Subirán un 26,8% las jubilaciones docentes
Se aplicará en septiembre; el último aumento fue en junio
Silvia Stang
Los haberes jubilatorios del régimen especial de docentes no universitarios aumentarán en septiembre un 26,8%, según informó la Anses. Será el tercer reajuste de este año para las algo más de 186.000 personas incluidas en este sistema, que está al margen de la regla de las actualizaciones mensuales según la variación del índice de precios al consumidor (IPC), fijada para el régimen general a través del DNU 274.
Concretamente, el índice mencionado comprende a quienes se jubilaron por el régimen nacional de docentes no universitarios del decreto 137 de 2005. Para esos casos, las subas son trimestrales y se rigen por la variación de un índice de salarios de la actividad, el Ripdoc. El sistema tiene otras particularidades en cuanto a los aportes y al cálculo del ingreso inicial. En marzo estos haberes habían recibido un reajuste de 27,57% y en junio, otro de 40,62%. Así, entre el inicio de 2024 y el mes próximo la suba nominal acumulada será de 127,5%.
Otros haberes que también siguen con reajustes de frecuencia trimestral y por un índice propio (el Ripdun) son los de quienes se jubilaron por el sistema de docentes universitarios; en este caso el reajuste de septiembre será de 22,43%. En el tercer mes del año se aplicó un reajuste de 28,8%, en tanto que el del sexto mes fue de 29,92%. Así, a septiembre se acumulará un alza de 104,9%, un índice que está en línea con la inflación que, según las proyecciones de economistas, habrá entre enero y septiembre.
En el sistema de jubilaciones y pensiones del régimen de docentes no universitarios hay alrededor de 186.400 beneficios que se ponen al pago mensualmente y el haber promedio es de $923.707, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social correspondientes a junio de este año (la cifra no incluye el aguinaldo).
Los ingresos de este segmento de beneficiarios no están alcanzados por los bonos que desde hace casi dos años percibe un grupo de beneficiarios del sistema general.
Si se comparan las jubilaciones docentes de julio de 2023 con las de igual mes de este año, los montos fueron en 2024 un 192,64% más altos, frente a una inflación interanual de 263,4%. Eso determina una caída del poder de compra de 19,5% para el período.
En el caso de los beneficiarios del sistema jubilatorio de docentes de universidades nacionales, los datos oficiales indican que son casi 12.000 las prestaciones y que en junio tuvieron un monto mensual promedio de $1.314.577.
El régimen general
A diferencia de lo que ocurre con los jubilados docentes, en el sistema general los haberes tendrán en septiembre, tal como ya se informó, una recomposición de un porcentaje equivalente a la inflación de julio, es decir, de 4,03%. Aún no se conoce qué ocurrirá con el bono que alcanza al grupo de jubilados de menores ingresos y cuyo monto máximo, de $70.000, estuvo congelado entre marzo y agosto.
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Reunión UIA-Pettovello: temor a los bloqueos
Los empresarios dicen que las sanciones no requieren reglamentación porque están en la ley
Francisco Olivera
El punto de mayor desencuentro, qué hacer con los bloqueos de manifestantes a empresas, se mencionó apenas como al pasar y eso volvió bastante más ameno el almuerzo: la jefatura de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió ayer por primera vez con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y le transmitió todas las inquietudes para una etapa que los integrantes de la central fabril imaginan como el inicio de un nuevo régimen económico. Una Argentina más abierta y no inflacionaria.
Pettovello es una de las funcionarias más relevantes y, a la vez, misteriosas del gobierno de Javier Milei. Por la cantidad de áreas que tiene a cargo, que van desde el ámbito laboral hasta la educación y la salud, y porque prácticamente no habla en público. De ahí el interés que el encuentro tenía para la UIA, representada ahí por una decena de ejecutivos. Daniel Funes de Rioja, Martín Cabrales, David Uriburu, Isaías Drajer, Adrián Kaufmann, Luis Tendlarz, entre otros.
La ministra fue acompañada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, un ex-Techint. “Julio es como de la casa”, dijo a uno los anfitriones. A ellos les preocupa lo mismo de siempre. La caída de las ventas y la producción; el régimen de indemnizaciones; el rol y la situación de las pymes frente al desafío del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y la apertura de la economía, que lleva incluso a más de uno a amedrentarse por la inminente baja en el impuesto PAIS, un tributo que hace las veces de salvaguarda frente a las importaciones.
Pero Pettovello no iba dispuesta a confrontar. Al contrario. Confirmó que volvería ahí el lunes acompañando a Milei por la celebración del Día de la Industria y hasta se presentó en un momento del almuerzo casi como una par de todos ellos. “Yo soy pragmática y entiendo los problemas. No se olviden de que soy industrial”, dijo, y les recordó que era nieta de Ulpiano Fernández, fundador de alfajores Guaymallén, empresa de la que todavía tiene acciones.
En la UIA la situación es como en la mayor parte de los sectores de la economía, heterogénea: hay algunos que ya han empezado a recuperarse y otros que están bastante lejos. Y el optimismo tampoco abunda. Según el último relevamiento interno de la entidad fabril, apenas un tercio de los ejecutivos considera que va a volver a los niveles de capacidad instalada previa a esta crisis en la primera mitad de 2025. Otro tercio supone que eso llegará en la segunda parte del año próximo, y el otro, recién en 2026.
Hay, con todo, un aspecto en el que no encuentran diferencias y está en la Ley Bases que el Congreso acaba de sancionar: los bloqueos de empleados o manifestantes a empresas vuelven imposible trabajar. Por eso la gran duda sigue siendo cómo tratará este tipo de protestas el nuevo régimen. El artículo 94 aprobado en el paquete es taxativo: lo considera “grave injuria laboral” y, por lo tanto, causa justa en un eventual despido. Pero han pasado muchas cosas desde entonces y la política ya metió cuña: hace varias semanas que la CGT negocia en secreto con el Gobierno parte de la reglamentación.
“¿Pero por qué reglamentación?”, se perturbaron ayer en la UIA, poniendo el acento en ese sustantivo, cuando se lo oyeron a Cordero. La pregunta quedó sin respuesta y como en suspenso. Los empresarios consideran que toda norma sancionada estará siempre sujeta a la interpretación de los jueces, pero que muy distinto sería atenuarla desde el vamos con una reglamentación acordada con el sindicalismo. “Nunca perdimos el diálogo con el Gobierno”, dijo a un integrante la CGT, que admitió que venían teniendo conversaciones no solo con Cordero, sino también con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Vienen días decisivos. Como siempre con la letra chica: el que se descuida pierde.
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Fuertes críticas a los cambios en un plan contra la violencia de género
Es el programa Acompañar, que redujo el subsidio a las víctimas; deberán presentar denuncia policial para percibirlo
El punto de mayor desencuentro, qué hacer con los bloqueos de manifestantes a empresas, se mencionó apenas como al pasar y eso volvió bastante más ameno el almuerzo: la jefatura de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió ayer por primera vez con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y le transmitió todas las inquietudes para una etapa que los integrantes de la central fabril imaginan como el inicio de un nuevo régimen económico. Una Argentina más abierta y no inflacionaria.
Pettovello es una de las funcionarias más relevantes y, a la vez, misteriosas del gobierno de Javier Milei. Por la cantidad de áreas que tiene a cargo, que van desde el ámbito laboral hasta la educación y la salud, y porque prácticamente no habla en público. De ahí el interés que el encuentro tenía para la UIA, representada ahí por una decena de ejecutivos. Daniel Funes de Rioja, Martín Cabrales, David Uriburu, Isaías Drajer, Adrián Kaufmann, Luis Tendlarz, entre otros.
La ministra fue acompañada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, un ex-Techint. “Julio es como de la casa”, dijo a uno los anfitriones. A ellos les preocupa lo mismo de siempre. La caída de las ventas y la producción; el régimen de indemnizaciones; el rol y la situación de las pymes frente al desafío del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y la apertura de la economía, que lleva incluso a más de uno a amedrentarse por la inminente baja en el impuesto PAIS, un tributo que hace las veces de salvaguarda frente a las importaciones.
Pero Pettovello no iba dispuesta a confrontar. Al contrario. Confirmó que volvería ahí el lunes acompañando a Milei por la celebración del Día de la Industria y hasta se presentó en un momento del almuerzo casi como una par de todos ellos. “Yo soy pragmática y entiendo los problemas. No se olviden de que soy industrial”, dijo, y les recordó que era nieta de Ulpiano Fernández, fundador de alfajores Guaymallén, empresa de la que todavía tiene acciones.
En la UIA la situación es como en la mayor parte de los sectores de la economía, heterogénea: hay algunos que ya han empezado a recuperarse y otros que están bastante lejos. Y el optimismo tampoco abunda. Según el último relevamiento interno de la entidad fabril, apenas un tercio de los ejecutivos considera que va a volver a los niveles de capacidad instalada previa a esta crisis en la primera mitad de 2025. Otro tercio supone que eso llegará en la segunda parte del año próximo, y el otro, recién en 2026.
Hay, con todo, un aspecto en el que no encuentran diferencias y está en la Ley Bases que el Congreso acaba de sancionar: los bloqueos de empleados o manifestantes a empresas vuelven imposible trabajar. Por eso la gran duda sigue siendo cómo tratará este tipo de protestas el nuevo régimen. El artículo 94 aprobado en el paquete es taxativo: lo considera “grave injuria laboral” y, por lo tanto, causa justa en un eventual despido. Pero han pasado muchas cosas desde entonces y la política ya metió cuña: hace varias semanas que la CGT negocia en secreto con el Gobierno parte de la reglamentación.
“¿Pero por qué reglamentación?”, se perturbaron ayer en la UIA, poniendo el acento en ese sustantivo, cuando se lo oyeron a Cordero. La pregunta quedó sin respuesta y como en suspenso. Los empresarios consideran que toda norma sancionada estará siempre sujeta a la interpretación de los jueces, pero que muy distinto sería atenuarla desde el vamos con una reglamentación acordada con el sindicalismo. “Nunca perdimos el diálogo con el Gobierno”, dijo a un integrante la CGT, que admitió que venían teniendo conversaciones no solo con Cordero, sino también con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Vienen días decisivos. Como siempre con la letra chica: el que se descuida pierde.
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Fuertes críticas a los cambios en un plan contra la violencia de género
Es el programa Acompañar, que redujo el subsidio a las víctimas; deberán presentar denuncia policial para percibirlo
Lucila Marin
El edificio que ocupó el Ministerio de las Mujeres x
El Gobierno modificó las condiciones del programa Acompañar, un plan dirigido a las víctimas de violencia de género que busca promover la salida de las mujeres de ambientes violentos a través de una prestación económica.
Las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses para solventar los gastos esenciales que les permitieran “un proyecto de vida autónomo”: generalmente, irse de la casa donde sufren violencia. Ahora ese lapso quedó reducido a tres meses. Además, tras los cambios, será necesario presentar la denuncia policial o judicial, según el decreto 755/2024, publicado anteayer en el Boletín Oficial, un día antes de la presentación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la Comisión de Mujeres y Diversidad en Diputados. Ante la consulta , desde la cartera contestaron: “El programa está en estudio”.
Según el informe estadístico del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género de 2023, el 95,7% de las mujeres y personas Lgbtiq+ que buscaron ayuda por motivos de violencia declaró que sus ingresos no eran suficientes para cubrir sus gastos. A la vez, el 70% tiene a cargo un hijo y el 40% habita en viviendas que no son propias.
La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia luego de que renunció Claudia Barcia, que advirtió que el Gobierno disolvería la dependencia. En esa línea, a favor del cierre del área, se expresó ayer en Diputados Cúneo Libarona (de lo que se informa en la página 10).
La subsecretaría reemplazó, tras la asunción de Javier Milei, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Con el nuevo organigrama del Estado fue otra de las áreas que quedaron bajo la orbita del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y finalmente pasó al de Justicia.
“Se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires”, indicaba la norma con la que se creó el programa Acompañar en 2020. A la que ahora se añadió: “Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género”.
Repercusiones
Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), marcó los riesgos de solicitar una denuncia policial como requisito. “Una vez que la mujer hace la denuncia, el victimario se acerca enseguida. Siempre la excusa es para dar explicaciones y, en general, la violencia ahí es mayor. El gran problema que tenemos nosotros es que nunca tuvimos un buen seguimiento y acompañamiento de las mujeres. Promovimos mucho la denuncia, pero no promovimos tanto que las mujeres se preparen para la denuncia. Una vez que hacés la denuncia, entrás en la trama judicial y es muy complicado. Muchas veces las mujeres no pueden seguir ese ritmo y presentarse. Se tienen que trasladar con los chicos y tienen muchos inconvenientes para poder seguirla”, detalló.
“Antes [la acreditación de la situación de riesgo por violencia] podía hacerse en un hospital y la mujer no se veía obligada a hacer la denuncia. Si antes no la acompañaban suficientemente, ahora que se han acabado todos los sistemas, menos. Se pusieron exigencias, pero en realidad no se les brinda nada más que la promesa de esos tres meses, porque no hay ninguna oficina, nada que se haya creado para asistir a la mujer. Les pedimos una serie de requisitos sin ninguna asesoría jurídica”, agregó.
Un comunicado difundido por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sostuvo: “En caso de que quisiera denunciar, ¿con qué recursos cuenta para hacerlo? Hay tan solo 11 abogados/as en todo el país integrando el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, cuya tarea es brindar patrocinio gratuito a víctimas de violencia. ¿Qué sucede entonces con las miles de mujeres que, si deciden denunciar, no pueden luego pagar un/a abogado/a que las acompañe en el proceso? Una de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que, antes de la denuncia, es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas”, detallaron.
A la vez, recordaron que según datos de la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, solo dos de cada diez mujeres que sufren violencia de una pareja o expareja deciden denunciar. “El requisito de la denuncia no es solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: ‘denuncio o no consigo apoyo’”, señalaron.
El nuevo decreto no precisa el acompañamiento que recibirán las víctimas, que antes estaba instrumentado a través de unidades de acompañamiento del programa y a través de convenios con las provincias y los municipios. Ante la consulta sobre este punto, el Ministerio de Justicia no respondió.
“No está mal el requisito de la denuncia porque antes no era demasiado claro cómo la mujer accedía al programa Acompañar”, consideró Fabiana Tuñez, especialista en políticas públicas en violencia de género, extitular del Instituto Nacional de las Mujeres (20152019) y una de las fundadoras de la Casa del Encuentro.
Pero alertó: “El problema es que está todo tan desguazado que no sabés quién va a ser el organismo rector. Al fragmentar la política de género no va a haber manera de generar una estadística. Independientemente del juicio de valor del ministerio sí o no, no está claro cuál va a ser el organismo rector. Alguien se tiene que hacer cargo de implementar el programa, de llevar un registro. De hecho, el programa Acompañar no se ha pagado en todo este año. Las políticas públicas se pueden mejorar siempre, pero ahora es la nada misma. Hoy las mujeres van a pedir ayuda y no pueden”.
El programa quedará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, según contestaron a aunque apuntaron que se encuentra “en estudio”: “Se detectaron numerosas irregularidades en el plan Acompañar, porque desde el ex Ministerio de las Mujeres se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política. Por lo tanto, desde el Ministerio de Justicia estamos realizando una auditoría para revisar lo que se entregaba y ordenarlo”.
En tanto, Bianco recordó que las ONG venían advirtiendo desde el año pasado que los seis meses de acompañamiento económico eran insuficientes y pedían que se extendiera la ayuda. “Tienen que ubicar una casa donde vivir y cómo mantenerse la mayoría de las mujeres. Se debería acompañar con apoyos desde los municipios, las provincias”.
Ahora, según la nueva normativa, solo se abonará durante tres meses. “Se sigue con el recorte sin entender cuál es la lógica de una mujer en situación de violencia”, resumió Tuñez.
El Gobierno modificó las condiciones del programa Acompañar, un plan dirigido a las víctimas de violencia de género que busca promover la salida de las mujeres de ambientes violentos a través de una prestación económica.
Las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses para solventar los gastos esenciales que les permitieran “un proyecto de vida autónomo”: generalmente, irse de la casa donde sufren violencia. Ahora ese lapso quedó reducido a tres meses. Además, tras los cambios, será necesario presentar la denuncia policial o judicial, según el decreto 755/2024, publicado anteayer en el Boletín Oficial, un día antes de la presentación del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la Comisión de Mujeres y Diversidad en Diputados. Ante la consulta , desde la cartera contestaron: “El programa está en estudio”.
Según el informe estadístico del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género de 2023, el 95,7% de las mujeres y personas Lgbtiq+ que buscaron ayuda por motivos de violencia declaró que sus ingresos no eran suficientes para cubrir sus gastos. A la vez, el 70% tiene a cargo un hijo y el 40% habita en viviendas que no son propias.
La Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia luego de que renunció Claudia Barcia, que advirtió que el Gobierno disolvería la dependencia. En esa línea, a favor del cierre del área, se expresó ayer en Diputados Cúneo Libarona (de lo que se informa en la página 10).
La subsecretaría reemplazó, tras la asunción de Javier Milei, al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Con el nuevo organigrama del Estado fue otra de las áreas que quedaron bajo la orbita del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, y finalmente pasó al de Justicia.
“Se requerirá acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la ciudad autónoma de Buenos Aires”, indicaba la norma con la que se creó el programa Acompañar en 2020. A la que ahora se añadió: “Asimismo, se requerirá acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género”.
Repercusiones
Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), marcó los riesgos de solicitar una denuncia policial como requisito. “Una vez que la mujer hace la denuncia, el victimario se acerca enseguida. Siempre la excusa es para dar explicaciones y, en general, la violencia ahí es mayor. El gran problema que tenemos nosotros es que nunca tuvimos un buen seguimiento y acompañamiento de las mujeres. Promovimos mucho la denuncia, pero no promovimos tanto que las mujeres se preparen para la denuncia. Una vez que hacés la denuncia, entrás en la trama judicial y es muy complicado. Muchas veces las mujeres no pueden seguir ese ritmo y presentarse. Se tienen que trasladar con los chicos y tienen muchos inconvenientes para poder seguirla”, detalló.
“Antes [la acreditación de la situación de riesgo por violencia] podía hacerse en un hospital y la mujer no se veía obligada a hacer la denuncia. Si antes no la acompañaban suficientemente, ahora que se han acabado todos los sistemas, menos. Se pusieron exigencias, pero en realidad no se les brinda nada más que la promesa de esos tres meses, porque no hay ninguna oficina, nada que se haya creado para asistir a la mujer. Les pedimos una serie de requisitos sin ninguna asesoría jurídica”, agregó.
Un comunicado difundido por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) sostuvo: “En caso de que quisiera denunciar, ¿con qué recursos cuenta para hacerlo? Hay tan solo 11 abogados/as en todo el país integrando el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, cuya tarea es brindar patrocinio gratuito a víctimas de violencia. ¿Qué sucede entonces con las miles de mujeres que, si deciden denunciar, no pueden luego pagar un/a abogado/a que las acompañe en el proceso? Una de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que, antes de la denuncia, es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas”, detallaron.
A la vez, recordaron que según datos de la Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres, solo dos de cada diez mujeres que sufren violencia de una pareja o expareja deciden denunciar. “El requisito de la denuncia no es solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: ‘denuncio o no consigo apoyo’”, señalaron.
El nuevo decreto no precisa el acompañamiento que recibirán las víctimas, que antes estaba instrumentado a través de unidades de acompañamiento del programa y a través de convenios con las provincias y los municipios. Ante la consulta sobre este punto, el Ministerio de Justicia no respondió.
“No está mal el requisito de la denuncia porque antes no era demasiado claro cómo la mujer accedía al programa Acompañar”, consideró Fabiana Tuñez, especialista en políticas públicas en violencia de género, extitular del Instituto Nacional de las Mujeres (20152019) y una de las fundadoras de la Casa del Encuentro.
Pero alertó: “El problema es que está todo tan desguazado que no sabés quién va a ser el organismo rector. Al fragmentar la política de género no va a haber manera de generar una estadística. Independientemente del juicio de valor del ministerio sí o no, no está claro cuál va a ser el organismo rector. Alguien se tiene que hacer cargo de implementar el programa, de llevar un registro. De hecho, el programa Acompañar no se ha pagado en todo este año. Las políticas públicas se pueden mejorar siempre, pero ahora es la nada misma. Hoy las mujeres van a pedir ayuda y no pueden”.
El programa quedará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia, según contestaron a aunque apuntaron que se encuentra “en estudio”: “Se detectaron numerosas irregularidades en el plan Acompañar, porque desde el ex Ministerio de las Mujeres se entregaban los subsidios de manera discrecional y se utilizaban para hacer política. Por lo tanto, desde el Ministerio de Justicia estamos realizando una auditoría para revisar lo que se entregaba y ordenarlo”.
En tanto, Bianco recordó que las ONG venían advirtiendo desde el año pasado que los seis meses de acompañamiento económico eran insuficientes y pedían que se extendiera la ayuda. “Tienen que ubicar una casa donde vivir y cómo mantenerse la mayoría de las mujeres. Se debería acompañar con apoyos desde los municipios, las provincias”.
Ahora, según la nueva normativa, solo se abonará durante tres meses. “Se sigue con el recorte sin entender cuál es la lógica de una mujer en situación de violencia”, resumió Tuñez.
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