CORRUPCIÓN KKK

La Justicia condenó a Cristina por “una colosal estafa” con la obra pública
El tribunal oral dio por probado que benefició a Lázaro Báez para enriquecerse
Hernán CappielloCristina Kirchner y su abogado, Carlos Beraldi, en el inicio del juicio
“Colosal estafa”. “Exorbitante perjuicio económico”. “Un esquema de corrupción de primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal”. Estas fueron algunas de las expresiones con las que el Tribunal Oral Federal Nº 2, a lo largo de un fallo de 1616 páginas, fundamentó la condena a seis años de prisión por corrupción en la obra pública contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Si bien la pena ya se conocía, ayer se difundieron los argumentos, que les permitieron a los magistrados detallar el circuito de beneficios especiales que Cristina Kirchner le otorgó al empresario
Lázaro Báez cuando era presidenta de la Nación, con el objetivo de beneficiarse económicamente.
Los jueces siguieron la línea de los fiscales para hablar de una “planificación y sofisticación magnífica” entre estamentos del Estado, que funcionaron como “un caballo de Troya” para defraudar.
El tribunal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos entendió que la maniobra criminal por la cual se otorgaron obras públicas sin control al empresario Lázaro Báez tenía como objetivo asegurar el beneficio económico de Néstor Kirchner y de la vicepresidenta, y que el delito perjudicó al Estado en $84.335 millones.
Tal es así que dio por probado que ambos tenían negocios juntos, propiedades, alquileres y que se daba una transferencia de dinero entre el patrimonio de Báez, abultado merced a la obra pública, y el de la familia presidencial. Tanto creció la fortuna de Báez que pasó de declarar en 2002 333.288 dólares a declarar en 2014 un total de 16.065.176 dólares, es decir, un 4720% más.
“Aun sin amistad ni sociedad formal, el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria”, escribieron.
Los jueces difundieron las 1616 páginas de los fundamentos en las que explicaron las razones que los llevaron a considerar a la vicepresidenta responsable del delito de defraudación contra la administración pública por favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso notificaron a la fiscalía de Diego Luciani y Sergio Mola, y a los abogados de los acusados, subiendo el documento a la plataforma digital donde está el expediente.
Los jueces siguieron la línea argumental que habían ensayado los fiscales en la acusación: la construcción de Lázaro Báez como empresario de la obra pública, ante la victoria electoral de Néstor Kirchner, el crecimiento de su grupo, los cambios en la normativa para dotar de fondos a Vialidad, las obras que ganó con sobreprecios, el retorno del dinero que recibía Báez al patrimonio de la familia presidencial, merced a los negocios que tenían juntos y, finalmente, el desmantelamiento de Austral Construcciones y el cobro de las facturas cuando el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015. “Estamos ante un hecho de corrupción estatal que como tal socava las legitimidades de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia así como el desarrollo integral de los pueblos”, consideraron los jueces, quienes usaron la figura del "cabayo de Troya" para graficar cómo se montó la estructura delictiva dentro del Estado.
“La magnitud de la empresa criminal aquí investigada supuso una planificación y sofisticación magnífica, en la que actuaron diferentes niveles administrativos encolumnados bajo una misma finalidad. Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a este como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, señalaron los jueces. Además convalidaron como prueba los chats extraídos del teléfono del exsecretario de Obra Pública José López. Los mensajes se incorporaron al expediente en 2018 y el fiscal Luciani avisó en 2021 que iba a apelar a ellos. Esos mensajes revelaron cómo Cristina se interesó en el asunto.
“Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, argumentaron. Entendieron que hubo una cartelización de la obra pública provincial y que Báez competía contra sí mismo, dado que se presentaban en licitaciones, diversas empresas de su mismo grupo.
“Se evidencia la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial. Lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso (Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez)”, agregaron. Dijeron que hubo "un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, puesto de relieve a través de su participación en los beneficios económicos -producto del delito- obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”. “En definitiva, aun sin amistad ni sociedad formal, el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria". Hablaron de una "inconmensurable conveniencia económica" que representaba para la vicepresidenta contratar con Báez, lo que orientó el accionar de la administración en su favor y en contra del Estado.
Los jueces hablaron de "colosal estafa", de "exorbitante perjuicio económico" y de un "esquema de corrupción en la primera línea del Estado, producto de la codicia por el beneficio personal".
El tribunal quedó sorprendido por la maniobra: “Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiendo órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional".
"Se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado”, dijeron y aclararon que no juzgan la decisión política de realizar las obras, sino el modo en que se decidieron las licitaciones.

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CORRUPCIÓN KKK

Corrupción. Las piezas del rompecabezas criminal que tiene a Cristina Kirchner como beneficiaria
Las investigaciones probaron un camino que comenzó con la extracción de fondos de la obra pública, su paso al circuito negro, su blanqueo y su final en los bolsillos de los Kirchner
Hugo Alconada Mon
Aunque resta definir qué pasará en la Cámara Federal de Casación Penal con la causa Hotesur-Los Sauces, una investigación decisiva para Cristina Kirchner, la sentencia que la vicepresidenta recibió en la causa Vialidad fue más que una condena. Representó una pieza clave para armar el rompecabezas delictivo de las últimas dos décadas, según reconstruyó la nacion sobre la base de los testimonios de cuatro de los mayores expertos antilavado del país.
Ambas investigaciones son eslabones que permiten comprender cómo funcionó la extracción criminal de fondos del Estado a través de la obra pública, cómo se traspasaron al circuito legal negro, su blanqueo posterior y su reintegración al circuito legal hasta terminar en los bolsillos de los Kirchner. Los cuatro especialistas pidieron mantener sus nombres en reserva para evitar represalias. Dos ocuparon cargos de liderazgo en la unidad antilavado (UIF) en distintos gobiernos; y los restantes son académicos, han escrito libros sobre el lavado y ejercen como abogado y contador.
La primera fase quedó en evidencia en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N° 2 concluyó que la vicepresidenta y otros funcionarios administraron de manera fraudulenta más de $84.000 millones del presupuesto para beneficiar a Lázaro Báez. Es decir, fondos del Estado que se desviaron a fines delictivos. “Allí estuvo el primer ardid, direccionando la obra pública a ciertos bolsillos”, indicó uno de los exreferentes de la unidad antilavado.
El siguiente paso todavía no registró condena, aunque varios protagonistas reconocieron su mal hacer ante la Justicia o la AFIP. Consistió en la extracción de parte de esos fondos de los balances de Austral Construcciones y otras empresas de Báez para que, ya en negro, disponer de ese dinero para pagar sobornos, evadir impuestos o girarlos a Suiza o el Caribe. Ese paso se apoyó en dos prácticas: el uso intensivo de facturas truchas para justificar la salida de esos fondos. Así es como Gotti Hermanos, Badial y otras constructoras de Báez acumularon tropiezos con el fisco durante años. También, Austral Construcciones y Adelmo Biancalani, que recurrieron a usinas de facturas apócrifas.
La presencia de Báez y acólitos como Julio Mendoza y Claudio Burgas por Bahía Blanca y Chaco levantó polvareda. El entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, llegó a cerrar la Regional de Bahía Blanca en un intento de tapar y solucionar el entuerto. Pero fue demasiado tarde. La Justicia abrió una investigación y, ocho años después, dos grupos empresarios bahienses –los Ficcadenti y los Ferreyra– se encaminan a un juicio oral por ayudar a Báez a evadir más de $673 millones con facturas truchas. Ellos admitieron que emitieron facturas truchas o la AFIP determinó que algunas empresas eran sellos de goma.
Austral Construcciones tampoco salió indemne. El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart elevó a juicio oral la presunta evasión multimillonaria de impuestos a las ganancias y valor agregado (IVA) que el supuesto testaferro de la familia Kirchner y sus colaboradores desarrollaron con esa constructora. Deberán sentarse en el banquillo ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. Y en Chaco, el Tribunal Oral Federal de Resistencia también juzgará a Báez por otra presunta evasión con facturas truchas, a través de “Sucesores de Adelmo Biancalani”.
Un protagonista del entuerto, Leonardo Fariña, condenado, confirmó la metodología: “Se utilizaban facturas apócrifas como método para pasar del negro al blanco”, señaló en el juicio por la “ruta del dinero K”. Le preguntaron cómo sabía que esas facturas eran apócrifas. “Por el Señor Bustos”, replicó. “Fue quien terminó de hacer el contacto con Nación Fideicomiso”.
Las empresas de Báez también apelaron al descuento de cheques en financieras, cooperativas y mutuales que, a cambio de un porcentaje, entregaron dinero en efectivo. ¿Un ejemplo? Ernesto Clarens, controlante de Invernes, quien debe afrontar un juicio oral por el presunto blanqueo de al menos US$160 millones de la obra pública. ¿Cómo? A través de Invernes y Coficred, que permitía a las constructoras extraer efectivo por ventanilla en el Banco Macro. Dato adicional: Clarens ya se acogió al régimen del “arrepentido” en la “causa Cuadernos”.
“El descuento de los cheques fue y sigue siendo una herramienta habitual para la trampa”, recordó otra de las fuentes consultadas. “Recuerde, por ejemplo, Fútbol para Todos”, precisó. En efecto, tanto esa iniciativa del kirchnerismo, como el programa “Sueños Compartidos” de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, entre otros, recurrieron al descuento de cheques en 29 financieras encabezadas por la firma Amigal, según un informe de la Auditoría General de la Nación.
La causa por “la ruta del dinero K” fue, precisamente, parte del siguiente eslabón. Porque decenas de millones de dólares en negro se giraron al exterior, a través de “la Rosadita” y otras cuevas de la City porteña para recalar en Suiza, el Principado de Liechtenstein, Luxemburgo, la Isla de Man, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Seychelles y otros paraísos fiscales, como lo hizo el ya fallecido secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner Daniel Muñoz, por al menos US$70 millones.
Tanto Báez como Fariña y otros acusados fueron condenados en 2018 por esas prácticas. El Tribunal Oral Federal N°4 dispuso 12 años de prisión para el presunto testaferro de los Kirchner, en un veredicto que halló culpables a sus cuatro hijos y a Fariña (cinco años), entre otros. Y ordenó el decomiso de más de US$59,8 millones.
Báez procedió al reciclaje de esos fondos, por más de $1300 millones. En ese contexto, la “causa Hotesur – Los Sauces” surge al final del recorrido. Los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone deben evaluar si revocan el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Báez y otros acusados, como pidió el fiscal Mario Villar.
La acusación se centra en dos ejes: Hotesur, por al menos $35 millones que empresas de Báez le pagaron a la familia Kirchner por cientos de habitaciones cada mes en el hotel Alto Calafate que jamás usaron; y Los Sauces, por los inmuebles que Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa le alquilaron a los Kirchner, en Santa Cruz y Buenos Aires. Dos de las empresas de Báez ya admitieron que los supuestos alquileres de esas habitaciones fueron apenas un dibujo. Las sociedades “Don Francisco” y “La Estación” –ambas de Río Gallegos, distante 300 kilómetros de El Calafate–, lo confirmaron en el expediente por “la ruta del dinero K” y en la investigación por evasión que tramitó ante el juez en lo Penal Económico López Biscayart.

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