viernes, 1 de julio de 2022

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Malta, un lugar inolvidable

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Teatro Presencial
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Día: Jueves 14/7 20hs. Auditorio AMIA, Pasteur 633, Primer Subsuelo – CABA.

 
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Capital FederalCiudad Autónoma de Buenos Aires C1028AAM CABA
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QUEMAR LOS DICCIONARIOS


El peligro de quemar los diccionarios
¿Qué les propone el poder a los jóvenes? ¿A qué épica se convoca a una generación que ve con angustia e incertidumbre su propio futuro? ¿Qué compromiso tiene el Gobierno con la educación?
Luciano Román


Mientras el gobernador bonaerense llamaba a una rebelión estudiantil contra la sintaxis y la gramática, padres de una escuela pública de Berisso reaccionaban contra una docente que, en un discurso escolar, los definía como “argentines” y les hablaba de “nosotres”. ¿Por dónde pasa hoy la verdadera rebeldía? ¿Por los padres que le reclaman a la escuela más seriedad y menos militancia? ¿O por un gobierno que convoca a los alumnos a quemar (simbólicamente) los diccionarios, “independizarse” de la Real Academia Española y “hablar como se les cante”?
La pregunta puede parecer abstracta, pero se conecta con otros interrogantes: ¿qué les propone el poder a los jóvenes? ¿A qué épica se convoca a una generación que ve con angustia e incertidumbre su propio futuro? ¿Qué compromiso tiene el Gobierno con la educación? ¿Y qué distinción se hace entre educar y militar?
Detrás del llamado de Kicillof a romper lanzas con la gramática hay una confusa telaraña conceptual que se contradice con la esencia misma de la educación y con nociones básicas de las sociedades civilizadas. Por supuesto que grandes y chicos son libres de hablar como quieran, y no es una libertad que dependa de la autorización ni la venia de ningún gobernador. Pero esa libertad debería ser tan obvia como la obligación de la escuela de enseñar reglas, métodos, sistemas y técnicas, tanto en el complejo terreno de la lengua como en el de otras disciplinas. ¿Qué viene después de “hablen como quieran”? ¿Sumen y multipliquen como quieran? ¿Vengan a la hora que quieran? ¿Hagan lo que quieran? La demagogia siempre puede sonar tentadora; el problema son las consecuencias.
Tal vez convenga examinar el trasfondo de la propuesta del gobernador, porque desnuda también una forma de concebir el poder y de pensar a la sociedad. El “hablen como quieran” remite a una idea de anomia, de ausencia de reglas y de patente de corso. Dirigido a los más jóvenes, el mensaje es peligroso, aunque no deje de ser ramplón. “No nos va a venir a decir España cómo tenemos que hablar”, se envalentonó el funcionario. No es solo una bravuconada demagógica; carece también de toda consistencia intelectual. La Real Academia Española (a ella se refería) no es un cuerpo legislativo supranacional ni emite normas obligatorias; es solo una institución que vela por la corrección del español sin cerrarse a las innovaciones y transformaciones de la lengua. Confundir todo sistema de reglas con imposiciones opresivas y creer que la adhesión a estructuras normativas (en este caso, idiomáticas) es una forma de “dependencia” expresa un amasijo de eslóganes que ni siquiera alcanza el estatus de una idea; mucho menos de una ideología.
El discurso tribunero y simplón exhibe, además, el descompromiso con el estudio y el esfuerzo. ¿Para qué embarcarnos en el arduo aprendizaje de la lengua cuando “la autoridad” nos habilita a hablar como queremos? El de Kicillof no es un discurso aislado; es la expresión (grotesca, si se quiere) de un sistema de pensamiento que ha colonizado la escuela y que emana del poder. La rebeldía parece asociada a la ignorancia; el mérito es un disvalor; la autoridad es, por definición, autoritaria; corregir se confunde con censurar, y las normas apenas se conciben como meras sugerencias: “nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer”.
La embestida del gobernador contra la Real Academia es, en definitiva, la embestida contra la noción de autoridad moral; es una embestida contra la autoridad del saber. El mensaje, por lo tanto, no es solo para los alumnos, sino también para los maestros y profesores. Lo que Kicillof les está diciendo es ¿quiénes son ustedes para marcarles a los chicos cómo tienen que hablar? Con esos párrafos rústicos en medio de un acto escolar, el gobernador decretó, en definitiva, la muerte de la autoridad docente. Es una autoridad de la que ya quedaba poco y nada: ahora ha sido abolido oficialmente el deber de enseñar y corregir.
Es paradójico porque, con ese discurso y esa lógica, se destruye lo que se dice defender: la escuela pública, por un lado; la igualdad de oportunidades, por otro. Como siempre, las mayores víctimas del deterioro educativo, y de la devaluación de la función docente, son los sectores más vulnerables. Se les dice a los chicos que “hablen como quieran”, pero se les oculta que si no aprenden a hablar correctamente su futuro será más limitado.
El mensaje gubernamental intenta maquillarse de rebeldía y de libertad, pero convierte en imposición la sintaxis de su propio ideologismo. ¿Hay algo más reñido con la libertad que cambiar la enseñanza por la bajada de línea y los diccionarios por los manuales militantes? Cuando el llamado a rebelarse proviene del poder, se parece más a un llamado a obedecer. Eso es lo que hacen, en definitiva, los docentes que suben al escenario (como en la escuela de Berisso) para hablar en “lenguaje militante”, que no es otra cosa que una jerga oficial. ¿Les hablan a sus alumnos o buscan la simpatía de sus superiores? Bajo la máscara de la rebeldía, parece esconderse un sistema de disciplinamiento ideológico que, más que hablar “como quieran”, impone el deber de “hablar como nosotros”.
El llamado a rebelarse contra las normas idiomáticas encubre, además, una idea de fragmentación social. La lengua es, en todas las sociedades democráticas y evolucionadas, un territorio común. Es un engranaje esencial de articulación e integración cultural; es una conexión con las raíces, un puente con nuestra historia y una marca de identidad. Por eso es que bastardear su arquitectura normativa no solo es una frivolidad: es otro paso en el proceso de desintegración sociocultural que sufre la Argentina.
Las reglas nunca han sido, para la lengua española, un corset ni una limitación. En una sociedad forjada en la inmigración, como la nuestra, el lenguaje es un tejido poroso, permeable a la transformación constante, a la diversidad, a la transgresión y a la inventiva. Asociar las normas del idioma a algo rígido y pacato sería ignorar el valor del lunfardo, el ingenio del habla coloquial y la mixtura de la academia con la calle en el enriquecimiento de nuestro hablar cotidiano. Cada generación, por supuesto, aporta sus modismos y rupturas, y así se ensancha todo el tiempo el territorio común de una lengua viva. Ahora mismo, TikTok y la música trap están incorporando un nuevo vocabulario, como lo han hecho la zamba, el tango o la cultura gaucha. Pero no sería posible enriquecer ese espacio común si la escuela no enseñara las raíces y las normas lingüísticas e idiomáticas, como no serían posibles la vitalidad y la diversidad de las democracias si no se respetaran las Constituciones y las leyes. Hay un hilo (no demasiado invisible) que conecta la anarquía del lenguaje con el desapego a la ley. Se entroniza el “hago lo que quiero” en lugar de “lo que debo”.
El del mal llamado “lenguaje inclusivo” es, después de todo, un debate menor. En un país desgarrado por la violencia de género, la pobreza extrema y la tragedia educativa, hablar con la “e” o escribir con la “x” es una frivolidad, una distracción y una careta con la que el poder intenta esconder sus propios fracasos. El debate central tal vez pase por la educación, por el sentido de las normas y la construcción de un país integrado. En ese caso, el discurso de Kicillof no debería verse como un mero arrebato superficial y demagógico, sino como la expresión de un ideologismo destructivo.
¿Cuánto de esa falsa rebeldía y del pseudoprogresismo facilista representa al espíritu de la propia sociedad? De la respuesta a ese interrogante quizá dependa el futuro de la Argentina. La reacción espontánea de los padres de una escuela de Berisso ofrece razones para el optimismo. Son padres de la educación pública que quieren que a sus hijos les enseñen con libros y diccionarios, no con panfletos ni manuales del buen militante; quieren que la escuela sea un sistema de normas, no un territorio dominado por la anomia; quieren que los docentes sean docentes, y que la libertad del lenguaje no se confunda con una “bajada de línea”. Quizá la verdadera rebeldía hoy pase por esos padres de una barriada humilde: es, al fin y al cabo, la rebeldía por el futuro de sus hijos.
Bajo la máscara de la rebeldía, parece esconderse un sistema de disciplinamiento ideológico que, más que hablar “como quieran”, impone el deber de “hablar como nosotros”

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EDITORIAL


La vicepresidenta y Belgrano
Lejos de utilizar la memoria del prócer para decir frases sin contenido que logran el aplauso de sus adeptos, Cristina Kirchner debería intentar imitarlo
Belgrano creó la bandera no con el fin de que sirviese de trapo para propagar consignas facciosas, sino con el objetivo de que envolviera generosamente a todos los argentinos
La vicepresidenta de la Nación ha manifestado una vez más, en el curso de una presunta celebración del Día de la Bandera que tuvo el carácter de mitin político con “pases de factura” hacia quien ocupa hoy la primera magistratura de la República, su admiración por Manuel Belgrano, sentimiento que comparte la mayoría de quienes habitan el país que el prócer contribuyó a construir con una entrega tan plena y generosa que terminó arrebatándole la vida.
Pero la señora de Kirchner, que lucía una pechera de encajes al modo de las que usaban Belgrano y sus contemporáneos, ha ido a lo largo del tiempo mucho más allá del homenaje al creador de la enseña patria, ya que lo ha incorporado al relato mendaz con que la fuerza política que comanda procura adecuar la historia a sus propios intereses.
Belgrano fue un hombre de su tiempo, no del nuestro, que vivió en circunstancias históricas completamente diversas, pero que adoptó en todo momento principios éticos y morales de carácter universal que no son, evidentemente, los que emplea el kirchnerismo en sus maniobras con el fin de hacerse del poder y convertirlo en instrumento de privilegios para los que militan en sus filas.
Por empezar, aquel joven bachiller en leyes llamado a ocupar importantes cargos en la administración española no vaciló en abandonar las perspectivas de poder y riqueza que le ofrecía su poco frecuente preparación, para volver al lejano Virreinato del Río de la Plata y trabajar por la educación y el progreso de sus habitantes, dotándolos de los instrumentos que les permitieran alcanzar su desarrollo individual y social.
Luego, estuvo en primera fila entre los que sacudieron el régimen virreinal para crear una nueva patria y, cuando se le encomendó mandar ejércitos sin ser otra cosa que un miliciano, no dejó en otras manos sus responsabilidades, sino que las asumió en plenitud. Lejos de privilegiar su tranquilidad o de valerse del mando para rasguñar las arcas de los ejércitos que mandó, se ocupó, en el trayecto hacia sus objetivos militares, de dar del propio bolsillo para auxiliar a los desvalidos que halló a su paso.
Creó la bandera no con el fin de que sirviese de trapo para propagar consignas facciosas, sino con el objeto de que envolviera generosamente a todos los argentinos y mostrase que estaban decididos a todo para alcanzar la independencia.
Nadie dudó de su integridad, pues mostró constantemente sus manos muy limpias, y porque castigó sin vacilar la más leve muestra de corrupción en sus ejércitos. Basta con leer las memorias de sus contemporáneos para corroborar la honradez de sus acciones y la ejemplaridad con que castigó a los que no seguían las reglas de moralidad que correspondían a los soldados y ciudadanos de un país que quería ser libre y grande.
Cuando recibió premios pecuniarios importantes, los destinó a construir escuelas, y cuando ejerció funciones diplomáticas en el extranjero, no vaciló en obligar al representante oficioso del gobierno argentino a que presentara fehacientes papeles, porque no había sido claro con las fondos que le habían asignado: “He de dar cuenta al gobierno y con documentos hasta el último medio que se hubiese gastado del Estado; que además es pobre y necesita de todo recurso, y no es regular mirar con indiferencia sus intereses”, dijo en aquella ocasión.
Vivió pobre y murió pobre. Su lápida fue la tapa de una mesa de luz.
¿Se encuentra en la conducta de la segunda autoridad del Poder Ejecutivo algún gesto que se equipare a los de Belgrano, de quien dice que le hubiera gustado ser su amante? Belgrano donó los premios que le otorgó el Estado; la vicepresidenta cobra pensiones millonarias mientras habla de ayudar a los pobres; Belgrano se subordinó siempre a la ley y a la justicia, aun cuando su aplicación tortuosa lo hubiera afectado; su admiradora pretende modificar el sistema judicial de la Constitución para zafar de las causas por corrupción que se le siguen, y se vale de sus fueros legislativos para obstaculizar o postergar la aplicación de fallos.
Lejos, pues, de utilizar la memoria de Belgrano para decir frases sin contenido que logran el aplauso de sus adeptos y claramente incapaz de una introspección profunda para imitarlo, debería cuando menos no ensuciar el nombre de un patriota asociándolo al propio.

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DISCURSO POLÍTICO...NECESIDADES Y DERECHOS

Necesidades y derechos

Juan Vicente Sola
¿Es posible reconocer un derecho cuando hay una necesidad? Son palabras originadas en un tradicional discurso político, pero por su reiterada difusión a través del tiempo plantean una cuestión constitucional por resolver. Recientemente han sido replanteadas en las jerarquías más altas del Gobierno a raíz de la manifestación de un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Puede decirse que si existe una necesidad, hay un derecho?
El término “derechos” tiene muchos matices en su significado. Podemos limitar el análisis a dos alternativas, la ética y la descriptiva. La primera asocia los derechos con principios morales y con ideales. Identifica los derechos preguntándose qué derechos tiene moralmente cada persona. Es una búsqueda ética, valorativa y justifica los derechos como intereses humanos que no pueden ser ignorados sin una justificación especial.
Una segunda alternativa plantea los derechos en forma descriptiva y menos valorativa. Está más interesada en explicar cómo funcionan efectivamente los sistemas jurídicos que en justificarlos. No es por una visión de escepticismo ético, sino porque se concentra en el estudio de los intereses que una Constitución protege efectivamente. De esta manera, un interés se transforma en un derecho cuando un sistema jurídico concreto dedica recursos para defenderlo. Esto incluye tanto a las libertades negativas, que requieren la protección del Estado, como a las libertades positivas, que requieren de la acción gubernamental.
En el primer caso, tomando como ejemplo los derechos a la expresión o a la propiedad, se requiere de un sistema judicial y de una forma de protección policial para su cumplimiento. En el segundo, como en el caso de las prestaciones de seguridad social, son tradicionalmente incluidas en las leyes de presupuesto para que se efectúen los pagos correspondientes.
Reconocer el costo de los derechos es confesar que tenemos que conceder algo para preservarlos. Ignorar los costos es olvidar nuestra vida inmersa en un marco de escasez, donde los recursos son necesariamente limitados. Los derechos fundamentales, aun las libertades negativas, suponen asumir el costo de su preservación. No siempre los costos de la preservación de los derechos son evidentes; están ocultos tanto en el gasto público como en la regulación.
Porque los costos son asumidos de formas diferentes, lo imaginado habitualmente es su financiación a través del aumento del gasto público, es decir, por impuestos, deuda pública y, en forma oculta, por inflación, por la emisión monetaria. Pero en muchos casos los gobernantes evitan asumir el gasto e imponen la financiación, trasladando la carga a otras personas, generalmente menos organizadas. Ellas deben asumir el costo de estos nuevos derechos, y por ese camino llegamos a la llamada expropiación regulatoria, cuando nos privan de nuestra propiedad sin compensación, no por impuestos, sino por reglamentaciones que solo benefician a otras personas con mayor influencia política.
El beneficio de un derecho adicional para un individuo debe ser sopesado con el costo. Si el cargo del beneficio proviene del gasto público debemos comprender que los recursos disponibles para cualquier programa de bienestar social no son ilimitados. El equilibrio entre el nivel de impuestos y la protección de los derechos debe ser beneficioso para todos los sectores, nos recuerda la Corte Suprema de Estados Unidos (“Matthews vs. Eldridge”, 424 U.S. 319, 1976)
Si el costo de los derechos es evidente, el proceso de asignación de recursos, nos agrega el problema ético de la equidad en la distribución. Nos lleva a preguntarnos si las asignaciones de recursos a través de leyes y decretos benefician al bienestar general o solamente a grupos de interés con un buen contacto político con legisladores y gobernantes. Es importante determinar si las prioridades de nuestra legislación van solamente dirigidas hacia grupos bien organizados.
El costo de los derechos sería notorio si los cargara exclusivamente el gasto público, pero para disimularlo se transfieren los recursos a través de la reglamentación, ideal para gobernantes que buscan imponer una política sin asumir el costo. Porque no hay regulación inocente, siempre la regulación de derechos transfiere recursos. Es la forma encubierta de beneficiar a un sector sin asumir el costo a través del gasto público financiado mediante impuestos a toda la población. Simplemente se transfiere el gasto a otro sector, políticamente débil.
Al hacerlo, también la regulación concede rentas, beneficios fuera de la competencia económica conocidos como subsidios directos e indirectos. Suelen ser los beneficiarios grupos de interés bien organizados que obtienen privilegios y favores políticos, a expensas de un costo social mayor.
Es decir, en muchos casos los derechos no provienen de la necesidad, sino de una eficiente organización y de buenos contactos políticos.

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LA FALTA DE IMAGINACIÓN DE LA KKKK


El “mercado presente” que Cristina no puede ni imaginar
Sus creencias económicas dejan a a vicepresidenta muy lejos de una macroeconomía que potencie el poder productivo de los privados
Luciana Vázquez
Cristina Kirchner...Alfredo Sábat
La Argentina enfrenta problemas estructurales en varios frentes. Uno de los más difíciles de abordar es el sentido común económico de Cristina Kirchner: una suerte de religión propia que tiene al Estado como tótem y al Mercado y al sector privado como tabú. Las últimas medidas de los ministros Martín Guzmán o Juan Zabaleta, moldeadas en parte en respuesta a la presión de las concepciones económicas de la vicepresidenta en medio de una coyuntura delicadísima, que el presidente Alberto Fernández tampoco atina a controlar, confirman el sesgo y los efectos colaterales problemáticos que generan las creencias vicepresidenciales. Tanto la confrontación con los movimientos sociales que la vicepresidenta abrió en el acto de la CTA como las limitaciones a las importaciones que alentó con el llamado de atención sobre el supuesto “festival de importaciones” se inscriben en esa cosmovisión. El resultado, una concepción de la vicepresidenta que borronea el rol fundamental del sector privado en la generación de soluciones económicas virtuosas y sostenibles o que, directamente, lo condena tanto en el discurso como en la práctica, por ejemplo, el dejar atrás los planes sociales para dar lugar a la creación de empleo formal.
Los tiempos de la Argentina son otros. Agotado el “Estado presente” en su potencial simbólico y su capacidad de financiación, toda fuerza política que quiera tomar la posta hacia el futuro, como máximo, o, como mínimo, sobrevivir, está casi obligada a machacar con otro mantra: llegó la hora del “Mercado presente”. La vicepresidenta, en cambio, está más atenta a su creencia histórica que a la percepción de los cambios de época.
UNA DENUNCIA QUE APUNTA A UN JUEZ DE LA CORTE PROVOCÓ UN DURÍSIMO CONTRAPUNTO EN COMODORO PY

Cualquier esperanza en torno a una futura Cristina Kirchner de mayor racionalidad económica, potenciada en los últimos días por el encuentro, a instancias de la vicepresidenta, con el economista Carlos Melconian, crítico de la matriz económica productiva del kirchnerismo, queda desmentida por los legados económicos de Fernández de Kirchner con su propensión al déficit y la emisión, el estancamiento del empleo privado que se inauguró en 2011, cuando arrancó su segunda presidencia, el cepo a las exportaciones y el ocultamiento de la pobreza, por ejemplo, pero sobre todo, por las posibilidades que no abraza en el presente.
Aún teniendo el poder de marcarle la cancha a su coequiper en el Poder Ejecutivo, Cristina Kirchner opta por una concepción que postula la hermenéutica de la sospecha en relación al mercado y los privados, su control y acorralamiento como herramienta clave y al Estado como la llave de todos los problemas. Sus creencias económicas la dejan muy lejos de una macroeconomía que potencie el poder productivo de los privados. Al contrario, el Estado interventor es el eje de su mirada justo cuando el Estado está agotado como nunca.
No hay en el horizonte una especie de conversión religiosa de la vicepresidenta que la lleve a matizar sus miradas y a visualizar una salvación política en un cisma pragmático que ponga al mercado y a la racionalidad económica en el centro. Y ése es un problema para la Argentina porque esa figura política con poder suficiente como para marcar la agenda de un gobierno, y por momentos, de la conversación pública no cree en el capitalismo. Como dice en público el Melconian con el que conversó la vicepresidenta durante tres horas en privado: “Hasta los chinos se hicieron capitalistas”.
La disyuntiva movimientos sociales versus intendentes y gobernadores, que planteó Cristina Fernández para patear el tablero de los planes sociales, no hace más que preservarlo: el tablero se mantiene intacto, el del Estado, sus recursos y el uso político de esas posibilidades. Como dice el dirigente de izquierda Gabriel Solano, “hipócritamente habla de las mujeres para apoyarse en realidad en los barones del conurbano”.
Sobre todo desde la derrota electoral de 2021, el oficialismo viene insistiendo con que ahora sí llegó la hora de transformar los planes sociales en trabajo formal como si se tratara de una alquimia política casi mágica. Para lograrlo, en su discurso en la CTA, la vicepresidenta no propuso una ingeniería sofisticada de alianza entre el Estado en su mejor rol de ecualizador de injusticias con un sector privado en su papel más virtuoso de motor del crecimiento y el desarrollo. No se escuchó una visión alternativa que cambie el régimen del sentido común y deje atrás una manera de concebir el problema, que solo ha logrado reproducirlo. Más que “Potenciar trabajo”, los planes potenciaron un universo autónomo de precariedad.
El discurso de Cristina Fernández en la CTA planteó simplemente un cambio de manos del poder y de los recursos del Estado, es decir, recursos de todos, a un poder más afín a la vicepresidenta: de los movimientos sociales a los intendentes. Una decisión que se muestra cada vez más como una movida electoralista para tener algo para distribuir, sobre todo en el conurbano bonaerense, cuando empieza a jugarse el destino electoral de 2023.
El economista Marcelo Capello, investigador del Ieral, el instituto de la Fundación Mediterránea que preside Melconian, dejó en claro los beneficios políticos del cambio de manos de los Potenciar Trabajo. “Si los planes Potenciar Trabajo pasan a ser administrados por las provincias, beneficiaría a la provincia de Buenos Aires, que junto a Jujuy, tienen la mayor cantidad de beneficiarios cada 100 personas con dificultades laborales”. En Jujuy, hay 22,9 planes Potenciar Trabajo cada 100 personas con dificultad. En la provincia de Buenos Aires, sumando el Gran Buenos Aires y partidos del interior, hay 27,8.
Dentro de la provincia que gobierna Axel Kicillof y que es central en la estrategia electoral de sobrevivencia que imagina Cristina Fernández, los municipios del conurbano son los más beneficiados. Por cada 100 habitantes, en promedio, el conurbano tiene 3,3 Potenciar Trabajo. Florencio Varela, municipio kirchnerista, es el que más tiene, 7,9. Le siguen José C. Paz, el municipio de Mario Ishi, con 5,9 planes cada 100 habitantes, Ezeiza, Berazategui, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Avellaneda, Moreno, Quilmes y Esteban Echeverría en los primeros puestos.
A la hora de manejar los recursos del Estado, la vicepresidenta sigue privilegiando una visión clientelar antes que racional y estructural que incentive al sector privado. En el pasaje de la “tercerización” de los planes en las organizaciones sociales a la gestión de los intendentes, todo queda dentro del Estado, siempre. El rol del sector privado como creador de empleo genuino queda fuera de su lógica.
La vicepresidenta moraliza a los sectores de la economía, y lo hace sesgadamente: el mal es siempre el otro. En ese marco, el sector privado siempre es sospechoso. El sentido común en torno a los planes estuvo asociado durante los años del kirchnerismo histórico a la idea de un “Estado que cuida”. En 2015, en plena campaña, el miedo insuflado desde el kirchnerismo en relación a una presidencia macrista pasaba por ese lado: la llegada de un nuevo “Estado neoliberal” que descuidaría a los más vulnerables. Cambiemos llevó adelante una política social atrapada en esa suerte de extorsión conceptual: aumentó la cantidad de planes como muestra de su sensibilidad social. Desde el ministerio de Carolina Stanley, la política pública respondía a una suerte de compensación de una culpa original de ese sector gobernante que debía dar muestras de sensibilidad.
El giro contrario en ese sentido común, lo dio, otra vez, Cristina Kirchner en los meses finales de la presidencia de Mauricio Macri, cuando empezó a plantear que los planes son, paradójicamente, la prueba de un “Estado neoliberal” ineficaz y perverso que consolidaba la pobreza.
La historia y el aporte limitado de la política social argentina desde 2002 hasta 2020 quedó bien clara en el trabajo elaborado por el sacerdote jesuita y doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley Rodrigo Zarazaga y los politólogos Andrés Schipani, también doctor en Ciencia Política por esa misma universidad, y Lara Forlino. El informe, titulado “Mapa de las políticas sociales en la Argentina. Aportes para un sistema de protección social más justo y eficiente” y fue publicado por Fundación Fundar y del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS).
La Argentina es el segundo país de América Latina, después de Brasil, con más gasto social respecto del PBI pero con peores resultados. Chile y Uruguay tienen índices de pobreza que representan un tercio de la pobreza argentina y lo lograron gastando entre la mitad y dos tercios del gasto social argentino. Otro dato del informe es indicativo de la desaparición del sector privado del horizonte que de soluciones: entre 2011 y 2019, el gasto en planes de preservación o promoción del empleo formal cayó el 80%. Se trata de aporte a las empresas para que no haya despidos en épocas de crisis, en el primer caso, y de planes de capacitación laboral, en el segundo.
En otro trabajo comparativo que lleva adelante Schipani en torno a cómo Chile y Uruguay hicieron la transición a empleo formal, la estabilidad macroeconómica surge como variable central. “Uruguay y Chile tuvieron 20 años o más de estabilidad macroeconómica y eso tiene una correlación positiva con la creación de empleo formal. Una condición necesaria para una política social es una política macroeconómica estable”, señala Schipani. Una macro ordenada como el mejor plan social. Los sesgos conceptuales del cristikirchnerismo y la desesperación electoral no la lleva a esas costas. Aceptar el funcionamiento del capitalismo es la clave para el desarrollo.
Al contrario, mientras a la vicepresidenta se la escucha pronunciar una suerte de rezo público por una especie de “pueblo Pyme” al que hay que proteger, en la práctica se las vulnera. “Las Pymes no tienen ni la capacidad ni la intención de sobre stockearse o especular”, explicó, en esa línea, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González.
Como dice Melconian, bajar la inflación es popular. La vicepresidenta podría coincidir con esa afirmación. Aunque no con la receta para lograrlo. En esa diferencia se juegan las visiones de mundo sobre Argentina.

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