EDITORIAL

Hidrovía: terminar con el pase libre a la droga
Atacar el problema del narco debe ser uno de los objetivos principales de la privatización de servicios de esta ruta navegable clave para el país y la región


Haciendo uso de la delegación de facultades otorgada al Poder Ejecutivo por la Ley Bases, el viernes último, el Gobierno decidió privatizar la Hidrovía Paraná-Paraguay. Para ello, instruyó al área de Puertos, de la Secretaría de Transporte, para que encabece el proceso de llamado a licitación nacional e internacional con el objetivo de concesionar, de manera total o por tramos, esa vía navegable. Se busca con ello la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento. Pero, más allá de la necesaria readecuación operativa, hay un tema crítico por resolver en este corredor imprescindible: su utilización como pase libre del narcotráfico.
A partir de la pandemia de Covid 19, la Hidrovía se transformó en una de las rutas principales de salida de la cocaína que se produce en América del Sur hacia los puertos de Europa, Asia y Oceanía. Esta “autopista” fluvial de 3400 kilómetros comparte jurisdicción con cinco países (la Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil y Uruguay) y viene enfrentando históricamente serias dificultades para ejecutar los controles necesarios con el fin de evitar millonarios movimientos de transporte de droga, con aumentos tanto de producción como de demanda en el mundo. La Hidrovía es una ruta vital para nuestro país, así como también para la producción regional. Por el río Paraná se exporta el 80% de los productos agropecuarios que producimos. En la década del 90 se montó allí un modelo productivo, con terminales y plantas de procesamiento de granos para sumar valor agregado. A lo largo de 70 kilómetros de ribera en la zona del Gran Rosario se ubican 29 terminales portuarias privadas. Las empresas, cuyo negocio es el comercio de granos, comenzaron a realizar inversiones en las terminales para incrementar las medidas de seguridad.


El crimen organizado se escabulle en las entrañas de la economía legal de grandes flujos, donde detecta puntos vulnerables, tanto a nivel de controles estatales como de penetración de la corrupción. No es casual que el tráfico de drogas en la Hidrovía haya crecido sin límites.
Una muestra del volumen de cocaína que se traslada por esta traza es el cargamento de 4013 kilos secuestrado por las autoridades paraguayas el 16 del mes último, en el puerto de Caacupemí, en las afueras de Asunción. La cocaína estaba camuflada en bolsas de azúcar, que la empresa Chokokue SA había fletado hacia el puerto de Amberes, en Bélgica.
Después de esta histórica incautación, la más grande desde que existen registros en la Hidrovía, el presidente paraguayo, Santiago Peña, destacó: “En menos de un año se ha hecho lo que se hizo en gobiernos anteriores. Eso despierta sentimientos encontrados porque evitamos que las drogas salgan de Paraguay para no pasar papelones como cuando se descubrían cargamentos de cocaína en puertos europeos”. En los últimos cuatro años se incautaron 52 toneladas de cocaína en las terminales de Amberes, Rotterdam y Hamburgo, algo que revela las falencias de los puertos en los que se embarcan estas cargas contaminadas con esta droga.
Lo llamativo de este caso es que, hasta ahora, el único detenido es un camionero de nacionalidad paraguaya: Juan de la Cruz Galeano Mieres, que había sido interceptado en 2015 con 121 kilos de marihuana, en Formosa. Como publicó  el año pasado estuvo involucrado en un extraño episodio en Encarnación, donde intentó suicidarse tras quemar su auto. Las autoridades judiciales determinaron que tenía problemas de salud mental.
Paraguay fue históricamente un país productor de marihuana, el más grande de América del Sur, con más de 6500 hectáreas destinadas al cannabis. Pero con la inserción del crimen organizado internacional, se transformó en uno de los nodos de salida de drogas al exterior, a través de los ríos Paraguay y Paraná, como señala el especialista Carlos Peris, que participó en un estudio en la región sobre crimen organizado que llevó adelante la ONG internacional InSight Crime.
Esa plataforma logística es controlada por grupos criminales internacionales provenientes de Colombia y de Brasil, como Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho, que tuvieron una estrategia de expansión regional y hoy mantienen gran influencia en Paraguay, país predominante en la Hidrovía, a través de una flota de 2500 barcazas. En época de cosecha navegan por el río unas 300 embarcaciones.
Los controles son dificultosos porque el tráfico de mercaderías no se puede detener, como marcan los tratados internacionales de la Hidrovía. Por eso, la vigilancia en los puertos, donde embarcan las cargas, es clave. Según Peris, Paraguay cuenta con un solo escáner, que fue donado por Canadá. Con esa tecnología se detectó el cargamento de 4013 kilos de cocaína. Pero se estima que se controla solo el 2% de las cargas.
En la Argentina, en agosto de 2022, a partir de información de la DEA, se secuestró un cargamento de 1500 kilos de cocaína que estaba previsto que saliera por alguna terminal del país. La sospecha era que iba a ser embarcada en Rosario, de donde había partido otro similar que fue secuestrado en el puerto de Santos.
En el Ministerio de Seguridad señalaron que la principal estrategia consiste en evitar que los cargamentos lleguen a los puertos. Se busca interceptar los estupefacientes camino a las terminales o en los lugares de acopio. Según cifras oficiales, en el primer semestre del año se incautaron 7783 kilos de esta droga, mientras que en el mismo periodo de 2023 esa cifra fue de 3870. Es casi el doble y, en el orden económico, representa más de 120 millones de dólares al valor del estupefaciente en el mercado europeo. Los especialistas calculan que se secuestra el 10% de lo que se mueve en ese tráfico ilegal.
La inteligencia criminal y los controles para incrementar la seguridad de los puertos son determinantes en la región de influencia de la Hidrovía, donde persisten dificultades y desconfianzas mutuas entre los países a la hora de coordinar tareas e información. También hay falencias profundas en las tareas de investigación judicial por las trabas burocráticas que enfrentan los países. Hay una experiencia que empieza a rendir frutos, el Seaport Cooperation Project (Seacop), financiado por la Unión Europea y destinado a armonizar la información portuaria. Sin embargo, la Hidrovía sigue siendo una ruta vulnerable a la penetración del crimen organizado, con deficiencias en los controles, tanto en cargas como en algunas empresas operadoras que ganaron terreno en los últimos años.
Es de esperar que la concesión en manos privadas de esta ruta imprescindible para el comercio sea acompañada por un estricto control de la seguridad, que empiece a desandar este tan aceitado como mortal corredor de estupefacientes.

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EDITORIAL

La careta del falso progresismo
Solo habrá progreso real con libertades individuales, división de poderes, respeto por el derecho de propiedad, mercados libres y un verdadero espíritu empresario
Maduro: una pelea por el poder a cualquier precio
En años posteriores a la Revolución Rusa, una ola de intelectuales creyó haber encontrado en la dictadura soviética la panacea igualitaria con prosperidad económica. John Steinbeck, Sinclair Lewis, Ezra Pound, André Malraux, André Gide, Bertolt Brecht, Jean Paul Sartre, estuvieron entre ellos. Ernest Hemingway, quien luchó en España con los republicanos, se distanció de su amigo John Dos Passos, encandilado por el relato estalinista. Al revelarse las masacres ordenadas por el dictador georgiano, todos se arrepintieron y las posteriores revelaciones de Nikita Kruschev condenaron ese período luctuoso al destierro del universo bienpensante.
En ocasión de las recientes elecciones en Venezuela, otra ola de “intelectuales” nacionales y populares, como aquella de 1917, apoyó el fraude cometido por Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder. En ese listado de “notables” con poncho, bombilla y mate, se destacan el silencio de Cristina Kirchner y las expresiones de Andrés “Cuervo” Larroque, Hugo Yasky, Roberto Baradel y Daniel Catalano; Atilio Borón, Víctor Hugo Morales, Alicia Castro, Luis D’Elía y Fernando Esteche; Eduardo Sigal, Ariel Basteiro y Carlos Raimundi, entre otros partidarios de la cómplice ambigüedad kirchnerista que no puede ocultar su turbia relación con Hugo Chávez durante la Revolución Bolivariana (1999-2013). La diferencia entre los actuales secuaces del timo y los literatos del pasado siglo, es que Sartre y Malraux desconocían la deriva autoritaria que tendría el estalinismo, mientras Larroque y Yasky apoyan a Maduro precisamente por conocerla.
Nadie que se juzgue progresista puede identificarse con el siniestro régimen que Nicolás Maduro pretende perpetuar en Venezuela, alineado con las peores dictaduras del mundo
Cuando cayó el Muro de Berlín, la experiencia soviética manchó de sangre el curriculum marxista y muchos socialistas, para no cargar con el estigma del Gulag, prefirieron entrar al siglo XXI con otras denominaciones. La preferida fue “progresismo”, para blanquear aquel derrumbe con reivindicaciones singulares, sustituyendo al proletariado, devenido burgués, por distintas minorías ajenas al debate por la alienación y las plusvalías. Y así, el marxismo fracasado incorporó a militantes de los derechos humanos, del garantismo, del feminismo, de la igualdad de género, de los pueblos originarios, del matrimonio igualitario, de la comunidad LGBT, del lenguaje inclusivo y del aborto legal. Continuaron la lucha contra el capitalismo, pero con banderas de otros colores, sin hoces ni martillos, aprovechando las libertades políticas que anteriormente no conocían.
Ello fue posible en Europa, Estados Unidos y América Latina, donde rigen democracias liberales y el despliegue de esas banderas no es reprimido con bastones policiales ni con la deportación.
El llamado progresismo solo puede prosperar donde tienen vigencia los principios de la Ilustración, basados en la tolerancia y el respeto recíproco, sin que los gobiernos impongan creencias ni rituales a su población. Esa tradición cultural, tan frágil y expuesta a la aparición de dictadores, es una rara avis que existe solo en Occidente, siendo sus pilares el respeto a los derechos individuales, la división de poderes y la independencia de la Justicia. Sin embargo, quienes usan y abusan de ella, como si hubiese nacido de un repollo, desconocen que fuera de sus confines deberían callar y obedecer, como en la tierra de Maduro o de Fidel.
Les guste o no a los críticos del capitalismo liberal, solo habrá progreso real con libertades individuales donde haya derecho de propiedad, mercados libres y espíritu empresario. Solo así podrá generarse riqueza para alimentar, educar y abrigar, además de hacer posibles las conquistas del “progresismo”. Nunca tendrán una favorable realidad sin crecimiento económico, pues cualquier forma de “Estado presente” es costosa y solo puede sostenerse - sin sacrificar libertades - en el marco de las democracias liberales.
La preferencia de nuestros “notables” de poncho, bombilla y mate por Venezuela, Cuba y Nicaragua, los agentes de Irán, China y Rusia en la región, demuestra que su falso progresismo fue solo una estrategia para acumular poder liso, llano y carente de principios
Nadie que se juzgue progresista puede identificarse con el régimen de Nicolás Maduro, alineado con las peores dictaduras del mundo, como la República Islámica de Irán, una teocracia integrista donde las mujeres carecen de derechos; con la Federación Rusa, donde gobierna Vladimir Putin, un exespía homofóbico, xenófobo, misógino, sexista y racista, o con la República Popular China, un régimen totalitario que no permite ningún disenso y somete a minorías étnicas por la fuerza. Además, en Venezuela no solo faltan la comida y el agua potable. Tampoco hay aborto legal ni identidad de género ni cupos femeninos, ni Asignación Universal por Hijo (AUH) ni jubilaciones dignas ni los derechos que el “progresismo” ha logrado en la Argentina.
Ahora, en Caracas, acaba de soplar un huracán cuya fuerza llegó hasta aquí, haciendo volar las caretas de miles de falsos progresistas quienes, tras el aforismo “la patria es el otro” simulaban idealismo y compromiso social para apropiarse de lo público y destruir lo privado. Militantes, cabecillas, dirigentes, acomodados, mandamases y gerifaltes varios, quienes, tras sus máscaras de Eternautas y durante tres gobiernos kirchneristas, ocuparon espacios de poder, gestionaron millonarias cajas estatales, designaron parientes, administraron subsidios, cobraron retornos y viajaron por el mundo en nombre de valores que ignoraban, mientras sumergían a la Argentina en una escandalosa pobreza.
Al volarse las caretas, la realidad se ha revelado. La preferencia por Venezuela, Cuba y Nicaragua de nuestros “notables” de poncho, bombilla y mate, los agentes de Irán, China y Rusia en la región, demuestra que su falso progresismo fue solo una estrategia para acumular poder liso, llano y carente de principios. Su ideología visceral es el añejo “socialismo nacional” de John W. Cooke y Alicia Eguren, actualizado por el “socialismo del siglo XXI” de la gesta bolivariana. Nicolás Maduro aún vocifera contra el “imperio” como si Estados Unidos fuera responsable del drama de su país, de igual forma que Cuba culpa al embargo y Cristina Kirchner sugiere “mirar hacia al Norte” y no a Oriente si algo le ocurriese.
Nunca tendrán una favorable realidad sin crecimiento económico, pues cualquier forma de “Estado presente” es costosa y solo puede sostenerse, sin sacrificar libertades, en el marco de las democracias liberales
Los resultados de esos experimentos totalitarios están a la vista: en La Habana, los jubilados cobran cinco dólares por mes y deben trabajar hasta su último suspiro para poder comer. En Caracas, donde faltan la luz y el agua, el salario mínimo es de tres dólares y hablar allí de jubilación es una broma: los adultos mayores, cuando han quedado solos, revuelven la basura para poder subsistir. Los millones que no pudieron votar esta vez, votaron antes con sus pies en busca de paz, pan y trabajo.
El aplauso al régimen de Maduro y la reticencia kirchnerista a condenar el fraude en los resultados de las urnas demuestran su alineamiento estratégico con regímenes autoritarios, donde se ignoran los derechos humanos y se impulsan conflictos globales para demoler las instituciones de la cultura occidental. No es ya solo un asunto interno de Venezuela, sino parte de una confrontación mayor que afecta el destino de toda la región.
Su nefasto accionar va dejando en el camino a muchísimas personas empobrecidas cultural y materialmente. Algunas intentan buscar alivio en otras latitudes a un costo altísimo, abandonando seres queridos en una diáspora que parece no tener fin. Otras ni siquiera tienen fuerzas para escapar de las garras de semejante mentira
En los 70, los grupos subversivos que tomaron el poder durante la gestión de Héctor Cámpora, en nombre del “hombre nuevo”, impulsaron la avanzada de la URSS en América Latina a través de Cuba; 50 años más tarde, ya no existe el comunismo y la ofensiva de Rusia, China e Irán no es ideológica, sino geopolítica. A través de La Habana y de Caracas intentan preservar áreas de influencia que excluyan a los Estados Unidos, mientras –paradójicamente– familias enteras siguen emigrando en busca de refugio cruzando el Rio Grande. Pues saben que solo donde gobiernan instituciones occidentales encontrarán libertad y futuro para sus hijos. Han aprendido bien y de la forma más dolorosa, que cualquier otro “progresismo totalitario” es un fraude.

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VOZ, INICIATIVA, EDITORIAL

Además de “déficit cero”, la Argentina necesita “insulto cero”
Luciano Román
Si decidieran formar un club o una asociación, a esta altura ya sería una entidadnumerosayheterogénea de dimensión internacional: cada vez son más las personas insultadas, agredidas o destratadas por el Presidente. Entre ellos hay economistas, mandatarios extranjeros, funcionarios del FMI, periodistas, intelectuales, actrices, cantantes, gobernadores, legisladores, banqueros y empresarios. También hay ciudadanos comunes y corrientes, a los que se atropella en las redes porque “son giles”: no la ven.
El diccionario que condensa la agresividad del poder también es cada vez más frondoso: chantas, imbéciles, corruptos, ensobrados, chorros, ratas, dinosaurios, mentirosos, fracasados... El agravio se dirige tanto a los que están en las antípodas como a muchos que comparten el rumbo del Gobierno y que solo se permiten plantear reparos o críticas constructivas: estos últimos son “libertarados”. Ni los amigos están a salvo del arrebato temperamental del Presidente.
La escalada verbal no se detiene; al revés: crece el voltaje de virulencia y vulgaridad. Tampoco se encapsula en el jefe del Estado, sino que se contagia, se imita y se reproduce entre actores de la vida política. Mientras el Presidente decía la semana pasada que a banqueros y operadores financieros “les dejamos el culo como un mandril”, una diputada libertaria competía en educación y elegancia para decir de un exfuncionario que “se arrodillaba para sobarle la quena a alguien”. Un exministro de Economía, al mismo tiempo, cruzaba insultos y agresiones con un exfuncionario del Banco Central: uno lo trató de “inmundo y repugnante”, el otro le contestó que fue “sodomizado por el kirchnerismo”. Ese es el tono de la discusión. Lo peor es que no nos escandalizamos. Estamos peligrosamente cerca de naturalizar el insulto y de acostumbrarnos a que, desde la cima del Estado, se zamarree con descalificaciones y agravios a cualquiera que no piense del modo “debido”. No se confrontan las ideas ni las opiniones, sino que se ataca al emisor. Se crea así una atmósfera de inseguridad y temor: nadie sabe qué comentario o interpretación puede desatar la ira del poder. Se potencia, además, una espiral de agresividad en la que se degrada el debate público y se normaliza la violencia verbal como si fuera parte de “un estilo”.
El deterioro del lenguaje expresa algo más profundo: un deterioro en la calidad de la convivencia democrática. Cuando se pierde el respeto por el otro, se cae en una forma de violencia simbólica que puede habilitar otras formas de violencia. La agresión esconde una fragilidad argumental y les quita razón y legitimidad a posiciones que, planteadas de un modo apropiado, podrían ser correctas y consistentes.
La naturalización del lenguaje agresivo y soez desde el poder se ampara en una serie de confusiones. Se intenta asociar el insulto a un estilo duro, firme y enérgico de confrontación con “la casta”. Se lo identifica con rasgos disruptivos y con cierta audacia y excentricidad en el ejercicio del liderazgo. Se lo minimiza, además, como si fuera una mera cuestión de formas y no de fondo. Y hasta se llega a interpretarlo como una expresión de franqueza y transparencia: “dice lo que piensa”, “él es así”. ¿Lo disruptivo tiene que ser agresivo y rozar incluso la actitud patoteril? ¿La firmeza tiene que ser arrogante y atropelladora? ¿Desde cuándo la franqueza habilita a alguien a decir y hacer lo que se le ocurre sin medir las consecuencias? Confundir una cosa con otra puede llevarnos a un peligroso territorio en el que se empieza por relativizar el agravio y se termina por justificar la violencia verbal.
Todo sigue una lógica que exacerbó el kirchnerismo: la de ver al adversario o al crítico como un enemigo. La de no admitir matices:“estás conmigo o estás en contra de mí” y la de dividir al mundo entre “buenos y malos”. Oponerse implica un alto costo. Al “enemigo” le puede caber el “escrache”, el agravio o la estigmatización. Ya los vimos con 6,7,8 o con otras formas de acoso y hostigamiento fogoneadas desde el poder. ¿O nos olvidamos de la amenaza de Aníbal Fernández contra Nik (que terminó en un pedido de disculpas judicial) y de otras expresiones del “patoterismo de Estado” que rigió durante el kirchnerismo? Muchos han tenido, y todavía tienen, el coraje y la fortaleza para resistir, pero otros se repliegan frente a un temor comprensible. El que los “marca” es el Estado. ¿Cómo no sentir inseguridad e inquietud ante semejante asimetría? ¿Cómo no sentirse vulnerable frente al insulto de quien maneja desde la SIDE hasta la AFIP y que además cuenta con un ejército de trolls y de fanáticos dispuestos a seguir la faena a través de los “pelotones de fusilamiento” que funcionan en las redes?
El insulto lastima y descoloca: ¿cómo se contesta un ataque del Presidente? El interrogante remite a la vértebra más sensible de todo sistema jurídico e institucional: ¿cómo se defiende el ciudadano común frente al atropello o al abuso del Estado? Pero en la era de las redes, del anonimato digital y de la ruptura sui generis de las normas de convivencia que proponen distintas formas de populismo, la respuesta suele ser más difusa. Muchas veces el insulto proviene de un “retuit”. En otros casos se disfraza de réplica: ¿no puede el Presidente criticar a los que lo critican? Por supuesto que sí. Incluso puede hacerlo de manera enérgica y terminante. Lo que no puede es agraviar. Desconocer esa frontera es desconocer los límites que impone el sistema de convivencia; es desconocer, además, la distinción básica entre el derecho y el exceso.
En manos de un gobernante, el insulto, o incluso la burla, pueden ser armas peligrosas. Engendran temor y abren heridas, pero también pueden incubar resentimiento. Incitan a algunos a hacerse eco del enojo presidencial. Tienen, además, el efecto de combatir la moderación y de convalidar el bullying. Las voces equilibradas tienden a replegarse, mientras se exacerban las más agresivas y temerarias. El tono general del debate público empieza a crisparse y la agresividad y los exabruptos se naturalizan como si fueran la banda sonora de una época.
Todo ocurre, además, en un contexto en el que la conversación pública pierde rigor y profesionalismo. El Presidente propicia apariciones mediáticas en las que predomina el tono amistoso y hasta chabacano, donde la palabra gruesa y vulgar también tiende a confundirse con frescura y desacartonamiento, como si el diálogo y el intercambio con un presidente fuera equivalente a la sobremesa de un bar. En ese contexto, el insulto o el exabrupto fluyen con riesgosa naturalidad.
Se ha llegado a un punto que tal vez merezca una reacción institucional. Ha habido advertencias enfáticas y oportunas de distintas asociaciones, incluso muchas internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa o Amnistía Internacional, referidas a los ataques a periodistas. Pero desde el propio sistema político y judicial debería plantearse un límite a la violencia verbal. ¿No merecería al menos un llamado de atención de la Cámara la diputada que se permite la grosería y el agravio hacia un exfuncionario? ¿O dejamos que pase como parte del folclore y el ruido de fondo?
El Gobierno ha convertido en eje central de su gestión el “déficit cero” y el combate frontal contra la inflación. Son pilares fundamentales para sanear la economía y recuperar una noción de estabilidad y de futuro. ¿No debería ponerse el mismo empeño en una política de “insulto cero”? ¿No debería combatirse la violencia verbal con la misma energía que el descalabro fiscal? No agraviar y no insultar deberían ser el núcleo de un pacto ético de la política. Una economía sana y ordenada es tan importante como una convivencia democrática respetuosa y saludable. No es una cosa o la otra. Es cierto que venimos del desorden económico con autoritarismo político. Pero los logros parciales que, en apenas siete meses, puede exhibir el Gobierno en aspectos macroeconómicos no tienen por qué ser en desmedro de un debate público civilizado. Equilibrio fiscal con equilibrio discursivo. Respeto a las reglas de la economía con respeto a las reglas de la convivencia. Superávit con buenos modales. Sin esa fórmula, la Argentina seguirá atrapada en la espiral del retroceso permanente.ß

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Lanzan un programa para prevenir casos de trata de personas
InIcIatIva. La ministra Patricia Bullrich presentó una campaña que se realiza a escala regional con apoyo europeo

Camila Súnico AinchilLa ministra Bullrich, acompañada del subsecretario Verrier ministerio de seguridad
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó oficialmente la campaña Alerta Trata en Argentina, acompañada por el secretario de Lucha contra el Narcotráfico y Criminalidad Organizada, Martín Verrier, el director de Cooperación Internacional del Ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, y miembros de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También participaron del evento el embajador de la Unión Europea en Argentina, Amador Sánchez Rico, y representantes del programa Eurofront.
La campaña Alerta Trata, apoyada por la Unión Europea, busca concientizar sobre este delito a través de materiales digitales e impresos, sesiones de sensibilización y acciones conjuntas a nivel nacional y regional.
“La Argentina ha logrado rescatar a 14.000 personas desde 2012 y es uno de los países más comprometidos en este tema. Por eso ahora comenzamos un nuevo momento, una nueva campaña en la que todas las fuerzas de seguridad, la ciudadanía y cada miembro de las instituciones que están en la frontera o que observan lo que pasa pueden ayudar a que este delito no continúe”, señaló la ministra Bullrich.
Y comentó que nuestro país “fue reconocido por el Departamento de Estado de los EE.UU., destacando los esfuerzos y ubicando a la Argentina en el nivel 1 del ranking mundial”. Además, Bullrich indicó: “Nuestras fuerzas, organismos estatales y privados han logrado poner al país en esta privilegiada posición, esta es una realidad construida a lo largo de muchos años”.
Por su parte, el secretario Verrier, expresó: “Hoy estamos dando inicio a la campaña Alerta Trata, financiada y apoyada por la Unión Europea a través del programa Eurofront. Esta campaña refleja uno de nuestros pilares en la lucha contra la trata, que es la prevención. Consiste en una campaña comunicacional que abarca tanto redes sociales como material gráfico destinado a concientizar sobre este tipo de crimen organizado, que es uno de los tres más importantes en el mundo en términos de dinero que mueve, y, por tanto, nos lo tomamos con la mayor seriedad”.
La ministra Bullrich detalló casos en los que trabajaron en los últimos meses las fuerzas federales de seguridad. “Este año hemos tenido varios casos, como el de un grupo de argentinas convocadas por una red social que fueron a México pensando que iban a ser influencers, que iban a ser modelos, que iban a ser famosas y terminaron sin documentos explotadas sexualmente. Hasta que una pudo escaparse, dar aviso y las autoridades mexicanas las sacaron, las rescataron y luego muchas de ellas volvieron al país”.
Verrier explicó los cuatro pilares de la nueva estrategia contra la trata: reducir la capacidad de las organizaciones criminales para reclutar, traficar y explotar personas; crear un ambiente más hostil para estas organizaciones a través de campañas de comunicación; atacar la demanda mediante la difusión de información y prevención por parte de las fuerzas federales, y combatir la logística del delito, incluyendo el ciberespacio.
Explicó, además, que esta iniciativa “fue financiada y auspiciada por la Unión Europea, pero ejecutada por el Ministerio de Seguridad.”
Alerta Trata es una campaña internacional que se enfoca en la prevención de ese delito en países de América del Sur como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú. La iniciativa incluye mensajes informativos para la detección temprana de casos, fomentándose especialmente las denuncias y llamados de asistencia en líneas telefónicas de instituciones públicas.
Esta campaña fue presentada como parte de las actividades previstas para el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 del actual.

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Juegos Olímpicos, de París al mundo
Se abre una nueva instancia para que el deporte brille, derribando barreras hacia la integración y la inclusión en el mundo
En abril pasado se encendió en Olimpia (Grecia) la llama olímpica, allí donde antiguamente se disputaban los Juegos Olímpicos y, tras diez días de recorrido, llegó a Atenas donde la recibió el Comité Organizador de París 2024, por tercera vez sede de las competencias (1900, 1924 y este año). El icónico símbolo de acero reciclado es obra del creador francés Mathieu Lehanneur, quien aunó los conceptos de igualdad, paz y agua, pues el desfile inaugural de las delegaciones tendrá lugar hoy, en el río Sena, con embarcaciones de cada país navegando hasta Trocadero, frente a la Torre Eiffel. Estos juegos que concentrarán la atención mundial se prevén innovadores por cuanto muchos eventos se desarrollarán fuera de los estadios, en plazas, jardines, parques y patios de colegios.
La Villa Olímpica, una pequeña aldea en la que se cruzarán idiomas, costumbres y tradiciones, se convierte en símbolo de interculturalidad con la presencia de 206 países, sin contar a rusos y bielorrusos que participarán como atletas individuales neutros. Con unas 52 hectáreas de superficie, un total de 7200 habitaciones en 82 edificios permitirá alojar a 10.500 atletas durante los Juegos Olímpicos y a unos 4400 en los Paralímpicos, que arrancan el 28 del mes próximo, en igual número de hombres y mujeres que disputarán el medallero, por primera vez en la historia.
EE.UU. envía 592 atletas, superando a Francia, que participa con 573, seguida por Australia (460), Alemania (427) y Japón (404). La delegación argentina se hace presente con 136 deportistas que competirán en 25 disciplinas deportivas. La jugadora de hockey Rocío Sánchez Moccia y el voleibolista Luciano De Cecco, ambos en su 4ª participación olímpica, serán los abanderados de nuestra delegación en la ceremonia de apertura.
Las mayores esperanzas están depositadas en los deportes de equipo como el fútbol, el hockey, el rugby y el voley, donde la unión, pasión y entrega de nuestros deportistas compensan las múltiples carencias en gestión deportiva y los raquíticos presupuestos a los que se sobreponen quienes compiten contra sí mismos para mejorar tiempos y marcas. Las expectativas en cuanto a resultados es moderada, en línea con las 3 medallas obtenidas en los últimos juegos de Tokio y en las anteriores ediciones de Río 2016 y Londres 2012 con cuatro preseas.
El centro de mando de operaciones tecnológicas de las 63 sedes olímpicas y paralímpicas, dedicadas o no a las competiciones, dispone de 610 metros cuadrados que albergarán el equipamiento informático provisto por la empresa francesa Atos. Desde el software que administra las acreditaciones; el portal de 45.000 voluntarios; el calendario de competiciones, clasificaciones y la ciberseguridad del evento, todo depende de plataformas y servicios cuyo correcto funcionamiento ha sido debidamente probado a lo largo de tres años, con más de 250.000 horas de testeos para minimizar errores, fallas o incidentes que podrían impactar en la competición. Solo de transmisiones televisivas se calculan unas 350.000 horas. Nunca una cuestión técnica debería retraUn sar una competición, para lo cual las soluciones de backup son fundamentales.
La centralización de resultados y las estadísticas compiladas de la actividad en cada sede llegarán a agencias de noticias, federaciones y comités olímpicos de todo el planeta mediante un sistema que convierte los resultados y los presenta de manera inmediata en la web. Con unos 20.000 periodistas acreditados, a la infraestructura de redes se suman unas 150 aplicaciones debidamente validadas que operarán para cumplir con los requerimientos de una enorme diversidad de actores internacionales.
Unas 300 personas coordinarán tareas con 2000 especialistas ubicados en distintas partes del mundo a lo largo de las 24 horas de cada jornada. En Atos están convencidos de que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 serán “los más tecnológicos y ciberseguros” de la historia olímpica.
Es nuestro deseo que el deporte en su máxima expresión sea un faro que ilumine al mundo, que tienda puentes y derribe barreras, contribuyendo a la inclusión e integración de los pueblos. Pretendemos que los buenos ejemplos se multipliquen y sean contagiosos, y que las trampas, el doping y otras prácticas aberrantes queden fuera de competencia para que triunfen el juego limpio y los más altos valores deportivos. En la aldea global, la tecnología es la aliada que nos permite palpitar desde cualquier lugar el espíritu y el minuto a minuto de un evento deportivo que recién veremos repetirse en Los Ángeles, Estados Unidos, en 2028.

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EDITORIAL

Un nuevo ministerio para la modernización
La cartera a cargo de Sturzenegger deberá terminar con innumerables regulaciones que solo encarecen la inversión y tornar más eficiente el gasto
La creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ha sido una respuesta al extendido convencimiento de que no hay solución posible en un país en el que el Estado gasta más de lo que recauda y que además lo hace ineficientemente. La inflación, la pobreza creciente y el estancamiento son consecuencia de ese crónico e histórico desequilibrio.
El Pacto de Mayo, suscripto por el Presidente y 18 gobernadores, plantea su corrección en dos de sus postulados: aquellos que señalan que el equilibrio fiscal es innegociable y que la reducción del gasto público debe retornar a niveles históricos en torno del 25% del producto bruto interno. El rumbo y la cuantificación de la meta están así establecidos, pero hay más. El Estado no solo gasta por demás y cobra impuestos excesivos. También le genera costos e ineficiencia al sector privado a través de una maraña de regulaciones innecesarias que llegan a constituir una verdadera máquina de impedir. El nuevo ministro, Federico Sturzenegger, se ha referido a ellas como “la hojarasca” y aseguró que se propone limpiarla.
Según relevamientos preliminares, hay más de 2000 regulaciones vigentes que responden a leyes, decretos o resoluciones dictados en algún momento y que hoy solo encarecen el consumo o la inversión.
La tarea de Sturzenegger tendrá tres líneas de acción; 1) desregular; 2) reducir y hacer eficiente el gasto estatal; 3) desarrollar y proponer los mecanismos para privatizar, concesionar o liquidar empresas y organismos estatales. En estos tres frentes el nuevo funcionario ya ha trabajado y a él se deben las propuestas materializadas en los proyectos del decreto de necesidad y urgencia 70/23 y en el original de la Ley Bases. El DNU está vigente, a excepción de algunas de sus disposiciones en materia laboral que se encuentran sujetas a la consideración de una acción de amparo judicial. La Ley Bases atravesó el Poder Legislativo dejando en el camino buena parte de sus propuestas. Justamente, las dificultades enfrentadas para lograr las reformas han puesto en evidencia la magnitud del desafío. Cuando una desregulación o una privatización producen un beneficio al conjunto de la comunidad, pero un perjuicio a muy pocos, estos desarrollan resistencias concentradas y potentes, mientras el conjunto social a veces ni siquiera percibe su efecto benéfico y, por lo tanto, no lo defiende. Este fenómeno explica la dificultad de desregular y la profusa creación de normas que van alejando el sistema del ideal de reglas uniformes, sin privilegios indebidos. La corrupción que caracteriza los sistemas altamente regulados es la consecuencia de poner en manos de funcionarios la administración absolutamente discrecional de favores de alto impacto económico. Esta realidad de las regulaciones no parece haber sido tenida en cuenta por el nefasto pensamiento estatista-populista que ha predominado en las últimas décadas en la política argentina y en la intelectualidad. De ahí la telaraña que ahora es necesario desmembrar y para lo cual el electorado dio mandato en la elección del 19 de noviembre de 2023.
La depuración de regulaciones facilitará la reducción del gasto público, pero no será por sí sola suficiente para alcanzar la meta de reducirlo al 25% del PBI partiendo del actual 42%. Debe haber una reducción física y una modernización de la burocracia estatal, y deben transferirse al sector privado actividades empresarias, comerciales y de servicios.
Una de las limitaciones que enfrentará el nuevo ministro radica en el hecho de que el conjunto de gobiernos provinciales y municipales son responsables de aproximadamente la mitad del gasto público del país. No sería factible lograr la meta del Pacto de Mayo si los gobiernos subnacionales no acompañan el proceso de racionalización. Un intenso trabajo político será necesario para conseguir la adhesión de gobernadores e intendentes, ya que los incentivos juegan en sentido contrario. El régimen de coparticipación federal de impuestos determina que los gobernadores gasten en mayor medida con billetera ajena: la del gobierno nacional. Mientras no se reemplace este sistema por un régimen de correspondencia fiscal, ocurrirá que desde la Casa Rosada se verán tentados a usar las transferencias discrecionales a las provincias como instrumento de presión. Esto no es bueno para lograr un federalismo sano. La aparente decisión de mantener un sistema de coparticipación interpone una dificultad mayor en el trabajo de Sturzenegger para lograr reducir el gasto público de las provincias.
Es innegable que hay un amplio espacio para reducir el gasto burocrático. La cantidad de empleados públicos en la Nación, las provincias y los municipios creció desde 2.010.000 en 1993 hasta 3.900.000 actualmente. El mayor aumento se produjo en los niveles municipal y provincial. En 1993 el Estado ya estaba sobredimensionado y, desde entonces, hubo avances en la tecnología que impulsaron la productividad de las tareas administrativas y que debieron haber obrado en favor de la reducción del personal, pero esto no sucedió.
El ministro Sturzenegger deberá en el menor tiempo posible presentar un programa orgánico de reforma cuyos fundamentos permitan superar los argumentos que naturalmente emergerán de cada unidad administrativa, intentando justificar su permanencia y su dimensión. La informática y la inteligencia artificial son piezas esenciales de un nuevo diseño administrativo. La ejecución de ese programa deberá apoyarse en los procedimientos de los artículos 11 y 12 de la Ley N° 25.164 modificados por la Ley Bases, que contemplan los amortiguadores sociales y los mecanismos que faciliten la reinserción en el sector privado. La recuperación económica en un marco de estabilidad y confianza y la consecuente creación de empleo deberán permitir transformar en virtuoso el histórico círculo vicioso que determinaba el aumento del empleo público como solución a la falta de creación de empleo privado.
Por el bien del país, esperamos que el nuevo ministro tenga éxito en su ímproba tarea.

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EDITORIAL

Volver a honrar los valores patrios
El reciente desfile militar por el 9 de Julio representó una oportunidad para dejar atrás los gestos hostiles hacia quienes velan por la defensa de la Nación
La celebración del 208º aniversario de nuestra independencia estuvo signada este año por la firma del Pacto de Mayo en Tucumán y por el regreso del desfile de las Fuerzas Armadas y de seguridad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este último acontecimiento provocó injustos cuestionamientos por parte de dirigentes políticos opositores que llegaron al colmo de relacionar el formato del festejo con una vuelta a los años de la dictadura militar. Lejos de invisibilizar a nuestras Fuerzas Armadas, como se ha pretendido hacerlo desde el kirchnerismo y otros sectores retardatarios, es necesario brindarles a sus hombres el respeto que merecen y honrar los valores patrios.
El último desfile realizado en calles porteñas había tenido lugar en 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri. El ministro de Defensa, Luis Petri, había destacado la importancia de respetar y celebrar las fechas patrias en virtud de lo que representan en la historia de nuestro país, al tiempo que criticó duramente a las administraciones kirchneristas que se encargaron de profanarlas, tergiversando su sentido a tal punto que el 25 de mayo dejó de ser el recordatorio del primer gobierno patrio de la República Argentina para pasar a ser la fecha conmemorativa de la asunción presidencial de Néstor Kirchner.
Más de 7000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad, camiones, tanques, vehículos militares, más de una decena de helicópteros y un centenar de aviones avanzaron por cielo y tierra a lo largo de la Avenida del Libertador, donde se ubicó el palco oficial. Se sumaron a la exhibición cinco buques de la Armada apostados en dársenas del Puerto Nuevo, en señal de adhesión a la fecha patria.
Participaron del desfile las unidades históricas del Ejército que cumplen funciones en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, como el Regimiento de Granaderos a Caballo –creado por José de San Martín en 1812–, el Regimiento de Infantería 1 Patricios, el Regimiento de Artillería 1, el Colegio Militar de la Nación y la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. También integraron la parada miembros de la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los bomberos, brigadas motorizadas y tropas de unidades del interior.
El desfile fue encabezado por los veteranos de Guerra de Malvinas, civiles y militares de todo el país, portando banderas que flamearon en las islas. Como ya había ocurrido en ocasión del último desfile, el reconocimiento a los excombatientes generó una ininterrumpida ovación por parte del público asistente.
El Ministerio de Defensa había lanzado una campaña en la cual miembros de históricos regimientos leyeron proclamas en lugares públicos invitando a participar del festejo. El frío polar no amedrentó a miles de argentinos que ganaron las calles para ver pasar las caravanas militares. Portando escarapelas y banderas, familias enteras disfrutaron de una jornada soleada en un clima de amistosa camaradería. Los mayores seguramente recordaban una infancia con celebraciones similares y no dudaron en promover que sus hijos y nietos hicieran propia aquella inolvidable experiencia. Más de dos tercios de los argentinos no habían tenido oportunidad de presenciar un desfile, con excepción del de 2019. Las caras de los niños hablaban por sí solas. El fervor patrio retomó vigor y al son de alguna marcha, las emociones de muchos afloraron.
Sobre el cierre, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel bajaron del palco y treparon a un Tanque Argentino Mediano (TAM) para sorpresa de los presentes.
La gran mayoría de la población percibe la fiesta patria y el desfile militar como una celebración, un gesto de unidad nacional capaz de aglutinarnos y disponernos a superar los conflictos originados en el pasado. Lejos de pretender ser una demostración de poderío bélico, cuando los presupuestos a estos fines hace décadas que son paupérrimos, el festejo cívico-militar persigue reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad.
En ese sentido, resulta destacable la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de duplicar el presupuesto destinado al servicio de defensa y seguridad, con un incremento de 2,25 billones de pesos hasta fin de año.
Es intención del actual gobierno nacional resignificar y restablecer su rol, tan denostado y menoscabado durante años, atado a preceptos ideológicos facciosos que solo han sumado división entre nosotros. Reconocer el valor de las Fuerzas Armadas, no solo por la defensa de nuestra soberanía sino también por su destacada actuación ante catástrofes o necesidades internas, es mandatorio.
En mayo se inició otra valiosa costumbre que se repite los primeros sábados de mes en la Plaza de Mayo: el cambio de las guardias de la Casa Rosada (Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín), del Cabildo (Regimiento de Infantería 1 Patricios) y del Ministerio de Defensa (Regimiento de Artillería 1 Brigadier General Tomás Iriarte). Constituyen estas excelentes oportunidades para fortalecer los valores de los símbolos patrios y fomentar el apego ciudadano hacia las raíces históricas que contribuyen a reafirmar nuestra identidad nacional. Rescatar estas iniciativas es honrar nuestras tradiciones junto a la historia de los valientes padres fundadores de la patria, indisolublemente ligados con nuestras Fuerzas Armadas.
Lejos de invisibilizar a nuestras Fuerzas Armadas, como se ha pretendido hacerlo desde el kirchnerismo y otros sectores retardatarios, es necesario brindarles a sus hombres el respeto que merecen

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EDITORIAL

El 9 de Julio y nuestra memoria histórica
El desfile militar constituye un justo reconocimiento a quienes ofrendaron su vida por nuestra independencia y nuestra soberanía nacional
Unos 7000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea desfilarán hoy por la Avenida del Libertador, desde Retiro, en conmemoración del 9 de julio de 1816. Celebramos este reencuentro con las mejores tradiciones de la Nación, no siempre cumplido en el malhadado comienzo, en muchos sentidos, de la primera parte del siglo XXI.
El destrato a las Fuerzas Armadas y de seguridad ha sido una constante en la mayor parte de este cuarto de siglo, a raíz de los impulsos políticos cínicamente pendulares de un movimiento político que, como el peronismo, comenzó hace cuarenta años con un guiño de complicidad con la ley de autoamnistía dictada por la junta militar al término brusco de su ejercicio del poder. Fue también al cierre de la durísima represión contra la subversión terrorista que pretendió hundirnos en una dictadura socialista.
Ese movimiento político se negó poco después a integrar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que impulsó el presidente Raúl Alfonsín y encarriló el enjuiciamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado. Aunado a la izquierda más radicalizada y en manos ya de la facción kirchnerista, manchada por los actos de corrupción sistémica más graves que se recuerden, el peronismo terminó por abrazarse en la memoria histórica con aquella subversión. Quedan como símbolo de tanto travestismo espacios públicos bautizados con el nombre de responsables de algunos de los actos terroristas más depravados de los años setenta.
El desfile de hoy será cinco o seis veces más reducido que el que resultó el más espectacular en dimensiones. Lo presidió en 1953 el presidente Juan Domingo Perón. Pasaron 35.000 hombres ante sus ojos y los del entonces presidente chileno, el general Carlos Ibáñez del Campo, que lo acompañaba en el palco oficial. Como es sencillo inferir, su principal valor no dependerá de que se alcancen cifras difíciles de emparejar en el país en ruinas que dejaron los supuestos herederos de Perón, sino por la emotividad que su realización suscitará en la ciudadanía y en el significado de la continuidad histórica de celebrar de tal manera el principal fasto nacional. Está aún fresco el recuerdo de los centenares de miles de personas que acompañaron a nuestras tropas en una manifestación similar por las calles de la ciudad hace menos de una década.
Durante las guerras continuas del medievo, las tropas se aprestaban para combatir desde las ciudades amuralladas de la época. Cuando volvían, los desfiles militares eran la manera de celebrar la victoria y de reafirmar la identidad de un pueblo. El 9 de julio de 1816 constituyó el desenlace natural de la voluntad denodada de dos militares por ir más allá de la situación incomprensible de haber acuñado moneda, tener pabellón patrio, himno y escudo nacional, y continuar, sin embargo, dependiendo del soberano de España. Uno era José de San Martín, militar profesional, y el otro, Manuel Belgrano, licenciado en Derecho, que había asumido esa condición con temple admirable para un civil. Ambos instaron como pocos a que el Congreso reunido en Tucumán declarara lo que al fin su presidente, Narciso de Laprida, hizo saber por el voto unánime de los congresistas presentes: que seríamos en adelante “Nación libre e independiente” de los reyes de España.
El 12 de abril de 1816, mientras alistaba en Mendoza su ejército para el cruce de los Andes, San Martín urgía al congresista Tomás Godoy Cruz: “¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia?”. El Congreso se hizo en Tucumán
porque, en aquellos tiempos en que el Alto Perú todavía era parte de las Provincias Unidas, Tucumán se hallaba en el centro del país. En esa alegoría se neutralizaba, aunque no poco arduamente, la ausencia de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, atraídas aún por el influjo del caudillo oriental José Artigas. Córdoba vaciló en demasía sobre si estar representada. Buenos Aires, Cuyo, las provincias del Alto Perú y Salta constituyeron la espina dorsal de ese acontecimiento único que se desarrolló en Tucumán y terminó disolviéndose tres años más tarde en Buenos Aires.
En su Historia de Belgrano y de la independencia argentina, Bartolomé Mitre retrató sin disimulos los rasgos esenciales de una asamblea en la que sobresalían los abogados –Juan José Passo, José María Serrano, Pedro Medrano– y los clérigos, como Antonio Sanz, Justo Santa María de Oro y Pedro Castro Barros. Dijo que la asamblea había proclamado la monarquía mientras fundaba la república; que había sido revolucionario por su origen y reaccionario por sus ideas y que, elegido en medio de la indiferencia general, dominó moralmente la situación sin ser obedecido por los pueblos, y salvó la revolución hasta lograr la gloria de poner el sello de la independencia de los pueblos.
Aprendemos de ese notable cuadro histórico que los hechos políticos de relevancia suelen ser más complejos, con tramas plagadas de enredos de los que los hombres tratan más tarde de pasar por alto en el afán de simplificar el pasado, como si siempre se tratara de discernir entre apenas dos alternativas posibles, y no entre múltiples posibilidades en contextos cambiantes. Al llegar a Tucumán, Belgrano observó que la mayoría de los congresistas eran monárquicos. Él mismo lo era bajo el imperio de las circunstancias dominantes, sobre todo en Europa. Esto trababa la urgencia por obtener el más inmediato reconocimiento externo de la independencia a punto de declararse. Escribía Belgrano: “Así como el espíritu general de las naciones, en años anteriores, era republicanizarlo todo, en el día se trata de monarquizarlo todo”.
El destino dispuso que ahí mismo, el 9 de julio, nos declaráramos independientes, y abriéramos así el paso a la república como nos sugerían los hechos revolucionarios triunfantes a fines del siglo XVIII en los Estados Unidos y Europa, que emularíamos. Ojalá que al reflexionar sobre acontecimientos como el que hoy se conmemora los argentinos restauremos la esperanza en un porvenir que ha estado ensombrecido por cuatro períodos de enajenación política, dilapidación de recursos, verborragia hueca de falsos eslóganes como el de “la patria no se vende” y, por si fuera poco, en medio de la corrupción desvergonzada y contagiosa de figuras públicas en cuyas palabras y opiniones no hay razón alguna para confiar.
El destrato a las Fuerzas Armadas y de seguridad ha sido una constante en la mayor parte de este cuarto de siglo
Ojalá que los argentinos restauremos la esperanza en un porvenir que ha estado ensombrecido por cuatro períodos de enajenación política, dilapidación de recursos y verborragia hueca de falsos eslóganes como el de “la patria no se vende”
El 9 de julio de 1816 constituyó el desenlace natural de la voluntad denodada de dos militares por ir más allá de la situación incomprensible de haber acuñado moneda, tener pabellón patrio, himno y escudo nacional, y continuar, sin embargo, dependiendo del soberano de España

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EDITORIAL

El país de las excepciones
El populismo ha desvirtuado la lozanía de las leyes con tantas regulaciones, ventanillas y formularios como su subsistencia en el poder demanda
Dice el refrán que “la excepción confirma la regla”, en el sentido de que, al ser la excepción un hecho inusual, su extraña ocurrencia destaca la vigencia de la norma general frente a lo anómalo. Por el contrario, cuando exceptuar es lo habitual, la regla se revela inoperante y la anomia prevalece.
La firmeza de la regla o la pertinacia de la excepción, cuando de gobernar se trata, reflejan distintas formas de gestionar, pues inducen conductas que pueden llevar al éxito o fracaso de las sociedades. Cuando gobiernan las leyes, su carácter general y abstracto garantiza el trato igualitario de todos y la seguridad jurídica protege los derechos en el futuro. Por el contrario, cuando rige la voluntad del príncipe y las normas se dictan caso por caso, se imponen sus preferencias y los intereses creados.
Existe verdadera igualdad civil cuando el acceso a los derechos es posible sin necesidad de contactos ni padrinazgos de nadie. En cambio, cuando se depende de decisiones singulares para favorecer o excluir según el arbitrio oficial, se alienta la formación de grupos para obtener del poder lo que sería inaccesible de forma individual. Por definición, esas camarillas excluyen a quienes no las integran, pues pretenden lograr para sí, y a los codazos, beneficios que no alcanzarán para todos.
La seguridad jurídica permite proyectar a futuro con la tranquilidad de un respaldo normativo sin resquicios para alteraciones ni sorpresas ingratas; a la inversa, si el sistema es incierto y admite modificaciones discrecionales, el horizonte se abrevia y el marco institucional se limita al “día a día”, donde cada cual puja por cambiar el rumbo del timonel, con buenas o con malas artes.
Si hay una lacra cultural que la Argentina no ha podido resolver desde tiempos remotos, son las pocas reglas y las muchas excepciones. Durante la Colonia, las leyes aduaneras eran letra muerte frente al contrabando, práctica habitual para proveer los bienes que los habitantes deseaban, soslayando el monopolio español. Ya en diversos reinos españoles, durante la Edad Media, los pueblos defendían sus fueros cuando las leyes los perjudicaban con una fórmula ingeniosa: “Se acata, pero no se cumple”.
En 1910 el periodista italiano Genaro Bevioni visitó nuestro país durante la celebración del Centenario y escribió: “El único modo de obtener algo de la burocracia es ofrecer una propina. Difícilmente habrá quien la rechace, acaso por insuficiente” (Argentina 1910: Balance y Memoria, Editorial Leviatán, 1996). Y con el incentivo de propinas suficientes, jueces y dignatarios se acomodaban conforme a lo solicitado.
El tiempo corrió desde entonces, pero la igualdad ante la ley y la sanción de leyes para iguales han sido un objetivo elusivo en la vida nacional. Las excepciones, el clientelismo, las cartas de recomendación, los nombramientos de favor, las designaciones cruzadas y la herencia de cargos fueron moneda corriente. Como luego las canonjías jubilatorias, los legisladores con “mandato cumplido”, los casinos flojos de papeles, los vacunatorios vip y las prisiones domiciliarias.
Han sorprendido la condena y la prisión efectiva dispuestas contra el exgobernador José Alperovich por delitos de abuso sexual, un logro institucional sin precedentes. Sin embargo, no se ha desarrollado una conciencia colectiva similar respecto de los casos de corrupción de altos funcionarios, como Amado Boudou, quien no solo vive en su casa, sino que también cobra una pensión vitalicia de privilegio.
Es difícil cambiar la mentalidad argentina, no habituada a la plena vigencia del Estado de Derecho y acostumbrada a soslayar la aplicación de reglas generales. En sintonía con esa cultura de la excepción y del “dedo” del gobernante, los legisladores prefieren reservar al Estado ámbitos extensos de discrecionalidad para hacer valer las prerrogativas atribuidas a sus jerarcas. Cuanto más delegan las leyes atribuciones a instancias inferiores, a comisiones evaluadoras, al criterio de especialistas, al dictamen de subalternos, al buen juicio de unos y de otros, menos objetiva será su aplicación y más politizada su administración. Dicho en otras palabras, más se valorizará el acceso a la “lapicera”, más importancia tendrán los cargos en el Estado y más atractivos serán para quienes ambicionan prosperar con un sello y un membrete. Como observó el curioso Bevioni en 1910, “el único modo de obtener algo es ofrecer una propina”.
No por otra razón el kirchnerismo realzó el rol de la política sobre la economía, mediante una gestión oportunista e ignorante de las reglas hasta llevar al país a una crisis terminal. El mejor ejemplo fue el régimen de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), que dio lugar a un tráfico de pagos clandestinos en connivencia con las reparticiones involucradas. Sin profundizar aquí las conocidas “propinas” en las obras viales de Santa Cruz, los subsidios al transporte, las licitaciones direccionadas o los alimentos para comedores inexistentes.
Suponemos que cuando el papa Francisco sostiene que “la economía debe estar al servicio de lo social” no se refiere a esa nefasta experiencia argentina, sino a todo el universo de su feligresía, donde el bienestar aún no llega a millones de excluidos.
En el reciente debate de la Ley Bases en la Cámara alta se introdujeron excepciones o particularidades en regímenes que deberían sujetarse al principio de igualdad. La exclusión de Aerolíneas Argentinas por parte del Senado del listado de privatizaciones, invocando la necesidad de asegurar vuelos a destinos no rentables, se solucionaría fácilmente mediante subsidios explícitos a las aerolíneas privadas que cotizasen el monto más bajo para cubrir esos servicios. Pero el síndrome de abstinencia es demasiado fuerte para quienes han disfrutado, como funcionarios, de los privilegios del trato deferente, la sala vip y las butacas de primera clase a expensas del resto de la sociedad.
La negativa de las provincias patagónicas a restablecer el impuesto a las ganancias para mantener el diferencial por zona desfavorable es también un privilegio no justificado, del que deben hacerse cargo sus empleadores sin alterar el régimen impositivo nacional. En particular, las industrias de Tierra del Fuego, cuyo costo fiscal y cambiario es tan grande que debe permitirles pagar los salarios adecuados para la región donde están radicadas, además de las propinas con que logran garantizar la subsistencia de sus paraísos fueguinos.
De igual modo, el Senado introdujo cambios al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y, en lugar de dejarlo abierto para cualquier tipo de actividades, lo limitó a la industria forestal, el turismo, la infraestructura, la minería, la tecnología, la siderurgia, la energía, el petróleo y el gas. Casuística y excepciones para elegir ganadores desde los despachos oficiales, con o sin propinas.
¿Cuál es el mejor gobierno: el de las leyes o el de los hombres?, se preguntó Aristóteles. El iluso Platón, quien creía en las virtudes del “rey filósofo”, prefería el gobierno de los hombres, pues serían más equitativos al evaluar las necesidades de cada uno. Aristóteles, en cambio, más escéptico respecto del temple de los reyes, concluía que “los gobernantes necesitan la ley con prescripciones universales, para no estar sometidos a las pasiones de cualquier alma humana” (Política, 1286a).
A pesar de los siglos transcurridos, ese debate sigue abierto pues, cuando una sociedad tiene cimientos frágiles y carece de sólido capital social, el populismo sabe desvirtuar la franca lozanía de las mejores leyes con tantas regulaciones, ventanillas y formularios como lo requiera la subsistencia de su poder. Sin importarle nada la opinión de Platón y mucho menos la de Aristóteles.
La igualdad ante la ley y la sanción de leyes para iguales han sido un objetivo elusivo en la vida nacional
Es difícil cambiar la mentalidad argentina, no habituada a la plena vigencia del Estado de Derecho y acostumbrada a soslayar la aplicación de reglas generales

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EDITORIAL

La repitencia y el proyecto de reforma bonaerense
Evitar frustraciones que lleven a la deserción escolar exige mejorar la calidad educativa y diseñar currículas que capten necesidades del mercado laboral
Las 83 páginas del proyecto que introduce profundos cambios en el sistema de educación secundaria bonaerense por implementarse a partir del año próximo encendieron un enorme revuelo. En particular, y aunque no se trataba del meollo de la propuesta, fue el punto que habilitó la posibilidad de no repetir el año el que más ruido hizo. Las estadísticas contabilizan que entre un 8 y un 10% de los 1.700.000 alumnos bonaerenses repiten.
El Consejo General de Cultura y Educación bonaerense, un organismo pluripartidario que asesora a la cartera educativa, aprobó por unanimidad una reforma que implicará un aumento de la inversión educativa con el que se busca diferenciarse del “no hay plata” nacional. Incluye modificaciones a los contenidos curriculares por aplicarse en 2026, la convocatoria a concursos jerárquicos, un nuevo régimen académico y la concentración horaria de los diferentes turnos; una propuesta que los especialistas evalúan de difícil instrumentación.
La modalidad proyectada contempla la acreditación de conocimientos por materias y no por años, retomando las calificaciones numéricas cuatrimestrales –un punto a favor de las modificaciones–, que se cargarán en una libreta digital. La aprobación será con 7 puntos en ambos períodos cuatrimestrales. Al final de cada uno, los alumnos que no hayan alcanzado esa calificación en un máximo de 4 materias asistirán a períodos de intensificación de saberes de 15 días de duración, a principios y a finales del año escolar y del cuatrimestre como escalón previo a la obligación de recursar. Si el número de materias fuera superior, con la ayuda de un Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas (EDTE), integrado por docentes y directivos, se decidirá cuáles intensificar y cuáles directamente recursarán.
De este modo, la repitencia tradicional del año entero en el nivel secundario cambiaría por un sistema de aprobación de materias cuando el número de las desaprobadas no exceda las cuatro. La trayectoria ya acreditada es así reconocida por la nueva modalidad.
Para facilitar la llegada de los alumnos al primer año del secundario, se trabajará también en una secuencia didáctica para las materias Lengua y Matemática. Lo mismo se prevé para quienes llegan al último año y deben articular con un nivel superior.
El director de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, sostuvo que la modificación propuesta no se traduce en que no haya exigencia y que, aun sabiendo de antemano que habría detractores, “el cambio era necesario”. La defensa del funcionario de Kicillof no quedó en argumentaciones racionales, sino que, como ya es habitual cuando la política de confrontación prevalece, incluyó ataques a Javier Milei y al diputado Alberto Benegas Lynch (n.). En su defensa también planteó que “no es un pacto con (Roberto) Baradel”, aclarando que si en cinco años no tuvieron paros docentes es “porque los tratamos bien”.
Entre quienes criticaron la reforma provincial, además de muchos especialistas, estuvieron desde María Eugenia Vidal hasta Diego Santilli. “Con este tipo de medidas solo logramos que la escuela y la docencia bonaerense se encuentren cada vez más devaluadas”, dijo el exministro de Educación de la Nación Alejandro Finocchiaro. El bullrichista Matías Lobos (Pro), junto con los radicales y los integrantes del consejo bonaerense de lo que fue Juntos por el Cambio, emitieron un documento en el que analizan y respaldan el nuevo régimen, y ellos mismos recibieron críticas desde sus propios espacios.
Diversas naciones del mundo ofrecen sistemas similares con matices propios. Estados Unidos, el Reino Unido, Finlandia, Noruega, Japón, Corea del Sur, Suecia y Dinamarca evitan la repitencia con variantes y acentúan el apoyo continuo y la intervención temprana. Paraguay y Uruguay también la eliminaron en la escuela primaria con el propósito de disminuir el porcentaje de deserción escolar y, junto con Chile, trabajan en medidas para la secundaria. En esta línea se ubica la posición de Sileoni, quien entiende que recursar todo el año genera un “enorme desaliento” y conduce al abandono de muchos; una realidad asociada con una creciente pobreza que se verifica con el aumento de la edad y el año cursado, evidenciando que la propuesta del secundario actual expulsa a los alumnos más que el salir a trabajar. Claro está que la realidad de los países aludidos difiere de la nuestra, especialmente en la eficiencia de la implementación, lo cual activa una alerta y deja poco margen para este tipo de medidas, que demandan adecuada gestión. Los números que maneja el exministro de Educación de la Nación en la gestión de Cristina Kirchner, hoy al frente de la cartera bonaerense, indican que en la provincia “de diez chicos que arrancan, seis terminan en tiempo; dos, un poco más tarde, y dos abandonan”. Llegar al siguiente nivel con materias desaprobadas plantea, por un lado, desafíos al docente y al alumno que viene arrastrando baches y, por el otro, a la escuela, que deberá atender un sistema complejo de gestión. Si lo que se busca es asemejar el sistema secundario al universitario, no se explica cómo se manejará el concepto de correlatividades y saberes necesarios.
Podríamos también preguntarnos si los alumnos que en elevado número no incorporan los conocimientos más básicos, tal como surge de diversas pruebas, harán sus mejores esfuerzos por superarse o comenzarán a especular con el número de materias, a sabiendas de que no van a repetir. El instrumento podría volverse así extremadamente peligroso, pues si el sistema no se implementara con suma diligencia podríamos estar frente a un contexto de facilismo educativo que termine no solo abonando la vagancia, sino también premiándola, claramente detrás del voto joven que el gobierno bonaerense le disputa a Milei. Nivelar para abajo ha sido la triste consigna de quienes abogan por mantener en la ignorancia a los argentinos. El propio Sileoni, detrás de su defensa del derecho a la educación, ha explicitado: “Sostenemos la firme convicción que nos lleva a enlazar educación y proyecto político”.
Si el objetivo declamado es evitar frustraciones que conduzcan a la deserción, habría que pensar en nuevos y mejores incentivos para dar continuidad a la trayectoria educativa y calidad a los aprendizajes. Diseñar currículas interesantes y que preparen efectivamente para el mercado laboral, para la continuidad de estudios superiores, atendiendo también la formación ciudadana, debiera ser la meta. Ese debe ser el desafío de una reforma para mejores aprendizajes.
Desde este espacio hemos planteado en reiteradas ocasiones la urgente necesidad de repensar todo el sistema en su conjunto. Con calendarios escolares que no se cumplen, elevado ausentismo docente, docentes con vocación y voluntad pero sin la necesaria preparación para captar la atención de sus alumnos , ningún modelo académico será exitoso. Debe privilegiarse el debate serio entre expertos para que nuestro futuro no siga sumando ignorantes, palabra que se escribe con las mismas letras de argentinos. Se trata de impedir, como alertó Jacinto Benavente, una dislexia tan conveniente para algunos como imperdonable para un país que lucha por evitar el abismo.
La repitencia tradicional del año entero en el nivel secundario cambiaría por un sistema de aprobación de materias cuando el número de las desaprobadas no exceda las cuatro
Si el sistema no se implementa con suma diligencia podríamos estar frente a un contexto de facilismo educativo que termine no solo abonando la vagancia, sino también premiándola

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DEBATE, EDITORIAL,HISTORIA

El universo de la tecnología nos sobrepasa con la fuerza de un tsunami
Debate. ¿Pueden las máquinas sentir emociones y desarrollar sentimientos?, ¿qué rol debería jugar el derecho ante semejante revolución transhumanista? La industria de la IA avanza con escasas reglas que le marquen límites éticos

 Fernando Tomeo Abogado y consultor en derecho digital, privacidad y datos personales. Profesor de la Facultad de Derecho de la UBA y de la Universidad Austral
Mientras hacemos malabares para pagarlamedicina privada y el Gobierno logra exitosamente bajar la inflación a un dígito, el universo de la tecnología nos sobrepasa como un tsunami. Recientemente, en un evento cargado de glamour tecno, la compañía OpenAI presentó el ChatGPT 4-o, una nueva versión gratuita y mejorada de su chatbot de inteligencia artificial generativa (IA) que posibilita, entre otra cosas, procesar audio e imágenes de forma nativa, en tiempo real, permitiendo interacciones relevantes y naturales entre los usuarios y la IA.
La versión GPT 4-o propicia, usando audio y video, una interacción fluida e inmediata (tiempo real) con los usuarios, con la posibilidad de alcanzar “respuesta y expresividad a nivel humano”, tal como refirió Sam Altman, CEO de OpenAI, a tal punto que podría expresar emociones con cierto grado de verosimilitud. La presentación de este nuevo modelo de inteligencia artificial generativa ha puesto sobre la mesa de debate, nuevamente, el hecho de si las máquinas (robots) pueden sentir emociones y desarrollar sentimientos, como asimismo qué rol debería jugar el derecho ante semejante escándalo transhumanista.
El primer interrogante no reconoce respuestas pacíficas. Para algunos periodistas, estudiosos y académicos, es imposible que una IA pueda percibir emociones y desarrollar sentimientos, pero para otros sí podría e, incluso, ya lo está haciendo. Según el Diccionario de la Lengua Española el término “emoción” supone una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.
Los sentimientos están vinculados a las emociones, ya que se manifiestan como las experiencias subjetivas y conscientes de esas emociones: una persona (sujeto) registra una determinada emoción (miedo, dolor, pasión, atracción, ira) ante una determinada situación, persona, animal, recuerdo o situación de vida y siente (miedo, dolor, etc.).
En consecuencia, así como una persona puede violentarse ante una determinada situación de vida, ¿por qué no podría una máquina, alimentada de inteligencia artificial generativa, programada a medida (por un individuo cargado de ira) violentarse ante la misma persona que la programó? ¿No podrían existir sentimientos (amor) entre un robot programado con algoritmo a medida y un ser humano? ¿Se puede programar un algoritmo que permita sentir a una máquina?
La realidad autoriza sostener que si resulta viable programar una lógica de emociones (como de pensamiento crítico) que estandarice “sentimientos básicos” (universalmente conocidos) las máquinas podrán sentir, y el día que las máquinas sientan estaremos en problemas. Ese día no parece muy lejano. Al respecto, podemos recordar las investigaciones desarrolladas por Blake Lemoine, ingeniero especialista en IA que trabajó para Google y fue despedido por su empleador cuando afirmó que un programa de IA de esa compañía (LaMDA) había cobrado conciencia propia y demostraba sentimientos, con el cual había mantenido conversaciones coherentes sobre sus derechos y lo que quería como persona.
Si bien Lemoine fue desautorizado por Google, que sostuvo, vía comunicado, que sus declaraciones sobre LaMDA no tenían ningún fundamento, también muchos creyeron que Colón estaba loco al sostener que la Tierra era redonda. Lo cierto es que mientras nos enredamos en debates académicos, humanistas y filosóficos, la industria de la IA sigue avanzando, sin descanso, con escasas reglas de juego que marquen la cancha de la ética a un negocio que mueve montañas de dinero, y sin una regulación concreta aplicada a medida: cuando nos demos cuenta de dónde estamos parados, las máquinas van a estar gobernando el planeta.
El único regulador definitivamente interesado, preocupado y ocupado en el tema es la Unión Europea, que ha trabajado en la implementación de la “ley de inteligencia artificial” (artificial intelligent act o AI act) bajo la forma de reglamento de aplicación obligatoria para todos los países que la integran. Esta ley constituye el primer ordenamiento jurídico integral sobre IA en el nivel mundial y persigue regular una IA fiable que garantice que sus sistemas respeten los derechos y la seguridad de los ciudadanos, la evaluación de impacto en materia de derechos humanos y el fomento de la innovación.
Si bien esta ley se encuentra en un proceso final para su entrada en vigor –comprobación lingüística y publicación–, recoge conceptos sustanciales para el desarrollo ético del negocio, clasificando los sistemas de IA según su nivel de riesgo, de acuerdo con el siguiente detalle: los sistemas prohibidos considerados una amenaza para la seguridad y los derechos de las personas, como, por ejemplo, aquellos diseñados para manipular el comportamiento o las decisiones humanas; los sistemas de alto riesgo (por ejemplo, los sistemas de identificación biométrica remota), que estarán sujetos a obligaciones estrictas y a una evaluación obligatoria previa antes de ser introducidos en el mercado; los sistemas de riesgo limitado, vinculados a la transparencia en el uso de la IA, que conllevan la obligación de garantizar un adecuado derecho de información a los usuarios sobre los riesgos de interactuar con una máquina alimentada por IA, y los sistemas de riesgo mínimo, que estarían alcanzados por un código de conducta voluntario.
La Oficina Europea de Inteligencia Artificial, creada en el ámbito de la Comisión Europea, es el organismo encargado de la supervisar el cumplimiento y la aplicación de la ley por los Estados miembros. Como ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en la Argentina no contamos con ninguna normativa que regule la inteligencia artificial, sin perjuicio de las denominadas “Recomendaciones para una inteligencia artificial fiable”, aprobadas por la Subsecretaría de Tecnologías de la Información de la Jefatura de Gabinete de Ministros (Disposición 2/2023, de fecha 1º de junio de 2023): una guía conceptual sin rigor científico normativo.
Sin perjuicio de eso, cabe destacar que en abril el Ministerio de Justicia de la Nación lanzó el “Programa nacional integral de inteligencia artificial en la Justicia” (resolución 111/2024 MJ), una iniciativa acertada destinada a modernizar y optimizar los procesos judiciales y los procedimientos administrativos mediante la incorporación de tecnologías innovadoras a través de la implementación de programas que utilizan IA. Siguiendo la línea europea, resulta evidente la necesidad del dictado de una legislación local aplicable a los sistemas de IA (como lo están haciendo otros países de la región tales, como Chile y Brasil), lo que requiere de un análisis serio, completo y coherente, con la convocatoria de expertos y académicos en la materia que ofrezca soluciones que garanticen los derechos individuales de los ciudadanos y su seguridad jurídica.
Todo eso de la mano del desarrollo de espacios educativos de concientización sobre el uso responsable de una tecnología que llegó para quedarse sine die y que nos permitirá, quizás, en poco tiempo, que una máquina sienta emociones humanas, nada más y nada menos.
El único regulador preocupado y ocupado en el tema es la Unión Europea, que ha trabajado en la implementación de la “ley de inteligencia artificial”

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Expensas impagables: urgen soluciones
El aumento de la morosidad y la consecuente postergación de tareas de mantenimiento exigen una respuesta política para prevenir males mayores
Desde hace bastante tiempo venimos advirtiendo desde esta columna editorial acerca de las crecientes dificultades que sufre gran parte de la población de la ciudad de Buenos Aires para afrontar el pago de las expensas de las viviendas en propiedad horizontal. Lo cierto es que, de la mano del aumento de la inflación, de las subas tarifarias y del impuesto inmobiliario, y de los incrementos salariales de los encargados de edificios, las expensas continúan siendo una pesadilla para muchos propietarios e inquilinos, a tal punto que la morosidad crece a niveles alarmantes.
De acuerdo con datos de la plataforma Consorcio Abierto, basados en un relevamiento efectuado entre más de 100.000 consorcios de copropietarios del distrito porteño, el valor de las expensas promediaba en abril último los 100.794 pesos, al tiempo que la morosidad ya rondaba el 35 por ciento
Si bien a nadie puede escapar que la Argentina atravesó en los últimos meses el mayor proceso inflacionario desde 1991, no puede obviarse que, en promedio, entre el 60 y el 70 por ciento de los gastos de los edificios corresponden al pago de sueldos, adicionales y cargas sociales de los porteros y del personal de limpieza y seguridad. En particular, los salarios de los trabajadores agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) han experimentado incrementos que se hallan por encima de las posibilidades de la mayoría de los consorcistas. Se trata de una situación que se ve facilitada por la virtual ausencia de peso y representatividad de los propietarios e inquilinos en la negociación paritaria, por lo que el mencionado gremio puede imponer sus demandas prácticamente a su gusto y sin mayor resistencia.
Puede pensarse que este escenario favorece claramente a los encargados, que además de un buen sueldo gozan de beneficios que no existen en otras actividades, tales como una serie de adicionales que, al margen de las horas extras, pueden ir desde el retiro de residuos hasta la “clasificación y traslado” de estos.
Sin embargo, el incremento de las expensas y el aumento de la morosidad, sin duda, ya están perjudicando a los propios trabajadores. No pocos consorcios se están desprendiendo de los encargados para reducir gastos, delegando las tareas de limpieza en personal doméstico por hora o en los propios consorcistas, o para alquilar el espacio destinado a la permanente de esos trabajadores y sumar así una renta que permita aligerar costos.
Frente a las dificultades para cubrir los gastos que insumen los edificios, algunos consorcios están renegociando contratos con proveedores, tales como las empresas de seguridad y las que se ocupan del mantenimiento de ascensores y matafuegos.
Habría, sin embargo, otras soluciones a mano si hubiera voluntad política de las autoridades. Por empezar, podría avanzarse hacia una descentralización de la negociación colectiva, de modo que cada consorcio pueda negociar condiciones de trabajo con los encargados de edificios. Del mismo modo, el Estado podría reducir el componente impositivo de las tarifas de servicios públicos (agua, luz y gas) en los edificios destinados a vivienda, en tanto que el gobierno porteño podría limitar los aumentos del impuesto inmobiliario, que hoy acompañan el índice inflacionario, para esas unidades.
La necesidad de declarar una situación de emergencia está hoy más que nunca a la vista. Entre otras cosas, porque la alta morosidad está afectando cada vez más la posibilidad de que los consorcios emprendan tareas de mantenimiento edilicio por falta de recursos. Sin créditos blandos de ningún tipo para esta clase de obras imprescindibles, no pocos inmuebles estarán en peligro, poniendo en riesgo no solo a sus ocupantes, sino a toda la comunidad.
No pocos consorcios se están desprendiendo de los encargados de edificios para reducir gastos

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El General San Martín, en la Casa Blanca
Alejandro Alberto Díaz Bessone 

La imagen del General San Martín ocupó un lugar preferencial en el Salón Oval del presidente de Estados Unidos. El 29 de octubre de 1946 el presidente Perón le regaló al presidente Harry Truman un cuadro copia del denominado La bandera, cuyo original data de julio de 1829. Este óleo, realizado por Merceditas junto a su profesora de pintura en Bruselas, era venerado por el General. Fue entregado por el embajador argentino en EE.UU., Oscar Ivanissevich.
Truman, amante de la historia, quien conocía la proeza de nuestro libertador y lo mencionaba como un “campeón de la libertad”, hizo colocar el cuadro en el Salón Oval, en un lugar preferencial junto a George Washington, donde permaneció hasta 1957. Es interesante destacar cómo se admira la campaña libertadora del Padre de la Patria en EE.UU. Repasemos algunos hechos que quizás no valoramos adecuadamente. Debemos transportarnos a 1815-1817 para entender la magnitud de la hazaña.
Su plan asombró al mundo. Para concretar lo, asumió la gobernación de Cuyo, necesitaba concentrar los esfuerzos y obtener los recursos necesarios para llevar a cabo su obra maestra. Con una administración ejemplar, logró formar el Ejército de los Andes en poco más de dos años. No me referiré a la campaña en general conocida, pero sí quiero destacar algunos aspectos de lo que significó esta operación militar. Encaró su preparación con coraje y sin contar con fondos iniciales.
Ordenó estudios del terreno para determinar los pasos. Lo hizo con los ingenieros Arcos y Álvarez de Condarco (padrino de bautismo de Merceditas) y baquianos de la zona, entre ellos el sanjuanino Clemente Sarmiento, padre de quien fue presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento. Realizó una “guerra de zapa” para engañar a los españoles respecto de los puntos por donde cruzaría la Cordillera. Lo hizo con espías especialmente elegidos, entre ellos, Juan Pablo Ramírez, que residía en Santiago, digno de destacar.
Admirablemente, al cabo de los preparativos el Ejército de los Ankm des contaba con 4000 hombres de pelea instruidos y con uniformes, de los cuales 700 eran montados. Además, 250 artilleros; 1200 milicianos para el apoyo logístico; 120 barreteros para abrir sendas y caminos; 18 piezas de artillería montadas sobre mulas por partes; 2500 sables de caballería; 5000 fusiles; 900.000 tiros de fusil; 2000 balas de cañón; 200 de metralla; 600 granadas; 1600 caballos de pelea; 10.000 mulas; 600 reses en pie en arreo. Cabrestantes, palancas, sogas, pólvora, leña, agua y hasta una imprenta. Víveres, entre ellos ají, picante, vino a razón de una botella por hombre y aguardiente (para el frío). Forraje para 15 días colocado en depósitos adelantados y ocultos. Ropa de abrigo, como ponchos y mantas para cada hombre donados por las familias cuyanas. Botiquines cada 100 hombres, más los cirujanos. Nada quedó al azar.
Cruzó una de las cordilleras más altas del mundo, con picos promedio de 5000 metros y temperaturas bajo cero. Las dos formaciones más importantes recorrieron 545 por el Paso de los Patos y 337 km por el Paso de Uspallata. Posteriormente se unieron y combatieron en Chacabuco a los 25 días de iniciado el cruce, y solo hubo entre los patriotas 12 bajas. En tanto, los realistas sufrieron más de 500.¿Será necesario que otros países resalten las figuras de nuestros próceres para hacernos reflexionar?
Podremos recuperar el sentido de argentinidad que nos dé la fuerza para enfrentar con estoicismo los sacrificios necesarios para asegurar el futuro de nuestros hijos, como lo hicieron los de la Generación del 80. Necesitamos contar y difundir la historia real, que se ha deformado en los últimos años. Contarles a nuestros hijos y nietos la verdad, destacando a los prohombres que reunieron los valores y principios de nuestra Constitución. Reconocer a aquellos hombres y mujeres que defendieron nuestra patria y la libertad. Como dijo el General San Martín: “En defensa de la patria todo es lícito menos dejarla perecer.”

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EDITORIAL

Pacto de impunidad: Lijo en la Corte
El silencio de Cristina Kirchner y de los senadores kirchneristas da cuenta de su satisfacción con la nominación del tan objetado juez en el máximo tribunal
No hay silencio más atronador que el silencio cómplice de los máximos exponentes del kirchnerismo respecto de la impresentable candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es verdad que la dirección de otras fuerzas políticas tampoco se ha pronunciado sobre una iniciativa tan insólita del presidente que prometía regenerar la vida pública. El presidente de Pro, Mauricio Macri, solo ha objetado la candidatura de Lijo en reuniones privadas. Y el de la UCR, Martín Lousteau, critica a Javier Milei por mil razones, todas secundarias si se las compara con esta decisión institucional.
Sin embargo, el silencio de Cristina Kirchner es más llamativo por varias razones. Una de ellas es que los votos que controla en el Senado son decisivos para la aprobación del pliego que el Presidente envió anoche a esa cámara.
Sin la adhesión del kirchnerismo, Lijo no podría ser ministro de la Corte.
Por eso es bastante obvio suponer que el juez solo alcanzará su objetivo después de garantizar impunidad a una expresidenta acosada por la Justicia Penal. Más aún: hay quienes especulan con que solo alguien con los penosos antecedentes de Lijo podría complacer ese requerimiento. Desde que inexplicablemente el presidente Javier Milei lo ungió candidato a ocupar la vacante producida por la renuncia de Elena Highton de Nolasco, no se ha escuchado ni una sola palabra de la señora de Kirchneralrespecto,habiendosidoella quien, en 2017, amenazó públicamente con enjuiciar a Lijo por la filtración de escuchas telefónicas en las que, en términos despectivos y hasta soeces, se la oía hablar con el senador Oscar Parrilli. Curiosamente –o no tanto–, tampoco se conoce la opinión de Parrilli sobre qué actitud adoptará el kirchnerismo en el Senado a la hora de definir si se unge o no a Lijo. Hace seis años, y en ocasión de aquella filtración, Parrilli denunciaba un “Watergate autóctono”.
Otro senador del kirchnerismo que hace mutis por el foro cuando se lo consulta sobre el tema es Eduardo “Wado” de Pedro. Al menos, hace silencio públicamente, ya que trascendió que estuvo muy activo puertas adentro del Congreso cuando no hace mucho le llevó al diputado Máximo Kirchner a un amigo y promotor de Lijo. El hombre del interior, de alta exposición y habitué del Palacio de Tribunales, le pidió directamente al hijo de la expresidenta que su madre garantizara al polémico juez los votos que le responden en el Senado. ¿A cambio de qué?, relatan que le preguntó Máximo Kirchner. A cambio de que Lijo no mueva nunca las causas en la que la expresidenta está siendo investigada, le respondieron. Y para que no le quedaran dudas al heredero, el visitante le aclaró que Lijo es el “mejor anestesista” de la Justicia, con una vasta experiencia en el arte de hacer dormir las causas sensibles que recaen en su despacho.
Sirven como ejemplo de ese efecto somnífero el cajoneo que ha hecho Lijo de una denuncia de Elisa Carrió contra la compraventa de acciones de YPF entre Repsol y el grupo Eskenazi, que muy probablemente hubiera impedido que hoy nuestro país tenga que desembolsar más de 16.000 millones de dólares como consecuencia de la brutal impericia de Axel Kicillof y de Cristina Kirchner. También, la denuncia de 2017 de los entonces diputados Manuel Garrido y Graciela Ocaña sobre enriquecimiento ilícito del exvicepresidente Amado Boudou. Lijo recibió de parte de ambos un detallado informe de las inconsistencias entre un escrito presentado por Boudou ante la Oficina Anticorrupción y otro de su autoría depositado en sede judicial para explicar la procedencia de su fortuna. Las cuentas no le cerraban de ninguna forma, pero Lijo decidió no avanzar, como tampoco lo hizo con el expediente contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por el desvío de más de 530 millones de pesos de la municipalidad a cooperativas de trabajo. La lista es larga, pero podría ser resumida en una sola frase: “impunidad para los amigos del poder político”.
El año último, en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Lijo aceptó como querellante al Sindicato de Trabajadores de la Justicia de la República Argentina (Sitraju), que tiene como referente a la diputada kirchnerista Vanesa Siley. Con posterioridad, la Cámara Federal revocó esa decisión, al decir que “querellante es aquella persona directamente afectada por un delito que le acarrea perjuicio directo y real” y que no se evidenciaba tal afectación en el caso del citado gremio. La Coalición Cívica impugnó al magistrado por haber actuado de manera arbitraria con el fin de mantener abierta la causa y así poder colaborar con Ricardo Lorenzetti en su pelea interna en el máximo tribunal. No resulta ocioso en este punto recordar que quien acerca la candidatura de Lijo al Gobierno no es otro que Lorenzetti.
Tan coordinado es el silencio dentro de las filas kirchneristas que no solo enmudece a legisladores en el Congreso, sino que paraliza la acción del Consejo de la Magistratura. A propuesta del presidente de la Comisión de Disciplina, Héctor Recalde, se postergó el mes pasado el sorteo de instructores para los sumarios por faltas disciplinarias contra Lijo. “No es oportuno en este momento por un principio de primacía de la realidad; cuando el juez Lijo es candidato a la Corte, es muy difícil tratar estos temas y ser objetivo”, sostuvo Recalde con brutal sinceridad.
Si de silencio se trata, resulta perturbador el de las senadoras kirchneristas que, pese a integrar la comisión permanente Banca de la Mujer, cuyo objetivo primordial es dictaminar sobre cuestiones relacionadas con la igualdad de derechos, oportunidades y trato entre mujeres y varones, no han realizado reclamo alguno para que la banca que dejó Highton de Nolasco hace casi tres años sea ocupada por otra mujer. Integran esa comisión parlamentaria, entre otras, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner,
Teresa González, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Sandra Mendoza y Juliana Di Tulio. Se trata de la actual Di Tulio y no la que en 2017 dijo: “A mí Lijo no me sorprende nada. Le conozco la animosidad. No me podés hacer creer que Lijo es imparcial”. Se refería en esos términos al procesamiento dictado por ese juez contra Parrilli, por encubrimiento agravado al haber ocultado informes para colaborar con la fuga de Iván Pérez Corradi, acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez y de traficar efedrina.
Dentro de los escasos apoyos obtenidos por Lijo comparados con las decenas de fundados pronunciamientos en contra de su nominación por parte de prestigiosas entidades, figura la adhesión de las Abuelas de Plaza de Mayo, la que, curiosamente, a la hora de propiciar que sea una mujer la que ingrese en el más alto tribunal del país para ocupar la vacante de Nolasco, difiere esa posibilidad para fines de año, cuando, por límite de edad, deba jubilarse el juez Juan Carlos Maqueda. Dice el escrito de Abuelas: “Considerando la futura vacancia que se producirá el 29 de diciembre de 2024, de admitirse la propuesta del doctor Lijo se deberá tener presente, en la medida de lo posible, la inclusión de nuevos miembros que permita reflejar las diversidades (…), a los efectos de que no se vean afectados los principios de igualdad y no discriminación en el acceso a las funciones públicas por falta de representación adecuada de género”.
Otras de las escasas adhesiones corrió por cuenta del sindicalista judicial Julio Piumato, quien cínicamente destacó que Lijo “honrará el cargo con una dedicación incansable y un firme compromiso con la construcción de una Justicia acorde con las verdaderas necesidades del pueblo argentino, a lo que se suman sus óptimas condiciones personales y morales”. ¿Desconoce Piumato que Lijo es un juez con una infinidad de indicios de haber cometido actos de corrupción y que si muchas de las causas en su contra no avanzaron fue porque se cerraron sin siquiera investigar las pruebas? ¿Ignorarán algunos magistrados que el Código de Procedimiento en materia penal establece que si los indicios son numerosos, serios, graves y concordantes valen como medio de prueba?
Y hay una tercera categoría de “pacientes” sin escrúpulos, capaces de recomendar las aptitudes anestésicas de Lijo. Vaya como máxima expresión de ese palpable descaro la actitud del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Impulsó declarar a Lijo ciudadano ilustre del distrito, cuando ese juez lo investiga por los millonarios fondos que derivó como ministro de Desarrollo Social y Hábitat de Alberto Fernández a la Municipalidad de Quilmes, los mismos fondos que, como se dijo, Mayra Mendoza trasladó a cooperativas. “Todo tiene que ver con todo”, solía decir Cristina Kirchner. La realidad no la desmiente.
Un miembro de la Corte no debe tener ninguna tachadura profesional ni moral y muchísimo menos ser producto de un pacto de impunidad.
Un miembro de la Corte no debe tener ninguna tachadura profesional ni moral y muchísimo menos ser producto de un pacto de impunidad
Es bastante obvio suponer que Lijo solo alcanzará su objetivo después de garantizar impunidad a la expresidenta. Solo alguien con los penosos antecedentes de Lijo podría complacer ese requerimiento

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