CORRUPCIÓN KKK

Corrupción. Las piezas del rompecabezas criminal que tiene a Cristina Kirchner como beneficiaria
Las investigaciones probaron un camino que comenzó con la extracción de fondos de la obra pública, su paso al circuito negro, su blanqueo y su final en los bolsillos de los Kirchner
Hugo Alconada Mon
Aunque resta definir qué pasará en la Cámara Federal de Casación Penal con la causa Hotesur-Los Sauces, una investigación decisiva para Cristina Kirchner, la sentencia que la vicepresidenta recibió en la causa Vialidad fue más que una condena. Representó una pieza clave para armar el rompecabezas delictivo de las últimas dos décadas, según reconstruyó la nacion sobre la base de los testimonios de cuatro de los mayores expertos antilavado del país.
Ambas investigaciones son eslabones que permiten comprender cómo funcionó la extracción criminal de fondos del Estado a través de la obra pública, cómo se traspasaron al circuito legal negro, su blanqueo posterior y su reintegración al circuito legal hasta terminar en los bolsillos de los Kirchner. Los cuatro especialistas pidieron mantener sus nombres en reserva para evitar represalias. Dos ocuparon cargos de liderazgo en la unidad antilavado (UIF) en distintos gobiernos; y los restantes son académicos, han escrito libros sobre el lavado y ejercen como abogado y contador.
La primera fase quedó en evidencia en la causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal N° 2 concluyó que la vicepresidenta y otros funcionarios administraron de manera fraudulenta más de $84.000 millones del presupuesto para beneficiar a Lázaro Báez. Es decir, fondos del Estado que se desviaron a fines delictivos. “Allí estuvo el primer ardid, direccionando la obra pública a ciertos bolsillos”, indicó uno de los exreferentes de la unidad antilavado.
El siguiente paso todavía no registró condena, aunque varios protagonistas reconocieron su mal hacer ante la Justicia o la AFIP. Consistió en la extracción de parte de esos fondos de los balances de Austral Construcciones y otras empresas de Báez para que, ya en negro, disponer de ese dinero para pagar sobornos, evadir impuestos o girarlos a Suiza o el Caribe. Ese paso se apoyó en dos prácticas: el uso intensivo de facturas truchas para justificar la salida de esos fondos. Así es como Gotti Hermanos, Badial y otras constructoras de Báez acumularon tropiezos con el fisco durante años. También, Austral Construcciones y Adelmo Biancalani, que recurrieron a usinas de facturas apócrifas.
La presencia de Báez y acólitos como Julio Mendoza y Claudio Burgas por Bahía Blanca y Chaco levantó polvareda. El entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, llegó a cerrar la Regional de Bahía Blanca en un intento de tapar y solucionar el entuerto. Pero fue demasiado tarde. La Justicia abrió una investigación y, ocho años después, dos grupos empresarios bahienses –los Ficcadenti y los Ferreyra– se encaminan a un juicio oral por ayudar a Báez a evadir más de $673 millones con facturas truchas. Ellos admitieron que emitieron facturas truchas o la AFIP determinó que algunas empresas eran sellos de goma.
Austral Construcciones tampoco salió indemne. El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart elevó a juicio oral la presunta evasión multimillonaria de impuestos a las ganancias y valor agregado (IVA) que el supuesto testaferro de la familia Kirchner y sus colaboradores desarrollaron con esa constructora. Deberán sentarse en el banquillo ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3. Y en Chaco, el Tribunal Oral Federal de Resistencia también juzgará a Báez por otra presunta evasión con facturas truchas, a través de “Sucesores de Adelmo Biancalani”.
Un protagonista del entuerto, Leonardo Fariña, condenado, confirmó la metodología: “Se utilizaban facturas apócrifas como método para pasar del negro al blanco”, señaló en el juicio por la “ruta del dinero K”. Le preguntaron cómo sabía que esas facturas eran apócrifas. “Por el Señor Bustos”, replicó. “Fue quien terminó de hacer el contacto con Nación Fideicomiso”.
Las empresas de Báez también apelaron al descuento de cheques en financieras, cooperativas y mutuales que, a cambio de un porcentaje, entregaron dinero en efectivo. ¿Un ejemplo? Ernesto Clarens, controlante de Invernes, quien debe afrontar un juicio oral por el presunto blanqueo de al menos US$160 millones de la obra pública. ¿Cómo? A través de Invernes y Coficred, que permitía a las constructoras extraer efectivo por ventanilla en el Banco Macro. Dato adicional: Clarens ya se acogió al régimen del “arrepentido” en la “causa Cuadernos”.
“El descuento de los cheques fue y sigue siendo una herramienta habitual para la trampa”, recordó otra de las fuentes consultadas. “Recuerde, por ejemplo, Fútbol para Todos”, precisó. En efecto, tanto esa iniciativa del kirchnerismo, como el programa “Sueños Compartidos” de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo, entre otros, recurrieron al descuento de cheques en 29 financieras encabezadas por la firma Amigal, según un informe de la Auditoría General de la Nación.
La causa por “la ruta del dinero K” fue, precisamente, parte del siguiente eslabón. Porque decenas de millones de dólares en negro se giraron al exterior, a través de “la Rosadita” y otras cuevas de la City porteña para recalar en Suiza, el Principado de Liechtenstein, Luxemburgo, la Isla de Man, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Seychelles y otros paraísos fiscales, como lo hizo el ya fallecido secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner Daniel Muñoz, por al menos US$70 millones.
Tanto Báez como Fariña y otros acusados fueron condenados en 2018 por esas prácticas. El Tribunal Oral Federal N°4 dispuso 12 años de prisión para el presunto testaferro de los Kirchner, en un veredicto que halló culpables a sus cuatro hijos y a Fariña (cinco años), entre otros. Y ordenó el decomiso de más de US$59,8 millones.
Báez procedió al reciclaje de esos fondos, por más de $1300 millones. En ese contexto, la “causa Hotesur – Los Sauces” surge al final del recorrido. Los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone deben evaluar si revocan el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Báez y otros acusados, como pidió el fiscal Mario Villar.
La acusación se centra en dos ejes: Hotesur, por al menos $35 millones que empresas de Báez le pagaron a la familia Kirchner por cientos de habitaciones cada mes en el hotel Alto Calafate que jamás usaron; y Los Sauces, por los inmuebles que Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa le alquilaron a los Kirchner, en Santa Cruz y Buenos Aires. Dos de las empresas de Báez ya admitieron que los supuestos alquileres de esas habitaciones fueron apenas un dibujo. Las sociedades “Don Francisco” y “La Estación” –ambas de Río Gallegos, distante 300 kilómetros de El Calafate–, lo confirmaron en el expediente por “la ruta del dinero K” y en la investigación por evasión que tramitó ante el juez en lo Penal Económico López Biscayart.

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