Servicio esencial. Se perdieron hasta 38 días de clases en seis meses
Misiones lidera el ranking de conflictividad gremial; le sigue Neuquén, con 22 jornadas de paro este año
Texto Lucila Marin
El paro del 9 de mayo pasado fue el que se sintió más fuerte en el sistema educativo
Mientras el Congreso de la Nación se encamina a declarar por ley a la educación como servicio esencial –tiene la aprobación de Diputados y resta la del Senado–, con lo que podría encontrarse un esquema para evitar que las escuelas cierren por conflictos gremiales, en lo que va del año son varias las provincias que no logran cumplir sus planificaciones previstas. Misiones lidera el ranking de escuelas cerradas con 38 días; le siguen Neuquén, con 22; Santa Fe, con 16; la provincia de Buenos Aires, con 14, y la Capital, con 10.
Sin embargo, solo el paro general del 9 de mayo tuvo entre los gremios docentes un acatamiento superior al 50%. La mayoría de los reclamos sindicales del área están vinculados con los bajos salarios y con la necesidad de invertir en el área educativa.
En lo que va del año, en la mayoría de las provincias no se cumplieron los días de clases planificados. En busca de garantizar que las escuelas estén abiertas durante las huelgas docentes y no docentes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial”, que no quedó exento de críticas por la dificultad para su implementación y por quienes consideran que no resolverá los problemas de la crisis educativa.
El proyecto aprobado, que debe pasar por el Senado para convertirse en ley, plantea un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias: las autoridades escolares deberán garantizar la apertura de los establecimientos en sus horarios habituales y el servicio de alimentación escolar los días de huelga.
Formosa, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero no tuvieron días sin clases, según el relevamiento de la organización Coalición por la Educación, una agrupación de padres, docentes, expertos y representantes de diferentes organizaciones sociales, que contabiliza cuántos días de clases se dictaron, cuántos se perdieron y por qué razones. En el otro extremo se encuentra Misiones, en donde hasta mitad de año solo habían tenido 44 días de clases “normales” de los 82 planificados, alcanzando 38 días de paro; Neuquén, donde hubo 22 días de paro, y Santa Fe, con 16.
En mayo, la protesta de los empleados estatales en Misiones por una fuerte recomposición salarial tuvo a los docentes, junto con los policías, como protagonistas. Lideraron incluso un acto inédito de atrevimiento y desafío al poder: marcharon a la casa de Carlos Rovira, el máximo jefe del peronismo provincial.
En el caso de Neuquén, en la primera mitad de año hubo apenas cuatro semanas de clases completas para primaria y tres para secundaria. Solo a modo de ejemplo, las clases debían comenzar el 4 de marzo, pero lo hicieron recién el 11, y esa semana, los estudiantes apenas asistieron dos días al aula; los otros tres fueron de paro. Además del conflicto gremial, otro de los principales factores que complican el panorama de Neuquén es la cantidad de jornadas pedagógicas o institucionales que tiene.
En la Capital Federal, en tanto, suman 10 días sin clases y en la provincia de Buenos Aires, 14. En ambas jurisdicciones solo una de las huelgas superó un acatamiento del 50%, el paro general nacional. En el caso del distrito gobernado por Axel Kicillof, hubo siete medidas de fuerza con un impacto menor al 10%, dos cuyo acatamiento impactó entre un 10% y un 25% y otras dos superaron el 25% sin alcanzar el 50%. Al cierre de esta nota, no recibió respuesta la nacion de la Dirección General de Cultura y Educación, dirigida por Alberto Sileoni. Tampoco contestaron la consulta de este medio el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), cuyo secretario general es Roberto Baradel, un dirigente leal a Kicillof.
En la ciudad de Buenos Aires fueron siete las medidas de fuerza. Los datos del Ministerio de Educación porteño, según contestaron también contabilizaron siete jornadas de paro de la Unión de trabajadores de la educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys en lo que va de 2024, entre los que se cuentan: el 26 de febrero, en defensa del Fonid, infraestructura, salario y jubilaciones docentes; el 4 de marzo, donde además del aumento de sueldos pidieron por un boleto educativo y reclamaron por el aumento del transporte, los servicios, los útiles y los alimentos; el 8 de marzo, por el Día de la Mujer y con la consigna “Plata para educación, no para la deuda”; el 4 de abril, por los 17 años del asesinato de Carlos Fuentealba y en reclamos de financiamiento para educación; el 23 de abril, con la marcha federal universitaria; el paro nacional del 9 de mayo y el 23 de mayo, también por el financiamiento educativo y en solidaridad con la lucha de Misiones.
“Hay dos cuestiones que resumen el nivel de conflictividad este año a nivel educativo. Por un lado, el presupuesto y el financiamiento. Un gobierno [nacional] que dejó de girar el Fonid, que cubre parte de los salarios docentes, y el Fondo Compensador a las provincias. Por otro lado, el financiamiento que incluye el aspecto salarial y sostener concretamente la educación, como es el caso del presupuesto universitario. Un gobierno que hace esto al mismo tiempo arma vouchers y bonos para quienes asisten a las escuelas privadas. Una política de vaciamiento que han llevado adelante todas las jurisdicciones”, apuntó Mariana Scayola, secretaria general de Ademys.
Y cerró: “El otro eje de ataque del Gobierno es contra el derecho a huelga de las organizaciones sindicales. Inició el año jactándose públicamente de no convocar a la paritaria nacional. Y ahora saca la ley de esencialidad. Entonces, al mismo tiempo que ataca el presupuesto, que ataca los salarios, que recorta, que avanza con reformas educativas y demás en las jurisdicciones, pretenden cercenar el derecho a la protesta”.
“El reclamo a nivel nacional es por financiamiento educativo”, resumió en diálogo con María la nacion José Gutiérrez, secretaria general de UTE. “Dentro de ese concepto el salario es solo un vector, pero no es el único. Entendemos que la educación es un derecho y el Estado debe garantizarlo con políticas públicas que aseguren la inclusión y también la calidad”, detalló.
“Si quieren soluciones, esta no es la manera. La forma es con presupuesto educativo, inversión, creación de escuelas. No es la manera nombrar a la educación un servicio, es un derecho social para todas y todos”, consideró sobre la ley que se votó en Diputados.
La diferencia entre considerar a la educación como un derecho o un servicioesencial fue uno de los puntos en los que se centró el debate y, a la vez, los límites entre esto y el derecho a huelga docente. Además de las dudas para implementarla, se advirtió que no apunta a solucionar los problemas de fondo de la crisis educativa.
Según establece el artículo 4° de la norma serán los directivos de cada establecimiento quienes tendrán que decidir e informar el personal asignado para asegurar las guardias al inicio de cada ciclo lectivo. En caso de que las huelgas duren entre uno o dos días, deberán contar con la asistencia del 30% del personal directivo, docente y no docente de todos los niveles de la educación obligatoria. Si se extendiera por tres o más, el porcentaje deberá ser del 50% de la nómina.
“Es una buena iniciativa pero está fuera de la problemática actual, no es el problema que ocurre en las escuelas. La mayoría de los docentes sí quieren ir a trabajar. Estamos atravesando dos problemas. En primer lugar, no hay docentes: cada año baja la cantidad de egresados de los profesorados. ¿Por qué no hay? Se terminó esa fantasía, ilusión y romanticismo de que el docente es docente por vocación; también quiere ganar dinero y hoy es pobre. La falta de docentes responde a los salarios bajos”, dijo a Facundo la nacion Lancioni, secretario general de Seduca, uno de los gremios más jóvenes y que rechaza los paros como metodología.
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La Ciudad desalojó a 2000 manteros del Parque Centenario
Jorge Macri verificó cómo quedó ese espacio que había sido ocupado en Caballito
“Queremos darles más tranquilidad a los vecinos que quieren recorrer el parque los fines de semana, y también ser justos con los comerciantes de la zona que pagan sus impuestos y el alquiler de un local, esto es más tranquilidad y seguridad para los vecinos”, dijo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, al referirse al operativo realizado ayer, a partir de las 5, para desalojar 2000 manteros de Parque Centenario, ubicado en el barrio de Caballito
Mientras el Congreso de la Nación se encamina a declarar por ley a la educación como servicio esencial –tiene la aprobación de Diputados y resta la del Senado–, con lo que podría encontrarse un esquema para evitar que las escuelas cierren por conflictos gremiales, en lo que va del año son varias las provincias que no logran cumplir sus planificaciones previstas. Misiones lidera el ranking de escuelas cerradas con 38 días; le siguen Neuquén, con 22; Santa Fe, con 16; la provincia de Buenos Aires, con 14, y la Capital, con 10.
Sin embargo, solo el paro general del 9 de mayo tuvo entre los gremios docentes un acatamiento superior al 50%. La mayoría de los reclamos sindicales del área están vinculados con los bajos salarios y con la necesidad de invertir en el área educativa.
En lo que va del año, en la mayoría de las provincias no se cumplieron los días de clases planificados. En busca de garantizar que las escuelas estén abiertas durante las huelgas docentes y no docentes, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de ley que declara a la educación como un “servicio estratégico esencial”, que no quedó exento de críticas por la dificultad para su implementación y por quienes consideran que no resolverá los problemas de la crisis educativa.
El proyecto aprobado, que debe pasar por el Senado para convertirse en ley, plantea un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias: las autoridades escolares deberán garantizar la apertura de los establecimientos en sus horarios habituales y el servicio de alimentación escolar los días de huelga.
Formosa, Mendoza, San Luis y Santiago del Estero no tuvieron días sin clases, según el relevamiento de la organización Coalición por la Educación, una agrupación de padres, docentes, expertos y representantes de diferentes organizaciones sociales, que contabiliza cuántos días de clases se dictaron, cuántos se perdieron y por qué razones. En el otro extremo se encuentra Misiones, en donde hasta mitad de año solo habían tenido 44 días de clases “normales” de los 82 planificados, alcanzando 38 días de paro; Neuquén, donde hubo 22 días de paro, y Santa Fe, con 16.
En mayo, la protesta de los empleados estatales en Misiones por una fuerte recomposición salarial tuvo a los docentes, junto con los policías, como protagonistas. Lideraron incluso un acto inédito de atrevimiento y desafío al poder: marcharon a la casa de Carlos Rovira, el máximo jefe del peronismo provincial.
En el caso de Neuquén, en la primera mitad de año hubo apenas cuatro semanas de clases completas para primaria y tres para secundaria. Solo a modo de ejemplo, las clases debían comenzar el 4 de marzo, pero lo hicieron recién el 11, y esa semana, los estudiantes apenas asistieron dos días al aula; los otros tres fueron de paro. Además del conflicto gremial, otro de los principales factores que complican el panorama de Neuquén es la cantidad de jornadas pedagógicas o institucionales que tiene.
En la Capital Federal, en tanto, suman 10 días sin clases y en la provincia de Buenos Aires, 14. En ambas jurisdicciones solo una de las huelgas superó un acatamiento del 50%, el paro general nacional. En el caso del distrito gobernado por Axel Kicillof, hubo siete medidas de fuerza con un impacto menor al 10%, dos cuyo acatamiento impactó entre un 10% y un 25% y otras dos superaron el 25% sin alcanzar el 50%. Al cierre de esta nota, no recibió respuesta la nacion de la Dirección General de Cultura y Educación, dirigida por Alberto Sileoni. Tampoco contestaron la consulta de este medio el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), cuyo secretario general es Roberto Baradel, un dirigente leal a Kicillof.
En la ciudad de Buenos Aires fueron siete las medidas de fuerza. Los datos del Ministerio de Educación porteño, según contestaron también contabilizaron siete jornadas de paro de la Unión de trabajadores de la educación (UTE) y la Asociación Docente Ademys en lo que va de 2024, entre los que se cuentan: el 26 de febrero, en defensa del Fonid, infraestructura, salario y jubilaciones docentes; el 4 de marzo, donde además del aumento de sueldos pidieron por un boleto educativo y reclamaron por el aumento del transporte, los servicios, los útiles y los alimentos; el 8 de marzo, por el Día de la Mujer y con la consigna “Plata para educación, no para la deuda”; el 4 de abril, por los 17 años del asesinato de Carlos Fuentealba y en reclamos de financiamiento para educación; el 23 de abril, con la marcha federal universitaria; el paro nacional del 9 de mayo y el 23 de mayo, también por el financiamiento educativo y en solidaridad con la lucha de Misiones.
“Hay dos cuestiones que resumen el nivel de conflictividad este año a nivel educativo. Por un lado, el presupuesto y el financiamiento. Un gobierno [nacional] que dejó de girar el Fonid, que cubre parte de los salarios docentes, y el Fondo Compensador a las provincias. Por otro lado, el financiamiento que incluye el aspecto salarial y sostener concretamente la educación, como es el caso del presupuesto universitario. Un gobierno que hace esto al mismo tiempo arma vouchers y bonos para quienes asisten a las escuelas privadas. Una política de vaciamiento que han llevado adelante todas las jurisdicciones”, apuntó Mariana Scayola, secretaria general de Ademys.
Y cerró: “El otro eje de ataque del Gobierno es contra el derecho a huelga de las organizaciones sindicales. Inició el año jactándose públicamente de no convocar a la paritaria nacional. Y ahora saca la ley de esencialidad. Entonces, al mismo tiempo que ataca el presupuesto, que ataca los salarios, que recorta, que avanza con reformas educativas y demás en las jurisdicciones, pretenden cercenar el derecho a la protesta”.
“El reclamo a nivel nacional es por financiamiento educativo”, resumió en diálogo con María la nacion José Gutiérrez, secretaria general de UTE. “Dentro de ese concepto el salario es solo un vector, pero no es el único. Entendemos que la educación es un derecho y el Estado debe garantizarlo con políticas públicas que aseguren la inclusión y también la calidad”, detalló.
“Si quieren soluciones, esta no es la manera. La forma es con presupuesto educativo, inversión, creación de escuelas. No es la manera nombrar a la educación un servicio, es un derecho social para todas y todos”, consideró sobre la ley que se votó en Diputados.
La diferencia entre considerar a la educación como un derecho o un servicioesencial fue uno de los puntos en los que se centró el debate y, a la vez, los límites entre esto y el derecho a huelga docente. Además de las dudas para implementarla, se advirtió que no apunta a solucionar los problemas de fondo de la crisis educativa.
Según establece el artículo 4° de la norma serán los directivos de cada establecimiento quienes tendrán que decidir e informar el personal asignado para asegurar las guardias al inicio de cada ciclo lectivo. En caso de que las huelgas duren entre uno o dos días, deberán contar con la asistencia del 30% del personal directivo, docente y no docente de todos los niveles de la educación obligatoria. Si se extendiera por tres o más, el porcentaje deberá ser del 50% de la nómina.
“Es una buena iniciativa pero está fuera de la problemática actual, no es el problema que ocurre en las escuelas. La mayoría de los docentes sí quieren ir a trabajar. Estamos atravesando dos problemas. En primer lugar, no hay docentes: cada año baja la cantidad de egresados de los profesorados. ¿Por qué no hay? Se terminó esa fantasía, ilusión y romanticismo de que el docente es docente por vocación; también quiere ganar dinero y hoy es pobre. La falta de docentes responde a los salarios bajos”, dijo a Facundo la nacion Lancioni, secretario general de Seduca, uno de los gremios más jóvenes y que rechaza los paros como metodología.
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La Ciudad desalojó a 2000 manteros del Parque Centenario
Jorge Macri verificó cómo quedó ese espacio que había sido ocupado en Caballito
“Queremos darles más tranquilidad a los vecinos que quieren recorrer el parque los fines de semana, y también ser justos con los comerciantes de la zona que pagan sus impuestos y el alquiler de un local, esto es más tranquilidad y seguridad para los vecinos”, dijo el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, al referirse al operativo realizado ayer, a partir de las 5, para desalojar 2000 manteros de Parque Centenario, ubicado en el barrio de Caballito
“Estamos haciendo lo que hicimos en Parque Patricios o en otras plazas de la ciudad, que es ordenar el espacio público. Hoy [por ayer] en este parque, por ejemplo, tenemos un operativo de castración de animales que no lo hubiéramos podido hacer porque era una zona que estaba copada por manteros, que, por lo general, no son de acá. Vienen de lejos, en colectivo y hay organizaciones que los traen”, sostuvo Macri.
“Había un reclamo fuerte de los vecinos porque fue creciendo la cantidad de manteros y, como me decía una vecina, en un momento esto se descontroló. Había 2000 manteros ilegales que hacían uso de la plaza, que ya tenía su zona formal de feriantes”, indicó Macri, que recorrió el lugar acompañado por los ministros de Seguridad, Waldo Wolff, y de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi.
“Estamos ordenando la ciudad, para ser justos con vecinos y comerciantes, y como me pasó recién con vecinas que están haciendo trabajos para subsistir, que es reciclar ropa, las vamos a ayudar para que se incorporen a nuestro sistema de ferias”, sumó Macri.
En un comunicado oficial, ayer la Ciudad informó que “Parque Centenario es un predio de 12 hectáreas. Desde 2019 cada fin de semana se instalaban cerca de 2000 manteros que vendían ropa usada, antigüedades, juguetes, libros y revistas, entre otras cosas, a pocos metros de las ferias Manualista, Artesanal y de Libros, los tres paseos comerciales históricos del parque. Los vendedores ilegales dejaban cintas y cartones sobre las veredas para guardar sus lugares. La queja de los vecinos porque no podían usar las veredas era permanente”.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
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