ANALIZA MORALES SOLÁ

Una Cristina desesperada ahora va por más

Joaquín Morales Solá
Necesita que los jueces le tengan miedo. Cristina Kirchner sabe que la aguarda un tiempo de decisiones judiciales adversas. Hay desesperación en ella. Es probable que sea condenada a prisión por hechos de corrupción antes de fin de año, y es igualmente factible que se abran otros juicios orales y públicos por haber hecho del dinero público una cuestión familiar. Intentó cambiar a la Corte Suprema, al jefe de los fiscales y hasta a los jueces que deben juzgarla.
Trató de descalificar a los magistrados y asustarlos con proyectos autoritarios. No pudo hacer nada ni evitar nada. No se resigna. Su estilo se resume en doblar la apuesta, en eludir cualquier gesto de seducción y en dirigir una mala defensa propia en los tribunales. La última estrategia consiste en incorporarle al presupuesto del año próximo la obligatoriedad de los jueces de pagar el 35 por ciento de impuesto a las ganancias sobre la totalidad del salario, incluida la antigüedad. Los legisladores cristinistas (Marcelo Casaretto, el primero) están buscando algo muy simple: que una enorme mayoría de jueces elija jubilarse ya mismo, antes de perder los derechos adquiridos, o dedicarse a la actividad profesional privada, en la que ganarán más que como magistrados. Es tan aviesa la maniobra que dejaron fuera del gravamen a los jueces jubilados. ¿Qué significa eso si no una invitación a que se jubilen cuanto antes?
La eventual decisión (el presupuesto se está discutiendo en la Cámara de Diputados) afectaría a miles de jueces, fiscales y funcionarios judiciales de todo el país, incluidos los provinciales. Una nueva forma de renovar absolutamente el Poder Judicial, según el estilo de los gobiernos autoritarios de Venezuela, Nicaragua, Polonia o Hungría, sean de izquierda o de derecha. Todos son iguales. Una enorme franja de la Justicia quedaría, así las cosas, en poder del kirchnerismo o con jueces interinos que harían menos eficaz y más lenta la gestión judicial. Cristina podrá ser condenada a prisión, pero se propone llevarse puesta antes a la Justicia. Bloques de diputados como los que responden al gobernador Juan Schiaretti, a Javier Milei o a José Luis Espert deberían reflexionar si están dispuestos a darle el gusto a la encarnizada vicepresidenta.
Es un mamarracho jurídico. Una ley de presupuesto es transitoria por definición, porque dura un año. A esa ley transitoria quieren agregarle una medida permanente, como es el pago de impuestos por parte de los jueces. El proyecto agrede claramente cualquier noción del Estado de Derecho y la letra y el espíritu de la Constitución. Es también un proyecto demagógico, porque está precedido por la cacofonía cristinista de que los jueces son argentinos privilegiados que no pagan impuestos mientras el resto de la ciudadanía está harta de pagar impuestos. Los jueces pagan el 18 por ciento de su sueldo en cargas previsionales (jubilaciones) cuando el resto de los trabajadores tributa solo el 11 por ciento. Los jueces no pueden ejercer ninguna actividad laboral, salvo la académica, mientras están en el ejercicio de sus funciones. Ni trabajo profesional ni comercial ni empresario.
Además, no todos los jueces no pagan impuestos a las ganancias. Los nombrados a partir de 2017 pagan ese impuesto, porque cuando fueron nombrados ya sabían que lo pagarían. Es la manera que se encontró para que no colisionaran dos principios: el de los derechos adquiridos y el de la igualdad ante la ley. Fue la forma también de evitar violar la Constitución, que es muy clara en el párrafo (artículo 110) que ordena la intangibilidad de los salarios de los jueces. Esa disposición de la Constitución nunca fue una concesión a los jueces, sino una forma clara de garantizar su independencia. ¿Qué independencia del poder político podrían tener los jueces si el gobernante de turno tuviera la facultad de modificar nada menos que los ingresos de los magistrados? El presupuesto en discusión aumenta los gastos del Estado en 300.000 millones de pesos. Si progresara el proyecto cristinista de gravar los salarios de los jueces, la recaudación aumentaría en solo un 0,25 por ciento. Nada en resultados económicos; demasiado para la decadencia política e institucional. La Corte Suprema se prepara para dar una severa resolución en los próximos días. La Asociación de Magistrados, ya unificada entre los que están cerca o lejos del kirchnerismo, le pidió al máximo tribunal una reunión urgente, para mañana mismo.
Llama la atención que los legisladores que quieren aplicarles el impuesto a las ganancias a la totalidad de los salarios de los jueces se hayan preservado ellos de pagarlo en esos términos. Según una ley escrita con un lenguaje oscuro son los presidentes de las dos cámaras (Cristina Kirchner y Cecilia Moreau, ahora) quienes deciden cómo pagan los impuestos los legisladores. De hecho, muchos rubros de los salarios de los legisladores están exentos de pagar impuestos. Los justicieros legisladores (falsos, desde ya) están proponiendo que los jueces hagan algo que ellos no hacen: tributar sobre todos los rubros que componen sus ingresos. Los legisladores, al contrario de las restricciones que pesan sobre los jueces, pueden ejercer sus profesiones, ser comerciantes o empresarios. La campaña de desprestigio es perfecta: los privilegiados son los jueces, mientras nadie dice nada de los legisladores, que pagan lo que sus líderes parlamentarios resuelven que paguen.
El Gobierno le ha negado un presupuesto mayor al Poder Judicial a pesar de la devastadora inflación. Encima, ahora quiere sacarles el 35 por ciento del salario a sus integrantes. Ya la Corte Suprema dijo que la intangibilidad de los salarios se ve afectada cuando los ingresos de los jueces no pueden acercarse a los índices inflacionarios. El actual gobierno viene retaceándole partidas presupuestarias al Poder Judicial para impedir que este preserve, aunque fuere parcialmente, el poder adquisitivo de los jueces. Entre esa restricción presupuestaria y el proyecto actual para desplumar el salario de los jueces se esconde otro golpe del poder político contra el Poder Judicial.
Nadie dice que los jueces no deben pagar impuestos a las ganancias. De hecho, solo no pagan los jueces nombrados antes de 2017 porque contaban con derechos adquiridos. Pero ya cuando se trató aquella modificación, durante el gobierno de Mauricio Macri, que terminó con la decisión vigente de que pagan los jueces nuevos, decenas de magistrados se jubilaron en el acto, antes de perder la jubilación que les correspondía. Luego, la ley no les cambió su situación porque solo les impuso el pago de ganancias a los nuevos jueces, que sabían antes de ser nombrados cuál sería su salario. Tampoco significaba una disminución del salario porque antes no cobraban como jueces. Ahora pagan el impuesto a las ganancias el 25,5 por ciento de los jueces. Ese porcentaje se incrementará en la medida en que se concreten nuevos nombramientos de magistrados. En los tribunales se sostiene que en un plazo no demasiado largo casi todos los jueces pagarán el impuesto a las ganancias.
De todos modos, cualquier modificación al salario de los jueces debe tener una ley particular y ser consensuada con la Corte Suprema y con los propios magistrados, quienes podrían aceptar un sistema parecido al de los legisladores. Es inadmisible que un cambio tan drástico en el ingreso de los magistrados se coloque como un parche de último momento en el presupuesto. El texto original del presupuesto no contenía ese dislate. Fue una obra posterior que surgió de la peligrosa y vengativa imaginación del cristinismo.
A todo esto y contemporáneamente, el cristinismo presentó en el Senado un proyecto para crear una nueva ley de traslados de jueces. Adiós a jueces independientes como Bruglia y Bertuzzi, camaristas del decisivo fuero federal donde juzgan los presuntos delitos de la vicepresidenta. Bienvenida la arbitrariedad para nombrar jueces interinos en puestos vacantes, seguramente cercanos a la facción gobernante. Las recientes elecciones de abogados, jueces y académicos en el Consejo de la Magistratura dejaron a este organismo otra vez sin mayoría necesaria para nombrar jueces. Antes, cuando sucedía una situación así, primaba la negociación entre los distintos clanes del Consejo. Pero ¿qué negociación seria y confiable se puede hacer con un gobierno controlado por alguien que solo aspira a la destrucción de la Justicia? Cristina está desesperada. Ese es un problema de enormes dimensiones para la nación política.ß
Es curioso que los legisladores que buscan aplicar el impuesto a las ganancias a los salarios de los jueces se preserven ellos de pagarlo

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ANALIZA MORALES SOLÁ

Las preguntas que siguen sin respuestas
Es difícil seguir afirmando que los detenidos por atentar contra la vida de Cristina Kirchner eran solo una banda aislada de enajenados mentales que actuaron por sí solos

Joaquín Morales Solá
Alberto Fernández......Alfredo Sábat
¿Los “copitos” eran locos sueltos o idiotas útiles? Tal vez esa es la pregunta fundamental que se hacen en estos días en la Justicia. La diferencia no es menor. Si fueran solo unos desquiciados sin referentes ni terminales políticas estaríamos solo ante la aparición de grupos de jóvenes antisistema, capaces de llevar su resentimiento hasta la violencia más extrema. Si, en cambio, fueran inútiles que sirvieron a algún fin político específico podríamos encontrar vínculos con grupos de ideología nazi o algún otro interés que es difícil de establecer hasta ahora en el expediente judicial. Conjeturas hay muchas, pero están faltando las pruebas que las sostengan. Sin embargo, es difícil seguir afirmando que se trató solo de una banda aislada de enajenados mentales que actuaron por sí solos. Un dato que nunca debe olvidarse es que llegaron hasta centímetros de la vicepresidenta, custodiada por un batallón de cien efectivos de la Policía Federal. ¿Cómo pudieron hacerlo con un arma en la mano? ¿Por qué no tropezaron antes con uno de los tantos círculos de seguridad que rodean a la jefa política de la coalición gobernante? Por eso, la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, a cargo de la investigación del atentado fallido contra Cristina Kirchner, pidieron una serie de medidas de prueba, que incluyen desde los contactos telefónicos de los imputados hasta el entrecruzamiento de llamadas telefónicas tanto por WhatsApp como por Telegram. Solo cuando lleguen esas pruebas, y otras más que podrían sumarse en los próximos días, establecerán una línea de investigación clara. “Todas las hipótesis siguen abiertas. Ninguna fue descartada”, señalaron fuentes judiciales seguras.
Antes de que eso suceda, debe señalarse que las sospechas sobre la autoría intelectual del atentado frustrado surgieron a partir del uso político que hizo el Gobierno del episodio no bien ocurrió. Es ostensible el propósito del oficialismo de mantener en el primer plano el imaginario martirio de Cristina Kirchner. De hecho, el Presidente llevó ayer al principal escenario de la política internacional, la sala de sesiones de la asamblea anual de las Naciones Unidas, el episodio que ocurrió en Juncal y Uruguay, donde deslizó que con ese hecho se rompió el compromiso de 1983 del “Nunca más” a la violencia política en el país. Nada sucedió antes de tamaña envergadura contra el sistema democrático, insinuó. Ya antes el kirchnerismo había hecho hasta un patrullaje intelectual sobre las declaraciones de la oposición. Llegaron a criticar a Patricia Bullrich porque esta no había expresado la palabra “repudio” en sus declaraciones posteriores al atentado. “Yo dije que era un hecho grave y que luego buscaron el rédito político. No me van a obligar ellos a decir la palabra que quieren que diga”, declaró Bullrich. También antes que el Presidente, voceros oficiales calificaron directamente el atentado que no fue como “el atentado más importante a la democracia”. No es cierto. Tan o más importante que ese acto lamentable de los asesinos en potencia fue el levantamiento de los militares carapintadas en la Semana Santa de 1987, que marcó para siempre el final político del gobierno de Raúl Alfonsín. O el posterior atentado al propio Alfonsín, a quien un gendarme le disparó en la cabeza, también sin que saliera la bala. Durante el propio gobierno de Alfonsín, en enero de 1988, ocurrió el copamiento al cuartel del Ejército de La Tablada, que dejó un total de 44 muertos entre guerrilleros, militares y policías. Más cerca, el 18 de enero de 2015, fue asesinado el fiscal Alberto Nisman, poco después de que hiciera una gravísima denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Kirchner, y un día antes de que expusiera las pruebas de su acusación en el Congreso. Ahora, los medios más cercanos al oficialismo hablan de “grupos terroristas” y vinculan a la política argentina (a los opositores, más precisamente) con el intento del atentado. Para ellos, solo una enorme conspiración nacional, internacional y planetaria está detrás del intento de homicidio a Cristina Kirchner. En las circunstancias actuales, ni el martirologio ni la hipérbole ni la sobreactuación (como la de Alberto Fernández ayer en la ONU) sirven para explicar nada.
Todavía la Justicia debe responder varias preguntas. La primera de ella es por qué el arma que supuestamente usó Fernando Sabag Montiel llegó a manos de la jueza sin las huellas digitales de él. ¿Por qué se borraron? ¿Quién las borró? Si bien hay pruebas de ADN en la pistola que coincide con las de Sabag Montiel, los especialistas señalan que con un poco de saliva o de transpiración se pueden plantar tales pruebas. Otra pregunta más inquietante es por qué un informático de la Policía Federal borró la memoria del celular del Sabag Montiel. Es posible hacer eso en el teléfono que usaba el eventual asesino, pero el equipo formula antes varias advertencias de que la memoria está a punto de ser aniquilada. Solo un descerebrado podría ignorar tales avisos del aparato. O el técnico que envió la Policía Federal, nada menos que para ayudar en la investigación de un intento de magnicidio, es un inepto que no merece estar un día más en la institución policial o alguien accionó el borrado de manera intencionada.
Una versión indicaba que el cargador estaba fuera de la pistola. El arma no tenía una bala en la recámara, lo que impidió el crimen, pero tenía cinco proyectiles en el cargador. Esa información es importante, porque solo un profesional podría manipular un arma sin bala en la recámara, pero con varias en el cargador, sin el riesgo de que una mala praxis terminara por cometer el homicidio. Según fuentes judiciales, la pistola llegó con el cargador corrido de su ubicación normal. Un cargador no se sale ni se corre por el solo hecho de caer al piso. Nadie sabe hasta ahora qué pasó. ¿Estuvo siempre corrido y, por lo tanto, inutilizado para ser usado como un arma? ¿O se corrió cuando fue pisoteado en el suelo? Esas respuestas son importantes para establecer si hubo realmente un intento de matar a la vicepresidenta o si fue solo un montaje instigado por alguien o algunos. Los “copitos” son una banda de marginales casi sin educación. Llamó la atención la prolija redacción de los chats que se descubrieron, sobre todo en el celular de la novia de Sabag Montiel, Brenda Uliarte. Pero, ¿fueron ellos los que los redactaron o fueron redactados con posterioridad? Existe un precedente cercano. En la “operación Puf”, que se montó para destituir al fiscal Carlos Stornelli, aparecieron chats entre el magistrado y el empresario Pedro Etchebest, partícipe de la maniobra contra el fiscal. Luego, el peritaje estableció que esos chats fueron falsos, escritos por terceros que no eran ni Stornelli ni Etchebest. Existe, por lo tanto, la manera de escribir supuestos chats que nunca existieron entre personas que no habían intercambiado mensajes.
Los dos “copitos” principales, Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte, tienen defensores oficiales. Pero sorprendió que el productor de copitos, igualmente comprometido con el operativo a cargo de aquellos dos, Nicolás Gabriel Carrizo, haya contratado al abogado Gustavo Marano. Marano no es un defensor oficial y, por lo tanto, cobra honorarios importantes. Difícil que un fabricantes de copitos para venta callejera tenga recursos para pagar un abogado propio. ¿Quién paga a ese abogado? ¿Cuánto cobra? El periodista Ricardo Benedetti difundió un tuit en el que adelantó que se estarían por conocer chats entre Brenda Uliarte y el periodista de Crónica Tomás Méndez, quien en su momento fue desplazado de C5N por promover un escrache en la casa de Patricia Bullrich. Méndez le hizo entrevistas a Uriarte en el canal donde trabaja ahora, antes del atentado. El abogado de Méndez es Franco Bindi, que fue un letrado activo en la “operación Puf”, en la maniobra fallida para desplazar al juez Sebastián Casanello de la causa del “dinero K”, vinculada a Lázaro Báez y a la obra pública, y a la empresa petrolera venezolana PDVSA, en cuyo nombre acompañó a Paraguay a un diplomático chavista considerado un miembro del espionaje venezolano.
Con todo, la designación de abogados que más sorprendió es la que hizo Cristina Kirchner. Nombró al letrado José Manuel Ubeira. Según contó el periodista Damián Nabot, Ubeira es socio del excomisario Juan José Ribelli, a quien la Justicia acusó de haber sido parte de la conexión local del atentado a la AMIA. Ribelli fue preso y luego sobreseído, pero en la cárcel se recibió de abogado. Ya en libertad, Ribelli formó parte del estudio jurídico de Ubeira. Nabot informó, además, que nada menos que Carlos Telleldín estuvo a punto de convertirse en el abogado de Brenda Uliarte. Telleldín estuvo varios años preso acusado de haber vendido la camioneta que hizo volar la AMIA. Fue Telleldín quien acusó en su momento a Ribelli de haber participado en la venta de esa camioneta. ¿Por qué abogados que estuvieron cerca de la investigación por el criminal atentado a la AMIA aparecen ahora rondando esta causa por el atentado fallido a la vicepresidenta? ¿Por qué la vicepresidenta debe recurrir a ese inframundo de los abogados para ser querellante en la causa por el intento de magnicidio? Silencio. Nadie está en condiciones de explicarlo. Por ahora.
En su discurso ante las Naciones Unidas, el Presidente dijo algo más explícito. Culpó a la “violencia fascista que se disfraza de republicanismo” de hechos de violencia como el atentado a la vicepresidenta. ¿Cómo pudo encontrar similitudes entre el fascismo y el republicanismo, si son antitéticos? ¿Cómo, si los que profesan la fe en la república son los principales críticos de los métodos fascistas? Los que señalan a la república como un sistema que debe respetarse son los opositores de Juntos por el Cambio. No son los únicos, pero son los que más énfasis ponen en defender los principios del republicanismo. ¿Aludía a ellos? No sería extraño. Ya el kirchnerismo, en sus distintas variantes, intentó instalar que el atentado fracasado estuvo instigado por el alegato del fiscal Diego Luciani. La mentira duró poco, porque después la Justicia encontró chats entre los inculpados que datan de abril pasado y que hacían referencias a un magnicidio. En abril, Luciani ni siquiera sabía qué diría cuatro meses después en su alegato final. La tercera pata de los culpables corresponde a los periodistas y a los medios independientes. Alberto Fernández los aludió de algún modo cuando ayer volvió sobre el “discurso del odio”. Oposición, Justicia y periodismo. Ellos son, al fin y al cabo, los culpables finales de lo que pasó en la casa de Cristina Kirchner. Le faltó recordar un dato histórico esencial: al menos desde la recuperación democrática, el odio no existió en la política argentina hasta que los Kirchner se hicieron con el poder. El relato político es casi siempre un adversario de la historia.

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ANALIZA MORALES SOLÁ

Miserias opositoras a un paso del abismo
Juntos por el Cambio está necesitando, casi de manera urgente, un liderazgo y un discurso común que termine con los librepensadores

Joaquín Morales Solá
Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, a fines de 2021, en uno de sus últimos encuentros a solas
Tal vez están convencidos de que la próxima presidencia será de Juntos por el Cambio y que quien se abra paso a los codazos con más decisión se hará con el poder. Uno de los más frecuentes errores de los políticos es, precisamente, creer que pueden escribir la historia antes de que esta suceda. O suponer, en un arrebato de excitación, que las elecciones están ganadas de antemano. Cometen graves errores políticos. Ni la historia es previsible ni las elecciones están definidas nunca antes de hora. Las trifulcas internas de la coalición opositora, sus disidencias expuestas a cielo abierto y la carencia de un discurso común son demasiado evidentes para una sociedad angustiada por el desorden público, por la falta de un futuro más o menos predecible y por las consecuencia de un ajuste económico que presiente, aunque todavía no tocó sus bolsillos. Los tocará dentro de muy poco.
El escándalo sin límites ni medidas de Cristina Kirchner por el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola le sirve a Sergio Massa para esconder su ajuste, pero a la vez lo perjudica: ¿quién, entre los sectores que deciden la economía, puede confiar en un Gobierno sublevado contra el Poder Judicial, que hurga, cuestiona y desobedece sus decisiones violando los mandatos explícitos de la Constitución? Nadie. Las consecuencias se están observando en las últimas mediciones de opinión pública. El oficialismo se desliza apresuradamente por la pendiente del descrédito (no queda ningún dirigente importante de la coalición gobernante con posibilidades de ganar una elección), pero el cuestionamiento social cubre también a los dirigentes de la oposición. La mayoría de estos ha caído en la consideración social. ¿De qué sirven esos opositores, parecen decir vastos sectores sociales, si solo se miran entre ellos? Esa sensación social no es solo una deducción del periodismo; por algo, la conducción de Juntos por el Cambio se reunió este martes para decidir cómo administra las discordias internas. Debe señalarse que se han reunido muchas veces con el mismo propósito. Logran una tregua, que siempre es efímera.
La movilización frente a la casa de Cristina Kirchner encerró en una trampa a la oposición
El último episodio opositor, ciertamente lamentable, fue una secuela de la algarada kirchnerista en las cuadras que rodean la casa de Cristina Kirchner, en Juncal y Uruguay, en el elegante barrio de Recoleta. Unas 300 o 400 personas todos los días, salvo el sábado pasado cuando hubo 7000, según cálculos de la policía metropolitana. Patricia Bullrich, presidenta de Pro y precandidata presidencial, arremetió contra el jefe del gobierno porteño y también precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó indirectamente (aunque también claramente) de débil y zigzagueante. Bullrich está observando en el balcón de la política; Rodríguez Larreta está en la conducción personal de un conflicto peligroso y atípico. Los seguidores de la vicepresidenta sienten que la bendición de ella los coloca por encima de las autoridades locales. Son violentos en las palabras y en los hechos, indiferentes ante el sufrimiento de los vecinos y provocadores con acciones que no respetan las mínimas normas de urbanidad. Rodríguez Larreta debe oscilar entre el antikirchnerismo, que lo quiere ver desarmar a sangre y fuego las batucadas del cristinismo, y los seguidores de Cristina Kirchner, que se rebelan a su autoridad. En rigor, es el momento para que sus aliados de Juntos por el Cambio lo rodeen más allá de las especulaciones electoralistas y, aunque a veces con razón, sean críticos de sus decisiones sobre el conflicto en Recoleta. Debería prevalecer el hecho cierto de que Rodríguez Larreta es hoy la figura institucional de la oposición que debe enfrentar a una facción política descarriada, justo cuando están en juego básicos valores institucionales. Él debe establecer dónde está el límite, muchas veces muy restringido, entre la represión y la posibilidad de una muerte. El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró públicamente que si hay violencia habrá represión. Pero, ¿no es violencia lo que ya cometen los autores de los desmanes en Juncal y Uruguay y sus alrededores? Rodríguez Larreta debe moverse entre esas contradicciones, en ese mundo donde nada es como parece; no es el momento de que sus propios aliados los chicaneen con pobres operaciones mediáticas. Según una denuncia de Elisa Carrió, ya Bullrich había cuestionado que la líder de la Coalición Cívica contara con custodia personal de la Policía Metropolitana. Carrió recibió varias amenazas de muerte y su custodia fue ordenada por cinco jueces federales. Insignificancias que solo sirven para mostrar las fracturas de la coalición opositora.
Incidentes fuera del domicilio de Cristina Kirchner, el sábado, en Recoleta
Pichetto y la asociación ilícita
Otra novedad la protagonizó un dirigente importante de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, cuando dudó públicamente de la figura de asociación ilícita en el caso de Vialidad. Su argumento fue el mismo que flamea el oficialismo: un gobierno no se constituye para conformar una asociación ilícita, dicen. Muy bien. Pero el fiscal Luciani nunca acusó de asociación ilícita a un gobierno, sino solo a cuatro funcionarios: Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Nelson Periotti, exdirector de Vialidad durante los 12 años de los gobiernos de los dos Kirchner. ¿Leyó Pichetto las 3 toneladas que pesa el expediente de la causa de Vialidad? Seguramente, no. Nadie puede desconocer la honestidad intelectual del exsenador y actual miembro de la Auditoría General de la Nación en nombre de la oposición. Ya Pichetto sostenía, hace varios años, y refiriéndose a Cristina Kirchner, que los expresidentes no deberían ser juzgados, que deberían gozar, en los hechos, de una especie de inimputabilidad penal por el solo hecho de haber ejercido la primera magistratura de la nación. Era un error, que respondía más a su temor de que personas como Cristina Kirchner, que no reconocen los márgenes de la ley, terminen agrediendo el orden democrático en nombre de sus intereses personales. El temor es también un error. A Pichetto no le gusta que lo definan como líder del “peronismo republicano”, sino como el constructor de un espacio democrático de derecha en la política argentina. El problema de la llamada derecha, que encarna las ideas y la posiciones liberales, ortodoxas y modernas (que son las que predominan en el mundo civilizado), es cuando se muestra indiferente ante la corrupción. Menem destruyó en los hechos buenas políticas económicas y de relaciones exteriores cuando su gobierno fue permeable a la corrupción. Les dio argumentos a los populistas de este mundo que afirman que la corrupción es inherente al liberalismo, a la ortodoxia económica y a la modernidad. De todos modos, la contradicción actual de Pichetto es que aparezca, siendo un prominente dirigente de Juntos por el Cambio, cerca del oficialismo y dejando solos a los fiscales que están en el centro de la ofensiva kirchnerista contra la Justicia.
Miguel Ángel Pichetto
Hace poco, Carrió denunció a varios dirigentes de la coalición opositora por sus relaciones poco claras con el submundo de la política. Más allá de si esas declaraciones fueron oportunas o no, se destacó la referencia que hizo al actual diputado nacional y exministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. Ritondo tuvo como jefe de su gabinete, cuando fue ministro, a Marcelo Rocchetti, un abogado penalista que ahora es defensor de un fiscal, Claudio Scapolán, acusado de vínculos con el narcotráficos. Nadie en la Justicia defiende a Scapolán; más bien, casi todos lo magistrados coinciden en que es culpable de las delitos de los que se lo acusa. Resulta que Rocchetti es también abogado de Rafael Di Zeo, un histórico líder de la violenta barrabrava de Boca y, según se sabe ahora, amigo del también histórico jefe de la custodia de Cristina Kirchner, el mismo comisario que fue filmado abrazando al diputado José Luis Gioja mientras le decía: “¡La plata que choreamos con este!”. No hay muchos abogados penalistas que tengan como clientes a santos y poetas (su misión es defender a los delincuentes, aunque ellos deben establecer qué clase de delitos están moralmente dispuestos a defender), pero es responsabilidad de una autoridad política, como lo fue Ritondo en la provincia de Buenos Aires, elegir la calidad personal de quienes lo rodearan. Lo cierto es que hasta una jueza federal, Sandra Arroyo Salgado, denunció que Scapolán logró desplazarla de la causa que lo investiga. Su último desplazamiento fue decidido por la Cámara Federal de San Martín. El poder de Scapolán es indiscutible. Es difícil encontrar una especulación electoral en Carrió, sobre todo porque ella no es candidata presidencial. Al contrario, fue la única que salió en apoyo de Rodríguez Larreta en las últimas horas. Tampoco decidió a quién apoyara en la campaña presidencial de Juntos por el Cambio. “Yo no tengo candidato por ahora”, suele decir.
El diputado Cristian Ritondo
A todo esto, Ritondo aspira a ser candidato a gobernador de Buenos Aires, lugar que ya estaba ocupado por Diego Santilli, quien es el candidato que mejor mide en todas las encuestas para gobernar ese decisivo distrito. Otra pelea innecesaria. Si Santilli es el que mejor mide, toda la coalición opositora debería estar cerca de él. Axel Kicillof no está muerto, al revés de los dirigentes nacionales de su facción política. Tiene una imagen negativa alta, pero en la provincia eso no importa porque no hay ballottage. Allí gana la gobernación quien saca un voto más que el resto. La imagen positiva de Kicillof está debajo de la Santilli, pero demasiado cerca de la de este. Además, Kicillof cuenta con los recursos del Estado provincial y también del nacional, porque el proyecto de Cristina Kirchner es seguir controlando la monumental y díscola Buenos Aires cuando pierda el poder nacional. Un eventual gobierno nacional de Juntos por el Cambio con Kicillof gobernando la provincia de Buenos Aires sería un infierno para el gobierno federal y para el país. Esa es la perspectiva que debería prevalecer en la actual coalición opositora, más allá de los alineamientos internos, que poco importan a estas alturas.
El caso Manes
Párrafo aparte merece el neurólogo Facundo Manes, quien fue el único diputado de Juntos por el Cambio que no firmó el pedido de juicio político al Presidente por haber violado varias veces la Constitución en sus últimas declaraciones públicas. Aseguró que el fiscal Alberto Nisman se había suicidado (“hasta acá no se probó otra cosa”), cuando para la Justicia argentina fue asesinado, según la resolución del juez de primera instancia, Julián Ercolini, ratificada luego por la Cámara Federal. Mintió luego cuando dijo que solo había respondido una pregunta de los periodistas del programa A dos voces. No fue así. El periodista Edgardo Alfano le preguntó sobre una decisión de ese día de la Corte Suprema que ordenó reforzar la custodia de los fiscales y los jueces del caso Vialidad y puso entre paréntesis el recuerdo de Nisman (“el recuerdo de Nisman siempre está presente”, dijo Alfano en medio de una pregunta sobre la Corte), pero Alberto Fernández se zambulló en el acto en el caso Nisman con el dislate del suicidio, según él probado. Pudo haber eludido a Nisman; esa no era la pregunta. Alberto Fernández se metió de lleno también en la causa que investiga a Cristina Kirchner por asociación ilícita en el direccionamiento de la obra pública. La Constitución le prohíbe al Presidente arrogarse el conocimiento de causas judiciales en curso. No obstante, es casi imposible que el juicio político al Presidente prospere, pero es un llamado de atención severo a su comportamiento público con la Justicia. ¿Por qué debía Manes no firmar ese proyecto? ¿Qué se lo impedía? Lo mismo hizo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien se pronunció en los mismos términos de disidencia de Manes. ¿Tenía que disentir en público? ¿Qué lo obligaba a mostrar otra fisura en Juntos por el Cambio? Morales es también un precandidato presidencial que compite públicamente con Rodríguez Larreta y con Mauricio Macri. Debe reconocerse que Macri es el único de los líderes de Juntos por el Cambio que prefiere callar cuando se trata de cuestiones internas. Calla en público, porque está muy activo en las gestiones para acercar posiciones entre sus aliados. De cualquier forma, esa coalición está necesitando, casi de manera urgente, un liderazgo y un discurso común, que termine con los librepensadores.
Falta todavía un año para la primera ronda de las elecciones presidenciales. Es común que a los que esperan lo inevitable los sorprenda lo inesperado. A la historia le gusta jugar con esos sobresaltos.

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