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lunes, 10 de agosto de 2020

HERNAN CAPIELLO; SU ANÁLISIS,


La primera expresión de un malestar general
Hernán Cappiello
Hernán Cappiello
El malestar de la Cámara del Crimen contra la reforma judicial que propone el Gobierno es solo el primer emergente de la insatisfacción, enojo e indignación que, con diversas modulaciones y matices, comenzaron a extenderse en buena parte de la Justicia Nacional y Federal.
Hoy mismo se pronunciará en contra de la reforma judicial, con otra acordada, la Cámara en lo Civil y Comercial Federal. Los críticos comentarios sobre la inconveniencia de este proyecto de ley se suceden en la Cámara Federal de Casación Penal y entre algunos jueces de la Cámara Nacional de Casación. Ni hablar de los estruendosos epítetos que se escuchan entre los jueces de la Cámara Federal, donde el Gobierno quiere sacar de allí a dos camaristas; entre los jueces de tribunal oral o entre los jueces federales de Comodoro Py 2002, primer blanco de la reforma. Echan espuma por la boca.
Esta insatisfacción generalizada con el proyecto se extiende hasta la Corte Suprema de Justicia, donde no ven con gusto que el Poder Ejecutivo meta la mano de manera inconsulta en la organización de la Justicia Nacional y Federal. Después de todo, la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial. Y no fue consultada.
En esos tribunales están analizando si es jurídicamente admisible hacer una acordada, en abstracto, sin ningún caso en particular, como hizo la Cámara del Crimen o si deben expresar su rechazo de otro modo.
La reacción de la Cámara del Crimen, más allá de las objeciones constitucionales y sus atinadas observaciones, responde a su instinto de supervivencia. La reforma judicial prevé la desaparición del fuero penal ordinario, que desde hace más de 100 años castiga los delitos comunes. No los de los políticos, sino los homicidios, robos, violaciones o estafas. La Cámara del Crimen revisa esas investigaciones, los procesamientos y las elevaciones a juicio, y los tribunales orales juzgan a los detenidos. Con el proyecto oficial, todos los jueces de tribunal oral y los camaristas desaparecen, los dejan hasta que agoten sus causas y luego se quedan sin trabajo. Y los de primera instancia pasan, en parte, al fuero federal y en parte a la Ciudad.
La Cámara del Crimen es de los tribunales ejemplares, se mantuvo ajeno a la contaminación de la política, sus fallos solo están motivados en el derecho y está integrada por camaristas prestigiosos, no arribistas, que llegaron a sus cargos por mérito y trayectoria. Se mezclan en su seno conservadores y progresistas, todas las vertientes del derecho penal y prima entre ellos espíritu de colaboración y de servicio público.
El fuero criminal ordinario, computando a jueces de primera instancia, camaristas y jueces de tribunales orales, tiene 193 cargos de jueces, pero con 75 vacantes. Los cargos de jueces de primera instancia son 64 y hay 18 vacantes. El universo restante es de 45 jueces de primera instancia. La mitad ya decidió ir a la Ciudad y no puede ser juez federal suplente. Los restantes se postularán para cubrir los 23 nuevos cargos de jueces federales subrogantes, con lo que se va a diezmar el fuero ordinario. Y ello va a redundar en un perjuicio para las víctimas, así como en la atención de los niños en conflicto con la ley penal. El proyecto importa el desguace de este fuero.
El proyecto prevé la transferencia al Poder Judicial de la Ciudad de los jueces restantes. Una vez que se terminen las causas actualmente en trámite en la Justicia Penal ordinaria, el Consejo de la Magistratura
La Cámara del Crimen es ejemplar, sin contaminación política
disolverá los juzgados y tribunales orales y reubicará a funcionarios y empleados.
¿Cómo se elegirán los jueces federales suplentes hasta que se terminen los concursos? Los propondrá a dedo la Cámara Nacional de Casación, y pasarán por el Consejo y los dos tercios del Senado.
En la Cámara Federal de Casación hay jueces que miran con disgusto este mecanismo porque creen que, como tribunal de supervisión, deberían ser ellos o a lo sumo la Cámara Federal la que decida quiénes serán los jueces federales subrogantes. Critican al proyecto que no hacen falta jueces federales, sino fiscales con el nuevo Código Procesal Penal, y se quejan de que el trabajo del tribunal crecerá de manera geométrica, porque los 23 juzgados nuevos son nuevas bocas de expendio de sentencias que revisarán.
Más allá de los argumentos puntuales el malestar viene de arrastre. Les hicieron pagar Ganancias, modificaron su régimen de jubilaciones, les suman más trabajo y a los camaristas y jueces del tribunal oral del fuero los dejan sin funciones, cobrando un sueldo hasta jubilarse. Siempre que no se legisle en contrario.

lunes, 3 de agosto de 2020

HERNAN CAPIELLO; SU ANÁLISIS


En el tribunal ven una maniobra de la expresidenta
Hernán Cappiello (@hcappiello) | Twitter
Hernán Cappiello
En la Corte Suprema de Justicia priman la preocupación y la sorpresa por la decisión del presidente Alberto Fernández de convocar una comisión de notables para analizar el funcionamiento del máximo tribunal, eventualmente proponer su ampliación, ahondar en reformas sobre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público.
Sorpresa, porque Fernández no cree que haya que reformar la Corte. Al menos eso les comentó a sus allegados cuando asumió, en diciembre pasado, y repitió semanas atrás ante un reducido grupo de interlocutores. Con esta información de primera mano, los jueces abrigan entonces la sospecha de que es Cristina Kirchner quien está llevando adelante esta propuesta.
Por si quedaran dudas, su abogado, Carlos Beraldi, sobresale en la lista de los integrantes de la comisión de notables que propondrán reformas. Lo acompaña otro peronista, su exsocio y exministro León Carlos Arslanian. Ambos están destinados a orientar el cuerpo donde predominan los peronistas y los penalistas. Las cuentas que se hacen en la Corte señalan que a Beraldi y Arslanian se suma como especialista en derecho penal el catedrático Enrique Bacigalupo, una eminencia que prestigia el cuerpo, pero que vive en España. Y el cuarto penalista es Omar Palermo, juez de la Corte mendocina y defensor del kirchnerismo en cualquier debate en que participe.
¿Por qué tantos penalistas? ¿Por qué tantos peronistas? Son preguntas que se hacen en la Corte y se responden pensando en las causas que tienen Cristina Kirchner y exfuncionarios del kirchnerismo en el máximo tribunal.
De los 11 elegidos, la mayoría simpatizan con el Gobierno, incluida la abogada especialista en derecho familiar, defensora de las posturas del kirchnerismo, Marisa Herrera.
Otra de las sorpresas en el seno de la Corte es la experiencia de los elegidos para encarar reformas institucionales. Arslanian y Beraldi idearon y pusieron en marcha reformas judiciales, pero no hay nadie más entre los nombrados que haya escrito sobre el recurso extraordinario o pensado el funcionamiento de la Corte o en la arquitectura del Poder Judicial o el Ministerio Público.
También llamó la atención que entre los convocados no esté ningún exministro de la Corte, alguien que haya tenido experiencia en el funcionamiento del cuerpo como para hacer aportes a partir de los vivido. Podrían haber sido Gustavo Bossert, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano o el propio Eugenio Zaffaroni, que inspira las ideas de alguno de los convocados, pero están ausentes. Y la lista que hacen en algunos despachos de la Corte entre los que podrían haber estado en la comisión y quedaron afuera es larga y variopinta, con personalidades del derecho argentino, de todos los colores políticos, que no fueron convocados.
Entre los integrantes no allegados al Gobierno sobresalen Inés Weinberg de Roca, elegida por Mauricio Macri como candidata a procuradora general de la Nación, pero que no llegó porque Cambiemos no consiguió los votos peronistas del Senado; Hilda Kogan, bien conceptuada en la Corte bonaerense; Andrés Gil Domínguez, o Bacigalupo.
Los jueces de la Corte están a la expectativa, pero se preguntan por las razones de ejecutar ahora esta movida que implica cambios en la estructura institucional de todo el Poder Judicial. Analizan que el Gobierno puede cambiar la ley para ampliar la Corte o realizar otras reformas, pero hoy por hoy no cuenta con los votos para elegir nuevos jueces. Excepto que, si se amplía el número de jueces, tienten al radicalismo con ocupar alguna vacante a cambio de sus votos.
Por eso se preguntan cuál es la verdadera razón de plantear el cambio. En la Corte no hay interés en que existan modificaciones. Aunque entre los elegidos para integrar la comisión hay algunos que tienen llegada a los jueces del máximo tribunal como para tenerlos al tanto de por dónde va la discusión.
Por ahora, sin embargo, todo es incertidumbre. Más allá de las proclamadas buenas intenciones que hay detrás de la iniciativa, se hacen elucubraciones para intentar adivinar las razones políticas de esta decisión oficial, en la que se distingue la mano de la vicepresidenta Cristina Kirchner buscando ejercer presión sobre la Justicia para buscar una reforma, que la propia Corte ya le frenó en 2013, cuando era presidenta.