2 EDITORIALES VERGONZANTES

Milagro Sala: otra delincuente disfrazada de presa política
Reflejo de un sistema de abuso de poder que se cree impune, la dirigente social jujeña ataca a sus denunciantes en vez de demostrar su supuesta inocencia
Las recientes declaraciones de exladeros de Milagro Sala sobre los desvíos de dineros públicos en un contexto de violencia física, psicológica y emocional que esta realizaba en su propio beneficio resultan escandalosas.
Mirta Guerrero y un hombre que dice haber trabajado como chofer de la líder de Tupac Amaru se han presentado como arrepentidos ante la Justicia, donde declararon, entre otras cuestiones, que la violenta dirigente social adquirió 27 propiedades con fondos estatales que debían ser destinados a obras para personas en estado de vulnerabilidad. Al abundar en detalles, la exempleada de Sala relató que esta guardaba el dinero sustraído en los dobles fondos de placares de su casa, que viajaba al exterior con abultadas delegaciones a las que hacía sacar dólares del país –10.000 per cápita–, que usaba ropa de marca que hacía fraguar para congraciarse con sus seguidores y que adquiría vehículos de alta gama para sus traslados, los que renovaba cada seis meses porque nada le alcanzaba en su afán delictivo para satisfacer sus crecientes demandas de dinero y bienes.
El exchofer, en tanto, aseguró haber llevado bolsos con casi cinco millones de pesos a Buenos Ares para la campaña de Daniel Scioli, en 2015, y que existe una cuenta en el banco Credicoop en la que presuntamente se depositaban fondos del Estado nacional para exclusiva disponibilidad de la dirigente social.
Será la Justicia la que ahora deba asegurarles protección y probar la veracidad de los dichos de estos dos arrepentidos con el fin de conseguir reducciones de condenas, ya que ambos están imputados y aportan esta información en momentos en que fueron requeridos para ir a juicio oral, en el que podrían recibir elevadas penas de prisión como partícipes de las maniobras de lavado de dinero.
No resultaría extraño que se confirmaran esas denuncias, por cuanto Sala es investigada en varias causas, una de ellas, la denominada “Pibes Villeros”, por la que fue condenada a 13 años de prisión por defraudar al Estado con fondos que debieron haber sido destinados a la construcción de vivienda sociales. En otra causa, está procesada por defraudación al Estado y asociación ilícita por el desfalco de 700 millones de pesos, además de haber sido condenada a tres años de prisión en suspenso por agredir al actual gobernador de Jujuy.
Mientras los contactos del Gobierno con organismos de derechos humanos le valieron el privilegio de la prisión domiciliaria, unos 20.000 planes siguen dependiendo de su macabra organización.
Como era de esperar, Sala retrucó las nuevas denuncias desde el canal oficial al decir que es víctima de lawfare, el invento conceptual compartido por Cristina Kirchner para pretender zafar de sus responsabilidades judiciales. Ambas solo acusan, pero no presentan las pruebas que, según ellas, las exculparían. La vehemencia en la defensa pasada de Sala por parte de la vicepresidenta también conduce a pensar cuánto valoraba su silencio.
Resulta tan nocivo como lamentable que el propio presidente de la Nación se sume a esa campaña desvergonzada y que hasta el papa Francisco haya caído en ese grueso error de apañar sin reparos a quien está profusamente denunciada y condenada en sede judicial y ha dado muestras públicas de violencia, prepotencia y de un sentimiento de impunidad descarado. La ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, exabogada de Sala, nada ha dicho sobre los denunciados maltratos a mujeres al igual que los colectivos que se sumen en el silencio dejando aflorar su verdadera ideología.
No se trata de “shows periodísticos”, como han dejado trascender voceros de la Casa Rosada al requerírseles sus apreciaciones sobre estas nuevas denuncias. De hecho, los únicos shows periodísticos son los que siguen montando programas y medios que reciben dineros del Estado para ensalzar y dar estatura de estadistas a dirigentes que, como Sala, han maltratado a generaciones enteras de jujeños, quedándose con el producido de sus esfuerzos, montando un Estado dentro del propio Estado, con aprietes y amenazas, y esclavizando a los más desposeídos a los que se hacía creer que se estaba otorgando ayuda.
Quien ha perseguido y sometido políticamente a centenares de personas en sus pagos para enriquecerse y tenerlas bajo su dominio, aprovechándose de su vulnerabilidad, es quien dice sentirse víctima de un supuesto sistema que la acosa con el fin de mantenerla presa. Se equivocan la señora Sala y quienes piensan como ella desde lo más alto del poder. Nadie pretende venganza. Solo justicia.
Quien sometió a muchísimos jujeños aprovechándose de sus vulnerabilidades dice ser víctima de un sistema perverso. Nadie pide venganza. Solo justicia

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Incitaciones a la violencia
El director de la radio El Destape, Roberto Navarro, quedó comprendido en la figura que establece el artículo 212 del Código Penal, que reprime con prisión de tres a seis años a quien “públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación”. Lo interpretó la doctora Silvina Martínez, de la Asociación Civil Bajo la Lupa, quien sostuvo que los dichos de Navarro no están relacionados con la libertad de expresión, sino con el delito.
Navarro es un periodista militante kirchnerista devenido en empresario gracias a la abundante pauta oficial que recibió y que, según datos del Enacom, ascendió a más de 130 millones de pesos en los últimos dos años, cifra que le permitió hacerse de la frecuencia que fue de Radio El Mundo. Es también quien en 2015 anunció con estridencia en C5N el supuesto triunfo de Daniel Scioli sobre Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de ese año, blooper que se repitió en 2019 con los candidatos del Frente de Todos en los comicios de Mendoza y, en 2021, en los de la provincia de Buenos Aires
En esta oportunidad, Navarro al comentar el escrache que sufrió el actor Pablo Echarri, responsabilizó del hecho a “los Viale, los Lanata, los Feinmann, los Majul”, a quienes acusó de estar generando violencia. “Yo creo que algo hay que hacer con ellos, algo tenemos que hacer para frenarlos. Mañana o pasado un loco puede matar a alguien. Deberían tener miedo ellos”, aseguró.
En forma inmediata, diversos referentes de la oposición política, así como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Fundación LED (Liberad de Expresión + Democracia) repudiaron tales inaceptables declaraciones.
Anteceden a Navarro en la práctica de este nefasto accionar otros dirigentes kirchneristas, quienes, entre otras deplorables acciones, arengaron en 2011 a escupir fotos de diversos periodistas.
Con sus dichos, Navarro ha ido todavía más allá del reprochable escrache: incitó a la violencia sembrando el miedo y pretendiendo silenciar a quienes no piensan como él ni reciben dineros del Estado para militar en favor de una expresión político-partidaria.
La libertad de expresión en un sistema democrático exige aceptar y convivir con diferentes opiniones, pero no es compatible con la actitud amenazante y autoritaria de este periodista, quien desde un micrófono justifica y arenga en forma irresponsable una eventual utilización de la violencia contra la integridad y la labor de sus colegas, alimentando el odio y la división.

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