ALEGATO HISTÓRICO

¿Un Nunca más de la corrupción?
La exposición de Luciani y Mola podría representar un punto de inflexión
Gustavo Noriega

El fiscal Diego Luciani durante su alegato

A lo largo de las tres semanas y media que llevó la exposición de los fiscales en la causa seguida contra Cristina Kirchner y otros por desfalco en la obra pública, creció la sensación de que el alegato tenía una vibración que lo ponía en sintonía con el del fiscal Carlos Strassera en el Juicio a las Juntas de 1985. Lo dijo en varios medios, por ejemplo, Graciela Fernández Meijide, alguien que fue protagonista de aquel momento histórico y que colaboró activamente con la tarea de los fiscales de ese juicio: “Cuando lo escucho a Luciani no puedo dejar de pensar en Strassera”.
Como en su antecedente histórico, el juicio por Vialidad tiene una relevancia política enorme toda vez que la principal acusada no solo es la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta, sino que indudablemente ha sido la principal protagonista de la vida pública del país en las últimas dos décadas. El despliegue de pruebas a cargo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue tomando espesor hasta llegar al momento del pedido de condenas, en el cual la fuerza narrativa y probatoria dio paso a la exhortación moral.
En ese punto es donde fue creciendo la idea de que la exposición había sentado las bases de un conocimiento público de los mecanismos de la corrupción que los haría inaceptables de aquí en más.
Eso pondría la causa en el mismo nivel que el Nunca más y el Juicio a las Juntas, que trazaron en su momento una línea respecto de lo posible en términos de acción política. Desde aquel juicio, desde aquella acumulación de testimonios puestos en circulación en la sociedad con la consecuente condena social y jurídica, la violencia física no estuvo en el menú de actividades políticas, salvo en casos contados y marginales.
En el paralelo entre un juicio y el otro hay situaciones que difieren y otras que coinciden. Sin embargo, lo que se extrae de esa comparación, sobre todo, es una expresión de deseos. Cuando ahora se invoca la figura del juicio a los militares, está implícita la necesidad de buena parte de la población de que se termine de una vez y para siempre con una forma de hacer política que incluya la extracción sistemática de fondos públicos para direccionarlo en manos privadas. Ese deseo hizo que Luciani se convirtiera, a los ojos de buena parte de la opinión pública, en Strassera. Sin embargo, para evaluar la posibilidad de que ese deseo se convierta en realidad conviene ver también las diferencias entre una situación y la otra.
Desde ya que la gravedad de los delitos no admite comparación. La salida de la dictadura no sólo implicó que la sociedad entera aceptara el modelo democrático como el estándar a aplicar a la vida política, sino que en el mismo movimiento se rechazaba todo tipo de violencia como forma de acción política. Recordemos que en el decreto de Alfonsín en donde se decidía el juicio a las cabezas máximas del gobierno militar, también se enjuiciaba a la cúpula montonera. Fueron juzgados, condenados (y posteriormente indultados por el gobierno de Carlos Menem) todos los responsables máximos de la violencia política de la década del 70, admitiendo, como lo hacía el prólogo del Nunca más, que la violencia ejercida con el respaldo del Estado era enormemente mayor.

Hoy se trata de otra cosa, no tan fundacional pero no menos imperiosa: que el sistema de financiamiento de la política no sea esta gigantesca aspiradora ilegal de fondos públicos que construyó el kirchnerismo a través de los años.
A la larga, ese sistema ideado por Néstor Kirchner termina llevando a la Argentina a la misma inviabilidad práctica que el pasado violento. A la desastrosa gestión económica de los diversos gobiernos democráticos, profundizada en los períodos de los tres gobiernos kirchneristas –con récords de pobreza y estancamiento económico–, hubo que sumarle el espectáculo obsceno del enriquecimiento personal de parte de la clase dirigencial y hasta de algunos personajes laterales. La “invención” como empresario constructor de un personaje como Lázaro Baez –mediocre y oscuro pero de confianza para la familia Kirchner–, su insólito enriquecimiento personal gracias a recibir una parte menor en el fenomenal circuito de dinero que le fue asignado por el gobierno, habla de un estado de cosas inaceptable.
La huellas del delito
En este caso, no se trata del aprovechamiento espurio pero circunstancial de un proceso de reconversión económica, como fue la transición realizada por Carlos Menem (análoga a la creación de una super elite de multimillonarios cuando la Unión Soviética se disgregó y tuvo que dejar en manos privadas gigantescas compañías estatales). Se trata, en cambio, de una idea nueva y radical que tiene un componente político circular: la extracción de fondos públicos está pensada no solo para enriquecerse sino también, y fundamentalmente, para sustentar un régimen político con la ambición de eternizarse. Ese proyecto autoritario y hegemónico, sintetizado en las consignas “Cristina eterna” y “Vamos por todo”, explica la necesidad de financiamiento perpetuo y –confiados en la permanencia a largo plazo en el poder– la chapucería en los procedimientos, que dejó huellas del delito por todos lados.
Allí se aprecian algunas de las coincidencias entre los alegatos de 1985 y del juicio que nos desvela en estos días. Se trata, para ambos equipos de fiscales, de exponer de una manera didáctica y paciente, con el peso abrumador de los datos, de un mecanismo sistemático realizado por el Estado. Era necesario mostrar los datos en el juicio con su carga probatoria pero, además, que esa exposición llegara a la sociedad de la manera más clara posible. Los fiscales de entonces y los de ahora, además de hablarle a los jueces, responsables de la evaluación de las pruebas y de la eventual condena, le hablan a la sociedad, que debe hacer carne ese conocimiento para que se establezca ese límite histórico.
Tanto Strassera como Luciani sienten que con el elemento didáctico no alcanza, que para sellar con la dignidad de la justicia ese límite hay que apelar a la pena. Que la sociedad sepa y castigue socialmente no es suficiente. Como dice Strassera en su exposición final, se trata de “la humana conveniencia y necesidad del castigo”. También en ese momento cita al especialista en derecho alemán Gunther Stratenwerth: “La necesidad de retribución, en el caso de delitos conmovedores de la opinión pública, no podrá eliminarse sin más. Si estas necesidades no son satisfechas, es decir, si fracasa aunque solo sea supuestamente la administración de la justicia penal, estaremos siempre ante la amenaza de la recaída en el derecho de propia mano o en la justicia de Lynch”. El aspecto sanador para la sociedad argentina era expuesto en su alegato por Strassera de la siguiente manera: “A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores en base a los cuales se constituye la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal”.
Luciani, igualmente consciente de la importancia histórica que representa el juicio, reclama también en los mismos términos la condena sanadora: “Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”, dijo, poco antes de pedir las penas correspondientes.
Una diferencia fundamental entre el alegato de Luciani con respecto al de Strassera es casi tautológico, pero tiene sus consecuencias: la temporalidad. Su exposición tiene incorporado el conocimiento histórico del juicio anterior. para Strassera, la historia estaba por hacerse, el éxito de su tarea estaba por verse y las consecuencias –todavía imprevistas– de la estabilidad democrática tenían repercusiones directas sobre su integridad personal. Los fiscales del juicio de 1985 querían establecer una línea definitiva en la historia argentina, expresada en la frase “Nunca más”. Lo que no sabían era si iban a lograrlo. Luciani, en cambio, sabe que un juicio cambió la historia y eso lo hace pensar que el suyo puede hacer lo mismo. Esa conciencia lo hizo repetir la estructura argumental: exposición detallada de los delitos a probar y una exhortación moral extrajurídica, de carácter histórico en el pedido de las penas. Aunque logró el objetivo de llamar la atención sobre los ecos que venían del juicio a las juntas, en ese tramo final Luciani se mostró más redundante y excesivamente retórico.
Su alegato termina con una frase con ambiciones de perdurabilidad histórica. “Corrupción o justicia”, que repitió varias veces levantando el tono de la voz. Recordemos el final de Strassera, luego de pedir las penas: “Señores los dos equipos expusieron el peso abrumador de los datos
Quien decidirá si uno y otro alegato tienen el mismo final feliz es la sociedad
Jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: ‘nunca más’”. Hay una diferencia fundamental entre ambas consignas. “nunca más” señala un límite histórico, pone al juicio en una divisoria de aguas. “corrupción o justicia”, en cambio, es una redundancia. Uno podría preguntarse: “¿Y de qué otra forma podría ser?”. Es el delito o la ley, pero justamente para eso está la ley.
Más allá de este exceso de retórica, uno de los éxitos de la exposición de Luciani es generar la sensación de que, como el Juicio a las Juntas, este es el juicio excluyente y decisivo sobre la corrupción. Esto se ha dado al punto tal que incluso, ante la contundencia de la acusación y la pobre demostración que hizo la acusada en su nervioso show por Youtube, ya se habla de la posibilidad de un indulto. Sin embargo, una condena en este juicio reactivaría la causa Hotesur-los Sauces, pendiente de resolución y generaría más expectativas por la causa de los cuadernos y por la de la “ruta del dinero K”. El circuito de dinero sucio generado por el kirchnerismo fue tan enorme que tiene una cantidad infinita de pasos y etapas. La contundencia lograda por Luciani fue tal que consiguió que la parte que le tocó –la obra pública en una sola provincia– sea tomada por el todo.
La última palabra
Por último, hay que destacar que Luciani, como señaló Joaquín Morales Solá en su columna del martes, realizó su acusación contra la persona políticamente más poderosa del país. En algún sentido, Strassera ya estaba navegando en nuevas aguas y el efecto de su línea limitante tenía más sentido hacia el futuro. El kirchnerismo es un movimiento terriblemente vengativo y exponerlo de esta manera ante la sociedad no carece de riesgos, tanto en lo político como en lo personal.
Sin embargo, más allá de estas comparaciones, quien tiene la última palabra, quien decidirá si uno y otro alegato tienen el mismo final feliz es la sociedad. En la década del 70, la mayor parte de los argentinos dejó hacer a la dictadura y con su silencioso consentimiento avaló los crímenes más horrendos. Luego se sumó alegremente a la aventura de Malvinas. Derrota bélica y crisis económica mediante, la sociedad se enteró de lo que no había querido enterarse y tomó una decisión hacia adelante. Si nuevamente aprende ahora de sus errores y deja atrás la posibilidad de caer en un régimen corrupto y autoritario, podremos decir que los alegatos de Strassera y Luciani confluyeron en la tarea de hacer un país mejor

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ALEGATO HISTÓRICO

Un histórico alegato que puede cambiar todo
Diego Luciani hizo el más fuerte y valiente alegato oral contra la corrupción en los casi 39 años de democracia

Joaquín Morales Solá
Cristina Kirchner......Alfredo Sábat
Los contemporáneos nunca saben en qué instante cambia (o concluye) un ciclo político. Es probable que para el kirchnerismo ese momento haya sucedido el lunes, cuando el fiscal Diego Luciani hizo el más fuerte y valiente alegato oral contra la corrupción en los casi 39 años de democracia. La decadencia del kirchnerismo no se funda solo en ese alegato, claro está, sino en que este está ocurriendo luego de que la facción peronista gobernante mostrara claros signos de un definitivo agotamiento. De hecho, Cristina Kirchner está ahora en el poder gracias a la deserción política y moral de dos dirigentes que la criticaron y denunciaron: Alberto Fernández y Sergio Massa. Para pasar de enemigos a aliados de ella dejaron sus principios en la puerta de la Casa de Gobierno, para usar una metáfora a la que recurría Néstor Kirchner. Si se escucha bien el potente “yo acuso” de Luciani, es posible que el fiscal termine pidiendo el máximo tiempo de prisión, de cumplimiento efectivo, para la vicepresidenta; esto es, 16 años por haber comandado una asociación ilícita para sustraerle dineros al Estado en beneficio de la familia Kirchner. El tribunal podrá condenarla a esos años de prisión o bajar en algo la pena (¿14, 12 o 10 de años?), pero difícilmente esté en condiciones jurídicas de descartar los argumentos y, sobre todo, la enorme carga de las pruebas que mostró el fiscal. La deducción más obvia es, entonces, que Cristina Kirchner será condenada a prisión de cumplimiento efectivo antes de fin de año. Podrá apelar, desde ya, tanto a la Cámara de Casación Penal como a la Corte Suprema de Justicia. Pero mientras una instancia superior al tribunal oral no revoque la decisión de este, esa eventual condena estará vigente. Será una persona que caminará por la vida y por la política condenada a prisión por delitos de corrupción contra la administración pública. Cristina Kirchner enfrenta esa novedad cuando su índice de imagen negativa en la sociedad está más cerca del 70 que del 60 por ciento, y cuando su imagen positiva está por debajo del 30 por ciento, por primera vez en muchos años. La grave denuncia penal del fiscal Luciani se cruza, entonces, con el crepúsculo político de la vicepresidenta. ¿Cómo no concluir que estamos ante el final de un ciclo político?
La soledad es otro síntoma de la decadencia. Ni el Presidente ni el nuevo hombre fuerte del Gobierno, Sergio Massa, salieron en defensa de Cristina Kirchner; solo lo hizo el debilitado jefe de Gabinete, Juan Manzur, a quien la expresidenta quiso sacarle el cargo para dárselo a un gobernador supuestamente más leal, el chaqueño Jorge Capitanich. Manzur cree más en la necesidad de conservar su cargo que en la inocencia de Cristina. Se vio, en cambio, una foto de Massa rindiéndole pleitesía a la vicepresidenta el mismo día en que Luciani la acusaba de haber robado dinero del Estado. No hay registro de una foto de Massa dándole cuenta de sus actos a Alberto Fernández después de que este lo nombrara superministro de Economía. El eclipse casi total del Presidente es otra novedad de la política. Nadie le puede negar a Massa el olfato para descubrir la ventaja del momento ni para establecer quién es más importante para satisfacer su inmensa ambición. Sea como fuere, tampoco los gobernadores ni los intendentes más importantes le acercaron su solidaridad a Cristina Kirchner; ese gesto quedó encerrado solo entre el cristinismo más cerril, entre el fanatismo ciego y sordo, que todavía sigue viendo en una mujer extraordinariamente rica a una lideresa que se puso al frente de una revolución inverosímil.
La defensa de los cristinistas es casi la aceptación de la culpabilidad de su jefa. Nadie rebatió los argumentos y las pruebas del fiscal Luciani. Se limitaron a hacer política de prontuario. De supuestos prontuarios, para ser justos. O a asegurar en los medios filokirchneristas que Luciani no exhibió pruebas, sino solo deducciones. ¿No son pruebas los contratos firmados arbitrariamente a favor de Lázaro Báez, un monotributista hasta 2003 que luego se convirtió en uno de los más poderosos empresarios de la construcción? ¿Fue una casualidad que Báez, que nada sabía de la construcción, haya sido el concesionario de casi todas las obras públicas de Santa Cruz, la provincia que recibió más dinero para obras que la propia provincia de Buenos Aires? ¿No son pruebas los monumentales aumentos presupuestarios que beneficiaron a Lázaro Báez ni las prórrogas para que terminara las obras, a pesar de que abandonó sin concluirlas casi la mitad de las obras que le adjudicaron? ¿Son otra casualidad los intercambios de mensajes telefónicos entre funcionarios kirchneristas para cumplir con el operativo “limpiar todo”, que significaba, en primer lugar, pagarle a Lázaro Báez todo lo que el Estado le debía? En rigor, cuando Mauricio Macri llegó al Gobierno, Báez era el único empresario al que el Estado no le debía nada. De todos modos, el fiscal Luciani solo comenzó su alegato; en los próximos siete días se ocupara de mostrar las pruebas de la corrupción en cada caso concreto. El camino del calvario solo empezó para Cristina Kirchner.
La matriz de corrupción con la obra pública tuvo una primera víctima. Fue el exgobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo, quien renunció a la gobernación cuando se negó a firmar un convenio con Vialidad Nacional para que esta realizara obras públicas en esa provincia con sobreprecios inexplicables. “No quiero terminar preso”, dijo Acevedo, y se fue del gobierno. El adjudicatario de tales obras era, por supuesto, Lázaro Báez. El actual senador Luís Juez se ofreció públicamente a dar su testimonio de que esa matriz corrupta existió. Él fue intendente de Córdoba entre 2003 y 2007. Contó que una vez lo visitaron funcionarios nacionales y Lázaro Báez para ofrecerle pavimentar 10.000 cuadras en la ciudad de Córdoba. Juez se acababa de hacer cargo de la intendencia. Les respondió que no podía hacer esas obras, porque había heredado un municipio que les debía varios meses de sueldos a sus empleados y que tenía deudas enormes. Sus interlocutores le respondieron que ese no era un problema porque Vialidad Nacional se haría cargo de las obras. “Dios me acompaña siempre, acotó Juez, porque le dije que no a una propuesta tan tentadora. Si hubiera aceptado, hoy estaría sentado en el banquillo de los acusados frente al fiscal Luciani”, denunció, y concluyó: “Yo soy testigo de que esa asociación corrupta existió tal como la explicó el fiscal”.
Otro mito que cayó en ese lunes áspero fue la leyenda de que Cristina Kirchner no conocía las maniobras de su marido para construir una fortuna personal incalculable con recursos del Estado. “¿Cómo que no sabía? Ella sabe que cada uno de los muchos bolsos Louis Vuitton que usa cuesta 30.000 dólares. ¿De dónde sale tanta plata? ¿De su sueldo como legisladora? Imposible. Ella también es ladrona”, propinó en su momento Elisa Carrió, que fue quien presentó la primera denuncia por asociación ilícita por la obra pública. Esa denuncia, que ingresó en los tribunales en 2008, es la que llegó ahora al juicio oral y público. La denuncia fue firmada también por Patricia Bullrich y por Paula Oliveto, entre otros dirigentes de la entonces Coalición Cívica. Pasó lo mismo luego de la muerte de Néstor Kirchner: ¿podía Cristina Kirchner, presidenta de la Nación, ignorar lo que hacían sus funcionarios y los empresarios amigos de su familia? Imposible, otra vez. Ella firmaba los decretos que beneficiaban a los amigos.
No hay refutación, en efecto, al sobrio y profesional alegato de Luciani. Hay, sí, difamación y descalificación por parte del cristinismo, que ya es un sistema más que un método. Funcionarios cristinistas divulgaron que el fiscal adjunto, Sergio Mola, ingresó a la Casa de Gobierno en tiempos de Macri. ¿Cuál es el pecado? ¿Y si fue solo a hacer un trámite o a visitar un amigo? ¿Por qué ingresar a la Casa de Gobierno sería un acto ilegal o ilegítimo? Llegaron al colmo del absurdo cuando mostraron una foto del fiscal Mola con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que es el jefe de los fiscales. Casal y Mola juntos es, para ellos, la prueba de la conspiración. Una reunión entre un fiscal y el jefe de los fiscales es el trámite más natural del mundo. Es lo mismo que acusar a Cristina Kirchner mostrando una foto en la que se la viera ingresando al Senado. Hicieron lo mismo con otro fiscal valiente, Carlos Stornelli, luego de que este investigara la llamada causa de los cuadernos, que será más explosiva que la de Vialidad cuando llegue al juicio oral y público. Nunca nadie dijo que el chofer Oscar Centeno, que escribió esos cuadernos como una crónica precisa de la corrupción kirchnerista, mintió. Pero le fraguaron a Stornelli una causa armada en Dolores para desprestigiarlo y, por esa vía, voltear la causa de los cuadernos. La estrategia se conoció por obra de la incontenible verborragia del actual diputado Eduardo Valdés, albertista y cristinista al mismo tiempo, quien les comentó por teléfono de la “Operación Puf”, para sacarlo a Stornelli y tumbar la causa, a los exfuncionarios que estaban presos en Ezeiza. Las conversaciones del penal de Ezeiza estaban siendo grabadas por orden de la Justicia en una causa contra un narcotraficante. En medio de esas conversaciones, apareció la confesión de Valdés. Ni siquiera hacen bien las cosas malas.
La aseveración de los abogados de Cristina Kirchner, que cobran fortunas sin ningún éxito hasta ahora, de que no hay pruebas fue rebatida en su momento por la propia Corte Suprema de Justicia. En su reciente resolución, por la que rechazó una apelación de la vicepresidenta para frenar el actual juicio oral y público, el máximo tribunal de justicia del país señaló que “la defensa no demostró que su asistida esté ante una situación de privación de justicia, sin posibilidad de reparación ulterior”. Y agregó, con respecto de la aseveración de la defensa de que solo se estaba usando la causa con fines políticos, que tales afirmaciones “aparecen como meras conjeturas sin sustento en las constancias de la causa”. Esa es la verdad, no los dislates de defensores y funcionarios cristinistas, que solo quieren llenar las páginas de los diarios y los espacios de radio y televisión para cubrir las correrías de su jefa. Los que leyeron la resolución de la Corte o escucharon al fiscal Luciani saben que esos pretextos cristinistas están destinados a fanáticos o a ignorantes. La práctica es, otra vez, parte del sistema.
La Cámara de Casación Penal debería resolver cuanto antes el caso de Hotesur y Los Sauces, porque está fuertemente vinculado a la causa de Vialidad. Lázaro Báez, el beneficiario de la obra pública, era uno de los dos empresarios (el otro es Cristóbal López) que lavaba dinero en los hoteles y edificios de la familia Kirchner. Un tribunal oral decidió absolverla a Cristina Kirchner sin juicio previo. Un privilegio casi único en la historia. La medida fue apelada ante Casación y esta lleva tratándola hace ya varios meses; no están analizando un juicio oral y público, que necesita tiempo, sino si habrá o no juicio. Solo eso. La sala está integrada por dos jueces serios e independientes, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, pero deberían caminar con pasos más rápidos. Y la Corte Suprema debería habilitar cuanto antes los recursos que necesitan los tribunales orales para poner en marcha varios juicios pendientes por decisiones de la administración de los Kirchner; pasaron siete años desde que se fue de la presidencia el último Kirchner y no se avanzó lo suficiente en la resolución de esas causas. El lawfare parece que se practica al revés; es para beneficiar a la familia Kirchner, no para condenarla apresuradamente por su supuesto liderazgo nacional y popular, como denuncian.
La última y desesperada defensa de Cristina Kirchner consiste en denunciar que quieren proscribirla como candidata presidencial en las elecciones del próximo año. Sería una proscripción preventiva porque ella nunca dijo que será candidata presidencial. Peor: no puede serlo, según las encuestas de ahora, salvo que aspire a una derrota memorable. Será seguramente candidata a senadora nacional por Buenos Aires o por Santa Cruz; los fueros son ya, para ella, una necesidad existencial. El fiscal Luciani, que mostró en imágenes y sonido a una Justicia independiente y decidida, es un profesional de bajo perfil. Ni él se imaginó nunca que sus palabras podrían cambiar la política de los últimos casi 20 años. No es solo Luciani; es su histórico alegato sumado a la impotencia de los Kirchner, a su impericia, su declinación y su finitud.

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