Alarma entre los exportadores por el costo del peaje de la principal vía comercial del país
El Gobierno busca elevar la tarifa de la Hidrovía para hacer frente a una deuda del Estado con la empresa de dragado, de casi US$95 millones en total; fuertes presiones
Paula Urien
El posible aumento de más del 60% del peaje de la Hidrovía, la “autopista” fluvial por la que sale del país el 80% de las exportaciones argentinas, puso en alerta al sector privado. La tarifa que se paga para pasar por allí hoy equivale a US$3,06 TNR (tonelada transportable), pero en un informe, la Administración General de Puertos (AGP), después de analizar los costos de mantenimiento de la Hidrovía, llegó a la conclusión de que “bajo las condiciones actuales se necesitaría una tarifa adicional para el tramo Santa Fe-Océano de US$1,92/TRN”. Con estos números, agregar un costo de esa magnitud representaría una proporción considerable. Esto desató una tormenta de preocupación entre los usuarios. Es decir, empresas de gran volumen nucleadas en importantes organizaciones del sector privado.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara Argentina del Acero, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina, el Puerto de La Plata; la Cámara de Exportadores de la República Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras entidades, enviaron por escrito sus razones para afirmar que esta medida no es conveniente. Fue en el marco del plazo de participación ciudadana, ya concluido, que había convocado el Gobierno para la revisión tarifaria del peaje en el tramo Puerto de Santa Fe-Océano de la Vía Navegable Troncal (VNT), más conocido como “Hidrovía” (desde el kilómetro 1238 del río Paraná, llamado Confluencia, hasta la zona de aguas profundas naturales en el Río de la Plata).
Esta vía navegable es una de las grandes ventajas competitivas que tiene el país. Por allí se moviliza el 82% de los despachos de exportación argentinos de granos, harinas y aceites, el 91% de la carga de contenedores y el 99% de la carga automotriz. Por lo tanto, también funciona como la puerta de entrada de las tan necesarias divisas.
“Todas las entidades nos hemos manifestado en contra del aumento de la tarifa, que llega al 66%”, dice a Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CiaraCEC). “Sin embargo, el Gobierno, mientras nosotros mandábamos las notas, ya les manifestó a las agencias marítimas que va a subir la tarifa. La verdad es que esto es sorpresivo y dañino porque implica una pérdida de competitividad, pero además [el aumento] se va a trasladar a precios y va a repercutir en el mercado interno y en los productores”, asegura.
Según fuentes oficiales vinculadas a la Administración General de Puertos (AGP), el organismo que gestiona la VNT, “falta todo el proceso interno de la AGP, junto con Transporte, que depende del Ministerio de Economía, y esto va a llevar unos días más. La AGP va a realizar un informe y se publicará una resolución. Recién ahí se va a definir el nuevo cuadro tarifario”.
Durante el proceso de consulta, la empresa de dragado que está operando la Hidrovía a través de una contratación directa desde septiembre de 2021, la belga Jan De Nul (en la Argentina, Compañía Sud Americana de Dragados), fue a lo concreto y preguntó por lo que el Estado le debe. Dentro del esquema de participación ciudadana, comunicó: “Entendemos que la propuesta de la AGP sería incrementar la tarifa básica hasta US$4,98 TNR para el transporte internacional (durante los primeros tres años) y hasta $824,8 para el transporte doméstico”.
La empresa pidió confirmar la fecha estimada a partir de la cual regiría la nueva tarifa y definir si aumentará en etapas. Además, puso por escrito que “del incremento propuesto por la AGP para el transporte internacional, US$0,48/TRN estaría asociado al repago de deudas y previsiones pendientes de pago”, y agregó que quiere saber si esa porción del ajuste se va a destinar a la cancelación de deudas de manera automática o si la “AGP seguirá repagando esas deudas y previsiones en base a la disponibilidad de caja que se genera en la VNT”.
Esta deuda heredada por el gobierno de Javier Milei se generó en parte por la sequía del año pasado, por la cual disminuyó el movimiento de buques graneleros y se recaudó menos dinero en concepto del peaje, aunque el dragado se debe hacer de todas maneras. Fuentes cercanas a la empresa belga afirman que se le deben alrededor de US$80 millones y que “el Gobierno está pagando”.
Según un informe de la AGP, la facturación por la operación de la Hidrovía fue de US$212 millones en 2022, “superando el ingreso anual que históricamente la VNT percibía (en promedio, el ingreso es inferior a los US$200 millones). Esto impactó positivamente en la recaudación. La bajante histórica del río hizo que se necesitaran más embarcaciones para una carga similar. Sin embargo, el ente estatal observó que, “durante el año 2023, el efecto de la sequía impactó negativamente en el tráfico de graneleros, resultando en una baja mayor al 40% comparada contra el año 2022. Se espera una recuperación para el año 2024”.
La entidad gubernamental admitió que el resultado total de las deudas y los créditos asciende finalmente a US$94,8 millones. A la deuda contraída con la empresa de dragado, sumó otras razones a las causas del desequilibrio financiero, como la diferencia cambiaria. De acuerdo con el análisis oficial, la tarifa acumula diez años sin actualizarse y, en consecuencia, está atrasada.
A partir de estos números, desde el Centro de Navegación dijeron en su escrito que “hasta 2022, la AGP contaba con un resultado de ejercicio superavitario, con la misma estructura contractual y tarifaria que la actual, lo cual permite, a priori, establecer como definición que “no cabe castigar la película por una mala foto”.
Durante más de dos décadas en las que estuvo en marcha la licitación de las obras, estas fueron a riesgo empresario, por lo que no hubo deudas, pero el 30 de abril de 2021 finalizó la concesión a manos de Hidrovía SA –para el dragado y balizamiento de la VNT– y el gobierno de Alberto Fernández no llamó a una compulsa a riesgo empresario. Ese proceso todavía está pendiente. En el sector lo califican como urgente y creen que la operación debería licitarse por lo menos por 15 años. Calculan que este sistema ya podría estar vigente a fines de 2025, pero afirman que “hoy el problema es el corto plazo”.
Un no rotundo
Antes de que haya una definición oficial sobre la tarifa, la Unión Industrial Argentina (UIA), por su parte, consideró que el incremento tarifario tendría “un efecto directo en los costos de flete, que afectan la competitividad de las exportaciones argentinas y los costos de los insumos importados necesarios para la operación de las cadenas de valor. Los aumentos en el peaje de la Vía Navegable Troncal podrían incrementarse entre el 46% y el 63%”, alertó la entidad liderada por Daniel Funes de Rioja. Incluso, desde la UIA hablaron de un atentado contra la competitividad y de que “la tarifa propuesta por la AGP podría incrementar todos los costos de importación y exportación de graneles en más de un dólar por tonelada y los costos de los contenedores de importación y exportación en valores que oscilarán entre los 60 y 85 dólares extras”.
Consideran que el concesionario debería “absorber sus pérdidas”. Según la UIA, “mover un contenedor de 40 pies en Argentina llega a ser hasta 3 veces más caro para las exportaciones en comparación a otros puertos de la región y hasta 7 veces más caro para el caso de las importaciones”. La cámara que nuclea a los industriales aduce que, con el incremento, “el movimiento de cada contenedor podría elevarse entre US$60 y U$S70 adicionales”.
Las propuestas de los industriales incluyen que se realice una pronta licitación, que se limiten las tareas de dragado solo a las zonas mandatorias, que no se carguen sobre este contrato costos anexos de la AGP y que no se pase a los usuarios futuros la deuda pasada generada por temas de gestión y administración.
La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), al igual que otras cámaras empresarias, manifestó a la AGP durante el proceso de consulta que “según el numeral 2.5 del Contrato de Concesión vigente entre el Concedente (Estado nacional) y el Concesionario (Administración General de Puertos SE), la Concesión es a exclusivo riesgo del Concesionario”.
Otras opciones Según la propuesta de la Cámara Argentina del Acero, “el análisis de los costos actuales de dragado y balizamiento revela que existen ofertas en el mercado que podrían realizar estas tareas a un costo significativamente menor al que se está pagando actualmente”.
En el ínterin, DEME, otra empresa de dragado que también es belga, envió una carta al Gobierno con fecha 12 de agosto para proponer “que en lugar de incrementarse la tarifa del peaje de la VNT se opte por reducir los costos del mantenimiento de su dragado, convocando a los interesados en prestar esos servicios a un proceso competitivo de selección de contratistas”. En la carta, la firma belga agregó que “DEME Group se encuentra en condiciones de prestar los servicios de dragado ofrecidos en términos competitivos, por precios inferiores a los acordados bajo el contrato vigente para dichos servicios, y con la posibilidad de comenzar a ejecutar y financiar las tareas pertinentes en el plazo de 30 días a partir de la obtención del tratamiento de bandera nacional”.
El corto plazo, es decir, esos meses hasta que el resultado de la licitación larga esté definida, también está en juego. Se lanza así nuevamente una competencia feroz por el trabajo de mantenimiento de la VNT. Mientras, el sector privado se mantiene expectante.
Por la hidrovía se movilizan el 82% de los despachos de exportación argentinos de granos, harina y aceites, el 91% de la carga de contenedores y el 99% de la carga automotriz. Por lo tanto, también funciona como la puerta de entrada de divisas
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Un grito de guerra libertario
La sanción de la ley jubilatoria se interpretó como una afrenta para destruir el pilar del plan económico; las nuevas medidas que analizaron en la cumbre con su equipo
José Del Rio
Milei con su equipo económico, en una semana muy intensa x
“H e vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado… Esto de ‘bueno, no importa, después vemos cómo se financia’ me suena demasiado ingenuo”. La frase corresponde, paradójicamente, a Cristina Kirchner, quien el 14 de octubre de 2010 vetó la ley que había sido aprobada por el Congreso y que establecía una jubilación mínima que representaba el 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Catorce años después la historia vuelve a repetirse, aunque con una diferencia sustancial. En ese entonces el proyecto se había aprobado por una mayoría muy finita y ahora los números de la ley que recompone un 8,1% las jubilaciones están en alza tras los reproches e internas tanto del oficialismo como de la oposición.
La respuesta del Gobierno terminó de gestarse el jueves poco después de las 19.45, en un encuentro que se llevó adelante en la sala de la Jefatura de Gabinete de la quinta de Olivos. Allí el presidente Javier Milei estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de 18 invitados. A su izquierda, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; a la derecha, Luis Toto Caputo, ministro de Economía, e inmediatamente al lado, el diputado José Luis Espert, su apuesta en la provincia de Buenos Aires para la batalla electoral de 2025. La ubicación de ellos no fue casual. El propio Presidente les pidió que se pusieran a su lado.
También estaban Maximiliano Fariña (secretario de Transformación del Estado), Pablo Quirno (secretario de Finanzas), Vladimir Werning (vicepresidente del Banco Central), Demian Reidel, Miguel Ángel Boggiano, Federico Furiase y Lucas Llach, entre otros economistas con roles muy disímiles en el Gobierno.
El 70 por ciento del tiempo se dedicó a analizar punto por punto el Pacto de Mayo, que se firmó en julio, y el 30 por ciento, para la respuesta formal a la que definieron como “la madre de todas las batallas”. En ningún momento se minimizó la sensibilidad que implica el tema de las jubilaciones en la Argentina, pero interpretaron la jugada política como una decisión de destruirles el plan económico. O al menos lo que suponen su pilar central: el superávit.
Sin eufemismos, fue el propio Presidente quien confirmó en el inicio de su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario que vetará el proyecto y volvió a llamar “degenerados fiscales” a los miembros del Congreso. “Votaron un disparate que implica un 62% del PBI de toma de deuda, que les cuesta a los argentinos US$370.000 millones, arruinándoles la vida a generaciones futuras”, agregó.
Desde la oposición, en tanto, tomaron el guante y uno de los más duros fue el senador nacional por la Unión Cívica Radical Martín Lousteau, a través de la red social X: “Decían que no había plata y que el ajuste lo iba a pagar la casta. Pero hay plata para aviones de guerra. Hay plata para bajarles los impuestos a los ricos. Hay plata para los viajes privados del Presidente. Hay plata para el blanqueo de los evasores seriales. Hay plata para darle 100.000 millones a la SIDE. ¿Irresponsabilidad fiscal o prioridades diferentes?”, disparó el flamante presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Fue el propio Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien salió a responderle: “El senador Lousteau hizo un comentario cuando se trató la ley sobre que había plata para la SIDE y no para los jubilados. Me parece que el comentario del senador, que se ha convertido al kirchnerismo más rancio, es bastante ridículo. Es como comparar manzanas con bananas, son cosas absolutamente diferentes”, sentenció Francos.
Tras una primera fase de dos horas, el encuentro del Presidente con sus espadas económicas continuó en el quincho, donde la parrilla estaba lista. Chorizo, vacío y ensalada rusa fueron los elegidos principales. “Casta, vení a tocarnos el superávit”, postearon luego en la red social de Elon Musk, a modo de grito de guerra. “Los jubilados cobran miseria porque el sistema está quebrado por el populismo”, resumió Espert.
El veto presidencial tiene una arista compleja en términos de agenda futura. Las encuestas de opinión pública plantean el tema jubilaciones como un punto muy empático por parte de la sociedad y muy antipático desde la política. Es decir que a un gobierno que mira muy de cerca los niveles de aceptación esta agenda le es muy compleja.
“Es en esos puntos en los que los grandes números importan poco a la sociedad, que lo vuelca a la realidad de cada uno de los jubilados de su familia. Es un mundo difícil de construir para un gobierno que tiene como fortaleza la comunicación. El riesgo es que se convierta en un conflicto similar al de las universidades, porque si hay algo que no son los jubilados es casta. Hay algunos ejes en los que la sociedad no compra el no hay plata y este es uno de ellos”, graficó en off the record uno de los analistas que mejor posicionamiento le dan a Milei en la aceptación pública.
Y agregó: “El peronismo y los anti-Milei encontraron aquí un talón de Aquiles difícil de rebatir. La gente mira su metro cuadrado y es muy difícil de defender la medida con los valores reales que ganan hoy las personas que no están en actividad”, cerró.
El exministro de Economía y extitular del Banco Central Alfonso Prat-Gay tiene una mirada definitiva respecto del debate actual. “El kirchnerismo, que siempre saqueó a los jubilados, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ahora los usa para intentar un rédito político”.
En ese sentido, Unión por la Patria emitió un comunicado con el título: “Motosierra para los más débiles. Con el veto, Milei les cae con toda la crueldad a las y los jubilados”. El kirchnerismo se mostró unido en este campo tras el tsunami de las denuncias de agresión de Fabiola Yañez y la investigación judicial abierta por el caso de los seguros que mantuvo a sus referentes con los grupos de WhatsApp al rojo vivo.
Prat-Gay cree también que “el gobierno actual oculta que a los jubilados, no a la casta, se les sacó cinco veces más que el 0,4% del PBI que anunció al inicio del año. Y miente cuando dice que peligra el déficit cero porque el superávit acumulado hasta agosto es mayor que el impacto fiscal de la ley”.
Los referentes libertarios tienen una mirada definitiva sobre el contexto. “Es una movida política para romper el superávit. Es el principio. Nos están midiendo y es increíble que todos los que estuvieron mudos entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, en que cayeron 30 por ciento las jubilaciones, estén preocupados. Esto va por el kirchnerismo y también por sus socios, como Lousteau. Da muchísima bronca. Imaginate que el ajuste que hicieron ellos a los jubilados era encima con un ‘plan platita’ donde la expansión no tenía ningún respaldo y ahora vienen con populismo barato. Caraduras”, se enojaron en el quinto piso del Ministerio de Economía.
La cuenta que allí hacen es que este proyecto cuesta 1,2 por ciento del producto bruto interno y que no tiene absolutamente ninguna contrapartida para financiarlo. Para explicarlo en términos simples, si considera el flujo de gasto que impone la nueva ley, representa en valor presente una deuda que se le carga al Estado de 24% del PBI, según los cálculos oficiales. Sin embargo, un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal de la medida es menor. De acuerdo con ese trabajo, el impacto fiscal adicional para 2024 de la nueva fórmula sería de 0,44% del PBI.
“Es el ejemplo más característico de por qué no se puede ceder. La propia Cristina en su momento vetó un proyecto de movilidad y Alberto Fernández los licuó desde el día uno. A Macri por una reforma superadora el peronismo le tiró 14 toneladas de piedras. Pero así funciona la política que nos llevó adonde hoy estamos y que siempre busca atajos”, graficó una de las personas de mayor confianza del presidente de la Nación.
En el Ministerio de Economía están convencidos de una jugada destructiva en ciernes. “Son los mismos protagonistas que generaron déficit en 113 de los últimos 123 años. Éramos el peor alumno de la clase y ahora somos los más tragas. No hay país que tenga el equilibrio monetario y la ortodoxia que estamos imponiendo. Tienen miedo de que nos vaya bien. Sabemos que la inflación bajará y la economía empezará a recuperarse, pero no por casualidad, sino por causalidad, y esto les molesta. Por eso lo vivimos como un grito de guerra y vamos a morir con las botas puestas”, agregaron en Economía, donde preparan para los próximos días varias medidas que tienen varios ejes.
La complejidad de esta agenda legislativa la miran también los inversores. De raíz, cuando el veto se produzca eso hará que el proyecto regrese al Congreso y es muy probable que los dos tercios en el Senado estén garantizados y que, incluso, en Diputados el número para aprobarlo crezca por encima de los 160 legisladores iniciales después de las idas y venidas del propio Milei con sus aliados políticos de Pro.
Las urgencias de corto plazo
Mientras sigue el debate por las jubilaciones, hay otras medidas que llegan. En Economía consideran que el primer pago relevante de deuda es en enero de 2026, porque para el año próximo ya tienen los dólares para los intereses y buscarán los fondos necesarios para conseguir cubrir el capital y no hacer rollover (mantener una posición abierta más allá de su vencimiento). La negociación formal con el Fondo Monetario Internacional comenzará en la segunda quincena de septiembre y descuentan que el dólar seguirá estable. Seguirán absorbiendo un billón de pesos por mes. “Ese cambio es sustancial. Por eso el superávit no se negocia”, admiten cerca de las huestes de Caputo.
A su vez, la titular de la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Florencia Misrahi, se reunió con su par del Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos, Daniel Werfel, para avanzar en los detalles sobre el primer intercambio automático de información entre ambos organismos, que brindará datos vinculados a cuentas financieras. El blanqueo tendrá esta novedad que corre desde septiembre y los contribuyentes podrán declarar sus ahorros sin costo, pero luego no podrán ingresar a ninguna otra iniciativa de este tipo hasta 2038.
Además, hay un punto adicional que surgió del encuentro de Milei con su equipo económico. Allí se definió que la agenda de desregulación tendrá una medida por día para que –según su visión– la inflación continúe bajando y el camino sea irreversible. Se conversó también sobre el sistema de coparticipación en el que coincidieron que hay que hacer cambios, pero que ese frente quedará abierto para después de las legislativas. Lo mismo con la reforma laboral de fondo.
Ahora habrá que avanzar con el sistema de multas, el período de cese y de prueba incluido en la Ley Bases, para luego ir por la cuestión más estructural que es lo que definen como la batalla contra la casta sindical. Eso implica acotar la duración de los mandatos de los secretarios generales de los sindicatos al mismo plazo que un presidente, terminar con el unicato y avanzar con lo que llaman la democracia sindical. Además, habrá novedades en la Secretaría de Comercio. Esta semana se realizarán anuncios de bajas arancelarias y paraarancelarias para tratar de disminuir lo que denominan el costo argentino.
La micro también tendrá novedades. Después de poner la mira en el pan lactal, que, según el Gobierno, “sigue caro”, habrá un seguimiento para los valores de la leche, a la que también tienen como objetivo. En alimentos y bebidas hay una estrategia caso por caso que estará más vinculada con desregular que con sumar controles. Además, la baja de diez puntos del impuesto PAIS se convertirá en realidad en los próximos días en los que la política ya cantó jaque y los economistas sueñan con decir mate. ●
Las encuestas plantean que las jubilaciones son un tema muy empático
“H e vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado. Basta de estafar al Estado… Esto de ‘bueno, no importa, después vemos cómo se financia’ me suena demasiado ingenuo”. La frase corresponde, paradójicamente, a Cristina Kirchner, quien el 14 de octubre de 2010 vetó la ley que había sido aprobada por el Congreso y que establecía una jubilación mínima que representaba el 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Catorce años después la historia vuelve a repetirse, aunque con una diferencia sustancial. En ese entonces el proyecto se había aprobado por una mayoría muy finita y ahora los números de la ley que recompone un 8,1% las jubilaciones están en alza tras los reproches e internas tanto del oficialismo como de la oposición.
La respuesta del Gobierno terminó de gestarse el jueves poco después de las 19.45, en un encuentro que se llevó adelante en la sala de la Jefatura de Gabinete de la quinta de Olivos. Allí el presidente Javier Milei estaba sentado a la cabeza de una larga mesa de 18 invitados. A su izquierda, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; a la derecha, Luis Toto Caputo, ministro de Economía, e inmediatamente al lado, el diputado José Luis Espert, su apuesta en la provincia de Buenos Aires para la batalla electoral de 2025. La ubicación de ellos no fue casual. El propio Presidente les pidió que se pusieran a su lado.
También estaban Maximiliano Fariña (secretario de Transformación del Estado), Pablo Quirno (secretario de Finanzas), Vladimir Werning (vicepresidente del Banco Central), Demian Reidel, Miguel Ángel Boggiano, Federico Furiase y Lucas Llach, entre otros economistas con roles muy disímiles en el Gobierno.
El 70 por ciento del tiempo se dedicó a analizar punto por punto el Pacto de Mayo, que se firmó en julio, y el 30 por ciento, para la respuesta formal a la que definieron como “la madre de todas las batallas”. En ningún momento se minimizó la sensibilidad que implica el tema de las jubilaciones en la Argentina, pero interpretaron la jugada política como una decisión de destruirles el plan económico. O al menos lo que suponen su pilar central: el superávit.
Sin eufemismos, fue el propio Presidente quien confirmó en el inicio de su discurso en la Bolsa de Comercio de Rosario que vetará el proyecto y volvió a llamar “degenerados fiscales” a los miembros del Congreso. “Votaron un disparate que implica un 62% del PBI de toma de deuda, que les cuesta a los argentinos US$370.000 millones, arruinándoles la vida a generaciones futuras”, agregó.
Desde la oposición, en tanto, tomaron el guante y uno de los más duros fue el senador nacional por la Unión Cívica Radical Martín Lousteau, a través de la red social X: “Decían que no había plata y que el ajuste lo iba a pagar la casta. Pero hay plata para aviones de guerra. Hay plata para bajarles los impuestos a los ricos. Hay plata para los viajes privados del Presidente. Hay plata para el blanqueo de los evasores seriales. Hay plata para darle 100.000 millones a la SIDE. ¿Irresponsabilidad fiscal o prioridades diferentes?”, disparó el flamante presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Fue el propio Guillermo Francos, jefe de Gabinete, quien salió a responderle: “El senador Lousteau hizo un comentario cuando se trató la ley sobre que había plata para la SIDE y no para los jubilados. Me parece que el comentario del senador, que se ha convertido al kirchnerismo más rancio, es bastante ridículo. Es como comparar manzanas con bananas, son cosas absolutamente diferentes”, sentenció Francos.
Tras una primera fase de dos horas, el encuentro del Presidente con sus espadas económicas continuó en el quincho, donde la parrilla estaba lista. Chorizo, vacío y ensalada rusa fueron los elegidos principales. “Casta, vení a tocarnos el superávit”, postearon luego en la red social de Elon Musk, a modo de grito de guerra. “Los jubilados cobran miseria porque el sistema está quebrado por el populismo”, resumió Espert.
El veto presidencial tiene una arista compleja en términos de agenda futura. Las encuestas de opinión pública plantean el tema jubilaciones como un punto muy empático por parte de la sociedad y muy antipático desde la política. Es decir que a un gobierno que mira muy de cerca los niveles de aceptación esta agenda le es muy compleja.
“Es en esos puntos en los que los grandes números importan poco a la sociedad, que lo vuelca a la realidad de cada uno de los jubilados de su familia. Es un mundo difícil de construir para un gobierno que tiene como fortaleza la comunicación. El riesgo es que se convierta en un conflicto similar al de las universidades, porque si hay algo que no son los jubilados es casta. Hay algunos ejes en los que la sociedad no compra el no hay plata y este es uno de ellos”, graficó en off the record uno de los analistas que mejor posicionamiento le dan a Milei en la aceptación pública.
Y agregó: “El peronismo y los anti-Milei encontraron aquí un talón de Aquiles difícil de rebatir. La gente mira su metro cuadrado y es muy difícil de defender la medida con los valores reales que ganan hoy las personas que no están en actividad”, cerró.
El exministro de Economía y extitular del Banco Central Alfonso Prat-Gay tiene una mirada definitiva respecto del debate actual. “El kirchnerismo, que siempre saqueó a los jubilados, con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, ahora los usa para intentar un rédito político”.
En ese sentido, Unión por la Patria emitió un comunicado con el título: “Motosierra para los más débiles. Con el veto, Milei les cae con toda la crueldad a las y los jubilados”. El kirchnerismo se mostró unido en este campo tras el tsunami de las denuncias de agresión de Fabiola Yañez y la investigación judicial abierta por el caso de los seguros que mantuvo a sus referentes con los grupos de WhatsApp al rojo vivo.
Prat-Gay cree también que “el gobierno actual oculta que a los jubilados, no a la casta, se les sacó cinco veces más que el 0,4% del PBI que anunció al inicio del año. Y miente cuando dice que peligra el déficit cero porque el superávit acumulado hasta agosto es mayor que el impacto fiscal de la ley”.
Los referentes libertarios tienen una mirada definitiva sobre el contexto. “Es una movida política para romper el superávit. Es el principio. Nos están midiendo y es increíble que todos los que estuvieron mudos entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023, en que cayeron 30 por ciento las jubilaciones, estén preocupados. Esto va por el kirchnerismo y también por sus socios, como Lousteau. Da muchísima bronca. Imaginate que el ajuste que hicieron ellos a los jubilados era encima con un ‘plan platita’ donde la expansión no tenía ningún respaldo y ahora vienen con populismo barato. Caraduras”, se enojaron en el quinto piso del Ministerio de Economía.
La cuenta que allí hacen es que este proyecto cuesta 1,2 por ciento del producto bruto interno y que no tiene absolutamente ninguna contrapartida para financiarlo. Para explicarlo en términos simples, si considera el flujo de gasto que impone la nueva ley, representa en valor presente una deuda que se le carga al Estado de 24% del PBI, según los cálculos oficiales. Sin embargo, un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que el costo fiscal de la medida es menor. De acuerdo con ese trabajo, el impacto fiscal adicional para 2024 de la nueva fórmula sería de 0,44% del PBI.
“Es el ejemplo más característico de por qué no se puede ceder. La propia Cristina en su momento vetó un proyecto de movilidad y Alberto Fernández los licuó desde el día uno. A Macri por una reforma superadora el peronismo le tiró 14 toneladas de piedras. Pero así funciona la política que nos llevó adonde hoy estamos y que siempre busca atajos”, graficó una de las personas de mayor confianza del presidente de la Nación.
En el Ministerio de Economía están convencidos de una jugada destructiva en ciernes. “Son los mismos protagonistas que generaron déficit en 113 de los últimos 123 años. Éramos el peor alumno de la clase y ahora somos los más tragas. No hay país que tenga el equilibrio monetario y la ortodoxia que estamos imponiendo. Tienen miedo de que nos vaya bien. Sabemos que la inflación bajará y la economía empezará a recuperarse, pero no por casualidad, sino por causalidad, y esto les molesta. Por eso lo vivimos como un grito de guerra y vamos a morir con las botas puestas”, agregaron en Economía, donde preparan para los próximos días varias medidas que tienen varios ejes.
La complejidad de esta agenda legislativa la miran también los inversores. De raíz, cuando el veto se produzca eso hará que el proyecto regrese al Congreso y es muy probable que los dos tercios en el Senado estén garantizados y que, incluso, en Diputados el número para aprobarlo crezca por encima de los 160 legisladores iniciales después de las idas y venidas del propio Milei con sus aliados políticos de Pro.
Las urgencias de corto plazo
Mientras sigue el debate por las jubilaciones, hay otras medidas que llegan. En Economía consideran que el primer pago relevante de deuda es en enero de 2026, porque para el año próximo ya tienen los dólares para los intereses y buscarán los fondos necesarios para conseguir cubrir el capital y no hacer rollover (mantener una posición abierta más allá de su vencimiento). La negociación formal con el Fondo Monetario Internacional comenzará en la segunda quincena de septiembre y descuentan que el dólar seguirá estable. Seguirán absorbiendo un billón de pesos por mes. “Ese cambio es sustancial. Por eso el superávit no se negocia”, admiten cerca de las huestes de Caputo.
A su vez, la titular de la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Florencia Misrahi, se reunió con su par del Internal Revenue Service (IRS) de Estados Unidos, Daniel Werfel, para avanzar en los detalles sobre el primer intercambio automático de información entre ambos organismos, que brindará datos vinculados a cuentas financieras. El blanqueo tendrá esta novedad que corre desde septiembre y los contribuyentes podrán declarar sus ahorros sin costo, pero luego no podrán ingresar a ninguna otra iniciativa de este tipo hasta 2038.
Además, hay un punto adicional que surgió del encuentro de Milei con su equipo económico. Allí se definió que la agenda de desregulación tendrá una medida por día para que –según su visión– la inflación continúe bajando y el camino sea irreversible. Se conversó también sobre el sistema de coparticipación en el que coincidieron que hay que hacer cambios, pero que ese frente quedará abierto para después de las legislativas. Lo mismo con la reforma laboral de fondo.
Ahora habrá que avanzar con el sistema de multas, el período de cese y de prueba incluido en la Ley Bases, para luego ir por la cuestión más estructural que es lo que definen como la batalla contra la casta sindical. Eso implica acotar la duración de los mandatos de los secretarios generales de los sindicatos al mismo plazo que un presidente, terminar con el unicato y avanzar con lo que llaman la democracia sindical. Además, habrá novedades en la Secretaría de Comercio. Esta semana se realizarán anuncios de bajas arancelarias y paraarancelarias para tratar de disminuir lo que denominan el costo argentino.
La micro también tendrá novedades. Después de poner la mira en el pan lactal, que, según el Gobierno, “sigue caro”, habrá un seguimiento para los valores de la leche, a la que también tienen como objetivo. En alimentos y bebidas hay una estrategia caso por caso que estará más vinculada con desregular que con sumar controles. Además, la baja de diez puntos del impuesto PAIS se convertirá en realidad en los próximos días en los que la política ya cantó jaque y los economistas sueñan con decir mate. ●
Las encuestas plantean que las jubilaciones son un tema muy empático
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