DERECHOS

Proyecto para que los animales sean personas no humanas
La iniciativa se presentó en el Congreso; respaldo de distintos espacios políticos y sociales
Evangelina HimitianSandra, un fallo que sentó jurisprudencia
La jurisprudencia la marcó la orangutana Sandra y el fallo que la consideró como persona no humana con derechos ante la ley. Ahora, la Cámara de Diputados deberá analizar si esa interpretación del derecho es aplicable a todos los animales que viven en el país. Anteayer se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley, denominado “sintientes” por sus autores, que impulsa un cambio en el Código Civil y Comercial para declarar a los animales personas físicas no humanas.
La presentación se hizo ayer en el Salón Blanco del Congreso, en un evento del que participaron activistas ambientales, abogados ecologistas, influencers y actores vinculados a la cultura veggie.
Diputados de distintos espacios políticos participaron del acto, para escuchar aquellos argumentos que se sostienen en el proyecto de ley, de unas 14 páginas, que busca modificar el estatus jurídico de los animales en el país. Es el primer paso para que en la Argentina se pueda accionar judicialmente en pos de los derechos de los animales, aseguran los organizadores.
Entre los cambios que se proponen el mayor es que los animales de todo tipo, sean domésticos, silvestres o de cría, dejarán de ser considerados cosas para ser considerados personas no humanas, portadores de derechos. El texto propone modificar el Código en distintos artículos, entre ellos, los que se refieren al régimen de separación de bienes en un divorcio, (las mascotas ya no serán consideradas bienes) sino que se deberá establecer qué es lo mejor para el animal y para los demás miembros de la familia. Además, se fijarán obligaciones alimentarias sobre animales de compañía, entre otras cuestiones.
El proyecto busca incorporar la figura de adopción de mascotas al artículo en el que se habla de adopción de niños. Establece que aunque no requiera sentencia judicial ni trámites administrativos, el vínculo cesará si se comprueba violencia o maltrato.
De la presentación participó Philip Low, neurocientífico, autor de la Declaración de Cambridge sobre la Conciencia Animal, impulsor del concepto de “sintiencia”. El proyecto es impulsado por la actriz y activista Liz Solari y el abogado Leonardo Barnabá, que llevó adelante varias demandas contra el maltrato animal en Quilmes.
También es apoyado por referentes como la influencer Connie Isla, popular por participar de movilizaciones de abrazo a cerdos que iban al matadero. Y por organizaciones como Eco House. “Esto no es veganos versus gauchos. Ya somos millones los que trabajamos a diario para transicionar hacia un modelo socioeconómico local y global cuyo centro sea favorecer la salud de los ecosistemas y el bienestar de la humanidad”, afirma Máximo Mazzoco, referente de Eco House.
Uno de los puntos que más dudas generaron este proyecto son sus alcances. ¿Se busca prohibir el consumo de animales o la cría de animales para consumo? En el comunicado que difundieron los impulsores se asegura que no. “Esta ley no busca prohibir el consumo de animales. Declarar a los animales persona física no humana sujeto de derecho es el primer gran paso para que en la Argentina se pueda accionar judicialmente en pos de generar cambios grandes desde ese ámbito. Una vez sancionada la ley, es la jurisprudencia, o sea los jueces, los encargados de resolver cada caso particular”, apunta el texto. En los fundamentos de la ley se detalla que se permitirá la cría de animales y de ganado, siempre y cuando no se compruebe que los animales viven en malas condiciones.
“Los animales no humanos, cualquiera sea su especie, son considerados personas físicas no humanas y en consecuencia sujeto de derecho. Ejercerán sus derechos por intermedio de personas humanas o jurídicas con interés en la defensa de esos derechos”, señala un artículo del proyecto. 

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DERECHOS

Derecho a la igualdad y la discriminación inversa

Gustavo C. Liendo
Las cada vez más comunes acciones positivas que discriminan bajo el argumento de buscar igualar, como es el caso de las políticas del gobierno federal a favor de la ocupación de valiosas y extensas tierras por parte de pseudo pueblos originarios y en perjuicio de sus propietarios o la reciente Resolución IGJ Nº 748/22 dictada con fecha 26 de junio por medio de la cual dispuso que el Jockey Club se abstenga de realizar cualquier práctica que importe la restricción de acceso de mujeres a la condición de asociadas de la institución, nos invitan a que analicemos si este tipo de acciones del sector público son razonables, y para ello, resulta importante conocer qué es la igualdad bajo su actual concepción.
En relación con esta cuestión, Freedman (2013), nos explica que puede haber momentos en que alguien se sienta discriminado por no haber recibido lo mismo que han obtenido los demás. Esa es la situación más conocida, pero también podría presentarse el supuesto de aquel que pueda entender que le corresponde algo más que al resto y que al haber recibido lo mismo que los demás, lo estarían discriminando, de ahí su búsqueda a desparejar buscando con ello la igualdad. Finalmente, podría aparecer el derecho a empatar y ello acontecería cuando a otro le han otorgado algo por encima de su merecimiento y entonces la petición en ese caso sería que a esa persona le supriman ese mayor beneficio y lo ubiquen en el mismo plano que al resto.
Es interesante este desarrollo que tan claramente explica Freedman porque, aunque parezcan discordantes, estas tres subespecies buscan que se obtenga la igualdad ante la ley, pero para que puedan ser utilizadas, es necesario que haya políticas activas a favor de la igualdad. Es decir que ya no es suficiente garantizar la igualdad de trato por parte de la ley para todos los habitantes, sino que es necesario, para lograr esa igualdad de trato y de oportunidades, que se lleven adelante acciones a favor de grupos que se consideren vulnerables: mujeres, discapacitados, adultos mayores, minorías raciales, etc.
Este tipo de acciones que se aplican contra un grupo dominante o mayoritario y a favor de miembros de una minoría o grupo históricamente desfavorecido es lo que se conoce como discriminación inversa, se la lleve adelante bajo el mecanismo de igualar, desparejar o empatar. Dentro de toda comunidad siempre aparecen dirigentes que buscan llevar adelante acciones demagógicas en favor de grupos pseudo vulnerables, promoviendo cualquiera de las subespecies explicadas por Freedman, lo cual puede derivar en abusos, y por eso, han aparecido reclamos contra la discriminación inversa.
En ese aspecto, Zúñiga Fajuri, Aguilera Bertucci y Vásquez Bravo (2007) explican que la discriminación inversa tuvo su origen en Estados Unidos en los años 70 del siglo pasado, y que tuvo gran notoriedad gracias a los casos De Funnis y Bakke, ambos vinculados al favorecimiento de minorías raciales con escasa participación en niveles universitarios. El primero de ellos se originó en 1971 por un estudiante de origen judío que fue rechazado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, la que establecía un sistema de selección que otorgaba puntos extras para minorías raciales desfavorecidas. Si bien el caso no se resolvió judicialmente, dio lugar a un interesante debate doctrinal que estimó, en general, que la universidad de Washington no vulneraba con dicho programa los derechos fundamentales que concedía la Constitución estadounidense, porque éste respetaba el derecho de todos los miembros de la comunidad a ser tratados como iguales, es decir, que, en ese caso, la mayoría de la doctrina entendió como razonable esa acción activa en favor de la igualdad.
El caso Bakke, conocido por la Suprema Corte de EEUU en 1978, decidió la situación de un estudiante blanco rechazado por la Facultad de Medicina de la Universidad de California, que reservaba un número determinado de plazas para minorías desfavorecidas desde el punto de vista educativo y económico. Tal reserva fue estimada inconstitucional por la Corte Suprema estadounidense; en síntesis, desde esos años y hasta la actualidad, la Corte Suprema de EEUU ha fallado a favor y en contra sobre esas cuestiones, dependiendo de la razonabilidad que contuviese cada una de las acciones positivas de discriminación inversa que ha debido juzgar.
En relación con nuestro ordenamiento constitucional, este ha incluido estas facultades a partir de la reforma de 1994; a sus efectos corresponde tener presente, entre otros, el art. 75 incs. 19 y especialmente el 23. En conclusión, tras la búsqueda de la igualdad, aparecen como razonables las políticas de discriminación inversa a favor de grupos que sean vulnerables, dotándolos de mayores prerrogativas legislativas, comparadas con las que el mismo legislador le reconoce al resto de la población, pero ellas deben ser dirigidas a sectores indubitadamente desfavorecidos y limitando las protecciones otorgadas a las estrictamente necesarias, porque todo exceso en esta delicada materia será un abuso, y en nada contribuirá a la búsqueda de igualdad, más allá de que generará una reacción contra esa discriminación inversa que plantearán las personas o entidades perjudicadas, disputa que tendrá que terminar siendo resuelta por la justicia bajo el prisma de la razonabilidad.

Abogado y doctor en Derecho

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VIH.....VIVIR Y SUMAR MÁS DERECHOS

Vivir con VIH: piden ampliar el alcance de la ley actual para sumar más derechos
Varias ONG reclaman una nueva norma que sea más humana, extienda los derechos laborales, refuerce la concientización y abarque los aspectos sociales de quienes tienen esta condiciónContra la discriminación: Verónica tiene VIH y hepatitis C. Trabaja en el Inadi, es madre de tres hijos, abuela y activista. F
Verónica tiene VIH desde hace 30 años. Lleva más años vividos con la enfermedad que sin ella. Hoy a sus 52, madre de tres hijos, abuela y activista "de toda la vida", remarca que no padece VIH, tiene VIH y hepatitis C.
"Portamos anteojos, celulares, armas, pero no una enfermedad o un virus. Depende de cómo lo nombres es cómo te parás. Todo hace a la persona", corrige, que integra la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de SIDA (Saisida).
En esa sutil diferencia, como puede ser una palabra, se visualiza la lucha contra el estigma y la discriminación social que viven día a día miles de personas con VIH en la Argentina. Son ellos los que para poder contar con más herramientas legales piden modificar la ley nacional 23.798 por una nueva que contemple también algunos aspectos sociales y otorgue más protección de los derechos laborales.
Además, reclaman que se incluyan también a las hepatitis virales y a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) para que quede así cubierto el 100% de su tratamiento y medicamentos.
"La actual ley fue dictada en el año 90. En ese momento sirvió mucho y la principal conquista fue el acceso universal al tratamiento. Hoy ya pasaron 27 años y hay cuestiones que es necesario incorporar", explica Romina Cavallo, abogada de la Fundación Huésped.
Según relevó en 2016 el Ministerio de Salud de la Nación, 120.000 personas tienen VIH en el país, de las cuales el 30% desconoce su situación. Para poder revertir esta situación, desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) destacan como central el hecho de poner fin a las situaciones de estigmatización que aún afectan a las personas con VIH.

"Naciones Unidas hace muchos años que viene insistiendo en que el obstáculo más grande para dar respuesta al VIH es el estigma y la discriminación. Esto está asociado directamente a que en nuestro país tengamos todavía personas sin un diagnóstico", asevera José María di Bello, secretario de GEP y también portador de VIH.

En relación con las hepatitis virales, la hepatitis crónica por virus C es hoy la primera causa de trasplante hepático en la Argentina y una de las más importantes de muerte en personas con VIH.

Preocupados por esta realidad, las entidades de VIH y de hepatitis más representativas del país se juntaron durante dos años para discutir, consensuar -siempre coordinado por la Dirección Nacional de SIDA del Ministerio de Salud- y, finalmente, elaborar un proyecto de ley.

"El consenso fue enorme, no hubo ninguna bandera partidaria y fue un trabajo muy arduo, porque se hicieron muchas consultas en todo el país. Se llegó a un producto final, logramos que el diputado Jorge Barreto (FPV) tomara la iniciativa y la presentara en el Congreso en noviembre de 2016", dice Di Bello.
Y añade: "El proyecto de ley ya obtuvo dictamen en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación y esperamos que sea tratado en las comisiones de Legislación General y Presupuesto. Si no entra al recinto este año, pierde estado parlamentario".
Sentir vergüenza
Verónica confiesa haber sentido vergüenza por tener VIH. También dirá que, a lo largo de estos 30 años, siempre se sintió discriminada: cuando tuvo a sus tres hijos en los hospitales públicos, cuando se sube todos los días a un colectivo y le preguntan cuál es su discapacidad cuando muestra el carnet, hasta incluso en las pequeñas conversaciones que tiene con la gente.
"Una vez una amiga de una amiga, que no sabía de mi enfermedad, tiró «Che, que no tengo sida para que no tomes de mi vaso». Eso fue una puñalada", cuenta Verónica.

Y agrega: "Lo que pasa es que vos decís que tenés VIH y para la gente no es una enfermedad, es una consecuencia, lo ven como un castigo. Te juzgan, sea quien sea. A mí me pasó porque no tuve información y hoy por hoy sigue pasando lo mismo. Realmente, uno puede vivir con VIH, pero con el estigma y la discriminación no".
Por eso, el proyecto de ley estipula implementar políticas de difusión de derechos de las personas con este tipo de enfermedades y sobre todo hace hincapié en la protección de los derechos laborales -principal causa de consultas o denuncias que reciben las ONG- estableciendo así sanciones y multas para aquellos que no cumplan la norma.
"Lo que más destacamos es el tema de la discriminación en el ámbito de trabajo, ya que el proyecto establece la prohibición del testeo en los exámenes preocupacionales, por ejemplo, que es un problema a nivel internacional, no sólo en la Argentina", sostiene Cavallo.
Marta sufre la discriminación por partida doble. Convive con el VIH desde 1994 y tiene hepatitis C, en un estadio bastante grave, que requiere un tratamiento y no lo puede pagar. A pesar de que ya no trabaja más en relación de dependencia, en el momento que sí lo hizo prefirió no exponer su enfermedad.
"Me pasó de tener entrevistas laborales, donde después me convocaron para hacer el examen [preocupacional] y después no me tomaron. Y a uno siempre le queda la duda de que, por ahí, como tenés que decidir vos si querés o no que te hagan la prueba de VIH, en algún momento me la hayan hecho sin mi consentimiento", dice a sus 42 años Marta, cuyo marido también tiene VIH.
Un enfoque más humano
Un reclamo colectivo: Representantes de distintas organizaciones sociales se reunieron para reclamar por la ley el 13 de junio, cuando se llevó a cabo el debate en la Comisión de Salud de Diputado.
Desde las diferentes organizaciones sociales destacan que este proyecto de ley busca sumarle un enfoque humano, clave para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y contar así con una ley a largo plazo.
"Apostamos a que este proyecto se apruebe para poder trabajar también en la reglamentación y cumplir con las metas 90-90-90 contra el VIH, que son objetivos que fijaron en 2014 organizaciones de Latinoamérica y el Caribe para el 2020 -explica -. ¿Qué estipulan? Aumentar el 90% de la población de personas diagnosticadas que se hayan testeado, que el 90% reciba el tratamiento y que el 90% de la gente que se encuentran en tratamiento tenga cargas virales detectables, o sea, la supresión viral".
Por su parte, Miguel Pedrola, coordinador de AHF Argentina concuerda en que la actual legislación debe aggionarse para que la Argentina tenga una ley de punta en relación con otros países que aún no incorporaron esta mirada más social.
"Nos tenemos que poner frente a lo que viene y una de las cosas es el autotest, que es mucho más rápido. Deberíamos dar la posibilidad a las personas de acceder en forma gratuita al autotest porque hay muchas que prefieren hacerlo dentro de un lugar donde se sienten seguros y no estigmatizados ni discriminados", sostiene.
Desde Huésped concluyen: "Esta ley deja la puerta abierta a todas las innovaciones que vengan en el futuro porque pensamos que tiene que servir para otros 20 años por lo menos. No fue fácil lograr este proyecto, se consensuó y creemos que es el proyecto que tiene que avanzar".

Para saber más
Fundación Huesped
Fundación Grupo Efecto Positivo
AHF Argentina
Sociedad Argentina Interdisciplinaria de sida
Los puntos centrales que se quieren modificar
Sumar otras enfermedades a la cobertura total: Incorporar a las hepatitis virales y a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) declarando de interés nacional su prevención y tratamiento; y asegurar el acceso universal a los programas de provisión gratuita de medicamentos e insumos en todos los subsistemas de salud del país
Ampliar los derechos laborales: Proteger los derechos laborales y prohibir la discriminación en el acceso al empleo y la divulgación de datos personales que permitan identificar a las personas con VIH
Luchar contra la estigmatización: Poner fin a las situaciones de estigmatización que aún afectan a las personas con VIH y su entorno
Promover el autotest para el diagnóstico: Prohibir la obligatoriedad de una orden firmada por un médico para la realización o el procesamiento de las pruebas para detección del VIH y reconocer la provisión de tratamientos para asistir a los niños y adolescentes
Creación de una comisión nacional: Contemplar la creación de una comisión nacional con integración interministerial y multisectorial con participación de la población afectada y del Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación en VIH, hepatitis virales y enfermedades de transmisión sexual
Verónica Russo - Integra la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida: "Portamos anteojos, celulares, armas, pero no una enfermedad o un virus. Depende de cómo lo nombres es cómo te parás"
José María di Bello - Secretario de la Fundación Grupo Efecto Positivo: "Naciones Unidas hace muchos años que viene insistiendo en que el obstáculo más grande para dar respuesta al VIH es el estigma y la discriminación. Si el proyecto de ley no entra al recinto este año, pierde estado parlamentario"
Miguel Pedrola - Coordinador de AHF Argentina: "Deberíamos dar la posibilidad a las personas de acceder en forma gratuita al autotest porque hay muchas que prefieren hacerlo dentro de un lugar donde se sienten seguros y no estigmatizados ni discriminados"
Romina Cavallo - Abogada de la Fundación Huésped: "La actual ley fue dictada en el año 90. En ese momento sirvió mucho y la principal conquista fue el acceso universal al tratamiento. Hoy ya pasaron 27 años y hay cuestiones que es necesario incorporar"
Marta - Persona con VIH: "Me pasó de tener entrevistas laborales, en las que después me convocaron para hacer el examen (preocupacional) y después no me tomaron. Y a uno siempre le queda la duda de que, por ahí, en algún momento me lo hayan hecho sin mi consentimiento"
Adrián- Persona con hepatitis: "Hoy no estoy medicándome porque no la consigo. Son 200.000 pesos por mes y el tratamiento dura tres meses. ¿Quién lo costea? Son 600 lucas y yo no soy un privilegiado. Sólo llego a pagar el alquiler a fin de mes"