Ajustarán la normativa contra el lavado de dinero
El Gobierno prepara un DNU que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes; busca aprobar un examen del GAFI
Hernán Cappiello
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia
El Gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia para adecuar la normativa vigente contra el lavado de dinero que dispondrá que los abogados serán sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes.
Actualmente, la lista de sujetos obligados incluye a los bancos, las financieras, las concesionarias de autos y las aseguradoras, entre otros responsables de reportar las operaciones de sus clientes cuando su perfil económico no se condice con sus inversiones.
El DNU se conocerá antes del 6 de marzo, cuando un equipo evaluador del Grupo Internacional de Administración Financiera (GAFI) llegará al país. Durante 20 días, los enviados se reunirán con todos los poderes del Estado y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
EL GAFI examinará las políticas antilavado del país. Como el presidente Javier Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias, no se realizará el 23 de febrero el encuentro del Senado para aprobar las reformas a la ley antilavado que propone el GAFI para pasar el examen. Entonces, el Gobierno decidió recurrir a un decreto de necesidad y urgencia, dijeron altas fuentes del Poder Ejecutivo
Mientras tanto, el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Argentina, Ignacio Yacobucci, participa en París del plenario del GAFI que culminará el viernes próximo. Yacobucci superó la audiencia oficial y formalizó su designación esta semana, cuando su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial.
Al margen del primer plenario del año, los funcionarios participarán de una serie de reuniones en los grupos de Desarrollo de Políticas (PDG), Evaluaciones y Cumplimiento( ECG ), Riesgo, Tendencias y Métodos (RTMG), Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) y Coordinación de la Red Global (GNCG). Participan del encuentro, además, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; Marcelo Ruiz, asesor del Ministerio de Justicia; Jimena Zicavo, coordinadora nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el expresidente de la UIF Juan Carlos Otero, entre otros funcionarios.
Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias y eso sorprendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores, porque habían convocado a una sesión el 23 de febrero. Ese día planeaban sancionar una ley, que ya venía con media sanción desde el kirchnerismo, para aprobar modificaciones que exige el GAFI antes de su visita. El propósito es evitar que la Argentina sea puesta en una lista negra de países que no combaten el lavado de dinero del terrorismo y del narcotráfico.
La revisión de marzo dura entre dos y tres semanas en la Argentina, pero hay una evaluación en junio y una definitiva en octubre, cuando se ponen las calificaciones finales.
Las principales modificaciones se plantea el GAFI para la Argentina son :
–Reforma del tipo penal de terrorismo. Ampliación a comportamientos vinculados a la preparación, financiación y apoyo de actos y organizaciones terroristas. Esta reforma no se puede realizar por DNU, sino que será incluida en una ley que se presentará en sesiones ordinarias.
–Inclusión de un tipo penal de proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco puede disponerse por DNU y también está previsto aprobarlo por ley.
–Inclusión como sujetos obligados de los proveedores de activos virtuales y abogados.
–Creación del registro de proveedores de activos virtuales, que cuenta con apoyo del sector.
–Creación del registro de beneficiarios finales (ya existe en todo el mundo y evita el abuso de las formas societarias).
–Ampliación de las consecuencias jurídicas frente a infracción y actualización de su monto (Se amplía la multa hoy en 100.000 pesos).
–Consolidación de la autonomía de la UIF con posibilidad de contar con mayo
La evaluación del GAFI de octubre será la cuarta desde su creación, en 1989. La decisión la tomará el plenario del organismo que se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina. La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris porque se consideró que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Cuestionamiento de los abogados
El Gobierno prepara un decreto de necesidad y urgencia para adecuar la normativa vigente contra el lavado de dinero que dispondrá que los abogados serán sujetos obligados a reportar las operaciones sospechosas de sus clientes.
Actualmente, la lista de sujetos obligados incluye a los bancos, las financieras, las concesionarias de autos y las aseguradoras, entre otros responsables de reportar las operaciones de sus clientes cuando su perfil económico no se condice con sus inversiones.
El DNU se conocerá antes del 6 de marzo, cuando un equipo evaluador del Grupo Internacional de Administración Financiera (GAFI) llegará al país. Durante 20 días, los enviados se reunirán con todos los poderes del Estado y con el sector privado, para valorar si el país cumple con las recomendaciones en materia de lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
EL GAFI examinará las políticas antilavado del país. Como el presidente Javier Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias, no se realizará el 23 de febrero el encuentro del Senado para aprobar las reformas a la ley antilavado que propone el GAFI para pasar el examen. Entonces, el Gobierno decidió recurrir a un decreto de necesidad y urgencia, dijeron altas fuentes del Poder Ejecutivo
Mientras tanto, el actual titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la Argentina, Ignacio Yacobucci, participa en París del plenario del GAFI que culminará el viernes próximo. Yacobucci superó la audiencia oficial y formalizó su designación esta semana, cuando su nombramiento se publicó en el Boletín Oficial.
Al margen del primer plenario del año, los funcionarios participarán de una serie de reuniones en los grupos de Desarrollo de Políticas (PDG), Evaluaciones y Cumplimiento( ECG ), Riesgo, Tendencias y Métodos (RTMG), Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) y Coordinación de la Red Global (GNCG). Participan del encuentro, además, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio; Marcelo Ruiz, asesor del Ministerio de Justicia; Jimena Zicavo, coordinadora nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo; el presidente de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, y el expresidente de la UIF Juan Carlos Otero, entre otros funcionarios.
Milei no prorrogó las sesiones extraordinarias y eso sorprendió a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los senadores, porque habían convocado a una sesión el 23 de febrero. Ese día planeaban sancionar una ley, que ya venía con media sanción desde el kirchnerismo, para aprobar modificaciones que exige el GAFI antes de su visita. El propósito es evitar que la Argentina sea puesta en una lista negra de países que no combaten el lavado de dinero del terrorismo y del narcotráfico.
La revisión de marzo dura entre dos y tres semanas en la Argentina, pero hay una evaluación en junio y una definitiva en octubre, cuando se ponen las calificaciones finales.
Las principales modificaciones se plantea el GAFI para la Argentina son :
–Reforma del tipo penal de terrorismo. Ampliación a comportamientos vinculados a la preparación, financiación y apoyo de actos y organizaciones terroristas. Esta reforma no se puede realizar por DNU, sino que será incluida en una ley que se presentará en sesiones ordinarias.
–Inclusión de un tipo penal de proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco puede disponerse por DNU y también está previsto aprobarlo por ley.
–Inclusión como sujetos obligados de los proveedores de activos virtuales y abogados.
–Creación del registro de proveedores de activos virtuales, que cuenta con apoyo del sector.
–Creación del registro de beneficiarios finales (ya existe en todo el mundo y evita el abuso de las formas societarias).
–Ampliación de las consecuencias jurídicas frente a infracción y actualización de su monto (Se amplía la multa hoy en 100.000 pesos).
–Consolidación de la autonomía de la UIF con posibilidad de contar con mayo
La evaluación del GAFI de octubre será la cuarta desde su creación, en 1989. La decisión la tomará el plenario del organismo que se reúna en París para resolver si aprueba o no el Reporte de Evaluación Mutua de la Argentina. La última revisión que realizó el GAFI en la Argentina fue en 2010, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, y el país no tuvo una buena nota: fue incluido en la lista gris porque se consideró que en aquel momento no cumplía con los estándares exigidos, es decir, presentaba un sistema de prevención débil contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Cuestionamiento de los abogados
La principal crítica al proyecto es que violaría el secreto profesional
Gustavo Schaposnik
El proyecto del Gobierno de obligar a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero de sus clientes puso en alerta a algunos referentes del mundo de la abogacía.
“Viola el secreto profesional y es absolutamente innecesario. Las propias notas interpretativas del GAFI dicen que no debe incluirse a los abogados si las actividades subyacentes ya se encuentran obligadas a ser informadas. El Colegio Público se opone enfáticamente a que se incluya a los abogados”, dijo a Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto de ley que se preveía tratar en el Congreso y que ahora se planea impulsar como decreto de necesidad y urgencia fue aprobado en 2023 por la Cámara de Diputados y frenado por el Senado. En aquel entonces, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad envió una nota a la Cámara alta explicando los motivos del desacuerdo. Este año volvieron a enviarla al Congreso.
Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Consejo Superior de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, dijo: “No es la primera vez que debemos expedirnos sobre el tema, que consideramos violatorio del derecho de defensa y el secreto profesional”.
Otros abogados consideraron que la medida que analiza tomar el Gobierno sería inconstitucional. Jorge Rizzo, miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y referente de la asociación civil Gente de Derecho, dijo a “Es inconstitucional de cabo a rabo porque viola el secreto profesional, obligación primaria e ineludible de los abogados. De salir, nuestra asociación planteará su inconstitucionalidad”.
La advertencia sobre la posible violación del secreto profesional fue una crítica repetida. Julio César Sorrentino, vicepresidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Martín y presidente del Partido Demócrata Progresista de San Martín, fue uno de ellos: “Una norma de ese tipo entraría colisión con el secreto profesional del abogado, por lo que sería inconstitucional”.
El proyecto del Gobierno de obligar a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de lavado de dinero de sus clientes puso en alerta a algunos referentes del mundo de la abogacía.
“Viola el secreto profesional y es absolutamente innecesario. Las propias notas interpretativas del GAFI dicen que no debe incluirse a los abogados si las actividades subyacentes ya se encuentran obligadas a ser informadas. El Colegio Público se opone enfáticamente a que se incluya a los abogados”, dijo a Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto de ley que se preveía tratar en el Congreso y que ahora se planea impulsar como decreto de necesidad y urgencia fue aprobado en 2023 por la Cámara de Diputados y frenado por el Senado. En aquel entonces, el Colegio Público de Abogados de la Ciudad envió una nota a la Cámara alta explicando los motivos del desacuerdo. Este año volvieron a enviarla al Congreso.
Bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Consejo Superior de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, dijo: “No es la primera vez que debemos expedirnos sobre el tema, que consideramos violatorio del derecho de defensa y el secreto profesional”.
Otros abogados consideraron que la medida que analiza tomar el Gobierno sería inconstitucional. Jorge Rizzo, miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y referente de la asociación civil Gente de Derecho, dijo a “Es inconstitucional de cabo a rabo porque viola el secreto profesional, obligación primaria e ineludible de los abogados. De salir, nuestra asociación planteará su inconstitucionalidad”.
La advertencia sobre la posible violación del secreto profesional fue una crítica repetida. Julio César Sorrentino, vicepresidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de San Martín y presidente del Partido Demócrata Progresista de San Martín, fue uno de ellos: “Una norma de ese tipo entraría colisión con el secreto profesional del abogado, por lo que sería inconstitucional”.
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Transmitirán en vivo la audiencia por la condena a Cristina
Casación habilitó un streaming para seguir el caso que involucra a la expresidenta
La Justicia habilitó un sistema de streaming para que la ciudadanía pueda seguir por YouTube en tiempo real las audiencias en las que se revisará la condena a seis años de prisión que recibió la expresidenta Cristina Kirchner por direccionar obras públicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del empresario Lázaro Báez en el caso que se conoce como “Vialidad”.
La decisión fue del presidente de la Sala IV de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, que difundió los links de YouTube para seguir el alegato del fiscal Mario Villar y de los abogados defensores.
Villar comenzará las audiencias el próximo 26 de febrero. El turno de la defensa de Cristina Kirchner es el 7 de marzo. La expresidenta no anunció al tribunal si va a hacer uso de la palabra, pero puede hacerlo hasta el último día. El 25 de marzo será el turno del defensor de Lázaro Báez.
Las partes expondrán sus posiciones en seis audiencias orales y públicas, que se celebraran hasta el 4 de abril, ante los jueces de la Sala IV de la Casación: Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.
En la causa “Vialidad”, la Cámara de Casación debe resolver acerca de recursos de las defensas contra las condenas impuestas a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, entre otros exfuncionarios kirchneristas, por el delito de fraude a la administración pública.
También debe resolver el recurso del fiscal Diego Luciani –que mantuvo el fiscal de Casación Villar– contra la absolución de la expresidenta por el delito de asociación ilícita por el que se la había acusado durante el juicio.
Las audiencias para que todas las partes (fiscal y defensas) expongan ante los jueces serán presenciales, orales y públicas en los tribunales de Comodoro Py 2002 los días 26 y 29 de febrero, 7, 14 y 25 de marzo y 4 de abril. Por ahora en la Sala E, pero si el público es demasiado, ya se reservó una sala más grande.
El fiscal Villar prepara un pedido para agravar su condena de 6 años de prisión por corrupción a 12 años de cárcel, como solicitó durante el juicio oral su colega Diego Luciani. La fiscalía va a argumentar en favor de mantener las condenas y agravarlas, según cada caso, y va a pedir que se revoque la absolución de la exvicepresidenta por el delito de asociación ilícita y del resto de los acusados que fueron liberados de culpa y cargo.
En esa audiencia, el fiscal Villar tiene previsto pedir que se rechace el recurso de Casación de la exvicepresidenta y solicitar que se agrave su condena.
Hay dos caminos para solicitar que se sumen años a los que recibió Cristina Kirchner en su pena. Los jueces del tribunal oral federal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso impusieron la pena máxima por administración fraudulenta, que son 6 años de prisión. Consideraron las 51 licitaciones de obra pública de la provincia de Santa Cruz direccionadas en favor de Lázaro Báez como un solo hecho de fraude.
La fiscalía puede argumentar que se trató de más de un hecho, incluso porque en el período en que los hechos tuvieron lugar (desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta los dos de Cristina Kirchner) hubo tres administraciones y, con ese argumento, podrían pedir que se sumen más años al castigo.
La otra manera de ir por un agravamiento de la pena es argumentando contra la absolución por asociación ilícita, como había ensayado en el juicio oral el fiscal Luciani. Ahí el límite son 12 años de cárcel, que es lo que pidió la fiscalía como condena en ese momento.
A pesar de que Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión, no quedó presa porque esa sentencia debe ser revisada primero por la Cámara de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia. Solo si la Corte rechaza todos los recursos de la defensa y deja firme el fallo, la exvicepresidenta podría ser detenida. Cristina Kirchner no tiene fueros que eviten su arresto, pero tiene más de 70 años, por lo que puede pedir cumplir una eventual pena en su casa.
CINCO TESTIGOS COMPLICAN A ALPEROVICH
Cinco testigos que declararon ayer en un juicio oral y público apoyaron la acusación contra el exgobernador de Tucumán José Alperovich, a quien una sobrina suya denunció por abuso sexual, supuestamente ocurrido en Buenos Aires y en Tucumán.
Quienes declararon ante el juez Juan Ramos Padilla, que actúa como tribunal unipersonal, fueron la madre de la denunciante, identificada con las iniciales F. L ., dos amigas de ella, un excompañero de trabajo y un periodista.
Los testigos coincidieron con el relato oído la semana pasada acerca de que la chica que denunció a Al pero vi ch sufrió cambios físicos, caída del cabello y pérdida de peso. Vincularon lo ocasionado a la situación que denunció la joven cuando trabajaba con el ex funcionario, entre 2017 y 2018. La denuncia la hizo en 2019 y se alejó del exmandatario provincial, que también fue senador nacional.
http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA
