EL CIUDADANO COMÚN

La fiesta de Olivos: una apuesta por la mentira que demolió la autoridad presidencial
Alberto Fernández logró terminar con la cuestión legal que derivó del cumpleaños de Fabiola Yañez, pero no podrá resarcir el daño que le hizo a su investidura como jefe de Estado

Diego Cabot
El presidente Alberto Fernández durante uno de los anuncios de restricciones por la pandemia
La fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, dio superávit. Tuvo un costo de organización, que seguramente se canceló con dinero del fisco y recaudó, al menos, tres millones de pesos en concepto de reparación del daño. Negoción para el Tesoro.
Sin embargo, y pese a este polémico arreglo, aquella bacanal prohibida en una noche de cuarentena estricta se llevó consigo un preciado y necesario bien para gobernar: demolió la palabra y la autoridad presidencial.
Alberto Fernández podrá conseguir un crédito o pedirle a uno de los amigos que siempre se acercan al poder la plata para pagar. La pareja tiene diez días hábiles para llegar con el cheque al juzgado y terminar con una pesadilla. Pero él, como abogado y profesor de derecho penal, sabe perfectamente que por más prestamistas que tenga jamás podrá compra la credibilidad que manchó con tinta imborrable.
La lamentable secuencia que se sucedió desde que se conocieron las noches prohibidas del Presidente en aquel opaco invierno de 2020 fue una demostración de desprecio por la institución. Tan demoledor es el camino que transitó que es posible abordar el asunto desde el punto de vista político, jurídico, moral y hasta filosófico. Fernández logró amainar el vericueto legal, pero sabe de memoria que pagará la factura por los otros desatinos que es imposible resolver con dinero.
El primer componente que se demolió es la verdad. Y aquí vale detenerse un minuto en el rol de la prensa y en el del Presidente.
Cuando se conocieron los ingresos a la Quinta de Olivos, el jefe de Estado no aceptó que el cumpleaños hubiera existido. Poco tiempo después, reconoció que había ido de pasada; luego, culpó a su pareja y, finalmente, lo reconoció hasta el punto de pagar para resarcir el daño.
En el medio hubo un intento de colocar una mentira como explicación oficial. Fue la periodista Guadalupe Vázquez, cuando publicó su foto en LN+ la que provocó el reconocimiento de Fernández. Detenerse en esta secuencia es imaginar a los hombres del Presidente imponer la mentira como explicación.
Gracias al rol de la prensa –y no de los funcionarios– se consolidó la única verdad en todo este desatino. Son los periodistas que no se cansan de golpear puertas cerradas; de transitar por los pasillos oscuros donde funciona gran parte de la política y de soportar la difamación y las agresiones los que apuntalaron los pertrechos de la verdad. El Presidente y los suyos, en la otra vereda, apostaron por la mentira.
Ricardo del Barco es profesor y doctor en Derecho de la Universidad de Córdoba. Se permitió una reflexión, a propósito del cumpleaños de Olivos. “Con la mentira pierde el Presidente su rol de garantir la convivencia y de ordenarla al logro del bien común”, dice. Luego apela a una antigua distinción que hacían los romanos ente potestas y auctoritas.
La primera refiere al poder socialmente reconocido, es decir, que tiene un cargo revestido de la formalidad para hacer cumplir su decisión. La segunda, surge de la autoridad, del reconocimiento moral del poderoso que hacen los conciudadanos. “El Presidente, tiene o pretende tener poder –potestas– pero, carece de auctoritas –autoridad moral–. La mentira despoja al poder de autoridad y esto es lo más más grave de lo que nos ocurre”, señala Del Barco.
Luego podrían llegar las reflexiones jurídicas. Acá también hay varios lugares desde donde iniciar el análisis. El primero es si este tipo de soluciones se aplica a delitos de peligro abstracto como los que no tienen una víctima en particular. En este caso, el bien jurídico protegido es la salud pública. La Justicia dijo que sí, que se aplica. Solo resta ver qué sucede con este antecedente en otros casos como las causas de tenencia de armas o de estupefacientes, que también son de peligro abstracto y podrían tener soluciones similares.
La otra es valorar si la fiesta, pagada por el Tesoro, es un hecho reservado al ámbito de la vida privada. Pero está claro, son discusiones pequeñas después de ver se apostó por la mentira y se demolió la verdad y la palabra presidencial.

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Alberto Fernández, ese “ciudadano común”
Para reparar el daño moral que le ocasionaron a los más de 47 millones de argentinos que sufrieron una de las cuarentenas más estrictas y extensas del mundo, el fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli consagraron, mediante la aceptación de la reparación económica, la impunidad y los privilegios del Presidente y de la Primera Dama, Fabiola Yáñez
Guadalupe Vázquez
La foto del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos, el 14 de julio de 2020
Ayer fue un lunes negro.
Ayer, el fiscal Fernando Domínguez y el juez Lino Mirabelli consagraron, mediante la aceptación de la reparación económica, la impunidad y los privilegios del presidente Alberto Fernández y de la Primera Dama, Fabiola Yáñez.
A partir de ahora, el Presidente tendrá 10 días para pagar los tres millones de pesos que consideró suficientes para reparar el daño moral que él y su pareja le ocasionaron a los más de 47 millones de argentinos que sufrieron una de las cuarentenas más estrictas y extensas del mundo.
$0,03 por cada argentino que no pudo despedir a un familiar ni siquiera en su lecho de muerte.
$0,03 por cada argentino que se deprimió.
$0,03 por cada argentino que se empobreció.
$0,03 por cada argentino que se embruteció.
$0,03 por cada argentino que fue burlado en su buena fe, mientras quienes venían a “poner a la Argentina de pie” nos pusieron de rodillas con decretos inconstitucionales que fueron los primeros en violar.
El fiscal, al igual que el juez, sostuvieron que el Presidente “no tiene menos derechos” que un ciudadano común, y, por lo tanto, podía acceder al beneficio de la reparación económica como forma de evitar el juicio (art. 59 del Código Penal), algo que les es negado expresamente a los “funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, hubiesen participado del delito” (art. 76 bis del mismo Código).
Dicho de otra manera: tanto para el fiscal como para el juez, el presidente Alberto Fernández no estaba ejerciendo la Presidencia cuando violó la cuarentena, en tanto no lo hizo en el ejercicio de sus funciones sino de su vida personal.
O sea, como un “ciudadano común”.
Y, si bien es cierto que el presidente no tiene menos derechos, tampoco tiene más.
Lo que curiosamente no se preguntaron ni Domínguez ni Mirabelli es si un “ciudadano común” tiene el privilegio, como lo tuvo Alberto Fernández, de hacer una fiesta de cumpleaños en la Quinta Presidencial, con recursos públicos, y con personal doméstico pagado con fondos del Presupuesto Nacional.
Tampoco se preguntaron si aquel “ciudadano común” no había puesto en peligro a esa niña que aparece en la foto formando parte del festejo clandestino. A ella, el “ciudadano común” le impidió ir al colegio durante casi un año para “cuidar su salud”, pero no a una fiesta sin protocolos ni distancia social ni barbijos, solo para homenajear a su “querida Fabiola, mientras la agencia Télam -también con fondos públicos- mentía un “zoompleaños”.
Y ni hablar de cuando el “ciudadano común” envió al entonces jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a engañar a la prensa, negando las acusaciones y alegando el tan remanido “fake news”…
Es que quizás los letrados creyeron que cuando el propio Fernández afirmó en una entrevista frente a millones de argentinos que “en Olivos no había tales reuniones”, lo hizo como un hombre de a pie y no como el presidente del país.
De un país abusado.
De un país burlado en su confianza.
De un país con una Justicia que lo revictimiza al dejar ese abuso impune.
Lo que sí es seguro es que esa imagen que develé aquél mediodía de agosto de 2021 en La Nación+, será recordada por siempre como el quiebre del pacto de confianza de una Nación entera con su líder, en uno de los momentos en que más necesitábamos que ese pacto fuera inquebrantable.
Y para eso, señor presidente, no hay reparación económica que alcance.

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