2 EDITORIALES

Segmentos, geometrías y dibujos
En lugar de dar explicaciones sobre su gestión y exponer propuestas, la titular de AYSA solo busca sembrar divisiones y resentimientos entre los argentinos
En momentos críticos del país y aún a la espera de propuestas del ministro de Economía, incluido el nombramiento de quien lo acompañará en una función clave, habida cuenta de su insuficiente formación económica, su esposa se subió al estrado en su condición de presidenta de AYSA. No fue para explicar por qué se pasó a un uso de cloro de 1,0 a 1,2 por miligramo de agua para potabilizarla, con un histórico proveedor monopólico de fuertes vínculos con el Gobierno y amigo de su familia para el que AYSA representa un 23% de su facturación y que hoy también participa en Edenor.
Malena Galmarini encabezó la presentación de los detalles del nuevo esquema tarifario para los principales servicios públicos. No puso el foco en el basamento técnico o la utilidad de la segmentación propuesta, de tan dudoso diseño e implementación. Quedó claro que su principal interés va palmariamente en línea con los objetivos de gestión de un gobierno decidido a sembrar división y resentimiento entre los argentinos.
Frentes de distintos edificios de la ciudad y de una vivienda de la localidad de San Isidro, que ella describió como “emblemáticos” puesto que pueden asociarse con un alto nivel adquisitivo, ilustraron su explicación junto con datos de las facturas de consumo promedio de agua de esas unidades. Dio ejemplos de las distorsiones de valores que se cobran hoy para anunciar el paso a “segmentar de verdad, para que quienes más tienen y más pueden acompañen a quienes menos tienen y menos pueden”. Distrajo para no hablar de aumentos.
Transitó un camino teñido del populismo más rancio. Apuntar una vez más “contra los ricos” con niveles históricos de pobreza e indigencia es seguir equivocando el rumbo, máxime cuando quienes dan cátedra no son precisamente carenciados, sino quienes, también desde suntuosas propiedades, se valen de ellos con fines electorales. Deberían alentar los afanes de superación y desarrollo de sus votantes, pues nada es más deseable que vivir dignamente del trabajo, accediendo por mérito y esfuerzo a la valiosa movilidad social que nuestros abuelos bien conocieron.
Galmarini demoró casi tres años la implementación de los cambios. Basta recordar el nivel de oposición evidenciado por el Frente de Todos ante la quita de subsidios y “el tarifazo”, en palabras de Galmarini y su marido, que introdujo la gestión anterior. Incluso cómo el actual gobierno retrotrajo aquellos valores al asumir. Una estupidez más teniendo en cuenta el costo político ya pagado por el macrismo. Solo se explica desde la demagogia que prima en las decisiones de gestión, cuando no de no gestión, de quienes hoy nos gobiernan.
Señaló Galmarini que un usuario paga apenas el 30% de lo que cuesta producir un litro de agua, mientras de manera homogénea se subsidia para todos la diferencia. Estimó que el aumento debería alcanzar el 400% para acompañar la realidad; no profundizó para evitar irritar, seguramente. Reconoció que aquí el servicio de agua es libre, cuando no lo es en otros países que, con buen criterio, racionalizan y tarifan su consumo.
Al respecto, solo como al pasar, adelantó que AYSA planea avanzar en la medición del consumo hogareño. Esa mención debió haber sido medular en su alocución. No es algo que pueda concretarse rápidamente y convendría acelerar la colocación de medidores en el área metropolitana. Apenas un 15% de los hogares hoy los tienen. La OMS estima que el gasto promedio de agua por habitante debe estar entre 50 y 100 litros diarios. En la ciudad de Buenos Aires se consumen unos 275, más de lo estipulado, en una fiesta de irresponsable derroche.
Se trata de una tarifa que debe considerarse en rigor un nuevo impuesto, por tomar metros cuadrados y ubicación, alejado de un valor por consumo estricto. Los códigos de zonificación propuestos no resuelven este despropósito. En un edificio como aquellos en los que vive más del 70% de la ciudadanía, hoy paga lo mismo un hogar idéntico a otro sin distinguir que pueda haber un consumo unipersonal o de diez habitantes. Son demasiados los usuarios que no pueden acceder a un medidor para su unidad funcional, esclavos de las colectivistas decisiones de la empresa.
La geometría política recomienda revisar la distancia y las relaciones entre los actores, evitando profundizar la división. El desafío es trabajar en la construcción de unidad, sin la cual el desarrollo y el bienestar general seguirán siendo una utopía.

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Voracidad fiscal sin límites
A través de una reciente resolución, la AFIP estableció, por única vez, un pago a cuenta del impuesto a las ganancias para determinadas sociedades de capital, que se suma al que deben pagar todas las sociedades, equivalente al 100% del impuesto determinado en el año anterior. Para ello, se requiere que el monto del impuesto determinado en la declaración jurada correspondiente al período fiscal 2021 (cierres entre agosto y diciembre 2021) o 2022 (cierres entre enero y julio del 2022) sea igual o superior a 100 millones de pesos.
De igual forma, quedarán obligados a ingresar el pago a cuenta extraordinario quienes registren que el monto del resultado impositivo que surja de la declaración mencionada, sin aplicar la deducción de los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores, sea igual o superior a 300 millones de pesos.
En el primer caso, el pago a cuenta ascenderá al 25% del impuesto determinado para el período fiscal inmediato anterior, y, en el segundo, al 15%, por abonarse en tres cuotas iguales y consecutivas.
Más allá del formalismo de haber recurrido a una norma reglamentaria, es indudable que se trata de un nuevo impuesto sin ley, violatorio de los principios rectores de nuestra Constitución nacional en cuanto a legalidad y propiedad. Es que, como sostiene la doctrina consolidada de nuestro máximo tribunal, el principio de legalidad o de reserva legal exige una ley formal que tipifique el hecho que se considere imponible y que constituya la posterior causa de la obligación tributaria.
La norma reglamentaria dispone el ingreso de un pago a cuenta extraordinario que será considerado como tal en el ejercicio por el cual se paga, a lo que habrá de añadir el anticipo que ingresan las empresas y que equivale al 100% del impuesto del año anterior.
La doctrina de la Corte tiene dicho que los anticipos impositivos, como pago a cuenta del tributo, reconocen un límite desde el punto de vista sustancial, que es el impuesto determinado por el ejercicio fiscal anterior. Por lo tanto, si el contribuyente estimara que el importe por ingresar como anticipo supera el impuesto determinado por ese período, podrá recurrir o solicitar el régimen opcional de anticipos.
Sobre la base de tal posición, la AFIP reglamentó un régimen que en esta oportunidad no es aplicable, en una clara norma ilegítima. De esa forma, se genera por vía reglamentaria un nuevo impuesto sin ley.
Todo parecería indicar que se quiere reeditar el fracasado intento de crear el impuesto a la renta inesperada ante la falta de aprobación del Congreso.
Como señaló la Corte, en la causa “Video Club Drean”, el cobro de un impuesto sin ley que lo autorice es una exacción o un despojo que viola el derecho de propiedad reconocido por la Constitución. A ello hay que agregar que la reglamentación de la AFIP prohíbe de forma ilegítima la posibilidad de compensación del contribuyente con saldos a su favor, en abierta contradicción con la ley de procedimiento fiscal.
Los fundamentos oficiales para justificar la norma, en cuanto al Covid-19, los precios internacionales y los factores de redistribución, no resultan convincentes.
Como vemos, la desenfrenada voracidad fiscal arrecia sobre todo el sector privado, sin que la política se dé por enterada de que debería empezar por ajustarse.

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