CONFLICTO CON LOS TRIBUNALES

El oficialismo buscará exponer las diferencias opositoras en Diputados
Apuntará a la denuncia de Carrió contra Lorenzetti cuando se reúna la Comisión de Juicio Político
Gustavo Ybarra
Tras el inicio del proceso contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en el que oficialismo y oposición se trenzaron en un áspero cruce verbal, el kirchnerismo espera con ansias este jueves la segunda jornada del debate, en la que se presentarán los autores de los 14 proyectos con acusaciones contra los magistrados que tratará la Comisión de Juicio de Político de la Cámara de Diputados.
La conducción del Frente de Todos apuesta no solo a agitar las acusaciones contra los jueces que constan en el pedido de juicio político que presentó a mediados de mes a instancias del Poder Ejecutivo, sino que también se entusiasma con dejar expuestas las diferencias en Juntos por el Cambio.
Esto es así porque la Coalición Cívica presentó dos proyectos que apuntan al juez Ricardo Lorenzetti. Se trata de la representación, y su posterior ampliación, de la denuncia impulsada en 2017 por la líder del espacio, Elisa Carrió, cuando era diputada.
Es que Juntos por el Cambio decidió como estrategia global impugnar de plano el proceso que impulsa el kirchnerismo, tal como lo dejaron establecido en la reunión inaugural de la Comisión de Juicio Político el último jueves, en la que calificaron de “circo”, entre otros epítetos, el embate contra el tribunal impulsado por el presidente Alberto Fernández.
La Coalición Cívica ya les anticipó a sus socios de la UCR y de Pro que no dará marcha atrás con sus acusaciones contra Lorenzetti.
“No le vamos a hacer el juego al kirchnerismo, pero creemos que el pedido de juicio político del oficialismo es muy benévolo con Lorenzetti”, afirmó la diputada Paula Oliveto (CC-Capital), tomando el guante del desafío oficialista.
Los dos pedidos de juicio político de la Coalición Cívica-ARI consideran al santafesino responsable de irregularidades administrativas en el manejo del presupuesto del tribunal y de haber articulado “una matriz de negocios dentro del ámbito de su competencia, que condicionaron el accionar en la Magistratura” durante los años que ejerció la presidencia del máximo tribunal.
Además, el bloque de la Coalición Cívica acusa a Lorenzetti de haber provocado un “conflicto de poderes” al haberse “arrogado funciones legislativas”.
El kirchnerismo pone el acento en esta última frase del proyecto opositor, por considerar que es una acusación similar a la que les endilga el escrito kirchnerista a los jueces por el fallo que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura y que repuso la norma anterior, que databa de 1997 y que había sido derogada con la sanción, en 2006, de la ley declarada inválida por el tribunal en diciembre del año pasado.
El kirchnerismo impulsa el proceso del actual presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y de Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, además de Lorenzetti. El quinto sitial del tribunal se encuentra vacante desde que renunció Elena Highton de Nolasco.
Diferencias
Sin embargo, en la oposición dicen que las acusaciones no son iguales. En el caso de la Coalición Cívica, la usurpación de funciones legislativas hace mención a una resolución de la Corte Suprema, impulsada por Lorenzetti, que interpretó de manera restrictiva la ley de ética pública para limitar el acceso de la prensa a la información de las declaraciones juradas de los miembros del tribunal.
La de la usurpación de facultades legislativas es, también, una de las imputaciones planteadas en los pedidos de juicio político presentados por la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio, en su caso por el caso del Consejo de la Magistratura. A pesar de ser legisladora, ambos proyectos de resolución ingresaron como particulares, ya que no forma parte de la Cámara baja. No obstante, está habilitada para exponer ante la comisión.
En la misma situación se encuentran los autores de otro grupo de presentaciones particulares que están en sintonía con las acusaciones del kirchnerismo contra el tribunal, entre las que se encuentran las firmadas por Pablo Llonto, Patricia Isasa, Antonio De Martino, Ricardo La Greca y Diego Sánchez y por las asociaciones Argentina de Juristas y Civil por la Exigibilidad de los Derechos Sociales.
Por último, está el exhaustivo pedido de juicio político presentado por la kirchnerista Vanesa Siley, que integra la comisión, y que centra sus acusaciones en la figura de Rosenkrantz “por haber frustrado gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución” tras haber avalado la aplicación del criterio del 2x1 a los militares de la última dictadura condenados por delitos de lesa humanidad.

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CONFLICTO CON LOS TRIBUNALES

El Gobierno prepara otra maniobra para no acatar el fallo por la coparticipación
Ampliará la recusación de los jueces de la Corte; la Ciudad pediría embargos
Hernán CappielloJuan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los jueces de la Corte Suprema de Justicia
Con el cierre de la feria judicial de verano, pasado mañana, la Casa Rosada prepara una nueva maniobra para evitar cumplir el fallo de la Corte Suprema que benefició a la ciudad de Buenos Aires y que ordena girarle al gobierno porteño $1100 millones diarios. El Gobierno pretende ampliar la recusación de los jueces del máximo tribunal, con el argumento de que existe un vínculo indebido entre la Corte y la administración de Horacio Rodríguez Larreta, que analiza pedir el embargo de las cuentas nacionales.
Sin posibilidad de utilizar como prueba los supuestos chats filtrados de manera ilegal entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro (de licencia) y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, el Gobierno intentará demostrar ese vínculo por otras vías. En los tribunales consideran que el juicio político a la Corte persigue también el objetivo de no cumplir los pagos que ordena el fallo.
El 1° de febrero termina la feria judicial de verano en los tribunales y se avecina el comienzo de una batalla campal ante la Corte Suprema de Justicia por los 1100 millones de pesos diarios de la coparticipación federal que la Nación debe pagarle a la ciudad de Buenos Aires. La Casa Rosada prepara una ampliación de la recusación de todos los jueces de la Corte y un eventual pedido de nulidad del fallo que ordena pagar, mientras el gobierno porteño analiza nuevas presentaciones para cobrar y no descarta pedir a la Corte el embargo de las cuentas nacionales.
Todo este trámite tiene como telón de fondo el juicio político contra los jueces de la Corte, promovido tras dictar la sentencia por la coparticipación y que tuvo como disparador la difusión de supuestos chats, obtenidos ilegalmente, entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño (actualmente de licencia), Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, funcionario de la Corte y mano derecha del juez Horacio Rosatti.
La Casa Rosada apelará a ese vínculo para ampliar la recusación contra los jueces de la Corte y –al menos– postergar el pago a la Ciudad. Como no puede utilizar los supuestos chats, invalidados como prueba por la Justicia, buscará acreditar el vínculo entre D’Alessandro y Robles por otras vías, con el fin de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y una de las partes, el gobierno porteño.
En los tribunales entienden que la promoción del juicio político tiene el objetivo de no pagar la sentencia, obturar el fallo de fondo o al menos demorarlo, ante la certeza de que el Gobierno lo promueve sin tener los votos necesarios como para aprobarlo en el Congreso.
El segundo objetivo que ven en los tribunales detrás de la promoción del juicio político a la Corte es el de generar temor en los jueces de la Cámara de Casación que deben resolver causas sensibles para Cristina Kirchner: en particular los camaristas Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, que deben decidir si confirman o no el sobreseimiento de la vicepresidenta en el caso Hotesur y Los Sauces y en el expediente sobre el memorándum con Irán. También están en la mira los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, que deben analizar si confirman o no la condena a seis años de prisión por corrupción en el caso Vialidad.
Por lo pronto, apenas se reanude la actividad judicial en febrero, los jueces de la Corte tienen para resolver planteos que hizo el gobierno de Alberto Fernández contra la medida cautelar que obliga a que le paguen a la Ciudad el 2,95% de los fondos coparticipables que recibe la Nación. La Casa Rosada había dejado de girar esos fondos en 2020, tras una huelga policial bonaerense, para redirigirlos al gobierno de Axel Kicillof.
La Nación sostiene que esos fondos fueron cedidos por la gestión de Mauricio Macri a la Ciudad para pagar la transferencia de la policía porteña, pero por encima de lo necesario y de forma injustificada.
“Se viene una guerra termonuclear”, describió un constitucionalista que sigue el proceso.
Ambas jurisdicciones trataron de ponerse de acuerdo, pero fracasaron y llevaron el caso a la Corte, que falló en favor de la Ciudad, reconociendo parcialmente su reclamo, mediante una medida cautelar que obliga a que le depositen diariamente unos 1100 millones de pesos. El Presidente primero dijo que no iba cumplir con la sentencia de la Corte y que no iba a pagar; luego afirmó que iba hacerlo, pero con bonos, para lo cual habilitó una cuenta especial en el Banco Nación.
Al mismo tiempo, la Casa Rosada presentó antes del último día hábil de 2022 dos recursos. En uno, recusó a todos los jueces de la Corte, argumentando que, al resolver la medida cautelar, adelantaron opinión sobre la cuestión de fondo en la que deben pronunciarse. Esto es, si la Ciudad tiene o no derecho a que le reconozcan el retorno de los fondos. El otro recurso, que presentó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se denomina “revocatoria in extremis” y está orientado a que la propia Corte dé marcha atrás en su decisión. Por la presentación de ambos recursos, la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció a Zannini por desobediencia.
Sobre estos dos recursos se espera que ahora la Casa Rosada sume nuevos planteos, por ejemplo, ampliando la recusación de los jueces de la Corte sobre la base de argumentar una relación indebida entre el máximo tribunal y la Ciudad. Los supuestos chats entre Robles y D’Alessandro, obtenidos ilegalmente, ya fueron desechados por la Justicia como una prueba válida, pero bien puede la Nación buscar probar ese vínculo por otro camino. Eso abriría la posibilidad
incluso de reclamar la nulidad de la medida cautelar con la que la Ciudad viene ganando el juicio.
“La medida cautelar no causa estado, es revisable, no es la sentencia de fondo”, señaló un abogado relacionado con el caso, que analizó que esta situación puede demorar todo el trámite del expediente de la coparticipación por la cantidad de recursos a resolver.
Este escenario es el que tienen en mente en los tribunales como parte de lo que ocurrirá en febrero. Incluso funcionarios del gobierno porteño vislumbran esta posibilidad y están preparados para litigar.
La estrategia porteña
En la Procuración del Tesoro de la Ciudad se prepara otra artillería. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya trató de que la Corte forzara la ejecución de la sentencia antes de fin de año. Se conformó con presentar dos escritos en los que denunciaba el incumplimiento del gobierno nacional. Ahora analiza si corresponde seguir denunciando el incumplimiento, pero además ir más allá, con un pedido de embargo sobre las cuentas nacionales.
Al mismo tiempo, la administración porteña presentó una denuncia penal contra el gobierno nacional por el incumplimiento del fallo. Quedó radicada en los tribunales de Comodoro Py. El escrito alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo, “incluyendo a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la Nación, que han sido notificados de la resolución judicial”. Sin nombrarlos, apuntó contra Alberto Fernández, los ministros de Economía y del Interior, Sergio Massa y Eduardo de Pedro, y la titular del Banco Nación, Silvina Batakis. El caso quedó en manos del Juzgado Federal N° 6 y fue delegado en la fiscalía federal de Ramiro González.
En la Ciudad ven como efectivo este mecanismo de pinzas: por un lado, ir con la denuncia penal por la desobediencia al fallo de la Corte y, por el otro, buscar litigar ante el máximo tribunal para poder ejecutar la medida cautelar. “Vamos a insistir con la mayor energía en que se cumpla la sentencia. Es superimportante para nosotros que el fallo se cumpla. Evaluaremos alternativas. En diciembre preferimos ser prudentes; ahora, la Corte debe resolver”, dijo un funcionario porteño a la nacion, y agregó que lo más probable es que la Corte primero se aboque a tratar la recusación y luego la “revocatoria in extremis”.
La recusación podría rechazarla sin más trámite. Solo en caso de que la admitiera (algo improbable), correspondería convocar a conjueces entre los presidentes de las cámaras federales del país para resolver.
“Obviamente, tenemos otros remedios y otras alternativas que evaluamos presentar para ejercer nuestros derechos llegado el caso. Tenemos un menú abierto de alternativas y veremos cuál es la más apropiada para cobrar”, añadió el funcionario porteño, que señaló que es la Corte Suprema la que debe disponer las medidas de “ejecución forzada” del veredicto.

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