Modos, grietas y fisuras que ordenan la dinámica política
La persistente confrontación fortalece los extremos en el peronismo y el antiperonismo, y redobla la presión sobre los sectores moderados
El autor es director del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires ,Luis Tonelli | Ilustración Alfredo Sábat
Cuando la política se fragmenta –y esto es lo que ha venido sucediendo en la Argentina desde 1983– es necesario que más políticos se tengan que poner de acuerdo. Por suerte, descubrimos algo que afortunadamente ya existía: las coaliciones.
Por el lado del peronismo, la cuestión se decidió dentro de su tradición movimientista, recurriendo al recurso un tanto gaseoso del Frente para juntar compañeros, algunos camaradas y algún que otro ucedeísta. En el “no peronismo”, con su prosapia institucional, se recurrió al artefacto típicamente coalicional: el de la “Alianza”, para después tornar hacia el más marketinero “Juntos”.
Ya desde el vamos hablamos de peronismo y no peronismo. Esos dos “modos” sempiternos de la política argentina heredados del siglo pasado y que, pese a toda el agua que ha pasado debajo del puente, siguen siendo los ordenadores de la política argentina. Lo que es lo mismo que decir que el voto por estas playas sigue determinado estructuralmente por variables sociodemográficas.
Estos dos modos no agotan la política argentina. Siempre hubo un tercer modo, una especie de cajón de sastre que reúne a los que no votarían ni a un peronista expreso ni a un no peronista manifiesto, si es posible votar por un tercero “independiente” de cierta relevancia. Sin embargo, esta tercera variante muestra, en última instancia, que los dos modos principales también determinan ese voto tercerista. En 2015, obligados a votar entre un candidato peronista (Daniel Scioli) o uno no peronista (Mauricio Macri) el 20% que había votado a Sergio Massa y forzado el ballottage terminó poniendo la boleta en la urna como lo indica el patrón sociodemográfico: los votantes provenientes de sectores más populares apoyaron al candidato peronista; los más acomodados, al representante no peronista.
Este tercer sector no es una Corea del Centro, como muchas veces se lo ha nombrado, sino un “norte” de Corea del Sur y un sur de Corea del Norte. Más aún, cuando Massa unió al Frente Renovador con el Frente de Todos, Alberto Fernández obtuvo en las PASO el mismo porcentaje de votos que Scioli en el ballottage (48%). La gran diferencia es que el sector peronista del Frente Renovador acompañó a Massa en esa aventura con el Frente de Todos.
Un dato adicional: los electores que habían votado a Felipe Solá para gobernar la provincia de Buenos Aires en 2015, dividiendo al peronismo y permitiendo, así, que María Eugenia Vidal venciera a Aníbal Fernández, votaron en bloque en 2019 a Axel Kicillof, siendo derrotada Vidal, pese a conseguir más votos que en 2015.
No hay nada escrito para que ese tercer sector no crezca y pueda colocar a su candidato entre los finalistas, pero hasta ahora eso no sucedió. Macri, quien inicialmente tenía afinidades peronistas, adoptó finalmente un perfil más antiperonista y lideró –y quiere liderar– ese “no peronismo”.
La política de los extremos
Que haya estos modos, sin embargo, no explica cómo se dan la dinámica política y la competencia electoral. No hay que confundir “modos” con “grieta”, que es una lógica que dirige la política hacia los extremos, que se sostienen, paradójicamente, por el nivel de rechazo de ambos. Nadie de un extremo votaría al otro extremo. Los enemigos de estos exponentes polarizados son los políticos de su propio modo que asumen una posición centrista.
La polarización ideológica –la grieta– no genera una polarización electoral: más bien, aliena a un centro que podría votar a una tercera opción (el Frente Renovador en 2015). Lo que genera polarización electoral es la convergencia de las dos fuerzas mayoritarias al centro, según lo postuló el maestro Giovanni Sartori. Y gana la fuerza que conquista el centro. Como siempre pasó en la Argentina, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Macri y Alberto Fernández. La expresidenta, representante excluyente de uno de los polos y sabiendo que no le alcanzaba para ganar, entronizó al “profesor de la UBA” y actual Presidente, quien permitió la incorporación del moderado Massa y conquistó el centro, en primera vuelta.
Tenemos “modos”, “grieta” en los extremos de ambas posiciones principales y “fisuras” dentro de los modos. Los contrincantes de los polos no son los unos contra los otros, sino sus propios socios políticos. Estas tensiones internas (fisuras) han marcado la dinámica del gobierno de Fernández, bloqueado por las divergencias internas y condenado a “no gobernar, para sobrevivir”. Cualquier política importante concreta, hubiera enervado al sector posicionado en contra de ella. Como pasó con el acuerdo con el FMI.
Bullying a los moderados
La estrategia de los extremos es hacerle bullying a los moderados de su modo, con el apoyo de las minorías intensas, que protagonizan el espectáculo de la política (incluso atrayendo la atención de los moderados). Pero eso no significa que eso se traduzca en apoyo electoral.
La cuestión se complica cuando aparecen dentro de los modos, verbigracia, el no peronismo, las fisuras de las fisuras: no solo compiten los extremos contra los moderados, sino también al interior de los extremos y al interior de los moderados. Esto se exacerba en Juntos por el Cambio, por la impresión generalizada de que el peronismo tiene el boleto picado. Aunque en la política, como el fútbol, hay que ser humildes en las predicciones y soberbios con el diario del lunes.
Todo este escenario ha llevado a una parálisis gubernamental, en medio de una crisis que no ha sido aguda porque se ha tornado crónica. Los problemas son estructurales y demandan acuerdos sólidos sobre análisis profundos, cosa que simplifica la dinámica polarizada que consiste en insultar al otro del modo más ingenioso posible.
En el peronismo hay ruidos sordos en relación con las candidaturas, pero operaciones que no han tenido suficiente delicadeza ya presentan a Massa como candidato. También apareció la fórmula Juan Schiaretti-Juan Manuel Urtubey, que si llega a buen término y va por afuera puede restarle votos al candidato del Frente de Todos. Recién comienza la carrera, pero la elección de un candidato centrista sigue la lógica que llevó al Frente de Todos a la victoria, aunque esta vez navega un Titanic que no se hunde porque esta varado.
La respuesta de la oposición ha sido presentar a estos moderados como lobos con piel de cordero, con los opositores asumiendo el papel de lobos. La fisura entre el polo extremo y el larretismo centrista es, así, cada vez más grande. Pero la oposición debe recordar la máxima electoral más importante: “Modo que se fragmenta, pierde”.

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RAÍCES DE LA CRISIS

La inseguridad, política de Estado
Texto Diana Cohen Agrest La autora es doctora en Filosofía y presidenta de Usina de JusticiaMarcha en Pilar contra la inseguridad, tras el crimen de Andrés Blaquier
Entre los principales factores que inciden en el avance del delito se encuentran la existencia de fronteras sin controles rigurosos y la sucesión de tres generaciones que desconocen el valor del trabajo y fueron criadas en una cultura de la desigualdad; la liberación de presos, decidida en la pandemia, tuvo un impacto negativo
Si debiéramos condensar en un término las raíces de la inseguridad en la Argentina, esa palabra sería “impunidad”, entendida como la ausencia de sanción frente a una conducta ilegal. El núcleo del análisis de la impunidad es el sistema de justicia penal y seguridad pública.
Por cierto, entre los factores que inciden en la producción y reproducción del delito, es insoslayable mencionar la sucesión de tres generaciones que desconocen el valor del trabajo y a menudo carecen de un referente, pues el padre, la madre o las clásicas figuras del maestro o del sacerdote fueron despojados de su valor formativo. Generaciones de “ni ni” criados en una cultura de la desigualdad. A esto se agregan la existencia de fronteras porosas y una absoluta falta de control de los antecedentes penales en las oleadas migratorias de las últimas décadas.
El eje que articula los factores mencionados es un abordaje exclusivamente ideológico y carente de datos científicos orientados a la disminución del delito: en la Argentina de hoy, la inseguridad es una política de Estado. De un Estado omnipresente en el control de los ciudadanos, pero ausente en la protección de la vida y los bienes, razón fundacional del nacimiento y existencia del Estado.
Si buscamos las raíces, un comienzo históricamente diferenciado de la inseguridad, la genealogía de la impunidad nos remite al 25 de mayo de 1973, el día en que asumió la presidencia Héctor José Cámpora y pidió la liberación de los presos políticos encarcelados durante el régimen de Onganía. Tras la invención ad hoc de un “acta de liberación”, esta permitió la salida ilegal de encarcelados políticos y de unos 3000 presos condenados por delitos ordinarios. El “Devotazo”, nombre con que se conoció el vaciamiento del centro penitenciario, se llevó adelante antes de que el presidente Cámpora firmara el indulto y el Congreso sancionara la amnistía.
La segunda liberación de presos con anuencia del poder político fue durante la cuarentena. En abril de 2020, el juez Víctor Violini liberó a un número indeterminado de presos –se calcula una cifra de más de tres mil– que, tras la pandemia, no regresaron a los penales. A menudo rechazados por la familia en su vuelta imprevista al hogar, sin trabajo, esos liberados retomaron el delito como medio de vida. A los fines de la comunicación con sus familiares y de una presunta resocialización, durante la pandemia también se autorizó el uso de teléfonos celulares en las cárceles, que, como era de esperar, derivó en la participación y dirección de los reclusos en los delitos que se cometen extramuros.
Masacre por goteo
La flexibilización de las reglas se gestó a lo largo de las dos décadas anteriores. La sanción de la ley 24.660, en 1996, estipuló la concesión de las salidas transitorias, la incorporación al régimen de la semilibertad y otros beneficios que, si bien eran optativos, solían ser interpretados por los jueces como obligatorios. La lucha de las asociaciones de víctimas y un reconocimiento del aumento del delito por la discrecionalidad de los beneficios liberatorios condujeron a que en 2017 el Poder Ejecutivo promulgara la ley 27.375, de ejecución de la pena privativa de la libertad, modificatoria de la ley 24.660, con el objetivo de limitar las excarcelaciones y las salidas transitorias a los condenados por delitos graves en todo el territorio nacional. Entre la sanción original de la ley y su reforma, se cocinó un caldo de cultivo desde las postrimerías de los años 90, cuya expansión podría datarse a partir de 2001.
¿Quiénes son los responsables de esta “masacre por goteo”, parodiando una expresión de la que tanto se abusó? En principio, los tres poderes del Estado, dominado durante 16 de los últimos 20 años por un solo color partidario, a menudo con la complicidad del arcoíris político. Prueba de esa complicidad es una comisión constituida por decreto del Poder Ejecutivo en 2013, coordinada por el entonces juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni e integrada orgullosamente por el exministro de Justicia y Seguridad bonaerense, diputados de Pro, de la UCR y del Frente Amplio Progresista. Finalmente, esa reforma fue abortada por el camaleónico Massa.
Entre otras perlas, el anteproyecto introducía las llamadas “penas alternativas” a la prisión; a saber: detención domiciliaria, detención de fin de semana, obligación de residencia, prohibición de residencia y tránsito, prestación de trabajos a la comunidad, cumplimiento de las instrucciones judiciales y multa reparatoria. Se eliminaba la pena perpetua y se fijaba la condena máxima en 30 años. Se suprimía el registro de reincidencia. Se mantenía la suspensión del juicio a prueba o probation, introducida en los últimos años. Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia, se despenalizaba la tenencia de droga para consumo personal, pero se agregaba el cultivo (para el mismo fin). Y hasta podría haber exención y reducción de la pena “cuando el agente fuere parte de un pueblo originario, el delito se hubiere cometido entre sus miembros y hubiere sufrido una sanción conforme a sus costumbres”.
El anteproyecto fue archivado, pero no fue a parar a un estante de un museo: si bien nunca se sancionó, la mayoría de las propuestas se fueron ejecutando gracias a la jurisprudencia, que suele introducir por la ventana lo que sacó por la puerta.
La delincuencia juvenil
El sociólogo Matías Bruno, director del informe “Las voces de los y las adolescentes privados de libertad en Argentina”, editado por Unicef en 2018 y mencionado por Mundo Untref en una nota de mayo de 2019, señala en su trabajo que tres de cada diez adolescentes habían vivido en la calle antes de ser apresados, el 50% es reiteen la cárcel –entraron, cumplieron pena, salieron y volvieron a entrar–, el 50% no estaba yendo a la escuela al momento de ser detenido; entre jóvenes de 16 y 17 años, el 50% ya había probado cocaína y uno de cada cuatro son padre o madre durante el encierro. Este escenario condensa las políticas públicas en materia social y penal de las últimas décadas.
Si nos preguntamos: ¿quiénes son responsables de la inseguridad ciudadana?, la respuesta engloba a los tres poderes del Estado: el Poder Ejecutivo, en calidad de máxima autoridad del Estado y de sus ministros que ejecutan políticas orientadas a la cooptación de votos amigos. El Poder Legislativo, por sancionar leyes con enorme carga discursiva inversamente proporcional a su cumplimiento. Y el Poder Judicial, en cuanto hizo de la puerta giratoria el instrumento por antonomasia para “sacarse las causas” de encima.
Finalmente, es esencial interrogarse acerca de las raíces y fundamentos teóricos y doctrinarios de la inseguridad. Una primera respuesta se remonta a medio siglo atrás.
El número abultado de legisladores, funcionarios y dirigentes vintage que convergen en el pensamiento abolicionista del sistema penal prosiguen las huellas de Mayo del 68, cuando la intelectualidad francesa dictó el “prohibido prohibir” y “la imaginación al poder”.
Dos años antes, el noruego Niels Christie publicó sus críticas a la prohibición de las drogas y al sistema carcelario, alegando que el derecho penal le había “expropiado” el conflicto a la víctima. El administrador de Justicia debía ocuparse de devolver el poder expropiado. Así lo entendió también el holandés Louk Hulsman, quien durante la Segunda Guerra Mundial fue confinado en un campo de concentración. Esa experiencia personal, cuenta Hulsman, dejó su huella en su adhesión fortuita al abolicionismo penal: transcurridos unos años de su confinamiento, Hulsman sufrió un robo en su casa. Los autores eran unos jóvenes, quienes habían ingresado en el hogar familiar dos veces en tres semanas. Hulsman habló con ellos y con sus padres. Y en lugar de denunciarlos ante las autoridades, llegaron a un acuerdo amistoso y hasta el seguro resarció los daños de la vivienda. (Créase o no, en una controvertida analogía, asimiló el sufrimiento de los jóvenes si ingresaban a prisión con su propio sufrimiento en los campos de exterminio).
Unos años más tarde, el italiano Luigi Ferrajoli, vía Foucault, recogió esas ideas, que fueron sumadas a la premisa de que quien delinque es una víctima del sistema capitalista y, en calidad de tal, no debe ser castigado. De ese brebaje bebió Zaffaroni, quien se valió de una caricatura teórica de las enseñanzas de Ferrajoli para formar a generaciones de jóvenes abogados consagrados a defender a quienes roban, violan y matan.
Todo lo demás es historia ya conocida. Si la única verdad es la realidad, es notorio que el buenismo de la dirigencia, alentado por la progresía local, es un ideario que debe ser extirpado. Porque como un cáncer, hizo metástasis y, a menudo, ministros, legisladores, jueces, fiscales y defensores matan con su lapicera.

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RAÍCES DE LA CRISIS

La pobreza que supimos conseguir
Comedor social en el barrio Puerta de Hierro, en el distrito de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires
Se trata de un problema estructural en la Argentina, que lleva casi medio siglo, un período en el que las políticas económicas de los sucesivos gobiernos han fracasado; el principal caldo de cultivo es el flagelo de la inflación
Jorge Ossona
La pobreza endémica perturba nuestro imaginario nacional. Cuenta con casi medio siglo, en cuyo transcurso no ha hecho más que expandirse. Resulta fácil dilucidarla analizando la evolución de nuestro producto per cápita. Según Juan Carlos Sánchez Arnau, entre fines del siglo XIX y los 70 del XX creció alrededor de 2% anual. Desde entonces promedió el 0,6 %; un guarismo diferencial elocuente por sí mismo.
Se inscribe en un proceso civilizatorio más vasto en el que la revolución tecnológica acelerada desde el fin de la Guerra Fría transfiere empleo desde las industrias hacia los servicios y desde el Atlántico hacia el Asia-Pacifico. En la Argentina, se insinuó hacia los 60 cuando el sesgo capital intensivo de la industria protegida se conjugó con la crisis de varias economías regionales arrojando un torrente inmigratorio hacia las grandes ciudades litoraleñas. Los recién llegados se emplearon en la construcción y los servicios domésticos informales compensados por el pleno empleo.
Pero desde el colapso fiscal del decenio siguiente, las políticas económicas de los sucesivos gobiernos fracasaron en impulsar un desarrollo estable e inclusivo. Ocurrió todo lo contrario: el crecimiento fue más espasmódico que durante el periodo anterior. La mega inflación comenzada por el “rodrigazo” simuló el empobrecimiento mediante el empleo público; aunque ya hacia comienzos de los 80 la pobreza había ascendido del 4% al 20% de la población.
La hiperinflación de 1989-90 la subió a un 25%. Durante los primeros cuatro años de la Convertibilidad remitió al 17%, para volver a dispararse al nivel anterior durante el “efecto tequila” de 1995-96. El desempleo generado por la reforma del Estado, que saltó de 12 al 18% durante esa crisis intermedia, impidió perforar ese piso. El estancamiento y la ulterior depresión de fines de 2001 la extendieron al 50%; remitiéndola nuevamente al 25% durante la reactivación entre 2002 y 2011 a raíz del alza de nuestras commodities exportables. Fue su piso estructural. Hoy abarca a más del 40%; en línea con un estancamiento que lleva más de una década.
Se trata de un fenómeno transversal que comprende a las clases trabajadoras desalarizadas por la reestructuración industrial y a importantes segmentos de las clases medias que constituyeron nuestra excepcionalidad respecto del resto de América Latina. Volátil, pues cada etapa de nuestro crecimiento, sobre todo durante los 90, supuso su extensión; aunque también la reformalización de minorías revertida durante los últimos años. Y candente, como lo expresaron las ocupaciones ilegales de tierras desde mediados de los 80 y los saqueos a comercios minoristas suburbanos en 1989 y 2001.
La crisis política , social y económica de diciembre de 2001 se tradujo en saqueos a supermercados, como ocurrió en comercios de Moreno, en el Gran Buenos Aires
Se trasladó geográficamente desde de las provincias interiores del NOA y del NEA hacia los grandes conurbanos. El del Gran Buenos Aires concentra a más de su tercera parte. El otrora símbolo de la prosperidad para los inmigrantes europeos y del interior se ha convertido en un callejón sin salida que no deja de ampliarse por la saturación poblacional de sus cinco cordones periféricos.
Supuso la transmutación organizacional del corporativismo sindical hacia una trama compleja de instituciones barriales que negocian con municipios de facultades ampliadas la garantía de su subsistencia. Durante la segunda mitad de los 90, surgieron intentos de sindicalización a través de las organizaciones piqueteras diseminadas desde las cuencas petroleras hasta el GBA. De ahí, el protagonismo de las pioneras durante el estallido social de 2001; luego eclipsadas por portentosos aparatos prohijados desde 2003 por el kirchnerismo. Aun así, la representan minoritariamente.
Su administración política registra cuatro momentos cruciales: el Programa Alimentario Nacional del gobierno de Raúl Alfonsín; el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados durante el provisional de Eduardo Duhalde; las cooperativas de Argentina Trabaja –hoy Potenciar Trabajo- promediado el primer gobierno de Cristina Kirchner, y el intento actual de transferir su gestión tercerizada de los movimientos piqueteros a los municipios. La iniciativa de instaurar un salario básico universal podría ser un quinto movimiento en ciernes. Por ahora, solo ensayos que confirman su estructuración gestionada por paliativos fallidos en lograr una genuina reintegración social.
Su expresión política predominante es el peronismo, que logró soldarla trabajosamente a la minoría de trabajadores sindicalizados. El redistribucionismo inflacionario inaugurado entre 2009 y 2011 bajo la forma de asignaciones universales por hijo, jubilaciones y pensiones sin aportes previos y la promesa de promoción por la vía cooperativa la afianzo como la principal base de sustento electoral del “cristinismo”. Sobre todo, en la tercera sección de la Provincia de Buenos Aires situada en los partidos del sur del Conurbano.
Organizaciones sociales de izquierda expresan sus reclamos en las inmediaciones del Obelisco
Ideólogos de la nueva izquierda latinoamericanista y el catolicismo populista la elevaron como un modelo de valores ciudadanos colectivos dignos de ser imitados. Una interpretación paradojal, dado que conciben sus raíces en la última dictadura militar y su densificación, ya instaurada la democracia, por políticas económicas excluyentes a las que denominan “neoliberales”. De ahí, su fácil vertebración con la causa de los derechos humanos. Solo queda a salvo de ese etiquetaje el kirchnerismo inventado como una continuación de las políticas proteccionistas del peronismo histórico.
Esta mirada romántica y distante poco tiene que ver con su cotidianeidad y su cultura conservadora aun apegada a la esperanza del ascenso por vía laboral postergada, una y otra vez, durante los últimos cuarenta años. En el plano real, se trata de un mundo heteróclito de changarines, recicladores urbanos, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y agentes de seguridad ordenados en clanes extensos diseminados en núcleos familiares de localización próxima, clubes vecinales y congregaciones religiosas.
Otros indicadores de su morfología son la irregularidad dominial, la precariedad y hacinamiento habitacional, las conexiones ilegales a la red electrica y de agua potable, la falta de desagües cloacales, las calles de tierra, y los basurales a cielo abierto por la insuficiencia de la recolección de residuos. También un estado de inseguridad permanente que amenaza la propiedad de bienes, viviendas y la propia vida; y una educación escolar reducida a la satisfacción parcial de las necesidades básicas de niños y jóvenes: desde el alimento hasta la contención afectiva y la higiene básica. Por último, servicios de salud pública detonados que contribuyen a una actitud fatalista de la corporalidad y las enfermedades.
Estas condiciones motivan relaciones sociales muy primarias y encapsuladas, generadoras de una emotividad intensa alrededor de estéticas musicales –cumbia, rock y rap- o deportivas -principalmente del fútbol- que encarnan la ilusión de un ascenso excepcional denegado por el trabajo y el estudio. En el otro extremo, la marginalidad y su explotación por organizaciones delictivas, casi siempre al amparo de funcionarios corruptos, constituyen un riesgo inminente cuyos vecinos son sus víctimas propiciatorias.
Las perspectivas de su remisión lucen remotas pero posibles con solo recortar la venalidad de su administración y conjugarla con una política de obras públicas que suturen la segregación espacial de sus “asentamientos” o “barrios populares” –metáfora biempensante del viejo concepto de villas miseria o “de emergencia”- re formalizando a millones de trabajadores. Nuestra débil densidad demográfica podría facilitar este nuevo momento conjugado con políticas educativas aplicadas a actividades que en el mediano plazo no requerirían de calificación compleja sino el desarrollo de destrezas en el uso de las nuevas tecnologías.
Pero nada de esto será posible sin acuerdos políticos de fuste y una macroeconomía que estimule el crecimiento y remita el flagelo inflacionario; su principal caldo de cultivo.

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