Amplio acuerdo para avanzar con los juicios por jurados
Diputados. Será para delitos penales federales; el oficialismo y la oposición lograron un entendimiento para acelerar su aprobación
Laura Serra
Oficialismo y oposición de la Cámara de Diputados avanzaron en un proyecto de ley histórico, no solo por su contenido, sino porque fue suscripto por amplia mayoría, insociedad cluido el kirchnerismo. Se trata del proyecto para instaurar, en todo el país, el mecanismo de juicio por jurados, que habilita la participación ciudadana en los procesos judiciales federales de tipo penal.
La iniciativa, que ayer obtuvo dictamen en un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto, tiene como propósito cumplir con una manda constitucional de 1853, establecida en sus artículos 24 y 75 inciso 12. Es la primera vez desde entonces que el Congreso –en este caso la Cámara baja– logra articular un acuerdo para instrumentar este mecanismo de jurados populares con un consenso casi unánime. Solo un sector del bloque Encuentro Federal se desmarcó del resto de sus pares y firmó un dictamen propio.
El proyecto acordado establece que serán obligatoriamente juzgados por jurados todos los delitos que en el Código Penal y las leyes complementarias tengan prevista una pena máxima en abstracto mayor a los cinco años de prisión o reclusión. Para estos casos se convocará a un jurado integrado por 12 miembros titulares de entre 18 y 70 años, quienes serán elegidos por sorteo sobre la base del padrón electoral.
Este jurado “popular” estará dirigido por un juez, reza la iniciativa. Su única misión será determinar la inocencia o culpabilidad del acusado y su veredicto deberá ser por unanimidad; si no se logra en un plazo racional de deliberación, el juicio se declarará estancado y podrá juzgarse nuevamente ante otro jurado. En caso de que el acusado sea declarado culpable, el monto e la pena es decidido por un tribunal de jueces. Además, el veredicto del jurado es inapelable.
Los legisladores celebraron el acuerdo; se descuenta que los libertarios procurarán llevar el texto al recinto antes de fin de año, ya que el presidente Javier Milei es uno de sus impulsores. “Fruto de mucho trabajo de asesores y diputados de los diferentes bloques vamos a cumplir con una manda histórica constitucional avanzando firmemente en la instauración de los juicios por jurados en materia federal”, exaltó el libertario Manuel Quintar, titular de la Comisión de Justicia.
“El juicio por jurados no es solo una demanda del sistema judicial, sino también una aspiración de la argentina en su conjunto. Es una deuda pendiente que debemos saldar para garantizar una justicia más abierta, participativa y cercana al ciudadano”, enfatizó, por su parte, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro), presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
La voz de los expertos
En nuestro país este mecanismo se aplica en varias provincias; Córdoba fue la primera, en 2004, seguida por Neuquén, en 2011, y Buenos Aires y Chaco, en 2015. Luego les siguieron la ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Río Negro, San Juan, Mendoza y por último Santa Fe.
En su última jornada de deliberaciones, el plenario escuchó las exposiciones de expertos en esta materia. Entre ellos, el profesor de Derecho Constitucional de la UBA y juez de la Cámara Nacional Electoral (CNE) Alberto Dalla Via, quien celebró el consenso alcanzado por los legisladores. “Este proyecto es un paso adelante –enfatizó–. El juicio por jurado es una institución probada en el mundo anglosajón que no sustituye el rol del juez en el proceso. Es el juez el que dirige el proceso. Es el juez el que establece las reglas. Es el juez el que dicta sentencias. ¿Qué hace el jurado? El jurado toma una decisión política. La decisión del jurado no es una decisión jurídica. No está basada en precedentes. Es una decisión libre de libres convicciones”.
Por su parte Martín Sabelli, expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Defensores de EE.UU., consideró que “este sistema mejora la calidad de la justicia y de la democracia porque es una ventana para que el pueblo vea cómo funciona o no el sistema judicial”
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Kirchner, Moyano y Franco Macri, unidos en el fracaso
Diego Cabot
En la memoria ferroviaria de la Argentina hay una empresa que ha demostrado que en 40 años de democracia nadie supo qué hacer con ella. Se trata de Belgrano Cargas, la compañía de transporte ferroviario de mercancías más importante del país.
Quizás ahora, con una explosión en producciones alejadas de la ciudad, por primera vez, el camino de esta compañía pública que se ha cansado de perder millones en cuatro décadas pueda tener un poco más de horizonte.
Sucede que el litio del norte, la minería de Mendoza, el complejo agroexportador de la pampa húmeda y algunos negocios que también puede ofrecer el petróleo convierten ahora a este polémico ramal en un activo importante. Como se especula en el Gobierno, quizás encuentre un inversor dispuesto a poner varios centenares de millones por primera vez en 40 años.
Una historia sinuosa
La historia del Belgrano Cargas se remonta a la época de Carlos Menem, cuando quiso, y no pudo, privatizar el ramal que históricamente se movía en una trocha angosta, la menos atractiva de todas, desde Buenos Aires hacia Rosario, que continuaba a Chaco y, finalmente, llegaba a Salta y Jujuy, donde terminaba en la frontera con Bolivia.
Aquella traza no encontró comprador en la década del 90 y, antes de irse, el riojano le entregó la empresa a la Unión Ferroviaria. El gremio más importante de la actividad se hizo de una de las grandes empresas de trenes del país.
Aquella estrategia fue un verdadero desastre. La inversión nunca llegó, el tren prácticamente no circulaba, los millones se gastaban y la corrupción inundó gran parte de los pliegues del famoso Belgrano Cargas. En los primeros años de Néstor Kirchner, se aproximó un consorcio que estaba dispuesto a gerenciar aquel endemoniado ramal.
En esos tiempos del primer kirchnerismo era una verdadera brasa caliente. En 2006, Kirchner dio otro paso para volver a entregar la concesión del ramal ferroviario Belgrano Cargas a manos privadas. En abril de ese año declaró la emergencia ferroviaria del ramal por 180 días, prorrogable por dos períodos, e instruyó a la Secretaría de Transporte para que adoptara las medidas necesarias para garantizar el servicio.
Mediante un decreto, no solo se lanzó al rescate del ramal, sino que otorgó una suerte de certificado de buena conducta a la Unión Ferroviaria –accionista mayoritario del Belgrano Cargas– y autorizó la entrada de accionistas privados y gremiales en la futura concesión.
Eran épocas de amor pleno entre el kirchnerismo y los gremios. En ese momento, la presidenta ejecutiva del ramal era Graciela Isabel Coria, una contadora, esposa nada menos que de José Pedraza, el histórico líder de la Unión Ferroviaria. El gremialista murió en 2018 mientras cumplía una condena a prisión por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra. Tenía 75 años y falleció con la tobillera electrónica puesta. Jamás rindieron cuentas por los desmanejos de aquella empresa.
Pero en aquel 2006, Kirchner no denunció ni investigó las sobradas sospechas de corrupción en el ramal y decidió entregar la gestión al capital privado. Los nombres de aquellos socios ferroviarios hoy ya son célebres. Aquella aventura estaba encabezada por Franco Macri, que se presentó acompañado por la compañía china Sanhe Hopefull Grain & Oil.
Además, se sumaban los grupos Roggio y Emepa –concesionarios entonces del Ferrocarril Urquiza, la Hidrovía y el Ferrocarril Belgrano Norte–, que compartirían una empresa en la que también tendrían participación el Estado y tres gremios: la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los camioneros comandados por Hugo Moyano, el sindicalista estrella de aquellos años de amanecer kirchnerista.
Moyano, paradójicamente, integraba aquel consorcio para asegurarse el fracaso de la aventura. Nadie sabe perfectamente si fue por obra de camioneros, por falta de inversiones, o por errores de Macri, los chinos o Roggio y Emepa (años después los presidentes de estas dos empresas serían arrepentidos en la causa cuadernos), pero aquel operador ferroviario fue el segundo fracaso que anotó la historia de Belgrano Cargas. ¿Qué puede salir mal con semejante cardumen de intereses? Pues todo. Y así fue.
Con el tiempo, Cristina Kirchner directamente estatizó el ramal y nació la empresa pública que hoy el Gobierno dice que quiere privatizar. Como se mencionó, operaba la trocha angosta que va al norte, pero las estatizaciones de los Kirchner hicieron que cada vez haya más activos en poder de la compañía pública.
La estatización
Con la estatización del Ferrocarril San Martín, gran parte de la traza de ese ramal, que es una trocha media mucho más atractiva y que llega a Mendoza, pasó a estar en manos del Belgrano Cargas.
Finalmente, la última estatización de un tren de transporte de mercancías de los Kirchner, América Latina Logística (ALL), generó que todas las vías que componían ese ramal y que circulan por la Mesopotamia hasta Misiones, también terminaran siendo activos del Belgrano.
Mientras esto sucedía, en el Congreso se dio una discusión que terminó en una ley. Se decidió que las vías sean de acceso libre. Es decir, que cualquier empresa puede circular y llevar la carga siempre que pague una suerte de peaje. Ahora se abre una nueva incógnita: cómo será la privatización y qué activos se incluirán en la oferta.
Los tiempos cambiaron desde entonces y durante muchos años el Estado puso dinero en la infraestructura del ramal con créditos chinos y del banco de fomento CAF. A eso se suman los cambios productivos de las regiones atravesadas por estos rieles. Algo más para sumar: miles de empleados que llevaron la dotación a un ratio que, al menos, duplica la de los operadores privados. Esas son las ventajas y desventajas de quedarse con el ramal.
Actualmente, tiene más ramales, pero su dotación de personal es significativa
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