EN LA CALLE,....

El clima de tensión volvió a dominar en las inmediaciones del Congreso
Manifestantes de izquierda se enfrentaron nuevamente con las fuerzas de seguridad y arrojaron botellas; hubo corridas y gases lacrimógenos; se sumaron diputados

Gustavo SchaposnikEl enfrentamiento entre los manifestantes y la Gendarmería en las inmediaciones del Congreso
Mientras en el recinto de la Cámara de Diputados se sucedían los discursos en el debate por la ley ómnibus, en las inmediaciones del Congreso volvió a registrarse ayer un clima de fuerte tensión entre manifestantes de izquierda, grupos kirchneristas y las fuerzas policiales. Según pudo constatar en el lugar hubo corridas, empujones y al menos un militante detenido. También se respiraron gases lacrimógenos y un grupo de diputados abandonó el recinto para plegarse a las protestas en medio de la sesión.
La tensión se generó cuando los policías avanzaron sobre los manifestantes para incautarles los palos en los que portaban sus banderas, por considerar que eran “elementos contundentes”. La cantidad de militantes, que fue poca durante buena parte de la jornada, comenzó a aumentar por la tarde. A las organizaciones de izquierda se sumaron otras, como el Movimiento
Evita. En medio de la tensión, el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni sufrió una “descompensación” y fue atendido por el SAME.
Entre los manifestantes también hubo otro hombre que resultó herido, con la nariz sangrando.También hubo miembros de las fuerzas de seguridad heridos por los botellazos que tiraron los manifestantes.
En medio de los incidentes, la Gendarmería avanzó para despejar la avenida Rivadavia, mientras los diputados de izquierda Myriam Bregman y Nicolás del Caño reclamaban a las fuerzas de seguridad “el cese de la represión”. Incluso, la legisladora pidió desde la calle que se suspendiera la sesión. Su colega de bancada Cristian Castillo lo hizo también desde el recinto. Era la intención de la izquierda.
A su vez, varios diputados de Unión por la Patria, con Máximo Kirchner a la cabeza, salieron del Congreso para manifestar su rechazo a los incidentes. También se vio a Santiago Cafiero, Victoria Tolosa Paz y Leandro Santoro. “El derecho a la protesta tiene garantía constitucional y hay que garantizarlo”, dijo Santoro a Al rato volvieron al recinto para retomar la lista de oradores y evitar que se acelerara la sesión.
Mientras tanto, el accionar de las fuerzas de seguridad incluyó la detonación de postas de goma y la utilización de gas lacrimógeno, a la vez que avanzó un camión hidrante sobre la Plaza del Congreso. En el operativo participaron la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, que responden a las órdenes de la ministra Patricia Bullrich. Más temprano estuvo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que no había participado la jornada anterior.
En horas de la tarde, columnas del Polo Obrero que protestaban en la Casa de Mendoza –en la provincia cuyana hubo detenidos en medio de las protestas– comenzaron a marchar por Callao, en sentido contrario al tránsito, hacia el Congreso. Habían acordado con la Policía de la Ciudad ocupar un solo carril de la avenida y una amplia cantidad de efectivos los custodiaban. A su vez, agentes de la Policía Federal esperaban posicionados en la esquina de Rivadavia.
“Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”, cantaban. Al llegar al Congreso, subieron a la plaza contenidos por la policía. De repente, empezaron a volar objetos. Un militante descubrió que un palo de caña de bambú que hacía de mástil de bandera del MST también podía convertirse en un arma contra la policía; los efectivos respondieron con un gas pimienta que no dispersó del todo a los manifestantes. Fue el inicio de una escalada que terminó con incidentes por segunda jornada consecutiva en inmediaciones del Congreso. En todo momento, la policía intentó que no se cortaran la circulación de las avenidas.

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Quién es el periodista que le pegó a un militante libertario
Gastón Garriga, de 48 años, escribe en Página 12, figura como trabajador de la Fundación Octubre y del Congreso

Camila DolabjianCaptura de videoGastón Garriga, en el momento en el que golpea a Patricio Chazarreta

La tensión continuaba anoche puertas adentro y fuera del Congreso. Frente al Palacio Legislativo, ocurrieron hechos de violencia de los que se hicieron eco funcionarios de gobierno, como Diana Mondino, canciller, y Manuel Adorni, vocero presidencial. Pero la violencia se inició anteayer por la tarde.
En ese contexto, Patricio Chazarreta, un militante libertario de 23 años, fue golpeado en la cara por detrás mientras cruzaba la plaza para ingresar a ver el tratamiento de la ley ómnibus, a la que fue invitado por un miembro de La Libertad Avanza.
Su agresor fue Gastón Garriga, quien fue identificado inicialmente como un militante de izquierda. Horas después, circuló que se trataba del director comercial de la radio AM750, un cargo que exhibe en sus propias redes sociales.
Garriga, de 48 años, es además periodista del diario Página 12 y figura en registros públicos como trabajador de la Fundación Octubre, del sindicalista y empresario Víctor Santa María, para la redacción de artículos de un suplemento. Además, tiene un contrato con la Cámara de Diputados de la Nación y fue empleado de la legislatura bonaerense.
consultó a todos sus empleadores respecto de su relación laboral y las consecuencias de sus acciones, pero no recibió respuestas de ninguno de ellos. También intentó comunicarse con el propio Garriga, sin éxito, tras eliminar sus redes sociales. Trabajó en el área de prensa de la obra social OSDE (en su LinkedIn dice seguir trabajando en la empresa), aunque esta aclaró que no continúa vinculado.
Chazarreta presentó una denuncia penal con el patrocinio del legislador porteño Yamil Santoro por lesiones y discriminación política. Aludieron a la ley 23.592, que reprime con prisión de un mes a tres años a “quienes por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.
El joven llevaba una gorra que decía “Las fuerzas del cielo” y llamó la atención de los manifestantes por llevar traje, lo que contrastaba con quienes estaban en la plaza en ese momento, razón a la que atribuye los insultos, gritos, empujones y el golpe que sufrió. En comunicación con aseguró que no provocó verbalmente a los manifestantes y que la policía, que estaba cerca, no reaccionó frente a los golpes.
Si bien Waldo Wolff, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, se puso a disposición de las actuaciones que sigan al caso, todavía no hay noticias de que haya sido citado o demorado Garriga.
“En las cercanías había personal policial y miembros del Congreso, por lo que, en primer lugar, no aparecía como probable una agresión o altercado con los manifestantes. No obstante, los manifestantes se multiplicaron sospechosamente, por lo que decidí acercarme más para buscar a mi amigo y retirarnos al Congreso. Cuando me acerco, algunos manifestantes comenzaron a empujarnos y pegarnos patadas. Varias veces me quitaron la gorra, mientras me escupían, insultaban o pateaban”, dijo en la denuncia.
Adicionalmente, declaró que las lesiones no se detectan a simple vista, pero que el golpe le dejó una inflamación en el lugar del puñetazo –la mandíbula izquierda–, y dolor y dificultad para morder en la mandíbula derecha.

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Corridas e insultos ante una maniobra opositora para frenar la sesión
El kirchnerismo y la izquierda abandonaron el recinto con pedidos de suspender el Matías MorenoDiputados kirchneristas y de izquierda, en la calle
En el momento más caliente del extenuante debate por la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el oficialismo y sus aliados de Pro, la UCR y Hacemos Coalición Federal frenaron un intento del kirchnerismo y la izquierda de levantar la sesión por los violentos incidentes entre manifestantes y efectivos de las fuerzas de Seguridad en las inmediaciones del Congreso.
Alrededor de las 20, mientras varios legisladores se habían levantado de sus bancas para distenderse y dar batalla contra el cansancio o los negociadores de la oposición dialoguista analizaban los cambios propuestos por el Gobierno, la diputada Romina del Plá (FIT) le pidió al titular de la Cámara, Martín Menem, que convocara a un cuarto intermedio por los enfrentamientos en las calles. El caos y la tensión se trasladaron al recinto. Myriam Bregman y Nicolás del Caño irrumpieron en la escena. “Están reprimiendo, hijos de puta”, gritó Del Caño.
De inmediato, el kirchnerismo se sumó al reclamo. En las filas de los aliados causó sorpresa que Mónica Frade, de la Coalición Cívica, solicitara también suspender la discusión durante diez minutos para que los informaran sobre los disturbios. Germán Martínez, jefe de la bancada de Unión por la Patria, le recordó a Menem que horas antes había alertado sobre el amplio operativo de seguridad que dispuso Patricia Bullrich alrededor del edificio ante la protesta de organizaciones de izquierda y sindicalistas.
Martínez pidió votar una moción para definir si harían o no un cuarto intermedio. La jugada encendió las alarmas en el tablero de los libertarios y de Pro. Diego Santilli saltó de su banca para hablar con Oscar Zago, jefe del bloque de La Libertad Avanza. Y Cristian Ritondo corrió hasta el sector de Miguel Pichetto y Emilio Monzó. Diputados del oficialismo, Pro y la UCR entraban al recinto al trote, alertados por sus compañeros. Fastidiado, Pichetto tomó la palabra: “No vamos a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado”, enfatizó. Los militantes libertarios que estaban apostados en las gradas y los palcos comenzaron a palmear el mensaje de Pichetto. El jefe de bloque de HCF se enfureció con los seguidores de Milei. “Dejen de aplaudir, no sean pelotudos. Parece que están en una fiesta”, bramó.
Con reproches cruzados y gritos, Leopoldo Moreau y Paula Pennaca le reclamaban desencajados a Menem que levantara la sesión. El titular de la Cámara aceptó el pedido cuando la Cámara comenzó a completarse. Votaron a mano alzada y ganaron los libertarios, gracias al respaldo crucial de sus aliados. Consumada la derrota, el kirchnerismo y la izquierda decidieron levantarse de sus bancas y salir del recinto.
Mientras tanto, Menem ordenó desalojar a los militantes de las gradas.
El grupo de radicales que responde a Facundo Manes improvisó una cumbre en el pasillo para deliberar si salían o se quedaban. En Pro miraban el quorum y la chance de cerrar el debate y aprobar la votación en general. Cerca de Manes sospechaban un intento de apurar la media sanción. El socialista Esteban Paulon también se retiró.
Finalmente, los radicales que responden a Manes y Gerardo Morales se fueron del recinto.
Con el clima enrarecido, los diputados del kirchnerismo regresaron al hemiciclo. Cecilia Moreau (UP) cuestionó con dureza a Bullrich por la represión de los manifestantes y advirtió que el bloque no abandonaría el debate. Minutos antes, los libertarios habían anunciado que levantaban su lista de oradores para acelerar el debate.
En medio de la frenética pelea, Karina Milei irrumpió en la Cámara. Se ubicó en el Palco de Honor, junto con el vocero presidencial Manuel Adorni. “Lo que pasa afuera no depende de nosotros. Voy a respetar a todos por igual. No busquemos inconvenientes para no seguir con la sesión”, imploró Menem. En ese momento, en su computadora, tenía puesto el canal Todo Noticias para monitorear los incidentes.

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EN LA CALLE

El espacio público, privatizado por la fuerza
¿Cuál es la relación del ciudadano con la norma? ¿Cómo funciona en la Argentina la cultura de los “hechos consumados”?
Luciano Román
En cualquier momento las peluquerías instalarán plataformas de madera o de hierro sobre las calles para atender al aire libre. Las panaderías tal vez monten sus hornos sobre las ramblas para liberar espacio en sus locales. Y no sería extraño que los talleres mecánicos caven fosas en las veredas para ampliar su capacidad operativa. Si cada vez son más los comercios que se apropian del espacio público, ¿por qué debería sorprendernos que cualquiera se adueñe, con mayor audacia, de las calles, las veredas y las plazas?
Hace unas semanas, el profesor Juan Carlos de Pablo llamó la atención sobre este tema en una “ruidosa” columna en la que llamaba a “terminar con la privatización del espacio público”. Se refería, concretamente, a los permisos provisorios que durante la pandemia se les dieron a bares y restaurantes para atender en la calle, y que ahora se han impuesto por la fuerza con estructuras cada vez más grandes y más atornilladas que dificultan la circulación peatonal y vehicular en las ciudades. De Pablo se atrevió a poner el dedo en la llaga y su planteo potenció una conversación interesante sobre el uso del territorio urbano. Puede parecer una discusión municipal, casi doméstica, pero implica un debate bien complejo que propone interrogantes de fondo: ¿cuál es la relación del ciudadano con la norma? ¿Cómo funciona en la Argentina la cultura de los “hechos consumados”? ¿Cómo se para el gobernante frente al desafío de adoptar medidas que presume impopulares? ¿Cómo concebimos el uso de las ciudades y los límites en el espacio público? También refiere a la facilidad con la que “lo transitorio” se convierte en permanente, una tendencia que ha desnaturalizado políticas tan fundamentales como la impositiva o la de la ayuda social.
El caso de los bares y restaurantes es un síntoma de algo más amplio: la creciente anarquía en el espacio público. Se les había concedido una excepción temporal y lo tomaron como un “terreno ganado”. Muchas de las estructuras que instalaron están diseñadas con buen gusto y una estética atractiva. La pregunta, sin embargo, no debería ser si nos gustan o no nos gustan, sino si están permitidas o no, si responden a un marco normativo equitativo y razonable, si no constituyen un privilegio en relación con otros rubros comerciales y si no consolidan la idea de que el espacio público es una zona liberada en la que cada uno hace lo que quiere. Juzgar el fenómeno con subjetividad estética puede conducir a una arbitrariedad peligrosa. ¿Por qué se mediría con una vara al mantero y con otra al cafecito gourmet?
El Estado, acostumbrado a invadir y condicionar la actividad privada, tiene una función básica e irrenunciable: regular el uso del territorio común. Si hay algo que caracteriza a las sociedades democráticas y desarrolladas es el acuerdo normativo en relación con el espacio público. Es el escenario, por excelencia, en el que debe regir el principio según el cual el derecho de uno termina donde empieza el derecho del otro. En la Argentina, sin embargo, estas nociones elementales quedan desdibujadas en un contexto de anomia cada vez más extendida.
La crisis estructural del país suele funcionar como coartada, así como la voracidad del Estado, y también su arbitrariedad y su impotencia para hacer cumplir la ley. Se cae en un razonamiento tramposo de autojustificación: como el gobierno me mete la mano en el bolsillo, me siento autorizado a ver por dónde recupero algo, de la manera que sea; como convalida la cultura del piquete, yo también me apropio del espacio público; como da lo mismo cumplir la ley que evadirla, atropello y que “me vengan a frenar”. Si los manteros toman parques y avenidas, ¿por qué no puedo yo instalar un deck sobre la calle? Si los políticos arruinan las fachadas con pintadas y pegatinas de campaña y montan sus stands en cualquier lado, ¿por qué no voy a poner yo unas mesitas en la rambla? Si los trapitos se adueñaron de los alrededores de los estadios, ¿por qué yo voy a pedir permiso o habilitación? La anomia estimula el efecto contagio. Ya hay gimnasios o academias de zumba que se instalan en lugares fijos de los parques o las plazas con su despliegue de máquinas y parArgentina. lantes. Hay parrillas y cervecerías que se montan en las ramblas o las plazoletas. Es una suerte de “clandestinidad light” que se ha impuesto ante la negligente tolerancia del Estado y la pasmosa inacción de los intendentes.
Por supuesto que el espacio público debe ser un territorio vivo y a la vez flexible. Todas las ciudades del mundo hacen lugar en sus calles y paseos a las mesas de los bares y cafés, a las ferias de artesanías, a los puestos de libros o a los mercados de frutas y verduras frescas. ¿Hay algo más grato que recorrer esos espacios y sentarse a comer o a tomar algo en la calle una noche templada? Pero buena parte del sistema jurídico y normativo está precisamente destinada a regular ese uso razonable y equilibrado del espacio público. Están los códigos de convivencia urbana, pero también los institutos de la concesión y del canon regulados por el derecho administrativo. Uno de los ejemplos más gráficos tal vez sea el de las playas. Los balnearios no se instalan “de prepo” y ocupan la superficie que quieren. Deben cumplir estrictas reglamentaciones, tienen límites precisos y pagan un canon bien alto. Es inconcebible el uso comercial del espacio público sin contraprestación ni condiciones.
Ciudades como Madrid, Nueva York o París son más bellas por sus terrazas y cafés al aire libre. Pero no son espacios ganados por la fuerza. Tienen regulados hasta los modelos de las sillas, los tamaños de las mesas y las medidas de los toldos. Pagan un canon que en muchos casos es altísimo. Hasta los puestitos de libros sobre el Sena responden a una estricta legislación que da un marco normativo a lo pintoresco y lo bohemio. Lo mismo rige para los carritos de café y de hot dogs que abundan en las calles de Manhattan. ¿No hay infracciones ni conflictos? Por supuesto que sí. Pero también hay una cultura de la convivencia y de la norma que se aprecia a simple vista.
Los bares y restaurantes representan un patrimonio cultural de la Argentina. Las ciudades serían más pobres sin sus cafés, no solo económicamente, sino también en términos de vitalidad e identidad. Sus propietarios, en general, pertenecen a una franja especialmente castigada en nuestro país, como es la del emprendedor, el pequeño o mediano comerciante que le pone el cuerpo a su negocio, que pelea contra un sistema que desalienta el trabajo y la inversión y que se ve todo el tiempo acosado por la inseguridad, la AFIP y el excesivo afán reglamentarista de administraciones invasivas. Es un sector productivo que, por supuesto, merece comprensión y reclama, con razón, que el Estado lo estimule y no que le mande un inspector todos los días a pedirle un formulario o un permiso nuevo. Pensar en cobrarle tasas o cánones adicionales tampoco parece razonable en un país que se ha especializado en esquilmar a las pymes. Pero nada de eso debería contraponerse con el respeto al espacio público y con un sentido de las normas. Cuando se quiebra ese pacto tácito, se deteriora la convivencia y se reemplaza la ley por la prepotencia: “que me vengan a sacar”.
Frente a la cultura de los hechos consumados, el Estado muestra su debilidad. No se trata –como bien señaló De Pablo– de salir con la topadora a demoler estructuras no autorizadas, pero sí de ejercer la autoridad y de asumir el deber inherente a todo funcionario: hacer cumplir la ley, aunque a veces pueda parecer antipático o genere resistencias. El populismo –un virus que ha contaminado la vida pública en general– suele confundir la norma con la conveniencia y leer la ley en función de oportunismos e intereses. Pero ese desapego normativo conduce inexorablemente al autoritarismo y la anarquía. La demagogia y la mano fofa del Estado suelen ser atajos muy riesgosos.
Hay otra doble vara que alimenta, además, la impotencia ciudadana y la desigualdad ante la ley. A un automovilista le lleva el auto la grúa por invadir diez centímetros la senda peatonal mientras en la misma cuadra una cervecería amura un deck de 20 metros sobre la calle sin que nadie diga nada. El Estado se anima contra el individuo y se repliega ante al colectivo. Si uno se sienta a protestar en medio de la 9 de Julio con una pancarta “contra la anomia” en la ciudad, lo llevarán preso en quince segundos. Si se sientan más de diez, nadie hará nada.
Tal vez deban discutirse nuevos códigos y reglamentos para la expansión de rubros comerciales sobre el espacio público, pero debería existir precisamente eso, un debate, no una imposición a partir de hechos consumados. De un análisis urbanístico y jurídico debería surgir un marco que contemple restricciones y contraprestaciones. ¿Sería descabellado, por ejemplo, que por el uso de metros de calle se exija que un comercio ofrezca cocheras con estacionamiento gratuito? En muchas ciudades se deben plantar dos árboles por cada uno que se saca para construir. El derecho público está hecho de compensaciones que resguardan equilibrios y equidades.
Es mucho más que un debate municipal. Es un debate sobre la vida en sociedad, sobre la convivencia y la noción de la norma. En nuestro vínculo con el espacio público se define, en definitiva, la forma en la que queremos vivir

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