La palabra envenenada
Jorge Sigal Periodista. Miembro del Club Político Argentino
Blanco como la leche, de gestos aniñados y una transpiración que suele empañar su rostro al margen de la temperatura ambiente, el joven asesor se mueve por los despachos de la Casa Rosada con la impudicia propia de aquellos para quienes la historia es apenas una asignatura escolar, acartonada y ajena. Para él, ninguna tradición es sagrada porque su vida es presente continuo. Nativo digital, internauta calificado y voraz, sus dedos emiten sentencias que se esparcen por las redes sociales como si fueran disparos de uno de esos jueguitos que hicieron furor en los años 90. Como en aquellas batallas de luces fulminantes, el influencer voltea enemigos y acumula puntos. Nunca se detiene. De esta forma suma adherentes y también detractores. Finalmente, lo único que cuenta en la modernidad líquida.
Fue en el vaporoso mundo virtual donde el asesor constituyó su domicilio real y también su base operativa. Un mundo, digámoslo al pasar, muy excitante y también rentable: además de fama, puede proporcionar legítimas ganancias, aceitados contactos en el poder y, desde hace algunos años, se trata de un servicio muy requerido por la llamada “nueva política”. Podría afirmarse que el mileísmo es, en principio, un fenómeno de alto impacto tecnológico, una construcción etérea basada en consignas y clichés irrigados por X, Instagram y Tiktok. Si el medio es el mensaje, como señalaba el anacrónico Marshall Mcluhan, los libertarios son, ante todo, navegantes de internet. Munidos de un ramillete de presuntas verdades, solo los alienta el resultado de sus acciones instantáneas. Y eso se mide en visualizaciones, likes y seguidores. La semiótica les resulta una materia ajena: los vocablos son para ellos solo un recurso destinado a golpear en las emociones para luego evanescerse. Si el candidato Javier Milei llama “representante del maligno” al Papa, el presidente Milei puede resolverlo –en tanto le resulte conveniente– con una oportuna retractación. Posteo mata posteo. Si hubiera que dar un consejo a la gente sensible, demasiado afecta a los significados, sería: “No los tome literalmente, se hablan encima”.
El tema es que la lengua, tal como la supimos emplear hasta hace muy poco, representaba para nosotros mucho más que un instrumento de comunicación. Históricamente, le pusimos valor porque sustentaba nuestra convivencia. La ley era palabra, el amor se expresaba en palabras, las instituciones de la democracia se sostenían en palabras. Incluso, apenas unas décadas atrás, la gente se batía a duelo por cuestiones de palabra. Decir cualquier cosa –y mucho más, dejarla por escrito– podía costar caro. Sin ir más lejos, el 3 de noviembre de 1968, el almirante Benigno Varela, que había integrado, un par de años antes, la cúpula golpista del general Juan Carlos Onganía, ofendido porque un periódico local lo había tratado de traidor, retó a duelo al periodista Yoliván Barbieri, responsable de la publicación, radicada en el partido de Lanús. A pesar de lo anacrónico y hasta ridículo del desafío, el duelo finalmente se concretó. Fue durante un amanecer, en una quinta de Monte Chingolo y a punta de espada. La cosa no pasó a mayores porpoco que, finalmente, el árbitro declaró la paridad de la disputa, luego de que ambos espadachines sufrieran múltiples heridas punzantes. Resultó una especie de “empate” y la dignidad de Varela zafó por puntos. Los principales medios del mundo cubrieron el insólito evento a través de enviados especiales. El duelo era ya por entonces una rareza. Sorprendía a la opinión pública internacional el procedimiento elegido, aunque no las causas de la disputa: decirle traidor a alguien no era, como en la actualidad, un tema baladí. La gente se lo tomaba muy en serio.
Mucho más acá en el tiempo, durante los 90, empresas periodísticas argentinas contaban con abogados part time que leían las notas de sus redactores antes de ser publicadas, para no incurrir en los delitos de calumnia o injuria, que podían ser reprimidos con penas de uno a tres años de prisión y cuantiosas indemnizaciones. Fue solo en 2009, durante el kirchnerismo, cuando el Senado eliminó por unanimidad esos delitos, medida muy celebrada por las organizaciones profesionales de la prensa y defensoras de los derechos humanos. Desde entonces –salvo en la Jujuy de Gerardo Morales–, las ofensas al buen nombre y honor no se pagan con cárcel, aunque sí puede llevarse al injuriante o calumniador ante sede civil para que lo haga mediante compensación pecuniaria.
De modo que este revoleo de adjetivos al que estamos asistiendo no es tan antiguo. Lo que hasta ayer representaba una tensión entre la mayor libertad posible versus la protección de la dignidad de las personas desbarrancó por completo en la era digital.
Sin embargo, ya en marzo de 1981, Julio Cortázar, durante un discurso brindado en París, hacía una dura advertencia por el paulatino
Julio Cortázar hacía una dura advertencia por el paulatino desgaste de los vocablos: “Si algo sabemos los escritores, es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse”
desgaste de los vocablos. “Si algo sabemos los escritores –decía– es que las palabras pueden llegar a cansarse y a enfermarse, como se cansan y se enferman los hombres o los caballos. Hay palabras que a fuerza de ser repetidas, y muchas veces mal empleadas, terminan por agotarse, por perder poco a poco su vitalidad. En vez de brotar de las bocas o de la escritura como lo que fueron alguna vez, flechas de la comunicación, pájaros del pensamiento y de la sensibilidad, las vemos o las oímos caer como piedras opacas, empezamos a no recibir de lleno su mensaje o a percibir solamente una faceta de su contenido, a sentirlas como monedas gastadas, a perderlas cada vez más como signos vivos y a servirnos de ellas como pañuelos de bolsillo, como zapatos usados”.
El autor de Rayuela se pregunta luego: “¿Con qué derecho digo aquí estas cosas? Con el simple derecho de alguien que ve en el habla el punto más alto que haya escalado el hombre buscando saciar su sed de conocimiento y de comunicación, es decir, de avanzar positivamente en la historia como ente social, y de ahondar como individuo en el contacto con sus semejantes. Sin la palabra no habría historia y tamhabría amor; seríamos, como el resto de los animales, mera perpetuación y mera sexualidad. El habla nos une como parejas, como sociedades, como pueblos. Hablamos porque somos, pero somos porque hablamos”.
La lengua afilada, aunque poco creativa –sesgo de estos tiempos urgentes–, ha desembarcado, también de manera brutal, en el poder. Otra novedad. Tuvo sus primeras manifestaciones en la incontinencia verbal de los muchachos de La Cámpora (que, además, tenían un enorme poder y manejaban suculentos recursos del Estado), cuando gritaban, con festiva simplificación, “paredón, paredón” o “Macri, basura, vos sos la dictadura”, mientras degustaban suculentos asados en las instalaciones de la EX-ESMA –sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pese a la advertencia que hizo un grupo de ciudadanos argentinos, precisamente por la profanación del lugar por parte de la militancia K–, y ahora se encarama en esta contraola libertaria.
Aunque la degradación conceptual, como señalamos, no es un fenómeno totalmente nuevo –en todas las épocas acompañó la rebelión de las masas, sobre todo juveniles–, sí lo es este tsunami que aniquila el sentido de las palabras y se difumina como el fuego por la autopista digital y no reconoce límites siquiera en la palabra oficial. Lo sabe muy bien nuestro asesor de rasgos infantiles, que suele disparar sus rayos centelleantes desde un despacho cercano al del jefe del Estado, mientras reposa su cansada estructura sobre una mesa que permanece allí, probablemente desde la presidencia de Nicolás Avellaneda.
Qué más da. Todo pasa.
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Productores agropecuarios asfixiados
A las distorsiones tributarias y a las inclemencias climáticas que sufre el campo, se ha añadido un irracional aumento del impuesto inmobiliario bonaerense
El impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires ha experimentado un irracional incremento, que llega al 500% en ciertos casos y que resulta a todas luces confiscatorio para muchos contribuyentes, al margen de su dudosa validez legal y constitucional.
Esta iniciativa del gobierno de Axel Kicillof, renuente a bajar el desbocado gasto público, acentúa las dificultades de productores agropecuarios que ya de por sí se desenvuelven en un contexto económico global desfavorable. En las últimas horas, la Agencia de Recaudación de la Provincia (ARBA) anunció que endurecerá la cobranza, a partir del llamado a una “rebelión fiscal”, aunque se habilitará un régimen de regularización de deudas.
El sector privado productivo –el campo en particular– viene sufriendo desde hace años una desmesurada carga del sistema tributario, tanto nacional como provincial y municipal. Es un sector injustamente señalado por una supuesta rentabilidad extraordinaria que dista de ser tal, entre otras cosas porque, con una lamentable frecuencia, debe soportar períodos de vacas flacas que no siempre alcanzan a ser compensados con años de buenas cosechas. La brutal sequía que castigó a la Argentina el año último es solo un ejemplo.
No hay en el primer mundo ni tampoco en nuestra región ejemplos de países donde los productores rurales deban soportar tan pesada carga tributaria y derechos de exportación como los que gravan a los argentinos. Un productor de los Estados Unidos abona pocos impuestos; no paga ni IVA, ni Ingresos Brutos, ni impuesto al cheque, ni retenciones a la exportación.
El campo argentino produce para el mundo, lo cual condiciona la fijación de los precios internos, y tiene que afrontar una terrible carga que arranca con los costos de insumos al vaivén de la brecha cambiaria y un desproporcionado componente tributario (impuesto PAIS, Ingresos Brutos, impuesto al cheque, impuesto de sellos, tasas municipales e IVA no recuperable, entre otros) que incide en más del 50% de su costo.
La producción agropecuaria se ve afectada por diversas circunstancias, que comienzan con la distancia que nos separa de los mercados de exportación (fletes interno y externo caros) y sigue con los problemas cambiarios (brecha, obligación de pasar dólares a pesos). Con lo que queda, debe afrontar la fuerte carga tributaria. Cuando se dice que por los alimentos se paga alrededor del 50% de impuestos, tal costo no se puede trasladar totalmente al consumidor, por lo que gran parte afecta a la rentabilidad agropecuaria.
Hay que sumar a todo eso otras distorsiones que sufre una actividad cíclica como la agropecuaria, entre ellas el hecho de que el fisco no permite actualizar los quebrantos de años anteriores, pese a la brutal inflación. Del mismo modo, los anticipos y pagos a cuenta de impuestos son considerados a valor nominal y tampoco son actualizables.
El sector rural estaría en condiciones de producir el doble de lo que produce actualmente. Solo necesita un adecuado marco económico. La producción trata de buscar el rendimiento que maximiza su rentabilidad, y no la mayor cantidad de kilos. En la zona núcleo de Estados Unidos se producen 18.000 kilos por hectárea de maíz; en la Argentina, apenas 10.000. No somos ineficientes. Es lo que se puede hacer para que cierren las cuentas.
Los productores agropecuarios bonaerenses están a punto de rebelarse ante el desmedido aumento del impuesto inmobiliario rural –también el urbano–, que se suma a los incrementos de tasas municipales, como la de caminos destruidos o inexistentes en un contexto tributario global asfixiante. Es razonable este estallido, por cuanto es la gota que rebasa el límite de la tolerancia.
Cabe mencionar además que el impuesto a los ingresos brutos grava la producción de quien explota la tierra, y también el ingreso del propietario que le arrienda al productor, con 5% de tasa; esto implica una doble imposición sobre la misma actividad.
Frente a los abusos del poder político bonaerense, que insólitamente pretendería responsabilizar al campo por la pobreza imperante y asfixiarlo con impuestos confiscatorios, es necesario que las entidades que representan a los productores se unan y luchen por el lugar que merece el sector más dinámico de la economía argentina.
La decisión de productores que se reunieron días atrás en Salliqueló y anunciaron que presentarán acciones de amparo frente al aumento del impuesto inmobiliario rural, tanto como las declaraciones del diputado José Luis Espert y del propio presidente Javier Milei avalando una eventual “rebelión fiscal”, constituyen una fuerte señal para la voracidad impositiva del gobernador Kicillof.
Debe recordarse que el pueblo es el soberano y que el fin del Estado debe ser el bien común, por lo que toda decisión tomada en contra de él resulta ilegítima.
El papa Francisco, en Evangelii gaudium, siguiendo a San Francisco y Teresa de Calcuta, ha sostenido que no se puede exigir relevar la ética, la moral y la equidad. Nuestros gobernantes deben actuar priorizando los intereses públicos ante la existencia de límites o mandatos que necesariamente deben honrar, pues el Estado de Derecho debe respetar no solo las limitaciones jurídicas, sino también las éticas, comprensivas de la buena fe que lo alimentan.
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Bukele, el fin y los medios
Con el 84,65% de los votos válidos, el presidente Nayib Bukele ganó cómodamente las elecciones presidenciales y seguirá gobernando El Salvador por otros cinco años. El oficialismo, además, pasará a tener 54 de las 60 bancas en la Asamblea Legislativa, lo cual le garantizará la mayoría calificada de dos tercios y la mayoría especial de tres cuartos, eliminando cualquier contrapeso en el Congreso y acercándose a un sistema de partido único. Hace pocos días ganó el último eslabón del poder al obtener, merced a alianzas, 43 de los 44 concejos municipales.
Bukele fue reelegido gracias a una interpretación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema que le permitió pasar por alto las prohibiciones expresas escritas en la Constitución salvadoreña. Los jueces a cargo de dicha dudosa interpretación habían sido impuestos a dedo en 2021 por diputados fieles al oficialismo.
La alta popularidad del mandatario salvadoreño es el resultado de su cruzada contra las pandillas, que acumula más de 75.000 detenidos. El Salvador ha pasado, en una década, de ser uno de los países más peligrosos del mundo a convertirse en uno de los más seguros del continente. Entre 2015 y 2022, la pequeña república registraba 103 homicidios por cada 100.000 habitantes; hoy son menos de 8 por cada 100.000.
El gobierno asegura que, a pesar de su exitosa lucha contra las pandillas, aún existen grupos criminales que tornan necesario el dictado de una nueva extensión del régimen de excepción en todo el país, período en el que se suprimen los derechos constitucionales y de asociación, y se intervienen la correspondencia y celulares de quienes se consideren sospechosos.
De la mano de la popularidad que le ha dado su respuesta a la inseguridad, Bukele también ha ido copando importantes espacios de poder y minando la división de poderes.
Ese escenario corre el riesgo de profundizarse, considerando que en este nuevo período el mandatario gobernará sin contrapesos en el Congreso y con una oposición muy debilitada.
Bukele enfrenta el desafío de enderezar la economía y presentar un plan para garantizar los pagos de la deuda. Además, deberá demostrar que no tiene intenciones de emprender el peligroso camino hacia una dictadura velada de democracia.
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