción que de consumo. Pero venimos de la peor crisis de la historia. Lo que heredamos nosotros hay que ponerlo en comparación con lo que podría haber sido. El dólar está más abajo que cuando llegamos y salvamos que la pobreza no fuera más alta”, esgrimió.
Por otro lado, insistió en que el peso argentino va a ser la moneda fuerte frente al dólar y aseguró que el riesgo país no le preocupa mucho. En su visión, la gestión mileísta vino a bajar impuestos y aranceles: “Hay que marcarles la cancha a los políticos. Si los intendentes quieren cobrar plata de los vecinos, que den la cara”, apuntó, en referencia a las tasas municipales que se cobran en las facturas de servicios públicos en muchas intendencias.
Con respecto al cepo, dijo que el Gobierno no pone condiciones para salir del control de cambios y que en el exterior nadie le pregunta por eso. “Saldremos cuando no genere estrés ni en la gente ni en la economía”, afirmó.
Consultado por el oro de las reservas que fue trasladado al exterior, dijo que no hay riesgo de que Inglaterra lo embargue. Sobre el blanqueo de capitales en marcha, sostuvo que no tiene un fin recaudatorio. “Favorece el desarrollo del mercado de capitales. Con el blanqueo buscamos que se reactive la economía ”, aseveró.
Respecto de la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que todavía no decidieron si van a pedir un nuevo préstamo y adelantó que no concurrirá al Congreso a presentar el proyecto de presupuesto 2025. “Voy a tener charlas acá (en el ministerio) con los diputados y senadores a los que realmente les interese discutir el presupuesto. Es un show del kirchnerismo y no voy a contribuir con eso”, opinó.

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