LA OPINIÓN DE JUAN JOSÉ LLACH,

Una empinada y ardua cuesta para la educación argentina

Juan J. Llach
Es de esperar que las próximas autoridades en la Nación y en las provincias construyan sobre lo hecho y eviten atajos "fundacionales
Se esperaban con interés y ansiedad los resultados de las pruebas PISA 2018, publicados ayer. Es su séptima edición y evalúa los aprendizajes de los estudiantes de 15 años en lectura, matemática y ciencias. La Argentina participó en cinco oportunidades; decidió no hacerlo en 2003, y fue excluida del informe en 2015 por irregularidades en la muestra.
En una mirada de corto plazo, abarcando dos gestiones educativas nacionales bien diferentes, la comparación entre las PISA de 2012 y las de 2018 muestra para la Argentina leves variaciones, con caída en matemática, de 388 a 379 puntos; sin cambios significativos en ciencias (406 y 404), y con una mejora en lectura, de 379 a 402. El promedio de los países participantes es de 500 puntos. En una mirada más larga, entre 2000 y 2018, la Argentina retrocedió 9 puntos en matemática y 16 en lectura -lo más notorio-, y mejoró 8 puntos en ciencias. Mientras en 2000 los estudiantes de la Argentina superaban al 17% de los de otros países, en 2018 superaron solo al 14%, una diferencia relevante si se tiene en cuenta que el número de países casi se duplicó (de 41 a 79) y que los que se agregaron fueron casi todos emergentes.
Los detalles de los resultados por disciplina ahondan la preocupación. En lectura, y pese a algunas mejoras desde 2012, el 52,1% de los estudiantes no superan el nivel 1, contra el 31,7% en Chile y el 43,9% de la Argentina en 2000. Esto significa que solo pueden realizar tareas muy simples con los textos, manteniéndose en planos superficiales de comprensión que gravitarán negativamente en su futuro escolar y extraescolar. La Argentina se ubicó séptima entre diez países de América Latina, por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil y Colombia, igual que Perú y superando a Panamá y a República Dominicana.
En matemática, una altísima proporción (69%) estaba en 2018 en el nivel 1 o menos, por lo que podían resolver solo problemas muy sencillos. Peor aun nada menos que el 40,5% de los evaluados estaban debajo del nivel 1. En el otro extremo, son muy pocos los estudiantes que llegan a niveles avanzados. En América Latina, la Argentina se ubicó en el octavo lugar sobre diez países, detrás de los nombrados en lectura y también de Perú. Cabe tener en cuenta que aun los dos mejores latinoamericanos en matemática, Uruguay y Chile, están un 15% por debajo del promedio de los países desarrollados (OCDE).
En ciencias, en fin, el 53,5% de los estudiantes se ubican en el nivel 1 o inferior. En América Latina, la Argentina está algo mejor que en lectura y matemática, al alanzar a Brasil y Perú y ubicarse así sexta entre diez países.
Desde 2012, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participa por sí misma, además de integrar la muestra nacional de PISA. Es una práctica cada vez más extendida en decenas de gobiernos subnacionales. Mejoró bastante entre 2012 y 2015, pero cayó en 2018, aunque todavía supera a los países latinoamericanos. El año pasado, también se evaluaron por separado las provincias de Córdoba (con puntaje similar a Uruguay en lectura), Buenos Aires (igual que Brasil) y Tucumán (similar al nordeste de Brasil).
Ante estas grisáceas noticias, la pregunta más relevante es qué deberíamos hacer los argentinos, de aquí en más, para mejorar los aprendizajes y logros de nuestros estudiantes, aumentando así sus chances de un futuro mejor. Lo peor sería enojarse con el termómetro y dejar de evaluar aciertos y falencias de los aprendizajes básicos. Así ocurrió a partir de 2002, con la derogación del decreto de creación del Instituto para el Desarrollo y la Evaluación de la Calidad Educativa, o dejando de participar en las pruebas internacionales, solo 2003 en PISA, pero permanentemente en la Pirls (comprensión lectora en primaria) y la Timss (ciencia y matemática en segundo año de secundaria). El principal papelón fue en 2015, cuando nuestro país fue excluido del reporte de PISA por irregularidades en la muestra. También se espaciaron las evaluaciones nacionales por muestreo y más todavía las censales, que en primaria no hubo desde 2000 hasta 2016, ya con Aprender. Ellas son cruciales para la política educativa, al permitir evaluar a todos los alumnos, seguir su trayectoria y diseñar programas escuela por escuela.
Es un acierto de la gestión saliente haber revitalizado las evaluaciones censales nacionales con las pruebas Aprender, en primaria y secundaria, y con la prueba Enseñar, por ahora exploratoria, que evalúa a los alumnos del último año de la formación docente. También es encomiable lo hecho en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde tiempo atrás, al retornar a las evaluaciones abandonadas a principios de siglo, incorporar otras nuevas y crear, en 2014, por ley de su Legislatura, la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa. Un proyecto análogo vegeta en el Congreso nacional.
Se sabe que evaluaciones estandarizadas como la PISA tienen carencias y dejan de lado aspectos esenciales de la educación. Pero, sin perjuicio de complementarlas, hay que persistir en ellas, por el derecho a la información y por ser imprescindibles para mejorar las políticas educativas, por ejemplo, la formación continua de directivos y docentes a medida de cada escuela.
La inversión en educación también es esencial, y debería aumentarse, gradualmente, en 0,5% o 1% del PBI respecto del 6% establecido por la ley de financiamiento del 2005 y complementarias. Ella, y las normas de cantidad de días de clases (2003 y 2011), las del nivel inicial y las leyes de educación técnica (2005) y educación nacional (2006), todas vigentes, tienen aspectos valiosos y han coadyuvado, por ejemplo, al aumento sostenido de la escolarización inicial y secundaria. El problema, bien argentino, es que se cumplen parcialmente. Además, el dinero es solo parte de la solución, y PISA 2018 nos muestra una marcada ineficiencia de la inversión educativa en la Argentina. Otra gran deuda de la democracia argentina es proponer a los educadores una nueva carrera docente jerarquizada, obligatoria para quienes se incorporen y optativa para quienes la ejercen, con incentivos al presentismo y otros logros, y dando continuidad a las mejoras en curso en formación inicial y continua.
La prueba PISA también informa sobre el relevante rol de las desigualdades socioeconómicas y culturales como condicionantes de los logros educativos. En 2018, la Argentina muestra una menor brecha entre los estudiantes de mejores y peores calificaciones. Al mismo tiempo, la incidencia de esas desigualdades en los resultados es mayor en nuestro país que en Brasil, Chile y Uruguay. Por eso hay que fortalecer sustancialmente la prioridad de las escuelas y los alumnos más necesitados, incluyendo la extensión de la jornada escolar, entre otras cosas, para permitir la formación para el trabajo en la escuela media.
Es de esperar que las próximas autoridades, en la Nación y en las provincias, construyan sobre lo hecho y eviten atajos "fundacionales", imitar a un determinado país o lo obsoleto que ya nadie hace. Para ello, es importante que la sociedad civil demande nítidamente más y mejor educación, de modo tal de contrapesar la vivencia de muchos políticos, que temen "meterse" con la educación, porque aun cambios menores pueden desatar grandes tormentas.

IAE y Facultad de Ciencias Empresariales (Universidad Austral), Academia Nacional de Educación y exministro de Educación de la Nación

LA OPINIÓN DE JUAN JOSÉ LLACH,

Acuerdos para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible

Juan J. Llach
Cualquiera que sea el próximo gobierno, el gran desafío será lograr amplios y certeros consensos, es de esperar que en el marco de un nuevo sistema de partidos competitivos
Hace noventa años, el nivel de vida de la Argentina era similar al del mundo avanzado y ahora es menos de la mitad. Más precisamente, entre 1930 y 2019, nuestro nivel de vida respecto de los países desarrollados se desplomó desde un 82% a un 40%. No hay país con peor o igual derrotero. Casi todo el retraso ocurrió entre 1930 y 1983, un período que tuvo solo un presidente plenamente constitucional que terminó su mandato: Perón, entre 1946 y 1952. En estos cincuenta y tres años los argentinos no acordamos siquiera tener gobiernos legales completos y, peor todavía, la violencia política creció hasta límites lacerantes. Desde la recuperación de la democracia en 1983, se logró limitar la caída a solo cinco puntos, pero no revertirla.
Ya en 1980 Paul Samuelson nos dijo que la carencia de acuerdos explicaba la "decepción argentina", y que aquellos seguían siendo necesarios para lograr el desarrollo sostenible y el pleno empleo, y para erradicar la pobreza. Podemos hacerlo, tal como se vio en el olvidado Diálogo Argentino de 2002. La agenda es densa, pero con prioridades claras. Hay que empezar por los cinco problemas económicos que retrasaron a la Argentina y en los que nuestra anormalidad respecto del mundo es flagrante. Ellos son el déficit fiscal y la inflación crónicos; la patología resultante de haber "logrado" ser el país más bimonetario del mundo; un exiguo nivel de inversión y, en fin, el hecho de ser una de las economías más cerradas del mundo, aunque superada por nuestro principal socio, Brasil. Estas son las urgencias, pero también debería haber acuerdos sobre la educación, las políticas sociales, la lucha contra el narcotráfico, y la justicia, entre otros.
Sin esperar logros mágicos, un shock de buenos acuerdos, aun de ejecución gradual, ayudaría a reactivar la economía en un mundo en que muchos países están perdiendo el rumbo. La reactivación es también condición necesaria para que los acuerdos perduren. Aquí y afuera podría decirse "por fin sabemos adónde quiere ir la Argentina". Algo así como un plan estratégico, aunque sea implícito. El acuerdo fundante es un nuevo contrato sobre el Estado y sería bueno plasmarlo en una renovada ley de responsabilidad fiscal, con sanciones a los responsables políticos incumplidores, y con metas creíbles de resultado fiscal, gasto público, presión tributaria y endeudamiento.
El punto de partida al respecto es mucho mejor que el de 2015. Sería óptimo definir precisamente los roles de los tres niveles de gobierno e incluirlos en la ley de coparticipación federal adeudada desde 1996; aumentar la productividad del gasto público, haciéndolo más eficiente, inclusivo y equitativo; diseñar un sistema impositivo más progresivo en el gravamen a los ingresos personales, sin impuestos distorsivos que castigan a la producción y las exportaciones, en línea con la ley de consenso fiscal de 2018, más amigable para los contribuyentes, sobre todo los cumplidores, y con menor evasión. Alguna renegociación de la deuda aparece inevitable, pero debería acordarse con los acreedores y no hipotecar, otra vez, el futuro del financiamiento de la inversión pública y privada. El éxito de esta renegociación dependerá principalmente de la contundencia y la factibilidad del acuerdo fiscal. A mediano plazo deberían eliminarse inequidades y privilegios, como los del financiamiento de la educación superior y el sistema previsional, al que, además, hay que darle una sostenibilidad que limite el excesivo peso que se está cargando a las generaciones de los jóvenes y los chicos de hoy.
La inflación no es causa, sino efecto. Pero lograr doblegarla después de 75 años es tan relevante como su fundamento fiscal. En las proyecciones de inflación del FMI para 2019, la Argentina ocupa el segundo lugar, solo detrás de Zimbabue. En situaciones análogas de alta inflación la cura se logró mediante shocks estabilizadores, no con gradualidad. Así fue en Israel (1985), en la convertibilidad argentina (1991) y en el plan Real de Brasil (1993-94). Nuestro creciente bimonetarismo otorga chances mayores a un shock. Pero la economía bimonetaria dificulta el hacerla con tipo de cambio flotante, al complicar la convergencia de las expectativas a la baja de la inflación. El cambio fijo aparece con más chances de un éxito inicial, pero suele generar expectativas optimistas en exceso, también en el exterior, que llevan a los gobiernos a volver a la indisciplina fiscal. Así pasó con la convertibilidad, que recayó en el endeudamiento para financiar la reforma previsional y tuvo muy mal final, pese a que una inflación acumulada negativa entre 1994 y 2001 (sic) permitió una desvalorización del peso cercana al 20%. Quizá podría pensarse en un cambio fijo, prenunciado como temporario hasta lograr la estabilidad. El dilema de la política cambiaria reduciría su gravitación con buenos acuerdos básicos y con una concertación realista y equitativa de precios y salarios.
En materia de crecimiento, los acuerdos deben aceptar el mayor crecimiento a la inversión y las exportaciones. El consumo debe y puede crecer, pero no liderar. Además de la incertidumbre sobre el próximo gobierno, y su calidad, la inversión tropieza con dificultades análogas a las de enero de 2016, cuando el presidente Macri volvió de Davos con multimillonarias promesas de inversión, pero pocas concreciones por la altísima carga tributaria sobre la producción. Aunque esta se redujo con la reforma de 2017, la crisis desde 2018 la limitó. Una alternativa para inducir más rápido la inversión es licitar adelantos de las rebajas impositivas ya aprobadas, otorgándolos a quienes menos incentivos pidan por peso invertido. No es lo ideal, pero quizá sí lo único posible.
El otro camino para poner en marcha la economía es avanzar con su apertura gradual y con señales que posibiliten un salto adicional de las exportaciones. El proyectado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea debería impulsarse, sea quien fuere el próximo presidente. Su gradualidad, con plazos de diez y hasta quince años, ayuda a adecuarse. Una alternativa menor -quizá la única posible si la Unión Europea no aprueba el acuerdo- es hacer del Mercosur un genuino mercado común, ampliado a la Alianza del Pacífico. También podría pensarse en transformar la protección a la producción doméstica en un contrato a plazo entre el Estado protector y las empresas protegidas invirtiendo. La exportación también se impulsaría permitiendo considerar gradualmente a las "retenciones" como pagos a cuenta del impuesto a las ganancias empresarias. Para combatir aún más el "costo argentino" debe haber una política firme de defensa y promoción de la competencia, vía su Comisión Nacional. Y también hay que impulsar una mayor productividad, con un criterio inclusivo, no centrado en los despidos sino en la inversión en capital humano en las empresas y en el sistema educativo.
Estamos viviendo una situación de alto riesgo, pero quizá también cercana al único camino que conduce a la salida. Si el Frente de Todos ganara las próximas elecciones es importante que los acuerdos empiecen ya en la transición. Además, le tocará gobernar en las circunstancias más adversas de la historia para un gobierno peronista, solo comparables a las de la crisis de 1952, que aun contiene lecciones útiles para el presente, en sus éxitos y en sus fracasos. Pero, cualquiera que sea el próximo gobierno, el gran desafío será lograr amplios y certeros acuerdos, ojalá basados también en un nuevo sistema de partidos competitivos.
Sociólogo y economista, IAE-Universidad Austral

LA OPINIÓN DE JUAN JOSÉ LLACH,

De laberintos y grietas se sale por arriba
La sociedad y la economía, y sobre todo los más pobres, aliviarían sus padecimientos con pactos firmes entre las principales fuerzas políticas
Juan J. Llach
Una alternativa del peronismo sería avenirse a acuerdos, que serían valiosos cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones
Ilusionó escuchar a Alberto decir el domingo: “A partir de hoy se acabó el concepto de venganza y de grieta”, pero al día siguiente se mostró renuente a acordar
La imprevista contundencia de la derrota de Juntos por el Cambio en las PASO ha puesto otra vez a la Argentina en una encrucijada llena de acechanzas. Aunque no es imposible revertir el resultado en la primera vuelta del 27 de octubre, hoy parece difícil.
La sociedad y la economía, y sobre todo los más pobres, aliviarían sus padecimientos con acuerdos firmes entre las principales fuerzas políticas. No es cierto que en la Argentina no los haya habido, lo que muestra que son posibles. En este siglo tenemos dos ejemplos. Uno es el Diálogo Argentino de 2002, amplio y lleno de propuestas y en un contexto aún más complejo que el actual. Otro es el de 2017, del que resultaron dos leyes muy importantes: la reforma impositiva y el consenso fiscal, acordado previamente entre la Nación y las provincias. Es relevante detenerse en el Diálogo Argentino. El presidente Duhalde prometió que las conclusiones del diálogo serían su programa de gobierno, pero abandonó rápidamente ese rumbo. Mucho mejor habría sido el siglo XXI argentino si esa promesa se hubiera cumplido.
La mejor señal que podría dar hoy la Argentina, hacia afuera y hacia adentro, es votar, con el apoyo de las fuerzas mayoritarias en el Congreso, una reforma de la ley de responsabilidad fiscal que mejore la 27.428, votada hace dos años. Por ejemplo, incluyendo sanciones de cumplimiento efectivo a los funcionarios públicos responsables de los desvíos. Se puede discutir si incluir o no las cuestiones de la deuda pública.
El Gobierno no parece muy entusiasmado en acordar, y me parece un error. Sería mejor para todos lograr algunos acuerdos, estos u otros. Quienes “primeriaran” saldrían ganando. Al peronismo, sobre todo al triunfante Frente de Todos, se le abren dos caminos. Uno es similar al de comienzos de 1989 y al de 2001, impulsando un dólar “recontraalto” para, una vez en el poder, controlar precios, aumentar el gasto público y el déficit y dar lugar así a un festival de consumo insostenible con final de crisis. Confiar en evitar ese final por un eventual viento de cola como el de 2002 en adelante es una apuesta casi seguro perdedora. Ojalá fuéramos en esto como Portugal. Contra la leyenda que circula hoy, la imprescindible corrección fiscal la hizo desde 2011 una coalición centrista, pero se mantuvo en pie cuando el partido socialista llegó al poder en 2015. La otra alternativa del peronismo es avenirse a acuerdos, que serían valiosos cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones. Aspectos parciales de lo hecho por el peronismo en el plan de estabilización de Perón en 1952, rara vez citado o estudiado, muestran indicios de esto. Es difícil conjeturar el rumbo de la principal oposición. Ilusionó escuchar a Alberto Fernández decir el domingo: “A partir de hoy se acabó el concepto de venganza y de grieta”. Pero al día siguiente se mostró renuente a acordar, aunque, al mismo tiempo, desde su entorno se prometió cumplir con las obligaciones de la Argentina, algo no creído todavía por los mercados.
La cuestión fiscal está en el corazón del fracaso argentino, que es el mal manejo de las cuentas públicas, causa principal, aunque no única, de la igualmente crónica y destructiva alta inflación. Pero la carencia de acuerdos alcanza también a una estrategia de desarrollo sostenible. Es una buena oportunidad para terminar de elaborarla y difundirla. Hay materia prima, en cuestiones institucionales, de educación, obra pública, apertura de mercados externos o el posible acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur. Se podrían agregar, entre otras, mejoras de las políticas sociales y de ciencia y tecnología. En fin, esta estrategia debe diferenciarse claramente de cualquiera de las del pasado por la sencilla razón de que ninguna funcionó bien. Un elemento nuevo, todavía incipiente, es el de la productividad inclusiva, mostrando que inclusión y crecimiento no son excluyentes, sino todo lo contrario.
En fin, es bueno recordar que para salir de los laberintos (o de las grietas) de Marechal, es necesario hacerlo por arriba, pero la salida no está garantizada.

Economista y sociólogo. IAE-Universidad Austral

LA OPINIÓN DE JUAN JOSÉ LLACH,

Hay que superar la maldición del bimonetarismo

Juan J. Llach
El largo atraso de nuestro país solo quedará en el pasado con la profundización de medidas contrarias al populismo económico 
"La policía brasileña halló más de 51 millones de reales, unos 16,35 millones de dólares. en un supuesto búnker de un exministro de Temer", informaba el diario digital El Mundo, el 6 de septiembre de 2017. Surge, inevitable, la certera imagen de José López arrojando bolsos millonarios en dólares y euros en un convento. En Brasil hasta el fruto de la corrupción está en moneda local, algo impensable en la Argentina. No hay forma más elocuente de intuir qué es una economía bimonetaria. Aunque no lo sepa la mayoría de los argentinos ni buena parte de la dirigencia, sin superar el bimonetarismo será dificilísimo dejar atrás las crisis crónicas y el largo retraso de nuestro país.
Cumplimos a la perfección los cinco rasgos de este mal. Uno es el uso del dólar como unidad de cuenta patrimonial, para el ahorro y las grandes transacciones; el peso solo se usa para lo cotidiano, el pago de salarios e impuestos y el gasto público. Segundo, el mercado financiero en pesos es ínfimo: menos de un quinto del de Chile y menos de un cuarto del de Brasil, en porcentaje del PBI. Esto limita el crédito en pesos, y gobiernos y privados se endeudan en moneda extranjera, acentuando nuestra inestabilidad. Tercero, nuestras devaluaciones se trasladan a los precios mucho más rápido que en otros países. Perú y Uruguay son parcialmente bimonetarios, pero entre 2013 y 2016 devaluaron sus monedas 25,2% y 47,3%, y sus inflaciones aumentaron solo 0,8 y 1 punto porcentual anual, respectivamente, algo impensable aquí. Cuarto, las curvas de oferta y demanda de divisas se invierten con frecuencia y, por ejemplo, se demandan más dólares cuando sube su precio. Quinto y último, la Argentina exporta alimentos, pero todavía no encontró otro camino que reprimir las ventas externas para amortiguar las tensiones entre ellas y los salarios. Sí lo ha logrado, por ejemplo, Uruguay.
Las dos causas inmediatas de esta patología son una inflación crónica de 75 años y repetidas rupturas de contratos dictadas por el Estado, incluyendo defaults de la deuda pública, expropiaciones y pesificaciones de depósitos y cepos cambiarios. La inflación es crónica porque los argentinos "logramos" derrotar a cuanto plan de estabilización se nos interpuso, aun a los diez más integrales, ya fueran ortodoxos o heterodoxos, con gobiernos militares o democráticos, peronistas, radicales o de un tercer partido. Subyace a ambas causas el déficit fiscal, también crónico y enraizado en el gastar y consumir todo lo posible, sobre todo en divisas. Tal es la esencia del populismo económico, tan frecuente en nuestro país: maximizar el consumo presente hipotecando el futuro. Su maridaje con la economía bimonetaria está en la raíz de la profundidad de nuestras crisis económicas. Si, en cambio, ellas hubieran sido más normales -como las de Brasil, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay- nuestro ingreso por habitante sería hoy solo un 15% inferior al promedio de España e Italia, y no la mitad, como es en la realidad.
No hay manual completo para salir de este atolladero. Quien lo redacte será muy popular en la Argentina, y también serio candidato al Premio Nobel de Economía. No es que se parta de cero. Sabemos bastante sobre lo que no hay que hacer y algo de lo que sí hay que hacer. Pero no hay una "bala de plata" que solucione fácilmente el problema. En lo fiscal es crítico aumentar la productividad del gasto, reduciendo el peso muerto del Estado sobre la sociedad y la economía, y hacerlo con un criterio de productividad inclusiva, no excluyente. Hasta lograr la solvencia fiscal, el gasto público debe crecer menos que el producto bruto interno (PBI). Por ejemplo, creciendo el PBI al 4% anual y el gasto al 1%, en cinco años su peso se reduciría en unos 5 puntos del PBI, llevándolo al nivel de los países emergentes (32,3%) y dando lugar así a la rebaja de los gravámenes a las exportaciones y la inversión. También hay que reducir la evasión, sobre todo en el IVA y en ganancias de las personas; eliminar los impuestos distorsivos, que suman ¡12% del PBI!, dos veces los de Brasil y más de 10 veces los de Chile, Uruguay y casi todos los emergentes; llegar a un déficit cercano a 0 y, por cierto, cumplir con los servicios de la deuda pública y otros compromisos externos e internos. Un programa así, similar al que está en curso, reduciría el riesgo país a entre 300 y 400 puntos, permitiendo la esencial refinanciación de los vencimientos de capital más cercanos.
Obviamente, hay que persistir en un plan de estabilización. La política en curso se fortalecería con renovados acuerdos sociales y políticos que permitieran aprobar en el Congreso las leyes necesarias -como ocurrió en 2017- y ayudaran también a combatir ese enemigo feroz que son las expectativas de inflación. En materia cambiaria, el fuerte ajuste de 2018 hizo resurgir voces que proponen la dolarización o un tipo de cambio fijo. Pese a mi participación en el plan de convertibilidad, creo ahora que sería un error. Las experiencias de la Argentina y otros países muestran que hay riesgos relevantes de finalizar con una crisis seria. Ciertamente, ella se suavizaría si el cambio fijo se acompañara con una gran disciplina fiscal, cuya carencia fue crucial en la violencia de la crisis de la convertibilidad. Pero ocurre que, al bajar la inflación, la estabilidad cambiaria parece "eterna" y se afloja la política fiscal. Además de su menor explosividad, la flotación cambiaria facilita cambios en los precios relativos, tantas veces necesarios. Por ejemplo, si bajan los precios de las exportaciones la caída de la economía es mayor con cambio fijo que con flotación. En otro orden, es muy dudoso que en un país bimonetario sea bueno el movimiento irrestricto de capitales de corto plazo. Sí es importante seguir profundizando el desarrollo del mercado financiero en pesos, indexados y no indexados.
¿Qué dicen al respecto las dos principales fuerzas opositoras, a saber, el Frente de Todos y Consenso Federal 2030? Ambas coinciden en que hay que atacar la inflación reactivando primero el consumo. Si fuera tan fácil, hace años que la inflación habría pasado a la historia. También les resta credibilidad el no insinuar siquiera un dejo de autocrítica. Ambos miembros de la fórmula presidencial del Frente de Todos y el candidato a presidente de Consenso Federal fueron protagonistas del gobierno nacional durante la mejor oportunidad de la Argentina en un siglo (2002-2015), que se aprovechó escasamente. Baste recordar que la inflación había caído al 4,4% anual en 2004, pero subió a partir de 2005, desperdiciando así la mejor oportunidad que tuvo el país de lograr una sólida estabilidad de precios. El verdadero desafío es armonizar las políticas de estabilización y solvencia fiscal con el crecimiento. La política económica en curso es coherente con los criterios más aceptados sobre estabilización y erradicación del bimonetarismo. Pero, dado que el manual es incompleto, tal condición necesaria no alcanza. La economía ha empezado a recuperarse, pero lentamente. Por eso es necesario fortalecer las políticas vigentes de desarrollo sostenible que buscan, correctamente, el liderazgo de la inversión y las exportaciones y un crecimiento del consumo algo menor, hasta que aquellas logren los niveles adecuados.
Se trata, pues, de armonizar la estabilización y la erradicación del bimonetarismo con el desarrollo sostenible, una tarea intrínsecamente difícil -no imposible-, pero ciertamente lejana del facilismo que transmiten las principales fuerzas opositoras. El premio a alcanzar es grande, porque terminar con el bimonetarismo y la inflación crónica haría posible el desarrollo inclusivo, con mucha menor pobreza y mayor equidad.

Sociólogo y economista (IAE-Universidad Austral)

LA OPINIÓN DE JUAN JOSÉ LLACH,

Juan José Llach: "Aconsejaría una nueva carrera docente, escuelas ricas para los pobres de doble jornada y mejor nexo entre educación y trabajo"
Llach: "Espero con ansiedad los resultados de las pruebas PISA 2018" 
Aprender de contextos diversos, enfocarse en darles los mejores equipos pedagógicos e infraestructura a las escuelas más pobres, contar con una nueva carrera docente con mejores incentivos basados no solo en la antigüedad, sino también en los logros de cada escuela, revisar el compromiso familiar y de la sociedad con la educación, mejorar los aprendizajes en la secundaria para que los chicos puedan adquirir competencias laborales. Estas son algunas de las sugerencias de Juan José Llach, académico de Educación y de Ciencias Económicas, sociólogo y economista, al hablar de la educación actual y la futura que ya prepara a los más chicos para enfrentar la mitad del siglo XXI.
-Estamos en 2019, los chicos que hoy están en 1° grado del primario se graduarán en la universidad casi cerca de la mitad del siglo, ¿con la educación en su situación actual, qué le espera a la Argentina en tan pocos años?
-¡Quién sabe! Estamos mal, pero con chances de mejorar. Las tasas de escolarización siguen subiendo en las dos puntas: educación inicial y terciaria. En graduación estamos bastante mal: muy baja en secundaria y, más aún, en la universidad. En aprendizajes parece que hemos dejado de caer, y en primaria hay una recuperación en Lengua, a confirmar en las próximas pruebas Aprender. Matemática sigue siendo una asignatura pendiente. Espero con ansiedad los resultados de PISA 2018, que se conocerán en diciembre próximo.
-Si la tecnología avanza más rápido que el proceso de aprendizaje, ¿qué aula tendrá un alumno en 10 años? ¿Qué profesor necesitará tener en 10 años?
-La verdad, no lo sé, ni creo que alguien lo sepa. Sí parece claro que el rol de la tecnología, incluyendo la educación a distancia, será creciente. Las aulas perderán parte de su rol de "dictado" de clases, y crecerán en cambio como ámbitos de intercambio de experiencias, de discusión de dudas y de ideas y de evaluación.

-Si pudiera darle un consejo al próximo ministro de Educación, aunque aún no se sepa quién será después del 10 de diciembre, ¿cuál sería?
-Uno no me alcanza, doy tres: nueva carrera docente, escuelas ricas para los pobres de doble jornada y mejor nexo entre educación y trabajo.
-¿Qué le falta y qué le sobra al actual sistema educativo? ¿El problema central es el financiamiento del sector?
-Le sobra pobreza y le faltan formación, organización, rumbos claros y, fundamental, un verdadero compromiso de las familias y la sociedad con la educación. El financiamiento es central, pero no es la única carencia.
-¿Cómo se sale de este sistema educativo hacia otro que sea óptimo para formar ciudadanos y para que se cumpla con la movilidad social ascendente de la que ya hablaba Sarmiento?
-Es crucial una nueva carrera docente, con mejores incentivos, basados no solo en la antigüedad sino también en los logros de cada escuela. Esto requiere, seguro, más recursos, pero también que se inviertan mejor. Por ejemplo, el ausentismo docente es excesivo, sobre todo en las escuelas de gestión estatal, afectando así a los chicos de menores recursos. No es que los maestros "se hagan la rata", sino que los estatutos docentes permiten gran cantidad de faltas e impiden un buen funcionamiento de las escuelas. Junto a la carrera docente es esencial que las escuelas a las que asisten los chicos más necesitados sean, al menos, de la misma calidad que aquellas a las que asisten sus pares de mayor nivel socioeconómico. Solía llamarlo "escuelas ricas para los pobres". 

Ellas deben tener los mejores directores y docentes, excelente infraestructura, tecnología y doble jornada. Esto último es crucial para que los chicos puedan encontrar su vocación al tomar contacto no solo con el currículo habitual, sino también con la segunda lengua, las tecnologías, las artes o el deporte y la recreación sistemáticos. También, para que en la secundaria chicas y chicos puedan adquirir una competencia laboral, es decir, el aprendizaje solvente de alguna capacidad para trabajar, porque son muchos los que no podrán o no querrán seguir estudios superiores, y la secundaria de hoy no capacita para el trabajo.
-A cinco meses de la elección presidencial, ¿la ciudadanía debería reclamarle a la dirigencia partidaria políticas de Estado para mejorar la educación a largo plazo?

-Claro que sí, pero se habla muy poco de educación en las campañas. Ahora hay un instrumento nuevo: los debates presidenciales, y de candidatos a gobernador en algunas provincias. También hace falta, respetuosamente dicho, que los candidatos estudien la cuestión, no improvisen respuestas y construyan sobre lo hecho. Por ejemplo, hoy son valiosas las tareas del Instituto Nacional de Formación Docente, las pruebas Aprender y Enseñar o la iniciativa de las Escuelas Faro, que da prioridad a las más necesitadas.
Antofalla, Catamarca
-¿Cuáles podrían ser los reclamos de la ciudadanía hacia la dirigencia política y sindical para mejorar el aprendizaje?
-¡Tantos como los que digo en estas líneas! Pero, ante todo, que se cumplan los 190 días de clases, o al menos 180. El problema es que buena parte de la sociedad no está convencida de esto. Por ejemplo, Mendoza planteó este año iniciar las clases en febrero, se generó una protesta multitudinaria vía redes sociales y se volvió atrás.
-Según su experiencia, ¿se podrían acordar políticas básicas para comenzar a mejorar la educación?
-Hay una institución llamada Fundación Red de Acción Política (RAP) que en 2011 empezó a trabajar acuerdos básicos en varios temas. El Grupo de Trabajo de Educación, que tuve el privilegio de asesorar, trabajó nivel por nivel, acordó diagnósticos y un amplio listado de propuestas, que invito a los lectores a leer en http://rap.org.ar//grupos/educacion. Es como un viaje esperanzador hacia otra Argentina posible.
-La dirigencia política suele señalar, en sus discursos de campaña, que la educación es central para el desarrollo del país. ¿Cómo se entiende que desde 1983 hasta la fecha nunca se haya llegado a cumplir el piso básico de 180 días de clase?
-Una causa importante, y gran deuda de nuestra democracia, es no haber aprobado una ley de nueva carrera docente, tal como dije antes, clave para la mejora educativa, y también para que haya menos paros. Debería ser obligatoria para quienes se incorporan y optativa para quienes ya ejercen. Creo que se la puede hacer realmente atractiva y lograr muy buena aceptación.
-Las evaluaciones nacionales e internacionales de la calidad de aprendizaje de los chicos argentinos dan malos resultados o de forma muy incipiente algunas mejoras. ¿Hay una receta para encarar una reforma que augure buenos resultados en un tiempo razonable?

-Recetas no hay. Pero sí se puede aprender de contextos muy diversos. Por ejemplo, los sistemas de evaluación docente de Chile o Ecuador, algunos rasgos de la formación y la carrera docente en Finlandia, el sistema de créditos en la secundaria de Ontario (Canadá), de modo que los estudiantes puedan construir a medida parte de su carrera, la alta calidad de los institutos tecnológicos terciarios en Australia. En fin, en dosis adecuadas, aprender de la valoración que dan a la educación las familias de China, Corea, Singapur o Vietnam.
-Más de un rector universitario ya admite los problemas de la articulación entre el secundario y los estudios superiores. ¿Los posgrados se han convertido en la verdadera universidad?
-Efectivamente, es un problema serio. Tiene que ser trabajado seriamente en las escuelas -especialísimamente en las secundarias- y en las universidades, y si lo hacen en conjunto -como en algunos casos en la Argentina-, tanto mejor.
-¿Qué grado de responsabilidad cree que tienen los sindicatos en la calidad educativa actual?
-En una economía tan compleja, bastante desigual y que decae respecto de las de otros países, la cuestión distributiva es más complicada. Mis críticas son dos. La primera y más importante es carecer de propuestas eficaces. No hablan de cómo educar en el siglo XXI, porqué hemos decaído tanto respecto de otros países, cómo innovar y, lo más importante, cómo aplicar todo eso a una nueva carrera docente. La segunda es no buscar otras formas de protesta que no sean la interrupción de las clases.
-En 2016, el entonces ministro de Educación de la Nación propuso que la educación fuera considerada un servicio esencial y que no se pudieran hacer paros. Esta modalidad se aplica en algunos países de la región, como en Ecuador, ¿contribuiría a mejorar el aprendizaje en el aula o a empeorar las tensas relaciones entre la dirigencia sindical y las administraciones provinciales cuando no son del mismo signo partidario?

-No estoy de acuerdo con prohibir los paros. Pero creo que, si seguimos así, será necesario pensar en reglamentar la interrupción de la prestación de los servicios esenciales.
-¿La Argentina tiene más cantidad de alumnos en el sistema universitario que buena parte de la región, pero menos cantidad de graduados. ¿Cómo se podría revertir esa situación? ¿Arancelar es una opción?
-Repito que hay que fortalecer la secundaria, como lo están haciendo la Nación y algunas provincias, y trabajar, ambas partes en conjunto, articulando la enseñanza media y la universitaria. También es cierto que lo gratis, y más si es público, se derrocha. El arancel a quienes lo puedan pagar estaría bien, pero veo muy difícil que se adopte en la Argentina. Sí habría que exigir a quienes ingresan que sus responsables adultos estén al día con sus impuestos. También, como propongo hace tiempo, que los graduados devuelvan parte de lo que recibieron de las universidades, con una contribución acorde con sus ingresos, para becar a quienes lo necesitan. Así lo hace Uruguay y, aunque casi nadie lo sabe fuera de la provincia, también lo hace Entre Ríos, desde hace 30 años.
-¿El hecho de que varias universidades comiencen a exigir niveles de castellano para que los extranjeros puedan cursar aquí marca que es un fenómeno que va a seguir creciendo?
-No me parece tan relevante. Pero sí lo es que la Argentina apunte a ser la Australia de América Latina en cuanto a brindar servicios universitarios a extranjeros, que no deberían ser gratuitos, por razones análogas a las que di antes.
-Las evaluaciones de aprendizaje marcan mejores desempeños en las escuelas rurales que en las urbanas. ¿Las aulas plurigrado y los aprendizajes basados en proyectos podrían señalar el paso a seguir para los establecimientos de las ciudades?
-Dado que el alumnado no es numeroso en la gran mayoría de escuelas rurales, las aulas de grados múltiples permiten una relación más personalizada docente-alumno. Pero todavía faltan estudios que muestren con precisión cómo funcionan esas aulas. La enseñanza por proyectos es promisoria como intento de atraer la atención de los jóvenes, pero, ojo, siempre y cuando no se licúe la especificidad de cada asignatura.
-Hay muchas ONG dedicadas desde distintos ángulos a contribuir al mejoramiento de la educación. ¿Cree que el Estado -nacional o provinciales- debería articular mejor entre las partes para que los esfuerzos no sean aislados?
-Es muy importante el papel de la sociedad civil y, superando prejuicios recíprocos, veo que la articulación de tareas conduce al enriquecimiento mutuo, es antigrieta y prodiversidad.
-Usted integra la Academia Nacional de Educación. ¿Qué aporte tangible podría proponer la academia? ¿Podría ser el ámbito en el que los sectores políticos pudieran debatir el futuro de la educación?
-La Academia Nacional de Educación (ANE) ha hecho y hace aportes relevantes y constructivos. Por ejemplo, hace dos años presentó un proyecto de ley con un plan nacional de nutrición y estimulación temprana. Creo, al mismo tiempo, que la ANE debería crecer en diversidad y rejuvenecerse. Ambos cambios realzarían su rol como ámbito de debate de políticas y prácticas educativas.
-Usted fue ministro de Educación entre 1999 y 2000. ¿Tenía una receta de puntos básicos para encarar la tarea? ¿Tuvo sucesores que se hayan acercado al modelo que hubiera querido ver desarrollado en el país?
-Recetas no, ideas sí. Inscribimos a la Argentina en varias pruebas internacionales, y la prueba PISA se mantuvo, después de abandonarla en 2003. Aunque muy lentamente, se ha ido imponiendo la idea que lanzamos de "escuelas ricas para los pobres" en reemplazo de planes sociales educativos sin un objetivo tan claro. Esbocé un fondo educativo con recursos de asignación específica para la educación, y por eso fui consultado por el ministro Filmus cuando preparaba la ley de financiamiento. En fin, creamos por decreto un Instituto de Evaluación de la Calidad Educativa, derogado por Duhalde y revivido en la Ciudad de Buenos Aires, y probablemente en la Nación en un futuro cercano.
-Si revisa el sistema educativo, desde sus días de estudiante hasta la actualidad, ¿podría marcar hitos en la enseñanza que podrían aplicarse hoy?
-El respeto al maestro y al profesor, aunque no tan excesivo como antes.

* Juan José Llach es sociólogo y economista, académico de Educación y de Ciencias Económicas; dirige el Centro de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y Economía del IAE Business School; fue ministro de Educación (1990-2000) y secretario de Programación Económica (1991-1996)

Tres propuestas
Nueva carrera docente.Con mejores incentivos, basados en la antigüedad y en los logros de cada escuela
Escuelas ricaspara los pobres.Deben tener los mejores directores y docentes, excelente infraestructura, tecnología y doble jornada
Mejor nexo entre educación y trabajo.Para que en la secundaria se pueda adquirir competencia laboral; la secundaria de hoy no capacita para el trabajo

M. E. P. 

LA OPINIÓN DE JUAN JOSÉ LLACH,

El exsecretario de Programación Económica cree que el Gobierno debería dar estímulos para incentivar las inversiones y las exportaciones y que arranque de nuevo la economía 
Juan José Llach, secretario de Programación Económica durante el gobierno de Carlos Menem, tiene en la biblioteca de su casa un marco con la boleta electoral de la fórmula presidencial Ernesto Sanz-Lucas Llach por la UCR, que compitió en las PASO de 2015 con las candidaturas del presidente Mauricio Macri y de Elisa Carrió. Lucas es el segundo hijo de los cuatro que tuvo con su mujer, Magdalena Estrugamou, y ocupó la vicepresidencia del Banco Central durante la gestión de Federico Sturzenegger. Llach padre comparte los lineamientos generales de la administración Macri, y si bien cree que es la mejor opción de cara a las próximas elecciones, plantea ahora algunas críticas. En una entrevista con LA NACION, el también ministro de Educación durante la administración de Fernando de la Rúa indicó que el Gobierno debería dar estímulos a las inversiones y a las exportaciones, que son el motor de la economía. De esta manera se saldría de una recesión "que está siendo bastante fuerte", advierte.
-La Argentina está en una encrucijada, no es la primera vez. Ha habido varios intentos en las últimas décadas de encarrilar el país en una senda de desarrollo inclusivo, pero creo que no hay conciencia de que estamos exorbitados. La Argentina es un país muy raro. En el siglo XXI, el país ha crecido 0,81% del PBI por habitante, tomando una estimación de 2019. Esto nos ubica en el puesto 153 sobre 179 países. No hay ningún país que haya tenido 70 años de inflación crónica, con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Y, asociado a eso, somos el único país bimonetario del mundo. A nosotros nos parece normal, pero no lo es. No hay sistema financiero en pesos. El Gobierno heredó un gasto público, una presión tributaria y un déficit fiscal casi récord, y hay que financiarlos en moneda extranjera. Eso genera una cantidad de problemas, como se vio en la crisis del año pasado.
-¿Cree que el Gobierno cuando asumió y diseñó su política económica tuvo en consideración que este es un país bimonetario?
-No sé, pero apostó por el gradualismo. Con el diario del lunes todos somos sabios. La economía bimonetaria tiene el gran problema de que no hay un manual escrito que diga cómo se sale de la inflación. Se optó por ese camino, que podría haber durado si no cambiaban las circunstancias internacionales. El principal error que se cometió fue no blanquear la herencia, porque había una idea de no asustar. Creo que fue un grave error, porque tres años después uno no puede decir que lo que está pasando es culpa de lo que se heredó. Eso se tendría que haber dicho al comienzo.
-Había cierto optimismo cuando asumió el Gobierno. ¿Cree que sigue estando?
-Cuando Macri fue a Davos en enero de 2016 "se trajo" 20.000 millones de dólares de inversión. De eso vino menos del 10%, porque acá hay una estructura tributaria que cuando los inversores empezaron a hacer las cuentas, la mayoría huyeron preocupados. En la Argentina hay muy malos impuestos, que se llevan casi el 60% o más del ingreso del contribuyente. Ese optimismo que había, en cuanto a la creencia de que el Gobierno iba por un buen camino, cuando se pusieron a hacer las cuentas, no daban.
-Pero también la mayoría de los economistas del sector privado eran optimistas.
-Sí, totalmente. Creo que era porque hay una necesidad de serlo. Las circunstancias son muy cambiantes. Cuando a fines de 2017 el Gobierno ganó las elecciones por una diferencia que fue sorpresiva, el clima de optimismo era general. Con acuerdos se logró el consenso fiscal con las provincias, que es de una importancia extraordinaria, y también se logró votar una reforma tributaria, que tenía un cronograma que ahora está en modo pausa porque se quedaron sin recursos. La economía estaba creciendo. La inversión en el cuarto trimestre de 2017 aumentó 20% contra el año anterior. Pero eso dependía mucho del financiamiento externo.
-¿Por qué cree que se subestimaron el déficit financiero y el atraso cambiario?
-Para evitar lo que está ocurriendo ahora. Habría habido mucha más inflación de la que hubo en 2016, que no fue baja, porque hubieran tenido que acelerar las tarifas, y la recesión habría sido más profunda de lo que fue en 2016. La idea del gradualismo era ir de a poco para que el costo se distribuyera en los años y que no cayera tan pesadamente, como en la práctica ocurrió a partir del año pasado. Era una posibilidad o la otra.
-¿Cómo lo ve para las elecciones a Roberto Lavagna?
-Se me ocurre que podría ser el adversario más difícil para Cambiemos. Todavía no se sabe si será candidato. Siempre se piensa para afuera cómo será la expectativa electoral, pero para adentro tenemos que sacar un aprendizaje de estas elecciones.
-¿En qué sentido?
-En discutir cuáles son realmente los caminos. Proponer cosas concretas, porque si vamos a hacer cosas que ya se aplicaron en el pasado, tenemos como 14 planes de estabilización que han fracasado. Si vamos a aplicar un libreto de volver a la década anterior o a la convertibilidad, todo lo que sea mirar para el pasado no es para encontrar el camino.
-¿Por qué se cometen los mismos errores?
-La Argentina tiene el conflicto distributivo, que está casi en las raíces de la historia contemporánea. Cada vez que empezó a haber dificultades se buscaron atajos que terminaban con la parte fiscal: aumentar el gasto, que hacía crecer el déficit, y eso generaba inflación, que es la causa del bimonetarismo. Una vez que uno se mete con eso es muy difícil salir.
-Hablaba de inflación. El dato del Indec de febrero puede ser tan malo como el de enero. ¿Cree que este sistema monetario es el ideal para bajarla?
-Ahí está la trampa del bimonetarismo: cuando el dólar se mueve, los precios se mueven mucho más que en otros países. El movimiento del dólar no se trasladó inmediatamente a precios y además hubo aumentos de tarifas. Por otro lado, el índice mayorista de precios fue positivo en enero, ya que fue bajísimo [del 0,6%]. El mayorista se ajusta mucho más rápido con el dólar, porque está muy vinculado con el comercio.
-¿Cómo ve la política monetaria?
-No es mi campo de especialización. Creo que no había muchas alternativas. No sé por qué se puso una banda cambiaria tan ancha. A mí me hubiera gustado una más angosta. Es un remedio amargo. Nadie está a favor o disfruta de una política monetaria tan restrictiva, pero son los dramas de la economía bimonetaria.
-¿Hasta cuándo se puede seguir con esta medicina amarga?
-Lo más amargo de la medicina es la recesión, que está siendo bastante fuerte. Ahí me parece que la bujía del motor no está funcionando bien.
-¿Cuál es el motor? ¿El consumo?
-No, lo que se llama progreso inclusivo tiene que salir por el lado de la exportación y de las inversiones, más que por el consumo. Ahí, por ejemplo, se podría intentar incentivar las inversiones con un programa tributario en que se le adelante al inversor el cronograma de reforma impositiva. Pongo este ejemplo porque a mí me parece que el motor está necesitando arranque y que algo podría hacerse. No es cuestión de esperar con los brazos cruzados, porque una recesión, una vez que se instala en la economía, tiene un efecto arrastre también.
-¿Cree que el Gobierno cometió errores por falta de experiencia?
-Puede ser. Evidentemente no es lo mismo gobernar una ciudad que un país. Hubo un error de diseño. El ministro de Economía estaba en el cuarto nivel, porque antes estaban el jefe de Gabinete y los vicejefes. Luego, los ministros. Encima eran muchos. Había un problema de coordinación tremendo.
-El país depende mucho del humor internacional. ¿Qué se puede esperar si cambia el contexto?
-Dependemos de dos cosas: de que no se arregle el conflicto entre China y Estados Unidos y de que no haya una suba de la inflación en Estados Unidos y la Reserva Federal vuelva a cambiar la política y aumente las tasas de interés.
-¿Podría haber una nueva corrida cambiaria si sucediera eso?
-Que podría haber, sí. Pero eso dependerá de cuál sea la expectativa respecto del futuro y el tema electoral.
-Las elecciones jugarán un rol fundamental...
-Sí, con todos sus errores, este gobierno está intentando recorrer un camino distinto a los que nos llevaron a la decadencia. Con muchos errores e idas y venidas, pero el camino es ese.
-¿Cómo ve al Gobierno para las elecciones?
-Creo que la oportunidad está abierta. Se subestima a la gente. El Gobierno también la puede estar subestimando. Tienen que decir más claramente las cosas, cuáles son las opciones: si hacemos A, a qué podemos llegar. Ese discurso se entiende. Lo mismo con el tema de los cuadernos. He escuchado de colegas que dicen: "Puede ser peor el remedio que la enfermedad". Para mí es mucho mejor el remedio que seguir con la enfermedad de la corrupción. Que eso trae una retracción de inversión es verdad. Pero hay que explicárselo a la gente. Brasil pagó carísimo el tema del Lava Jato, con una caída de 7% del PBI en dos años.
"No hay ningún país que haya tenido 70 años de inflación crónica, con intervalos de estabilizaciones que duraron poco. Somos el único país bimonetario del mundo. A nosotros nos parece normal, pero no lo es""Nadie está a favor o disfruta de una política monetaria tan restrictiva, pero son los dramas de la economía bimonetaria""Lo que se llama progreso inclusivo tiene que salir por el lado de la exportación y de las inversiones, más que por el consumo"

S. D. 

LA OPINIÓN DE JUAN JOSÉ LLACH,

JUAN JOSÉ LLACH

Subsidiar el consumo de alimentos permitirá hacer frente de manera equilibrada al impacto de la crisis
Hace ya demasiado tiempo que los argentinos no podemos conciliar establemente el aumento del consumo y de la exportación de alimentos, en particular de carnes, trigo, maíz y lácteos. Se intentaron distintos caminos, todos infructuosos. Las exportaciones se reprimieron con tipos de cambio diferenciales, "retenciones", topes a su cantidad o el retraso cambiario. Así se castigó también la producción y se impulsó temporalmente el consumo, pero no hubo logros duraderos para nadie. Casi siempre se terminó en crisis del sector externo, fuertes devaluaciones del peso y caídas de los ingresos reales, sobre todo de los más pobres, por la mayor incidencia de los alimentos en su consumo. No encontrar solución a este problema también costó muy caro al país y fue causa importante de su decadencia relativa. Porque sin liberar el dinamismo del sector agroindustrial la Argentina no puede crecer sostenidamente, y sin dar respuesta a su tensión con el consumo peligran la paz social y aun la estabilidad política. En este siglo se siguieron políticas análogas a las mencionadas, pero los altos precios internacionales para el agro permitieron demorar la crisis externa. El alto costo fue que la Argentina perdió la mejor oportunidad en cien años de realzar su rol global como productor y exportador diversificado de alimentos, algo que sí lograron Brasil, Chile, Paraguay, Nueva Zelanda y Uruguay.
Nuestra realidad muestra hoy diferencias y semejanzas con el pasado reciente. Los precios internacionales son menores y el gobierno de Cambiemos heredó una situación fiscal insostenible. Con realismo y sentido de la equidad, pero también con errores, se eligió sanear la herencia gradualmente. El muy escaso financiamiento en pesos, producto de nuestro anómalo bimonetarismo, obligó a recurrir al endeudamiento en divisas. Se sabía que, si cambiaba el clima global, ese crédito podía escasear, y también que tan masiva entrada de dólares podía acarrear una apreciación del peso. El cambio ocurrió, se sumó la sequía que detrajo 7500 millones de dólares y la reacción del mercado llevó a una fuerte depreciación del peso y a reeditar una clásica crisis externa, como ¡desde 1949! Se recurrió entonces a un préstamo stand-by del Fondo Monetario Internacional, por valor y en tiempo récords y con unánime apoyo internacional. Por lo dicho, es insostenible atribuir al gobierno actual los costos de reducir, ahora más rápidamente, el grotesco déficit fiscal. De lo que en verdad se trata es de cómo minimizar los costos de las políticas populistas de la administración anterior, que hipotecaron el futuro del país, sobre todo el de los más pobres.
Es probable que el pasaje de la devaluación a los precios sea ahora menor que en el pasado, pero salarios e ingresos del sector informal perderán poder de compra de alimentos. Esta indeseable circunstancia abre otra vez la oportunidad de buscar soluciones más profundas al conflicto entre la exportación y el consumo de alimentos. Una condición necesaria para lograrlo es subsidiar el consumo de alimentos, mejorando y ampliando políticas vigentes, como la asignación universal por hijo (AUH), las asignaciones familiares y el descuento del IVA para jubilados, pensionados y otros beneficiarios. La idea es que un porcentaje de la AUH y equivalentes se entregue mediante una tarjeta de compra de alimentos, reduciendo así su precio al consumidor. Análogamente así funciona, desde 1939, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de los EE.UU. (SNAP, por su sigla en inglés), antes llamado Food Stamp, que apunta a mejorar la nutrición de los sectores de menores recursos. En 2017 el SNAP demandó 68.000 millones de dólares (0,37% del PBI) y llegó a 42,1 millones de personas (12,9% de la población). Cifras comparables de la Argentina nos muestran una inversión de unos 100.000 millones de pesos (0,8% del PBI) y llegada con la AUH a 4,4 millones de personas (9,2% de la población). Los montos mensuales por persona son 125 y 57 dólares para los EE.UU. y la AUH de la Argentina, respectivamente.
Sin abarcar todos los detalles de la propuesta, sí es oportuno enumerar criterios que deberían satisfacerse para cumplir los objetivos planteados. Primero, el subsidio debería otorgarse mejorando el uso actual de medios electrónicos, tanto para minimizar el clientelismo como para ayudar a combatir la evasión. El descuento social del IVA de los alimentos ha tenido baja ejecución porque sus destinatarios encuentran más conveniente comprar en negro que usar la bonificación. Con nuestra propuesta se repotenciaría. Segundo, teniendo en cuenta que, aun entre los más pobres, la malnutrición está mucho más extendida que la desnutrición, los descuentos deberían hacerse sobre los alimentos más sanos y nutritivos. Tercero, el subsidio debería ser variable en el tiempo según la evolución de los precios de los alimentos relativos a los ingresos de los tres quintiles de menores recursos. Cuarto, el subsidio nutricional debería abarcar no menos de la mitad del monto de la AUH. Podría permitirse que una parte menor de aquel fuera optativa, pero con incentivos a quienes optaran por cobrarlo con la tarjeta alimentaria. Las combinaciones imaginables son muchas y es muy probable que expertos en estos temas puedan aportar ideas más creativas que las mías. Me refiero a los nutricionistas, por cierto, pero también a los productores de alimentos sanos y nutritivos; a los municipios y las organizaciones sociales locales, que podrían capacitar en la preparación de alimentos nutritivos; a especialistas en comercialización y en pagos electrónicos y a las cadenas comerciales, que podrían elaborar propuestas de abaratamiento acentuado de los alimentos más nutritivos. Por último, pero muy importante, este sistema aumentaría el poder de decisión de los hogares acerca de la alimentación saludable de sus hijos, y también las comidas en la casa para reemplazar, en el mediano plazo, los comedores escolares y realzar así el rol educativo de las escuelas.
El otro componente esencial de la propuesta es su financiamiento. Casi todos los hogares de ingresos medios y altos se han beneficiado con la devaluación, ya sea como empresarios o funcionarios de sectores exportadores o sustitutivos de importaciones o por tener sus patrimonios fuertemente dolarizados. Al menos por esta razón, es equitativo establecer, con finalidad específica, una sobrealícuota en el impuesto a las ganancias de las personas y/o en el impuesto a los bienes personales, cuya reducción reciente no se justifica en un país tan desigual como el nuestro. También sería oportuno, como lo he escrito aquí, revisar integralmente el impuesto a las ganancias de las personas e integrarlo con los aportes jubilatorios personales, transformándolo así en un impuesto único a los ingresos de las personas (IUIP), con menores mínimos no imponibles y una marcada progresividad que comenzara con alícuotas del 1%. Ambas políticas en conjunto nos acercarían a ser una sociedad en la que, cada uno según sus recursos, todos los pudientes aportáramos a erradicar el hambre, la desnutrición y la malnutrición. Pocas políticas pueden contribuir simultáneamente, como la aquí propuesta, al desarrollo económico, al ataque a la indigencia y a una mayor equidad.

Economista y sociólogo, Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas

LA OPINIÓN DE JUAN JOSÉ LLACH

JUAN JOSÉ LLACH
El Gobierno debería renovar sus vínculos con la ciudadanía; la oposición, recordar que a veces el populismo no reditúa votos
Casi todos los argentinos, incluidos los dirigentes, actuamos como si nuestro país fuera normal, pero no es así. Ninguna nación comparable ha sufrido una decadencia relativa tan fuerte como la nuestra. Una mayor conciencia de esta anomalía ayudaría a buscar y encontrar caminos para dejar atrás esta historia. Por eso hay que lamentar que el actual gobierno no haya mostrado claramente a los ciudadanos el país que se heredaba, su vínculo con la decadencia y los arduos pero posibles caminos de salida.
Las marcas principales de nuestra anomalía son la pobreza, en un país con potencial de ser más rico e inclusivo y, causa importante de ella, la inflación permanente. Estamos cumpliendo 73 años de inflación crónica, récord mundial, y hemos derrotado a cuanto plan de estabilización se interpuso para curarnos. El déficit fiscal es la causa inmediata principal de la inflación. Casi siempre hemos usado el impuesto inflacionario para financiarlo, agregando el endeudamiento siempre que fue posible. Con tanto empeño logramos el récord de ser un país bimonetario de facto. La moneda nacional solo sirve como medio de pagos menores y el dólar norteamericano, como reserva de valor, unidad de cuenta y medio de pago para el ahorro y la inversión. Esto agrava las cosas, porque todavía no ha aparecido el Keynes de la estabilización de economías bimonetarias, y no hay protocolo cierto para combatirla.
Causas más profundas de la inflación, y a veces también excusas para legitimarla, son un marcado conflicto entre aspiraciones y posibilidades de satisfacerlas y la consecuente puja por la distribución del ingreso. Por eso, para vencerla, es necesario contar con la sociedad y con la política, por ejemplo, para lograr acuerdos sobre las famosas políticas de Estado, a cuyo faltante atribuía Paul Samuelson nuestra decadencia, hace 40 años. La principal política de Estado es la fiscal porque, como ha dicho Luis Alberto Romero, aquí hay una convicción arraigada que reza "del Estado, todo; al fisco, nada". No obstante, hubo logros relevantes en esta materia hace menos de un año, con la reforma impositiva y el consenso fiscal 2017. En rudo contraste, pocos meses después la misma oposición presentó un proyecto de ley de tarifas de servicios públicos, que costaría 90.000 millones de pesos y acarrearía mayor riesgo país y más ajuste o más inflación. Inició así la campaña electoral, procurando debilitar al Gobierno y recayendo en el viejo enfoque populista de maximizar el bienestar presente a costa del futuro. ¿Inducirán las turbulencias financieras un retorno a la racionalidad de fines de 2017? El "peronismo renovador" que se insinúa -similar al de los ochenta- podría registrar que el discurso populista quizá no logre tantos votos como antes. Si algo así no ocurre y nuevos acuerdos no son posibles, el Gobierno deberá recorrer el otro camino, el de ratificar su voluntad de terminar con la larga decadencia, insistir hasta más allá del cansancio en explicar qué hay que hacer para lograrlo y aceptar que muchos ciudadanos quieren entenderlo. Las medidas tomadas por Hacienda y el Banco Central la semana pasada fueron correctas. Pero ante la intensidad de la turbulencia fue adecuado recurrir al FMI, cuyo financiamiento no es volátil y sí el más barato. Evidencia, de todos modos, nuestras históricas dificultades para gobernarnos.
Para conjeturar el futuro es útil analizar algunas causas de la turbulencia financiera reciente. La principal, por lejos, es la herencia de alta inflación y de un déficit del 8% del PBI, que el Gobierno optó por combatir gradualmente, el único camino social y políticamente factible y deseable. Por ello tendremos que pasar cuatro años de fuerte dependencia del financiamiento externo, lo que nos hace más vulnerables a shocks adversos como los de estos días, y más aún por ser un país bimonetario. No hay manuales ni protocolos que indiquen inequívocamente cómo se resuelven o reducen los riesgos en tal contexto. Por eso quedan fuera de tono la altisonancia y la contundencia de las frases tanto de políticos como de economistas y, cada vez más, también de periodistas políticos. Es muy recomendable al respecto la serie de notas que está publicando la revista The Economist en las que reseña las lagunas de la economía como ciencia y recomienda mayor humildad.
Las turbulencias de abril y mayo pusieron más en evidencia los errores de las decisiones anunciadas el 28 de diciembre. Para estabilizar una economía bimonetaria y dependiente del financiamiento es esencial un Banco Central respetado, algo que lleva mucho tiempo conseguir, pero que puede dañarse en segundos. Quizá se fue sensible a presiones multisectoriales que reclamaban una baja de la tasa de interés. Se argumentaban un "enfriamiento" de la economía, completamente falso, y la necesidad de depreciar el peso, sin advertir que ello ocurriría espontáneamente, en poco tiempo, por la turbulencia global. En momentos de confusión como el actual es bueno mirar lo esencial que, hoy por hoy, es si la economía crecerá al menos 2,5% y si la inflación bajará en 2018, y sobre todo, en 2019. Si estas hipótesis se cumplen, en octubre de 2019 será elegido otro gobierno de Cambiemos. Quedarán entonces en el olvido casi todas las discusiones sobre política económica del último año, muchas veces inconducentes. Hace tiempo que sostengo que lo más probable es que tales hipótesis se cumplan, pese a las turbulencias financieras. Habrá que acostumbrarse a ellas, que pueden ocasionar algo más de inflación y algo menos de crecimiento.
Mi optimismo sobre la Argentina se basa, en parte, en la visión alternativa que tengo de la economía global. Es un hecho que la Reserva Federal de EE.UU. seguirá aumentando, gradualmente, sus tasas de interés. Pero de allí no se sigue que, en paralelo, aumenten los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar, y que bajen los commodities. Para que semejante "tormenta perfecta" se concrete debería subir el déficit fiscal de EE.UU. y, al mismo tiempo, caer las expectativas de inflación. El aumento del déficit es probable y entonces, la mayor emisión de bonos del Tesoro bajará su precio y aumentará su rendimiento. Mucho menos probable, en cambio, es una baja de la inflación en EE.UU., por el sesgo expansivo de la política fiscal y por la cercanía al pleno empleo. En este escenario puede darse, en escala reducida, algo similar a lo ocurrido entre 2004 y 2008, con Greenspan aumentando frenéticamente la tasa de la Reserva Federal, la inflación creciendo hasta cerca del 4%, el dólar desvalorizándose a niveles récord y las commodities, incluso el oro, firmísimos. Ello ocurrió porque al mismo tiempo que el Tesoro presionaba al mercado emitiendo bonos, el público también se cubría de la mayor inflación del dólar comprando otras monedas o commodities.
De cara al futuro, el Gobierno debería redoblar esfuerzos para renovar sus vínculos con los ciudadanos, explicando los problemas y el modo de resolverlos, y también mostrando más claramente el horizonte al cual se apunta, en todos los órdenes. Mucho ayudaría, además, una mayor y perceptible coordinación en la política económica. A la oposición, por su parte, le sería útil considerar que a veces el populismo no reditúa votos y, por otro lado, recordar las traumáticas experiencias de los ajustes de 1952 y 2002, protagonizados por el peronismo. Quizá gobierno y oposición estén cometiendo el mismo error: subvaluar a los ciudadanos.

Economista y sociólogo. Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas