Cristóbal López demanda al Estado nacional por una cifra multimillonaria
El empresario ligado al kirchnerismo denuncia al Senasa y se declara víctima de una persecución política, tras ser absuelto en el caso Oil Combustibles
Hugo Alconada Mon
Cristóbal López
Cristóbal López dio otro paso en su contraofensiva. Demandó al Senasa, a un expresidente del organismo e incluso a abogados del Estado nacional por montos multimillonarios tras concluir que le causaron un perjuicio irreparable mientras se encontraba detenido e inhibido por la llamada “causa Oil Combustibles”, la investigación que terminó con la condena del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
López sostuvo en su demanda que el Senasa, su otrora titular, Ricardo Negri, y tres letrados actuaron de manera ilegítima, y que integraron la supuesta persecución personal que le adjudicó al entonces presidente Mauricio Macri, al que también denunciaron en los tribunales federales de Comodoro Py.
La ofensiva de López contra el Senasa, Negri y los letrados Agustín Medrano, Jorge Luis Darriba y Marcos Apud se plasmó en tres demandas que las empresas Ganadera Santa Elena, Ganadera Victoria y Sucesores de Ramón Lorenzo presentaron en dos juzgados del fuero Contencioso Administrativo Federal y ante un juzgado Civil y Comercial Federal.
López se sumó así a otros empresarios, funcionarios, periodistas y militantes kirchneristas que reclamaron en sede administrativa o demandaron al Estado ante la Justicia durante los últimos años, con suerte dispar. Desde Cristina Fernández de Kirchner, que fue a los tribunales a exigir la restitución de la “asignación mensual vitalicia” como viuda del fallecido expresidente Néstor Kirchner, hasta la empresa Electroingeniería y el periodista Orlando Barone, entre otros.
En el caso de Cristóbal López, las demandas contra el Estado y sus agentes se radicaron luego de que tres estrados judiciales revisaron y confirmaron que las decisiones que tomó el Senasa fueron válidas y legales, revisiones que se encuentran firmes, según replicaron los demandados: el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esa ciudad, y el Tribunal Oral Federal N° 3, que condenó a Echegaray y absolvió a López y De Sousa.
Por su parte, el abogado de López, Alberto Antonio Spota, no precisó cuánto le reclama al Senasa, Negri y los abogados por daño emergente y lucro cesante por su proceder, que calificó de “temerario, para no decir doloso”, aunque se descuenta que será multimillonaria ya que englobaría más de 57.400 vacas, ovejas y caballos.
Esa cifra, no obstante, también fue cuestionada. Entre otros motivos, porque los datos sobre las cabezas de ganado en danza que surgen de los informes técnicos que invocaron las empresas al acudir a la Justicia no coinciden con los números que esas mismas sociedades informaron en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) del Senasa.
Por ese motivo, el Senasa calificó el reclamo de López como “falaz y erróneo” al responder la demanda, y defendió su actuación, que remarcó que “ya ha sido sometida a control judicial, donde se ha ratificado judicialmente”. Por el contrario, abundó, los reproches deberían recaer sobre el propio López y sus socios, cuya actuación calificó de, como mínimo, “negligente”.
Otros objetivos
Las demandas personales por daños y perjuicios contra los abogados del Estado conllevarían, sin embargo, un efecto adicional: amedrentar a quienes efectúan tareas de contralor público, en línea con los castigos y las represalias que, con el retorno del kirchnerismo al poder en 2019, afrontaron los técnicos de la AFIP, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de otros organismos que investigaron al poder.
La ofensiva de López contra los abogados Medrano, Darriba y Apud registra particularidades. La primera, que los demandó sin cumplir con el intento previo de una mediación extrajudicial, como obliga la ley 26.589, lo que tornaría nula su ofensiva, algo que Spota rechazó en duros términos. La segunda, que no acreditó faltas personales de esos letrados, pero aun así los incluyó. Y, la tercera, que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un fallo dividido, aceptó que el empresario haya notificado a esos profesionales sobre su demanda en las oficinas públicas en las que se desempeñan, en vez de en los domicilios reales. Apelado, ahora la Corte Suprema deberá revisar ese fallo.
Pero ¿cómo comenzó la controversia? En abril de 2018, las tres empresas pretendieron arrendarle campos con decenas de miles de cabezas de ganado a un tercero, y así se lo comunicaron al Centro Regional Patagonia Sur del Senasa, aunque se encontraban alcanzadas por la inhibición general de bienes que había dispuesto el juez federal Julián Ercolini en la causa Oil, y que luego gestionó el Tribunal Oral.
Según surge de las actuaciones administrativas, López intentó avanzar con esa operación comercial, sin conocimiento del juez Ercolini, quien solo se enteró cuando le informó el Senasa, que también les pidió a esas empresas que obtuvieran la autorización judicial para avanzar en la emisión de los documentos de tránsito de los animales.
Lejos de pedirle autorización a Ercolini, sin embargo, lo intentaron a través de un amparo de “muy estricta urgencia” que recayó en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia. Les fue mal. En septiembre de 2018, la conclusión fue que resultaba “irrefutable que el Senasa actuó dentro de sus facultades, al haberse limitado a cumplir con la toma de razón de las inhibiciones que pesan sobre las referidas firmas”.
Ante esa decisión, apelaron. También les fue mal. En noviembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia determinó que el interesado “no ha acreditado haber solicitado la pertinente autorización ante el tribunal [por el tribunal oral del caso Oil] que ordenó la inhibición de bienes de sus arrendadoras [por las empresas de López], como así tampoco, que las mismas lo hubieren intentado y la misma les hubiera sido denegada”.
Un impasse de 290 días
Ocurrió entonces un parate singular. Firme la decisión de la Cámara Federal –y por tanto, con carácter de cosa juzgada– y a pesar de que las empresas de López habían planteado la “muy estricta urgencia” de su situación al presentarse en el fuero federal de Comodoro Rivadavia, recién 290 días después dieron el siguiente paso ante el tribunal oral. Una firma, Santa Elena, lo pidió el 10 de agosto de 2018 y las otras dos el 29 de enero de 2019. El daño, según el informe del técnico de López, se produciría si no se movían animales a fines del otoño del 2019.
¿Qué resolvió el tribunal conformado por Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso? Que el Senasa no les había denegado el permiso a las empresas de López, sino que solo les había planteado que la autorización debía ser judicial, para luego aprobar ese permiso, el 26 de abril de 2019.
Para López, sin embargo, la invocación del Senasa y sus abogados a la inhibición general fue apenas un “pretexto” para perjudicarlo. Adujo que complicó las actividades comerciales de sus empresas desde el momento en que la posición del organismo que “frustró el ciclo reproductivo del ganado”, además de provocar “una sobrepoblación que deterioró enormemente los suelos”, lo que estimó que tomará “décadas” recuperar.
Entonces director general de Asuntos Jurídicos del organismo, Medrano le salió al cruce en tribunales al contestar la demanda. Le planteó que debería mirarse al espejo. Si hubo demoras o perjuicios, indicó, lo fue por su propia inacción negligente durante más de nueve meses, por lo que se trata, adujo, de un reclamo sin fundamento. Ahora será la Justicia la que deberá evaluar lo ocurrido
Las demandas se radicaron después de que tres estrados judiciales revisaron y confirmaron que las decisiones que tomó el Senasa fueron válidas y legales
El abogado de López no precisó cuánto reclama, aunque se descuenta que será millonario porque englobaría el valor de más de 57.400 vacas, ovejas y caballos
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Un camino que tomaron Cristina y algunos de sus allegados
Impulsan causas por resarcimientos; desde pensiones hasta despidos
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acapara la atención. Pero aparecen también un exvicepresidente y otros exfuncionarios, periodistas y militantes, e incluso algunos empresarios cercanos a su espacio político, aunque también hay cambiemitas. Todos ellos demandaron al Estado nacional durante los últimos años, todos por montos multimillonarios.
La lideresa del Frente de Todos recurrió a los tribunales para defender su derecho a cobrar su pensión como exmandataria y como viuda del expresidente Néstor Kirchner que el gobierno de Mauricio Macri objetó en 2017, obligando a que eligiera una de esas dos pensiones. Ya con Alberto Fernández en la Casa Rosada –y tras un dictamen de Carlos Zannini como nuevo procurador del Tesoro–, la Anses declinó la discusión en el fuero de la Seguridad Social, tanto por el cobro de cada mes como por el retroactivo de los años que no cobró.
También durante la actual gestión de Alberto Fernández, Amado Boudou, convicto por corrupción en el caso Ciccone, le reclamó al Estado nacional el pago retroactivo de $17,1 millones de su pensión vitalicia como vicepresidente. Lidió con la Anses en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 4 y Zannini, como procurador, también dictaminó a su favor.
También recurrieron a la Justicia, pero en el fuero laboral, varios periodistas que pasaron por los medios públicos de comunicación durante el kirchnerismo. Entre ellos, Orlando Barone –al que la Justicia le reconoció una acreencia por $15 millones–, Carlos Barragán, Nora Veiras, Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Jorge Halperín y Carlos Polimeni, entre otros.
Todos ellos, al igual que la locutora que acompañó a Fernández de Kirchner durante sus actos entre 2011 y 2015, plantearon que la gestión de Cambiemos los echó, incumplió las leyes laborales, no les pagó por sus servicios ya prestados o no los indemnizó. Y una y otra vez, la Justicia les dio la razón, salvo contadas salvedades.
Con la derrota de Macri en 2019, en tanto, también se registraron casos. Como el del vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), Mario Cairella, quien protagonizó un ida y vuelta con las autoridades entrantes hasta que en 2022 radicó una demanda por despido en el fuero laboral. El pleito sigue abierto con un peritaje contable. Reclama $27,8 millones, más intereses acumulados.
Aerolíneas Argentinas resultó, sin embargo, el foco de mayor –o más visible– de conflicto tras el retorno del kirchnerismo al poder a finales de 2019. Decenas de directores y gerentes fueron despedidos y varios de ellos reclamaron que les pagaran la doble indemnización; entre ellos, uno de los rostros más visibles durante aquellas semanas fue el de Juan Uribe, quien llegó a postear en Linkedin que lo habían removido “sin causa”
Cristóbal López dio otro paso en su contraofensiva. Demandó al Senasa, a un expresidente del organismo e incluso a abogados del Estado nacional por montos multimillonarios tras concluir que le causaron un perjuicio irreparable mientras se encontraba detenido e inhibido por la llamada “causa Oil Combustibles”, la investigación que terminó con la condena del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
López sostuvo en su demanda que el Senasa, su otrora titular, Ricardo Negri, y tres letrados actuaron de manera ilegítima, y que integraron la supuesta persecución personal que le adjudicó al entonces presidente Mauricio Macri, al que también denunciaron en los tribunales federales de Comodoro Py.
La ofensiva de López contra el Senasa, Negri y los letrados Agustín Medrano, Jorge Luis Darriba y Marcos Apud se plasmó en tres demandas que las empresas Ganadera Santa Elena, Ganadera Victoria y Sucesores de Ramón Lorenzo presentaron en dos juzgados del fuero Contencioso Administrativo Federal y ante un juzgado Civil y Comercial Federal.
López se sumó así a otros empresarios, funcionarios, periodistas y militantes kirchneristas que reclamaron en sede administrativa o demandaron al Estado ante la Justicia durante los últimos años, con suerte dispar. Desde Cristina Fernández de Kirchner, que fue a los tribunales a exigir la restitución de la “asignación mensual vitalicia” como viuda del fallecido expresidente Néstor Kirchner, hasta la empresa Electroingeniería y el periodista Orlando Barone, entre otros.
En el caso de Cristóbal López, las demandas contra el Estado y sus agentes se radicaron luego de que tres estrados judiciales revisaron y confirmaron que las decisiones que tomó el Senasa fueron válidas y legales, revisiones que se encuentran firmes, según replicaron los demandados: el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, la Cámara Federal de Apelaciones con asiento en esa ciudad, y el Tribunal Oral Federal N° 3, que condenó a Echegaray y absolvió a López y De Sousa.
Por su parte, el abogado de López, Alberto Antonio Spota, no precisó cuánto le reclama al Senasa, Negri y los abogados por daño emergente y lucro cesante por su proceder, que calificó de “temerario, para no decir doloso”, aunque se descuenta que será multimillonaria ya que englobaría más de 57.400 vacas, ovejas y caballos.
Esa cifra, no obstante, también fue cuestionada. Entre otros motivos, porque los datos sobre las cabezas de ganado en danza que surgen de los informes técnicos que invocaron las empresas al acudir a la Justicia no coinciden con los números que esas mismas sociedades informaron en el Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (Sigsa) del Senasa.
Por ese motivo, el Senasa calificó el reclamo de López como “falaz y erróneo” al responder la demanda, y defendió su actuación, que remarcó que “ya ha sido sometida a control judicial, donde se ha ratificado judicialmente”. Por el contrario, abundó, los reproches deberían recaer sobre el propio López y sus socios, cuya actuación calificó de, como mínimo, “negligente”.
Otros objetivos
Las demandas personales por daños y perjuicios contra los abogados del Estado conllevarían, sin embargo, un efecto adicional: amedrentar a quienes efectúan tareas de contralor público, en línea con los castigos y las represalias que, con el retorno del kirchnerismo al poder en 2019, afrontaron los técnicos de la AFIP, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de otros organismos que investigaron al poder.
La ofensiva de López contra los abogados Medrano, Darriba y Apud registra particularidades. La primera, que los demandó sin cumplir con el intento previo de una mediación extrajudicial, como obliga la ley 26.589, lo que tornaría nula su ofensiva, algo que Spota rechazó en duros términos. La segunda, que no acreditó faltas personales de esos letrados, pero aun así los incluyó. Y, la tercera, que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, en un fallo dividido, aceptó que el empresario haya notificado a esos profesionales sobre su demanda en las oficinas públicas en las que se desempeñan, en vez de en los domicilios reales. Apelado, ahora la Corte Suprema deberá revisar ese fallo.
Pero ¿cómo comenzó la controversia? En abril de 2018, las tres empresas pretendieron arrendarle campos con decenas de miles de cabezas de ganado a un tercero, y así se lo comunicaron al Centro Regional Patagonia Sur del Senasa, aunque se encontraban alcanzadas por la inhibición general de bienes que había dispuesto el juez federal Julián Ercolini en la causa Oil, y que luego gestionó el Tribunal Oral.
Según surge de las actuaciones administrativas, López intentó avanzar con esa operación comercial, sin conocimiento del juez Ercolini, quien solo se enteró cuando le informó el Senasa, que también les pidió a esas empresas que obtuvieran la autorización judicial para avanzar en la emisión de los documentos de tránsito de los animales.
Lejos de pedirle autorización a Ercolini, sin embargo, lo intentaron a través de un amparo de “muy estricta urgencia” que recayó en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia. Les fue mal. En septiembre de 2018, la conclusión fue que resultaba “irrefutable que el Senasa actuó dentro de sus facultades, al haberse limitado a cumplir con la toma de razón de las inhibiciones que pesan sobre las referidas firmas”.
Ante esa decisión, apelaron. También les fue mal. En noviembre, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia determinó que el interesado “no ha acreditado haber solicitado la pertinente autorización ante el tribunal [por el tribunal oral del caso Oil] que ordenó la inhibición de bienes de sus arrendadoras [por las empresas de López], como así tampoco, que las mismas lo hubieren intentado y la misma les hubiera sido denegada”.
Un impasse de 290 días
Ocurrió entonces un parate singular. Firme la decisión de la Cámara Federal –y por tanto, con carácter de cosa juzgada– y a pesar de que las empresas de López habían planteado la “muy estricta urgencia” de su situación al presentarse en el fuero federal de Comodoro Rivadavia, recién 290 días después dieron el siguiente paso ante el tribunal oral. Una firma, Santa Elena, lo pidió el 10 de agosto de 2018 y las otras dos el 29 de enero de 2019. El daño, según el informe del técnico de López, se produciría si no se movían animales a fines del otoño del 2019.
¿Qué resolvió el tribunal conformado por Fernando Machado Pelloni, Javier Feliciano Ríos y Andrés Basso? Que el Senasa no les había denegado el permiso a las empresas de López, sino que solo les había planteado que la autorización debía ser judicial, para luego aprobar ese permiso, el 26 de abril de 2019.
Para López, sin embargo, la invocación del Senasa y sus abogados a la inhibición general fue apenas un “pretexto” para perjudicarlo. Adujo que complicó las actividades comerciales de sus empresas desde el momento en que la posición del organismo que “frustró el ciclo reproductivo del ganado”, además de provocar “una sobrepoblación que deterioró enormemente los suelos”, lo que estimó que tomará “décadas” recuperar.
Entonces director general de Asuntos Jurídicos del organismo, Medrano le salió al cruce en tribunales al contestar la demanda. Le planteó que debería mirarse al espejo. Si hubo demoras o perjuicios, indicó, lo fue por su propia inacción negligente durante más de nueve meses, por lo que se trata, adujo, de un reclamo sin fundamento. Ahora será la Justicia la que deberá evaluar lo ocurrido
Las demandas se radicaron después de que tres estrados judiciales revisaron y confirmaron que las decisiones que tomó el Senasa fueron válidas y legales
El abogado de López no precisó cuánto reclama, aunque se descuenta que será millonario porque englobaría el valor de más de 57.400 vacas, ovejas y caballos
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Un camino que tomaron Cristina y algunos de sus allegados
Impulsan causas por resarcimientos; desde pensiones hasta despidos
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acapara la atención. Pero aparecen también un exvicepresidente y otros exfuncionarios, periodistas y militantes, e incluso algunos empresarios cercanos a su espacio político, aunque también hay cambiemitas. Todos ellos demandaron al Estado nacional durante los últimos años, todos por montos multimillonarios.
La lideresa del Frente de Todos recurrió a los tribunales para defender su derecho a cobrar su pensión como exmandataria y como viuda del expresidente Néstor Kirchner que el gobierno de Mauricio Macri objetó en 2017, obligando a que eligiera una de esas dos pensiones. Ya con Alberto Fernández en la Casa Rosada –y tras un dictamen de Carlos Zannini como nuevo procurador del Tesoro–, la Anses declinó la discusión en el fuero de la Seguridad Social, tanto por el cobro de cada mes como por el retroactivo de los años que no cobró.
También durante la actual gestión de Alberto Fernández, Amado Boudou, convicto por corrupción en el caso Ciccone, le reclamó al Estado nacional el pago retroactivo de $17,1 millones de su pensión vitalicia como vicepresidente. Lidió con la Anses en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 4 y Zannini, como procurador, también dictaminó a su favor.
También recurrieron a la Justicia, pero en el fuero laboral, varios periodistas que pasaron por los medios públicos de comunicación durante el kirchnerismo. Entre ellos, Orlando Barone –al que la Justicia le reconoció una acreencia por $15 millones–, Carlos Barragán, Nora Veiras, Edgardo Mocca, Roberto Caballero, Jorge Halperín y Carlos Polimeni, entre otros.
Todos ellos, al igual que la locutora que acompañó a Fernández de Kirchner durante sus actos entre 2011 y 2015, plantearon que la gestión de Cambiemos los echó, incumplió las leyes laborales, no les pagó por sus servicios ya prestados o no los indemnizó. Y una y otra vez, la Justicia les dio la razón, salvo contadas salvedades.
Con la derrota de Macri en 2019, en tanto, también se registraron casos. Como el del vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), Mario Cairella, quien protagonizó un ida y vuelta con las autoridades entrantes hasta que en 2022 radicó una demanda por despido en el fuero laboral. El pleito sigue abierto con un peritaje contable. Reclama $27,8 millones, más intereses acumulados.
Aerolíneas Argentinas resultó, sin embargo, el foco de mayor –o más visible– de conflicto tras el retorno del kirchnerismo al poder a finales de 2019. Decenas de directores y gerentes fueron despedidos y varios de ellos reclamaron que les pagaran la doble indemnización; entre ellos, uno de los rostros más visibles durante aquellas semanas fue el de Juan Uribe, quien llegó a postear en Linkedin que lo habían removido “sin causa”
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