TENSIÓN EN LA JUSTICIA

Va a juicio la causa por el atentado a Cristina
Los detenidos enfrentarán un tribunal oral; la vice quería que se investigara a Milman y a Revolución Federal.
María Eugenia Capuchetti, frente al edificio de Cristina Kirchner en Recoleta
La jueza federal María Eugenia Capuchetti elevó a juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, a Brenda Uliarte y a Nicolás Carrizo por el fallido atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre pasado.
La jueza dejó de lado la oposición de la vicepresidenta a la elevación a juicio al sostener que sus observaciones, relacionadas con la imputación que realiza sobre el diputado de Pro Gerardo Milman, “no son novedosas” y ya fueron objeto de investigación.
El tribunal oral federal sorteado es el número 6, que no tiene jueces titulares. Hoy lo integran Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari, todos subrogantes.
Cristina Kirchner entendió que restaban medidas de prueba para esclarecer el caso y que no correspondía elevar “por tramos” el expediente, ya que eso “daña el descubrimiento de la verdad”. Sin embargo, dijo que si rechazaban este pedido, de todos modos iba a acusar a los tres detenidos. Esta solicitud tiene su asidero en que si la querella no mantenía la acusación ahora, no iba a poder intervenir como acusadora en el juicio oral.
La querella objetó que no se conocen las motivaciones de los detenidos para realizar el ataque y pidió profundizar la pista sobre Milman, sobre las comunicaciones de los acusados y sobre la agrupación Revolución Federal.
La jueza Capuchetti contestó que se realizaron medidas de prueba sobre estas líneas de investigación. “Las cuestiones que ha traído a colación la acusación privada para oponerse a la elevación a juicio no resultan novedosas. Indistintamente, las medidas o las hipótesis investigativas arrimadas por las partes han merecido el correspondiente tratamiento jurisdiccional”, dijo, y recordó que incluso esto fue revisado por la Cámara Federal.
La jueza afirmó que se analizó de manera sistemática esta evidencia y que “no se han podido reunir elementos objetivos de contundencia que permitan superar el terreno de la mera conjetura respecto de las hipótesis que aquí de forma tan enfática se sostienen”.
Se apoyó Capuchetti en que la causa está delegada en el fiscal Carlos Rívolo, que propició la elevación a juicio, y dijo que las medidas que la vicepresidenta propone podrían hacerse en ese ámbito. Sin embargo, puntualizó que el fiscal analizó el asunto y decidió no realizarlas.
Rívolo se pronunció la semana pasada a favor del avance de la causa, sin expedirse en torno a la “oposición de la querella”.
Recordó Capuchetti que el fiscal Rívolo dijo que no hay indicios de que el ataque tuviera motivaciones políticas o un financiamiento externo. “Hasta el momento la prueba impide considerar que haya existido una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”, escribió el fiscal y reprodujo la jueza.
“Más allá de la indudable conmoción política que generó el intento de asesinato de una vicepresidenta de la Nación, hecho de enorme gravedad institucional, de todos los teléfonos secuestrados y analizados no surgió vínculo alguno de los nombrados con ninguna agrupación o persona que a esta altura permitiera siquiera sospechar sobre la posibilidad de que se les hubiese brindado asistencia para el suceso”, recordó. Si bien el fiscal no se pronunció sobre las medidas pendientes, sí dijo que “las hipótesis alternativas de investigación no han sido acreditadas por el momento, aun a pesar del acaudalado material de prueba que se ha reunido”.
El pedido de la Cámara
Recordó Capuchetti que fue la Cámara Federal la que la exhortó a elevar el caso a juicio lo antes posible, y dijo: “Con apoyo en el criterio de la alzada [la cámara], que se comparte en esta instancia, y a fin de garantizar el derecho de los imputados a ser juzgados sin dilaciones indebidas, no habrá de hacerse lugar a la oposición de elevación a juicio planteada por la parte querellante [la vicepresidenta]”.
La jueza dijo que sacará testimonios para investigar por separado las líneas de investigación que propone Cristina Kirchner, entre ellas el caso de Milman, la pista sobre un dirigente de derecha que ofreció ponerle un abogado a Sabag Montiel y el hallazgo de un escrito en la casa de Uliarte sobre balística.
“Declárese clausurada parcialmente la instrucción de la presente causa con relación a los nombrados y elévese al Tribunal Oral Federal que por sorteo resulte desinsaculado”, escribió la jueza.
Dado que la causa tiene detenidos y es de gran relevancia institucional, es probable que -a pesar de la apretada agenda de los tribunales orales federales- el juicio oral comience en pocos meses.

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TENSIÓN EN LA JUSTICIA

El peligro de desconocer la Constitución y los principios republicanos y federales
Antonio María Hernández

La Asamblea Legislativa reviste la mayor importancia institucional, porque reúne a ambas cámaras del Congreso para la apertura de las sesiones ordinarias y algunos otros eventos extraordinarios. El artículo 99, inciso 8, de la Constitución, al referirse a las atribuciones del presidente, expresa que es la ocasión para dar cuenta “del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes”.
Admitiendo que en las más de dos horas del discurso hubo referencias al accionar del Gobierno, es evidente que no existió mención alguna a las reformas prometidas por la Constitución y solo una escasa enunciación de proyectos para ser considerados por el Congreso, que no constituyen la agenda legislativa que imperiosamente necesita el país. Esto significa que no se cumplió estrictamente lo exigido por la ley suprema.
En un artículo anterior publicado el 13 de febrero, mencionamos que son aproximadamente 25 las leyes reglamentarias de la Constitución que no han sido sancionadas, lo que revela nuestra débil cultura constitucional y baja calidad institucional, que se expresa además en el hiperpresidencialismo.
Desde esta perspectiva, estimo necesario analizar algunas afirmaciones presidenciales que desconocieron la Constitución y sus principios republicanos y federales.
En primer lugar, la referencia específica a las causas judiciales relacionadas con la vicepresidenta y a otras causas resueltas por la Corte Suprema, como la medida cautelar en relación con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las vinculadas al Consejo de la Magistratura, constituyeron una violación del artículo 109, que prohíbe al presidente interferir en causas judiciales.
Ello evidenció una falta de respeto por la independencia de los jueces, principio esencial de nuestro sistema republicano, consagrado expresamente en el artículo 114, inciso 6, de la Constitución nacional.
Al criticar la medida cautelar dictada por la Corte en el conflicto que inició el Presidente con el decreto de necesidad y urgencia 735 –que redujo la coparticipación de la Ciudad y asignó esos fondos a la provincia de Buenos Aires–, sostuvo que no le correspondía participar en ese sistema a la CABA.
Ello importa un grave desconocimiento del texto de la ley suprema, que regula la cuestión en el artículo 75, inciso 2, sobre la coparticipación impositiva, en los siguientes párrafos: en el tercero: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires, y entre estas se efectuará en relación directa con las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas….”, en el quinto: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”, y en el sexto, destinado al organismo fiscal federal, que “deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición”.
Se trató, también, de un desconocimiento del artículo 129, que consagró la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires como uno de los cuatro órdenes gubernamentales de nuestra descentralización del poder, a la luz de la reforma constitucional de 1994. En este aspecto, al tratar de profundizarse las antinomias y conflictos de nuestra historia con el discurso, tampoco se comprendió que el federalismo es un pacto de unión y que por eso el primero de los objetivos del Preámbulo es constituir la unión nacional.
El Presidente denunció intromisiones del Poder Judicial y de la Corte en particular que afectaban el funcionamiento de los poderes Legislativo y Ejecutivo. Frente a ello, es necesario afirmar que la misión fundamental de los jueces es ejercer el control de constitucionalidad para asegurar la supremacía de la Constitución, como lo dispone expresamente el artículo 43, y que ello es básico en nuestra democracia constitucional.
Por el contrario, la realidad demuestra que el Poder Ejecutivo es el que en mayor medida no respeta al Congreso ni al Poder Judicial en el ejercicio de sus poderes. El hiperpresidencialismo ha significado en este período el dictado de 153 decretos de necesidad y urgencia, 69 decretos delegados y 10 decretos de promulgación parcial de leyes, según un estudio del profesor Alfonso Santiago. Una gravísima violación de los artículos 99, inciso 3, y 76 de la Constitución. Tampoco el jefe de Gabinete ha cumplido con sus presencias mensuales ante cada una de las cámaras, impuestas por el artículo 101.
Y en cuanto a la falta de respeto al Poder Judicial, además de los actos previos como la promoción del juicio político a la Corte Suprema y la falta de cumplimiento de sus sentencias, tuvo su momento culminante en las expresiones violentas contra sus autoridades, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En contraste, deben destacarse la prudencia y el decoro de los jueces, que estuvieron a la altura de tan importante acto institucional, en cumplimiento de principios republicanos y democráticos.
También hubo referencias contra la prensa, lo que importó otra violación de la ley suprema y de sus principios, que consagró nuevas garantías, como el secreto de las fuentes de información periodística. En consonancia con ello, antes fueron denunciados penalmente por un funcionario los periodistas Joaquín Morales Solá y Daniel Santoro.
Frente a este discurso, promotor de la polarización y de las antinomias, es menester reiterar que para rememorar los 40 años de la democracia es imprescindible volver a valorizar las instituciones consagradas en la Constitución nacional, que es el programa máximo de gobierno para los argentinos.
El autor fue vicepresidente de la Comisión de Redacción en la Convención Nacional Constituyente de 1994 y es profesor de Derecho Constitucional

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TENSIÓN EN LA JUSTICIA

Los jueces denuncian en la ONU ataques del Gobierno
El organismo prepara un informe tras los cuestionamientos
Hernán CappielloAlberto Fernández, en la Asamblea Legislativa, cuando criticó a la Justicia; a la izquierda, los jueces de la Corte
La relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara un informe sobre la situación judicial en la región, incluida la Argentina. Será después de recibir un reporte crítico de los jueces nacionales que cuestionaron el juicio político que el gobierno de Alberto Fernández impulsa contra la Corte Suprema de Justicia, las vacantes sin cubrir en los tribunales y el intento oficial de modificar el régimen jubilatorio. La Asociación de Magistrados dijo que se trata de un “avasallamiento”.
La relatoría especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prepara un informe sobre la situación de la independencia judicial en la región, incluida la Argentina, y recibió un reporte crítico de los jueces nacionales que cuestionaron el juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte Suprema de Justicia.
El 22 de febrero pasado, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) mantuvo una reunión por Zoom con la relatoría, a cargo de la académica Margaret Satterthwai, y elevó una breve síntesis de los problemas de cada país. Por la Argentina, informó en diez minutos el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Marcelo Gallo Tagle, que denunció el avance del Gobierno sobre la Corte Suprema de Justicia con el inicio del juicio político.
El juez le manifestó al organismo internacional que se está frente a un “avasallamiento de la independencia judicial” y que el inicio del proceso, a fin del año pasado, coincidió con dos sentencias en contra del Gobierno: la medida cautelar dictada por la Corte que lo obliga a girar fondos a la Ciudad en concepto de coparticipación federal y la anulación de la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Gallo Tagle dijo que se trata de un ataque al máximo tribunal motivado por el contenido de sus sentencias, lo que está en contra de las leyes y normativas internacionales que regulan la actividad de los jueces.
Tras esa videoconferencia, ahora las diversas asociaciones de jueces reunidas en la FLAM están redactando un informe pormenorizado de lo que ocurre en cada lugar.
La Asociación de Magistrados de la Argentina prepara un documento en el que se remonta a lo ocurrido en 2014, cuando el gobierno kirchnerista trató de limitar la independencia judicial mediante la aprobaque ción de la llamada ley “de democratización de la Justicia”, que incluía la elección popular de los jueces. La iniciativa encendió alarmas de quienes advirtieron que las decisiones de los jueces terminarían influidas por conseguir el favor del electorado y no por aplicar las normas, algo que muchas veces exige ir en contra del clamor popular.
Esta iniciativa fue declarada nula por todas las instancias judiciales hasta que el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que obligó a enterrar definitivamente el proyecto. No obstante, señala el informe en elaboración, hubo un nuevo intento de avanzar con la reforma de la Justicia Federal, esta vez con el proyecto que logró media sanción el 28 de agosto de 2020, en plena pandemia.
Allí se volvía a la carga para quitarles poder a los tribunales federales de Comodoro Py 2002, pero se planteaba además la necesidad de crear cargos judiciales de manera desmedida en la Justicia Federal de todo el país, con lo que se pretendía los gobernadores pudieran designar sus jueces federales y promover otras designaciones con sentido político.
La iniciativa fue aprobada en el Senado, pero no pasó el filtro de la Cámara de Diputados, donde el kirchnerismo no consiguió la mayoría. Los jueces denunciaron a la ONU el problema de las vacantes en los tribunales federales y nacionales, que llegan al 30 por ciento y que obligan a que haya jueces suplentes, lo que debilita al Poder Judicial. En el caso particular de Rosario, el presidente Alberto Fernández responsabilizó a la Corte por la inseguridad y el narcotráfico en la provincia, al culparla por la falta de avances en los concursos del Consejo de la Magistratura.
Pero los jueces le contestaron que en Rosario las vacantes no se cubren porque los candidatos deben ser aprobados por el Ejecutivo y por el Senado, ya que los concursos pendientes en el Consejo son tres de un total de diez cargos vacantes.
Otro de los ítems que están incluidos en el informe que los jueces preparan para la ONU tiene que ver con sus jubilaciones. El Gobierno aprobó en mayo de 2020 una ley para cambiar el régimen jubilatorio de los magistrados, elevando sus aportes y con la idea de que se trata de un régimen de privilegio.
Los jueces le dicen ahora a la ONU que se trata de una invasión al Poder Judicial y que es un ataque a su independencia, porque los obligaba a renunciar si querían acogerse a la vieja ley o permanecer, pero perdiendo dinero. Reclaman que no se trata de un sistema “de privilegio”, sino de una caja que es autosustentable con los aportes de los propios magistrados en actividad, si es que se cubren todas las vacantes.
La denuncia del Gobierno
El Gobierno se presentó ante la ONU a fin del año pasado para denunciar que jueces y fiscales llevaban adelante “procesos penales fraudulentos”. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, hizo estas manifestaciones en la sede del organismo internacional, pero el único país que respaldó su denuncia de lawfare fue Bolivia.
La exposición de Pietragalla se hizo en el marco del Examen Periódico Universal, donde mencionó las “estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al expresidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los ministerios públicos”.
La alusión era por la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel en la causa Vialidad. El oficialismo cuestionó la participación del fiscal Diego Luciani y del juez Rodrigo Giménez Uriburu, protagonistas de ese proceso, en un torneo de fútbol que se jugó en una quinta que pertenece a Mauricio Macri, antes de que ninguno de los dos hubiera sido designado para intervenir en ese caso.
En la audiencia posterior a la presentación de Pietragalla, Alemania cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial argentino y habló de “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores. Antes, la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había alertado en su último informe anual que la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia, las demoras en la designación de jueces y de otros cargos, como el procurador general, y la corrupción, incluida en el Poder Judicial, han “socavado el Estado de Derecho” en la Argentina.
Las declaraciones de Pietragalla se dieron en medio de la iniciativa del oficialismo para impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema, tribunal que también busca modificar para ampliar su número de integrantes

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