EDITORIAL Y LAS PALABRAS

La trampa del costo peronista
Lo paradójico en nuestro país es que quienes cuestionan los planes liberales por ser dañinos son, a su vez, quienes han impedido -e impiden- las transformaciones duraderas
La vieja tentación de siempre por mantener el statu quo de parte del mismo sector que se resiste a perder sus privilegios
La historia argentina muestra que los programas de ajuste y apertura han terminado mal por no reducirse el gasto público de forma sustentable ni efectuarse reformas estructurales que den competitividad al sector privado. Esas malas experiencias, reflejadas en sobrevaluación de la moneda y crisis devaluatorias, dan argumento a quienes sostienen que los planes liberales son dañinos y que se debe recurrir al “Estado presente” para reactivar la economía y recuperar el empleo.
Nunca será posible aplicar desde el gobierno los consejos crudos de la teoría, pues toda gestión pública se encuentra limitada por las restricciones de la política. El caso descripto arriba lo demuestra con claridad: en la Argentina no han existido consensos mayoritarios ni para achicar la dimensión del Estado ni para modificar precios relativos en procura de su inserción en el mundo. Por eso se han malogrado. La paradoja es que, quienes cuestionan los planes liberales por ser dañinos son, a su vez, quienes han impedido –e impiden– las transformaciones duraderas.
La crisis de 2023 fue tan dramática que requiere cirugías que no estaban en la agenda de nadie. Ante una hiperinflación en puerta, la devaluación no puede ser utilizada para acomodar precios relativos, como otras veces. La única salida es la estabilidad fiscal y las reformas estructurales, que deben ser llevadas a cabo con urgencia
El respetado economista Juan Carlos de Pablo, quien “las ha visto todas” y simpatiza con el programa libertario, en una reciente entrevista en LA NACION manifestó preocupación por medidas coyunturales para bajar precios internos, como las facilidades para importar “puerta a puerta”, sin correlato de otras, de carácter estructural. En su opinión, deberían reducirse también los costos de los productores locales expuestos a esa nueva competencia. de forma sincronizada.
También la Unión Industrial Argentina, por medio de su presidente, Daniel Funes de Rioja, apuntó en la misma dirección al requerir que se “equilibre la cancha” para poder competir, pues “cuando un producto sale a la venta al público tiene un 50% de contenido fiscal”. Según el titular de la UIA existe una presión tributaria excesiva sobre quienes pagan impuestos, una logística deficitaria, una infraestructura deficiente y una legislación laboral del siglo pasado “con la industria 4.0 y la tecnología actual”.
Es la misma historia de siempre y razón del título de esta columna editorial. Para reducir impuestos se necesita reducir gastos, hacer privatizaciones y eliminar organismos del Estado con medidas que no cuentan con apoyo legislativo. Se requiere un nuevo pacto fiscal con las provincias y reformar la coparticipación, que rechazan los gobernadores. Es urgente descentralizar la negociación colectiva y limitar el poder gremial, que se opone, insuflado de cuotas solidarias, obras sociales y perpetuación en los cargos. Es fundamental la flexibilización laboral, revisar cláusulas abusivas de convenios colectivos y erradicar la industria del juicio, entre tantos otros cambios de fondo.
Es un sendero estrecho por donde debe avanzar la gestión económica, dadas las restricciones que impone la política y el peligro de las trampas peronistas de ahora y siempre.
La llave para que esos cambios sean viables las tiene el peronismo de ambos signos, con sus senadores y diputados, gobernadores e intendentes, sindicalistas y dirigentes empresarios. Ya lo dijo el diputado Miguel Angel Pichetto: “Hay que ser realistas de los límites que tiene el Gobierno”, mientras hacía fracasar un dictamen contrario al interés sindical. Vociferan que la población no puede tolerarlo más, mientras ponen palos en la rueda para denunciar, como otras veces, la “destrucción del aparato productivo”. Esa es la “trampa peronista” de ahora y de siempre. Saben que las medidas para “equilibrar la cancha” son clave en cualquier plan de estabilización y que, hasta las elecciones, esa llave estará en sus manos. Ante el temor de perderla antes, impulsan una reforma que limite los DNU presidenciales, usados y abusados por los Kirchner.
En el pasado, se hacía referencia a la rémora del “costo argentino” como lastre que todos desearían sacarse de encima, en forma unánime. Ahora, ante las obstrucciones explícitas impidiendo las reformas, dentro y fuera del Congreso, es posible refinar esa designación y llamarlo, más precisamente, “costo peronista”.
Durante casi un siglo, la Argentina ha priorizado la sustitución de importaciones y acumulado ineficiencias a costa de los consumidores. Al perder competitividad, ha sufrido crisis periódicas por falta de divisas y devaluaciones cada vez más dañinas. Con los años, se instaló una tolerancia recíproca entre empresarios y sindicalistas para convivir así, soslayando reformas que alterasen esa Entente Cordiale a costa del campo y del nivel de vida general.
Las reformas más profundas deberán ocurrir, no por mandato de un manual ideológico, sino como necesidad insoslayable para que el país se integre al mundo sin mochilas corporativas
Pero nada es para siempre, como lo supo un archiduque en Sarajevo. La crisis del año pasado fue tan dramática que requiere cirugías que no estaban en la agenda de nadie. Ante una hiperinflación en puerta, la devaluación no puede ser utilizada para acomodar precios relativos como otras veces. La única salida es la estabilidad fiscal y las reformas estructurales, que deben ser llevadas a cabo con urgencia, aunque se sacudan los cimientos de aquel longevo pacto de convivencia.
En menos de un año, el Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario para reducir costos, dentro de sus posibilidades. Al lograr estabilidad fiscal y bajar la inflación, ha reducido el costo del capital y aumentado el crédito bancario, indispensables para cualquier reconversión productiva. Con el RIGI se están materializando grandes inversiones en hidrocarburos y minería. Se han introducido reformas laborales, aunque limitadas por la negativa opositora. También se han liberado pagos al exterior para regularizar el funcionamiento de las industrias, reducido aranceles sobre materias primas y bienes de capital, facilitado importaciones temporarias y eliminado múltiples regulaciones que afectaban la actividad productiva.
A decir verdad, debe distinguirse entre justos y pecadores, pues muchos quejosos tienen la cancha desequilibrada a su favor desde hace rato, sin más justificativo que el empleo. Como la fabricación de bicicletas, con una protección antidumping que duró 35 años. O los sectores “sensibles”, como la indumentaria, el calzado o los juguetes, que difícilmente puedan subsistir en el mundo actual si no modifican sus modelos de negocios, agregando valor con diseño y calidad para nichos diferenciados. Sin omitir los celulares, acondicionadores de aire y televisores, beneficiados con el régimen de Tierra del Fuego, incomprensible en tiempos digitales.
Saben que las medidas para “equilibrar la cancha” son clave en cualquier plan de estabilización y que, hasta las elecciones, esa llave estará en sus manos. Ante el temor a perderla, impulsan una reforma que limite los DNU presidenciales, usados y abusados por los Kirchner
Es una carrera contra el tiempo, donde es inevitable que ocurran desfasajes entre la apertura y las reformas necesarias para reducir la presión tributaria; mejorar la logística deficitaria, modernizar la infraestructura y actualizar la legislación laboral como lo reclama la UIA. Por ahora, dadas las normas del Mercosur, se ha respetado el arancel externo común y su andamiaje proteccionista, aunque se han suprimido permisos de importación, reducido aranceles excesivos, bajado costos de nacionalización y eliminado barreras paraarancelarias, como reglamentos técnicos y abusos de antidumping. Lejos estamos aún del arancel único y bajo del exitoso modelo chileno, pero ya llegará cuando se flexibilice el Tratado de Asunción (1991).
Es un sendero estrecho por donde debe avanzar la gestión económica, dadas las restricciones que impone la política y el peligro de las trampas peronistas. Las reformas estructurales más profundas deberán ocurrir, no por mandato de un manual ideológico, sino como necesidad insoslayable para que la Argentina se integre al mundo sin la pesada mochila de su pasado corporativo. Si no de inmediato, será cuando el apoyo de las urnas cambie las mayorías legislativas. Los bombos y redoblantes son muy pintorescos, pero suenan retrógrados en los ámbitos desafiantes en que debe posicionarse la república para atraer inversiones y dar oportunidades a sus hijos.

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No es malo tropezar, lo malo es que te guste la piedra
“No se conformaban con el bolichito”. (De Manuel Adorni)

Graciela Guadalupe


Una cosa lleva a la otra. La primera es que el Gobierno definió que en 2025 habrá tres fines de semana extralargos, adicionando jornadas puente, pero con una diferencia fundamental respecto de lo que venía sucediendo. No serán feriados nacionales, sino días no laborables, es decir, no regirán de forma obligatoria, sino que quedará en manos de cada empleador la decisión de trabajarlos o no. La segunda cuestión es la clausura del boliche bailable clandestino –con luces, telones, barras y bebidas alcohólicas– hallado dentro de un edificio que había sido cedido por el gobierno de Alberto Fernández a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Ergo, ¿para qué queremos más feriados si nos cierran los antros de festichola?
Menos claro resulta otro de los puntos de la disposición. Mientras se promueve la actividad turística, figuras del oficialismo surten a la vicepresidenta precisamente por viajar demasiado probando fusiles de asalto, canturreando en el Festival de Jesús María o mimetizándose con los gauchos dispersos por la patria.
Es interesante el lío que se armó en el oficialismo con Victoria Villarruel, no tanto por esos viajes ni porque reivindicó a Isabelita o dialogue con la casta –es sabida la difícil relación entre presidentes y vices en nuestro país–, sino porque, si la quieren confinar a tocar la campanita en el Senado, deberían reparar en que es la única que tiene el poder de desempatar con su voto cuando fracasan todos los alargues y todos los penales en el recinto.
Volviendo a la clausura del Mau Mau universitario (centennials, abstenerse), el vocero presidencial dijo que quienes dieron otro fin al centro educativo “no se conformaban con el bolichito”. Relató que allí también vivía una familia, que funcionaban un partido vinculado a un piquetero y un par de agrupaciones de refugiados, y que se encontraron fotos de Cristina y leyendas alusivas a la vuelta del kirchnerismo al Gobierno.
La universidad, que justo dos días antes había logrado que una jueza suspendiera la intervención del gobierno mileísta sobre esa casa de estudios, obligándolo a enviarle fondos, retrucó que el inmueble de la discordia nunca le fue transferido como había decidido el profe Alberto, sino que se mantuvo en el área de Justicia, que por entonces manejaba Martín Soria. O sea que el boliche dependía del mismo gobierno kirchnerista, pero las entradas se conseguían en otra boletería. Como reza el refrán, no es malo tropezar, lo malo es que te guste la piedra.

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EDITORIAL Y LAS PALABRAS

La patria no se vende ni tampoco se malversa
Tanto la invocación al patriotismo como la denuncia de una persecución política o de género son recursos deleznables para cuestionar la condena a Cristina Kirchner por corrupción
Cristina Kirchner fue condenada en segunda instancia en la causa Vialidad..Alfredo Sábat
Para quienes se educaron en los valores de Manuel Belgrano y se emocionan con las estrofas de “Aurora”, la apropiación de la palabra “patria” en forma burda y repetitiva por quienes malversan su significado, es moralmente indigerible.
El inventario de su uso faccioso es interminable. Desde “la patria no se vende” del gobernador Axel Kicillof hasta “la patria es el otro” del camporismo. Hemos tenido la casa “Patria Grande”, para militantes afines a Cuba, Nicaragua y Venezuela, hasta el Instituto Patria, supuesta “usina intelectual” donde se recicla estatismo, proteccionismo e inflación en nombre de la patria. Hemos conocido el frente “Patria Grande” (bis) de Juan Grabois, la alianza “Unión por la Patria”, que encabezó Sergio Massa (a quien aquel tildó de “antipatria” antes de apoyarlo) y ahora, “Primero, la Patria”, la lista de Cristina Kichner en el Partido Justicialista. En ocasión de su reciente condena por administración fraudulenta, el gobernador la consideró “proscripta”, comparándola con San Martín, el Padre de la Patria, en otro dislate ofensivo para la memoria del prócer. Después de tanto uso y abuso de la patria y la antipatria, no puede decirse, como en el Mayo francés de 1968, que les haya llegado “la imaginación al poder”.
La palabra “patria” incluye a todos quienes comparten una historia común, han visto los mismos paisajes y oído los mismos rumores, urbanos o rurales. No admite exclusiones oportunistas. Quienes lucharon por una patria independiente querían la soberanía política, sin distinción entre gauchos o “galeritas”, rubios o morenos, progresistas o reaccionarios: no buscaban la liberación sino la libertad. Los sentimientos que suscita la expresión son tan profundos, que no debe ser usada para marketing político u otros fines subalternos, bien distintos al “Ay, Patria mía” que Belgrano dijera en su último adiós.
La idea de que la “patria” es solo una parte de la sociedad, viene de lejos. En 1924, Manuel Baldomero Ugarte publicó su libro “La Patria Grande”, tomando la idea de San Martín y Bolívar respecto de la unidad latinoamericana, con un ingrediente divisivo: unidad sí, pero contra el imperialismo anglosajón. La variación marxista la acuñó Fidel Castro en su discurso del 5 de marzo de 1960, cuando pronunció su célebre “¡Patria o Muerte!” como consigna de lucha revolucionaria, repetida por el Che Guevara ante la Asamblea de la ONU cuatro años después. Así está hoy Cuba, completamente liberada y totalmente empobrecida. La población entona “Patria y Vida” reclamando techo, tierra y trabajo, además de comida.
Sergio Massa y Juan Grabois, dos dirigentes que han malversado la palabra "patria
En la Argentina, la subversión armada también reivindicó la defensa de la patria para justificar sus atentados criminales con el lema: “La sangre montonera es Patria y es bandera”. John William Cooke, creador del socialismo nacional, la identificó con los descamisados, los pobres y los excluidos frente a la oligarquía, la antipatria y el “cipayaje” aliado al imperialismo. Expresiones ya acuñadas por Arturo Jauretche, el radical que se hizo peronista el 17 de octubre de 1945 y fue premiado con la presidencia del Banco Provincia por su oportuno patriotismo.
Quienes invocan a la patria en provecho propio no utilizan la palabra en el sentido que le dio Belgrano en su lecho de muerte. Es el esfuerzo final de los actores de un ciclo que se ha cerrado en la Argentina. Su batalla final para recuperar cargos y cajas, empresas y directorios, sueldos y viáticos, pasajes y estadías, empleados y choferes, asesores y secretarios, parientes y amigos, en todos los resquicios del Estado
En 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el movimiento guerrillero Todos por la Patria, dirigido por Enrique Gorriarán Merlo, del PRT/ERP, asaltó el Regimiento de La Tablada. Nuevamente, la patria tuvo poco que ver en ese intento de imponer el marxismo en la Argentina. Pero allí va la palabra viene y va sin que nadie detenga su uso malversado.
El 25 de mayo de 2018, bajo la consigna “La Patria en peligro”, se repudió al Fondo Monetario Internacional en un acto convocado por Pablo Echarri y Nancy Dupláa, secundado por Roberto Baradel, Estela de Carlotto y Grabois. La “defensa de la patria” es un estribillo repetido desde Eva Perón, para quien “la grandeza de la Patria que Perón nos ha dado, la debemos defender como la más justa, la más libre y más soberana de la tierra”. Luego de cuatro gobiernos kirchneristas, empalagados de fraseología patriótica, la patria se convirtió en la menos justa, menos libre y menos soberana de todas las tierras más cercanas.
Es redundante repetir los daños causados a la patria por el empecinamiento de Cristina Kirchner en lograr su impunidad, a cualquier precio. Incluso, al haber conformado el terceto liderado por el procesado Alberto Fernández, creyendo que, con sus contactos judiciales, iba a lograr el archivo de sus causas penales. No usó la lapicera como ella lo deseaba y luego inventó la candidatura de Sergio Massa, a quien aborrecía – en “unión” por la patria.
La Cámara de Casación Penal ha confirmado la condena contra Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, dictada por del Tribunal Oral N° 2 en la causa Vialidad. Mediante adjudicaciones amañadas de obras viales, el matrimonio Kirchner enriqueció a Lázaro Báez con recursos públicos que luego retornaron a su patrimonio familiar. Utilizaron mecanismos tan comunes para lavar dinero que descubriría un novato y serán expuestos en la causa Hotesur y Los Sauces, ahora reabiertas. Como prueba flagrante, basta ver el mausoleo “egipcio” que construyó el citado Báez en el modesto cementerio de Rio Gallegos en gratitud a su mecenas. La patria fue vendida y ofendida en un camposanto, aunque la expresidenta intente persuadir a la opinión pública de que ella es víctima de una persecución política, mediática, judicial y hasta de género.
Para Axel Kicillof "la patria no se vende", pero impulsó una expropiación de YPF que le costará más de 16.000 millones de dólares al país
En cuanto al gobernador Kicillof, para quien “la patria no se vende”, se puede hipotecar. Su torpeza en la expropiación de YPF costará al Estado Nacional más de 16.000 millones de dólares por haber declarado en el Senado de la Nación (2012): “Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF”. Tales palabras fueron prueba definitoria en el juicio del fondo Burford contra el Estado nacional, fruto del turbio acuerdo entre Néstor Kirchner y el grupo Eskenazi. Esa cifra serviría para hacer patria en el conurbano donde gobierna el discípulo de Cristina Kirchner con viviendas, escuelas, cloacas y asfalto, en lugar de haber hipotecado el futuro de la patria con su desplante infantil.
Esperemos que los argentinos retomen los valores de quienes pronunciaban “patria” con sincera honradez. Y que su malversación sea sancionada mediante la condena moral de una sociedad cansada de ser expoliada en su nombre
El Financial Times, en su edición del 4 este mes, advirtió acerca del “tsunami” de sentencias y laudos arbitrales que azotará las reservas argentinas luego de tantos desatinos acumulados desde el fin de la convertibilidad y que podrían ascender a 31.000 millones de dólares. Los más importantes se refieren al default de 2001, la estatización de las AFJP y el incumplimiento de contratos de las privatizaciones. Todos por violación de compromisos invocando emergencias autoinfligidas en nombre de la patria. La Argentina ha sido el país más demandado ante el Ciadi, con más de 50 casos entre concluidos y pendientes, seguido por Venezuela. Se estima que, desde 2001, se pagaron 16.538 millones de dólares por fallos o arbitrajes adversos por expropiaciones, pesificaciones y defaults.
La sentencia por YPF que debemos a la picardía patriótica de Kicillof, encabeza el ranking. Hay otra, por 1500 millones de dólares, de un tribunal británico por una “viveza” similar a aquella, cuando Guillermo Moreno intervino el Indec en 2007 y alteró la forma en que el país calcula el PBI, para reducir los pagos de bonos vinculados al crecimiento. Si bien Kicillof no era aún ministro, es célebre su apoyo a no publicar índices correctos para “no estigmatizar la pobreza”.
Quienes invocan a la patria en provecho propio, no utilizan la palabra en el sentido que le dio Belgrano en su lecho de muerte. Es el esfuerzo final de los actores de un ciclo que se ha cerrado en la Argentina. Su batalla final para recuperar cargos y cajas, empresas y directorios, sueldos y viáticos, pasajes y estadías, empleados y choferes, asesores y secretarios, parientes y amigos en todos los resquicios del Estado.
Esa es la única patria que conciben y cuyo nombre advocan, por falta de otras razones, para proteger a su lideresa frente al rigor judicial.
Esperemos que los argentinos retomen los valores de quienes pronunciaban “patria” con sincera honradez. Y que su malversación, al margen de lo dispuesto por la Justicia, sea sancionada mediante la condena moral de una sociedad cansada de ser expoliada en su nombre.

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Cuando los copitos solo eran de azúcar
“Los copitos son los de Comodoro Py” (De Cristina Kirchner)

Graciela Guadalupe

“Si no me mataron, tengo que estar presa”, dijo Cristina Kirchner tras conocer el fallo judicial que le confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por haber direccionado licitaciones de obras “ídem” en Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez. Y no solo eso. Tras considerar que la sentencia busca proscribirla de la vida electoral, se refirió a los jueces de la Casación como “los copitos de Comodoro Py”, en alusión a los procesados por haber atentado contra su vida.
Hasta ahí el resumen informativo. Ahora damos paso a la nostalgia: a cuando los copitos solo eran de azúcar y, como mucho daño, producían caries; cuando el edulcorante era una rareza y la vida transcurría sin redes sociales, como ahora, donde todo el mundo dice lo que piensa y, muchas veces, sin pensar lo que dice.
No vamos a pecar de ingenuos porque siempre se han proferido barbaridades –solo con Milei llenamos una enciclopedia–, pero agarrársela con una golosina tan noble como los copos de azúcar es una afrenta al recuerdo infantil y al estómago de adulto, ya bastante escorado de antiácidos y metformina en sus diversas presentaciones.
En las comisiones del Congreso se tiran con todo -menos con Tubby 1 y Tubby 2, porque solo conocimos el 3 y el 4-, y nunca con un alfajor Jorgito. A nadie se le ocurre pegotear un chicle Bazooka en el pelo de los que retacean el quorum o embadurnarle la cabeza con Mielcitas a los pelados.
Sería un sacrilegio –además de un desperdicio inconmensurable– pavimentar con barritas de chocolate Águila las rutas que dejó de construir el compañero Lázaro; pintar de rosa el médano de Amado con caramelos Flynn Paff, o hacerles ver a los radicales que, si siguen como ahora, lo único que les va a quedar es atorarse con galletitas Tentación o disfrazarse de Gallinitas.
Si la vida te da sorpresas, la política es la fábrica de chocolatitos Fort, antecesores de los Kinder. Por afuera chocolate, por adentro andá a saber.
Debería haber una ONG en defensa de la dignidad de las golosinas y del recuerdo de aquellas que desaparecieron o que volvieron después de mucho tiempo a recuperar terreno. Vaya nuestro agradecimiento a los corazoncitos Dorin’s, a los Paragüitas, a la efervescencia de los caramelos Fizz; a los postrecitos Sandy, los Topolinos, los Pico Dulce, la Bananita Dolca, la Tita, la Rhodesia, los caramelos 1/2 Hora y las pastillas Yapa. Que se nos pegue la alegría de los chicles Dinovo, de los Beldent e incluso de los Puaj!. Y que vuelvan los pochoclos Josecito, de los que pocos tienen memoria, pero que hoy serían un golazo para sentarse en el sillón a ver el espectáculo de la política.

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EDITORIAL Y LAS PALABRAS

Crecer sin planes trienales ni quinquenales
A lo largo de décadas, la Argentina ha tenido regímenes de fomento que generaron beneficios a funcionarios, gestores y empresarios, sin alentar la inversión de fondos particulares
Juan Domingo Perón fue el impulsor de los primeros planes quinquenales..Alfredo Sábat
Desde que asumió Javier Milei y concentró su esfuerzo en lograr déficit cero para eliminar la inflación y recuperar la moneda, fue criticado por no prestar atención a la llamada “economía real”, privilegiando la estabilidad fiscal sobre el desarrollo productivo. Bien contrapuesto a Bernardo Grinspun, primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín, quien hacía alarde de preferir la reactivación a costa de mayor inflación. No logró lo primero y lo agobió lo segundo.
Existen muchas teorías sobre la necesidad de incluir un plan de desarrollo como parte de un ajuste, para impulsar la expansión productiva y la demanda de empleo en ámbitos ajenos a los grandes proyectos, como los hidrocarburos y la minería. En una reciente entrevista , Dani Rodrik, destacado profesor de la Universidad de Harvard, sostuvo una visión crítica respecto del Estado mínimo que propicia Milei. Sin duda, esa fue la razón por la cual Horacio Rodríguez Larreta lo convocó a disertar en la Argentina y obtener respaldo académico a su postura desarrollista, contraria al “anarcoliberalismo” oficial.
Si bien Rodrik estuvo bien lejos del keynesianismo original, dejó claro que el Estado tiene un rol importante que cumplir en el crecimiento de un país, sin dejar todo en manos del mercado. Además de establecer un marco institucional, proveer bienes y servicios públicos y desarrollar infraestructura, Rodrik se manifestó partidario de políticas activas (la dichosa “colaboración público-privada”) para reconvertir sectores rezagados (automotriz, textiles); apoyar ventajas competitivas (litio, biotecnología) e impulsar servicios que absorben mano de obra y favorecen el trabajo con inclusión.
No debe olvidarse que, cuando el Estado abre y cierra compuertas de dinero, se arma de inmediato un bazar paralelo de comisiones, retornos y gratificaciones, generando plusvalías cuantiosas para algunos a costa del erario
Es difícil contrariar la opinión de Rodrik, pues existen en el mundo distintos modelos de intervenciones públicas, algunas exitosas, como las de Corea del Sur, Singapur o China, y otras que no lograron igual dinamismo, como las de Italia, Francia o España. Pero el caso argentino es distinto a los que se analizan en claustros universitarios. Esos países funcionan como tales, unos a punta de fusil y otros con disensos democráticos, con engranajes ajustados y causalidades predecibles. En los primeros, los premios y castigos se alinean sobre la base de rígidos principios de orden, mérito, esfuerzo y veneración de lo público. En los segundos, aunque esos valores son reconocidos en los discursos, flaquean por sus hechuras latinas.
Como lo definió el filósofo Carlos Nino, el nuestro funciona al margen de la ley, en una “anomia boba” donde cada cual subsiste como puede a costa del conjunto, empobreciéndose todos. El capital social se diluyó durante 80 años de crisis, ocho “defaults”, inflación extravagante y desaparición de la moneda. Esos fenómenos provocaron la fuga de capitales; la destrucción del ahorro; la expulsión a la informalidad y la expansión de la pobreza.
Para que los planes de cualquier gobierno cumplan sus objetivos, es indispensable un mínimo de cohesión social, una pizca de confianza y “servidores públicos” que no confundan el interés general con el propio. En la Argentina han existido decenas de planes de desarrollo, regímenes de fomento y programas de estímulo, pero todos han sido oportunidades de negocios y nunca verdaderos acicates para la inversión de fondos particulares. La gestión de partidas presupuestarias, créditos blandos, barreras de entrada, exenciones fiscales, avales oficiales, reintegros y desgravaciones impositivas siempre ha estado dirigida por la política partidaria, generando plusvalías cuantiosas para funcionarios, gestores y empresarios a costa del erario.
La gestión de partidas presupuestarias, créditos blandos, barreras de entrada, exenciones fiscales, avales oficiales, reintegros y desgravaciones impositivas siempre ha estado dirigida por la política partidaria
Quizás el profesor Rodrik no conozca bien cómo funciona lo público en la Argentina cuando el toma y daca al que él se refiere se traslada de las tiendas presenciales y los sitios virtuales a las trastiendas del poder y los despachos oficiales. Es el mercado más oscuro y dañino, pues condiciona decisiones estatales que deforman la estructura productiva condenando a una nación por generaciones.
No debe olvidarse que, cuando el Estado abre y cierra compuertas de dinero, se arma de inmediato un bazar paralelo de comisiones, retornos y gratificaciones. Gracias a la tecnología, hemos visto el caso de los seguros que involucra al expresidente Alberto Fernández y, gracias a los cuadernos, los enjuagues en el mundo de la construcción. Así funciona el mercado de lo público, con bolsos y sobres, pagos a prestanombres, uso de departamentos y tarjetas azules para autos de alta gama, entonando el himno con una mano en el corazón, otra en la billetera e invocando a la patria, que es el otro.
Desde aquel mítico Consejo Nacional de Posguerra (1944), hemos tenido planes quinquenales del primer peronismo (1947 y 1953), otros del CONADE (1961–1973), 160 Políticas Nacionales (Decreto No. 46/70); el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional (1973) y múltiples promociones sectoriales y regionales posteriores conforme a presiones de gobernadores o de aportantes de campañas.
La provincia de Chubut, gran productora lanar, gozó de promoción para la industria textil de hilados sintéticos, que decayó cuando las provincias de la “reparación histórica” (Catamarca, San Juan y San Luis, 1973) ofrecieron beneficios mayores. Finalmente, el sector se incorporó al régimen de Tierra del Fuego sin sentido alguno, pues iguales razones avalarían su extensión a todo el territorio continental.
Los argentinos han acumulado casi medio PBI en el exterior o bajo los colchones, sin deseo alguno de ingresar esos fondos, con planes o sin ellos
A pesar de la magnitud del ahorro nacional fugado, nadie quiso invertir dentro de nuestras fronteras, sino que los fondos provengan de los demás. En las industrias básicas (celulosa, álcalis, petroquímica, siderurgia) se hicieron inversiones redundantes difiriendo el IVA y con créditos oficiales, siempre renegociados y licuados. Con el tiempo, el valor de esas empresas fue una fracción de lo que costó construirlas pues el negocio era financiero, no productivo. Una auditoría ácida de las carteras inmovilizadas del antiguo BANADE, del Banco Nación o del BICE revelaría los millones perdidos en nombre del empleo, la ocupación territorial y el valor agregado, nunca sustentables. De igual forma, se usaron herramientas dispersas y ajenas a toda racionalidad, como licencias de importación, el régimen antidumping, protocolos técnicos, comisiones sectoriales o el “compre nacional”, para satisfacer a los mayores postores a expensas de los menores. Motores, tractores, bicicletas, motos, cubiertas, juguetes, calzado, cueros y otros productos “sensibles” fueron objeto de trato diferencial en desmedro de un verdadero desarrollo competitivo.
Con la excepción del período 1991-1999, cuando se estabilizó la economía y se lograron fuertes inversiones externas en infraestructura y energía con marcos regulatorios creíbles, la Argentina decayó con prisa y sin pausa. Tres pruebas contundentes evidencian el fracaso sistemático de tantos esfuerzos trienales, quinquenales o decenales. Los argentinos residentes han acumulado casi medio PBI en el exterior o bajo los colchones, sin deseo alguno de ingresar esos fondos, con planes o sin ellos; los casos de corrupción revelan los montos fabulosos transados en los bazares de las decisiones públicas y, finalmente, la endeblez de la estructura productiva, incapaz de generar divisas y dar empleo genuino por culpa de tantos incentivos perversos.
El Gobierno se ha enfrentado con una Argentina destruida, sin moneda, sin capitales, sin reservas y sin competitividad, plagada de enclaves y derechos adquiridos, de sindicalistas mafiosos y de dueños del gasto público. Con la Ley Bases, la de “hojarasca” y desregulaciones varias, debe ahora limpiar el terreno para reconstruir los cimientos de una sociedad que funcione y una economía que prospere. No es tiempo aún de discutir planes de desarrollo pues no hay plata para nadie y los grupos de interés acechan, aliados a la política. La educación, la salud, la seguridad y la defensa deben ser los destinos prioritarios de lo poco que hay.
La forma de alinear incentivos para crecer con inversiones, es consolidar un marco institucional de acceso abierto, cuyo ejercicio no requiera contactos con autoridades sino aplicando normas transparentes y no discrecionales cuya perdurabilidad garantice seguridad jurídica. No es un rol menor para el Estado, cuando es su función principal y la base fundamental para el desarrollo, sin planes trienales, ni quinquenales.

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¿Terminó el misterio?
“Yo no quería gastar plata de la provincia. Se la pedía al presidente” (De Eduardo Duhalde)

Graciela Guadalupe
Carlos Menem y Eduardo Duhalde: todo quedaba en casa
Tuvieron que pasar miles de años para enterarnos del modo en que se construyeron las pirámides de Egipto. Una flamante teoría arqueológica publicada en una revista científica dice que la del rey Zoser, la más antigua, fue erigida gracias a un ascensor hidráulico que se surtió de agua de uno de los brazos del río Nilo y que fue almacenada en pozos con el fin de obtener la presión que ayudara a subir y bajar un flotador para transportar las piedras.
Afortunadamente, por estas tierras, los misterios se revelan más rápido –más o menos en unos 30 años– y sin que medien estudios científicos. El último secreto argento lo destapó Eduardo Duhalde y se vincula a una histórica sospecha: cómo se financian las campañas electorales. “Con plata de la SIDE”, dijo Duhalde durante la entrevista que le realizó Rodis Recalt para el podcast Generación 94.
La pregunta iba dirigida al financiamiento de la campaña por la reforma constitucional bonaerense, de 1994. “Yo siempre conseguía plata para repartirnos entre el gobierno y la oposición. El presidente [Menem] tenía dinero y yo le pedía y repartíamos entre todos. La SIDE se lo daba a los gobernadores. Yo siempre tuve superávit cuando goberné, pero no quería gastar plata de la provincia. La cuidaba como si fuera mía. Era cuestión de pedir y repartirla con la oposición”. ¡Salute!
Sospechas hubo siempre sobre la actividad del organismo que, según su página oficial, “reúne y analiza los sucesos concretos o factibles que suponen un riesgo para la seguridad interna, la defensa nacional y la posición de la Argentina en el mundo”. El problemita fue –¿es?– que los distintos gobiernos entendieran que el análisis de sucesos concretos era espiar a los contendientes políticos –internos y externos– para poder sopapearlos a carpetazos en caso de que estuviera en riesgo la seguridad de ganar las elecciones, para lo cual había que desviar la plata de la defensa nacional en beneficio partidario, convencidos de que nadie salta sin agacharse y que nunca falta alguien que sobra. ¿Y la seguridad nacional y la posición argentina en el mundo? Minucias.
Hace muy poco, la oposición, parte de la UCR y de Pro en el Congreso rechazaron por primera vez en la historia un decreto de necesidad y urgencia presidencial. ¿Cuál? El que asignaba $100.000 millones del presupuesto para gastos reservados de la SIDE. ¿Era mucho dinero? ¿Se sospechaba que otra vez iría a fines ajenos a reorganizar los servicios de inteligencia y adoptar medidas modernas de ciberseguridad, como sostenía el Gobierno? ¿Resentimiento por haber pedido las elecciones y el manejo de semejante pirámide de dinero? “No sé si ahora funciona igual, pero antes lo conseguíamos así”, se atajó Duhalde. Sale Zoser, entra Keops.

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EDITORIAL Y LAS PALABRAS

“Tontos sabios nunca vi, pero sabios tontos, sí”
El constante credo conspirativo que promueve el kirchnerismo ha operado como un mantra para socavar los principios sobre los cuales se ha construido nuestra nación
El afán por buscar causas ocultas a situaciones que el sentido común atribuye a razones obvias suele llamarse “teoría conspirativa”. Tiene el atractivo, para quienes la formulan, de sentirse superiores a su audiencia como sabios que comprenden lo que los demás desconocen, aunque no brinden explicación racional alternativa. Es una forma de simulación que se aprovecha de la ignorancia y los prejuicios de la gente, ocultando los propios.
En 2001 la agrupación estudiantil TNT (Tontos, pero No Tanto), liderada, entre otros, por Axel Kicillof, ganó la presidencia del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas de la UBA. En aquel momento se decía que la sigla atribuía a sus militantes una astucia especial para develar los intereses reales encubiertos tras las doctrinas predicadas por el establishment académico de esa facultad. Un marxismo incipiente, que floreció en estas tierras cuando en el mundo se marchitaba.
Cuando alcanzó el cargo de viceministro de Economía, el actual gobernador nunca cambió el sesgo conspirativo de sus tiempos de estudiante, prefiriendo no ser sabio, mientras no lo tomasen por tonto. En 2013 se ufanó, al declarar ante el Senado de la Nación sobre la estatización de YPF, que no pisó “la trampa del oso” escrita en los estatutos de la petrolera y, astutamente, ignoró a los accionistas minoritarios. Calificó de “tarados” a quienes hubiesen respetado la ley, exhibiendo así la persistencia de su orgullo TNT, ya de adulto. Esa picardía militante costará más de 16.000 millones de dólares a la República, confirmando el aforismo que titula esta nota. Once años más tarde, su negativa a adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), desalentando la enorme inversión de YPF y Petronas en Bahía Blanca por sus prejuicios estatistas, ratifica aquello de que “tontos sabios nunca vi”.
Hay una indudable comunión ideológica con Cristina Kirchner, quien profesa el mismo credo conspirativo. No hay discurso, prédica ni libro suyo que “sinceramente” no controvierta las interpretaciones sencillas de los hechos y las tradicionales de la historia. Su proverbial muletilla es el eslogan “nos han hecho creer”, como si el bagaje cultural de los argentinos hubiese sido digitado por un agente oculto y poderoso, con intencionalidad perversa. Esa invitación a la sospecha suele cerrarse con otra expresión enigmática que extendería aún más los ámbitos del poder dominante: “Todo tiene que ver con todo”. Y cuando lo dice, mira hacia el norte.
En su reciente aparición en México, doncuarentena, de dio una charla cerrando el curso sobre “Realidad política y electoral de América Latina”, no pudo evitar reiterar su propensión sibilina para cuestionar la libertad “que hoy nos quieren vender”, además de criticar a nuestro sistema judicial, “cooptado por el poder económico y los medios”, por no investigar a supuestos financistas del intento de magnicidio que sufrió hace dos años. Recibió el aplauso de un público afín al ideario de Puebla, que comparte su tirria contra la propiedad privada, la libertad contractual y la independencia de la Justicia.
La prevención “nos han hecho creer” es un refrito del ajado manual de “Peronismo y Socialismo Nacional” (Norberto Ceresole y Carlos Mastrorilli, 1972), que leían con avidez los “jóvenes idealistas” de entonces para descalificar las instituciones de la democracia liberal y justificar su lucha armada. Y el think tank del Instituto Patria, a falta de ideas renovadoras o simplemente de ideas, la repite como un mantra para socavar los principios sobre los cuales se construyó nuestro país.
“Que las libertades civiles no serán reales mientras no se igualen los bolsillos”; “que la soberanía es una farsa si las multinacionales se llevan nuestros recursos naturales” o “que el Poder Judicial siempre será una rémora mientras los jueces no sean elegidos por voto popular”, eliminándose la división de poderes. Eso sí, repiten lo aprendido de Ceresole y Mastrorilli sin proponer alternativas distintas a aquellas que llevaron al Rodrigazo de 1975, a la crisis de 2023 y a las miserias que hoy aquejan a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Hasta el propio Alberto Fernández, el gólem de Cristina Kirchner hoy sumido en el escándalo, en su afán por caerle simpático, repitió muchas veces “nos han hecho creer” para referirse al mérito, a las vacunas, a la al patriarcado y hasta al conejo Bugs Bunny. Ahora son los argentinos quienes se formulan ese interrogante respecto de la estatura moral de quien fue presidente de la Nación sin otro mérito que la subordinación a su mentora. Amado Boudou, su otra marioneta, condenado por corrupción, no dejó de usar el mismo giro insidioso para reivindicar el rol del Estado en una sociedad “a la que habían hecho creer” que se podía prescindir de él. Sin duda, para quienes se enriquecen con fondos públicos, las cajas estatales son imprescindibles.
La duda y la interrogación son herramientas del pensamiento crítico, propio de la Modernidad. Paul Ricoeur (1913-2005) acuñó la expresión “filósofos de la sospecha” para referirse a Carlos Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud por haber abierto nuevas formas de pensar en disciplinas ya establecidas. Pero difícilmente hubiese incluido en esa lista a los seguidores de Cristina Kirchner, quienes, utilizando su muletilla, simularon roles de estadistas o de profesores de pacotilla para hacer negocios personales o apañar delitos de otros. Aquellos filósofos pretendían ser sabios, aunque los juzgasen tontos y fueron pobres, aunque los juzgaron sabios.
¿Quiénes “nos han hecho creer”? ¿Y qué cosas nos fueron ocultadas? Es válido preguntarlo luego de tantos años de escuchar esa matraca tan oscura como hueca de propuestas superadoras. La inmensa mayoría de los argentinos se ha formado en escuelas públicas y privadas con programas de estudio semejantes, con valores parecidos respecto de la democracia, la libertad, la soberanía, la justicia, el mérito y el esfuerzo. Aunque haya versiones revisadas de la historia y debates respecto de nuevos derechos, la base de nuestro capital social continúan siendo el Preámbulo constitucional, las estrofas del Himno Nacional, los sentimientos que suscita el izamiento de la bandera y el bagaje de creencias compartidas que nos ligan como nación abierta y tolerante.
Para recuperar el bienestar general, crear trabajo y eliminar la pobreza es indispensable afirmar esos valores, sin mellarlos con interrogantes insidiosos, en la vida cotidiana, en la interacción familiar, en la rutina del trabajo y, sobre todo, en el momento de votar. Por haberlos cuestionado sin razón, seducidos por la labia de políticos venales, hemos dañado nuestros lazos de convivencia y nuestra credibilidad ante el mundo. Si los afianzamos con convicción, no seremos tontos ni nos tomarán por tales. Sino sabios y buenos ciudadanos.

Hasta el propio Alberto Fernández, el gólem de Cristina Kirchner hoy sumido en el escándalo, repitió muchas veces “nos han hecho creer” para referirse al mérito, a las vacunas, a la cuarentena, al patriarcado y hasta al conejo Bugs Bunny

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Alberto: más venenoso que jugar a la mancha
Graciela Guadalupe
“Tiene todas las características de haber ejercido violencia de género”
(De Mayra Mendoza)
De confirmarse todas las denuncias que pesan sobre quien dijo que se iba del gobierno sin tener una demanda en su contra, Alberto Fernández pasará a la historia como el docente que no solo enseñaba Teoría del Delito, sino que lo ponía en práctica. Sus alumnos, agradecidos.
En verdad, el nombre de la materia que el ex presi-profesor dictaba es más largo: Teoría del Delito y Sistema de la pena. Es probable que, si algún día retoma las clases, él mismo pida que lo reformulen por “Qué pena me da el sistema”.
Tremendo. El tipo que, según se decía allá lejos en la campaña electoral en la que lo metió Cristina, venía a adecentar la política –el supuesto candidato de la moderación– termina en el banquillo no solo acusado de abusador, maltratador y corrupto, sino más solo que ojo de cíclope.
Cuando faltaba poco para que dejara la presidencia, muchos de sus amigos perokirchneristas empezaban a correr hacia el ostracismo como pasajeros del Titanic yéndose a pique. Uno por uno se iban tirando al agua con la convicción de que era mejor saltar a ciegas que conseguir un bote salvavidas que los dejara pegados a la debacle electoral en ciernes.
Ya fuera del poder, se conoció que el profe había vuelto a su viejo amor: los seguros, pero para triangularlos desde el Estado en favor del esposo de su histórica secretaria, María Cantero. “Yo no pedí por nadie. Si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”, dijo Fernández, casi repitiendo la fórmula de la frase que le había dedicado a su entonces pareja Fabiola Yañez cuando se conoció la festichola en Olivos durante la pandemia: “Mi querida Fabiola convocó a un brindis que no debió haberse hecho”.
El escándalo por la grave denuncia de su “querida” Fabiola parece haber despertado a los examigos del profe de la larga siesta que dormían con un ojo abierto, pero sin ver.
“Tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género”, dijo la intendenta de Quilmes. “En estos casos siempre le creemos a la víctima”, suscribieron diputados de Unión por la Patria . ¡Tiemblan Alperovich y Espinoza! “Fabiola nunca nos pidió ayuda”, juraron exfuncionarias del área de la mujer durante la gestión de Fernández, aunque circula una información que dice que sí la pidió y le dijeron: “Ya va a pasar”. Sana, sana, colita de rana. Pecado de sororas.
Tarde piaron. Ahora que se les derumba el yenga, nadie quiere jugar a la mancha venenosa con Alberto, ¡qué menos!

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EDITORIAL Y LAS PALABRAS

Un mal clima de negocios azota a Kicillof
Quien invita a empresas a invertir en la provincia de Buenos Aires mientras despotrica contra la seguridad jurídica incurre en una contradicción absurda y perjudicial para la población
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
En una alocución ante el Senado de la Nación, en 2012, cuando justificaba la confiscación de YPF, el entonces secretario de Política Económica, Axel Kicillof, proclamó que la seguridad jurídica y el clima de negocios eran “palabras horribles”. Esa convicción íntima, manifestada en el Congreso de la Nación, fue luego traducida al inglés y agregada como prueba decisiva en el juicio del fondo Burford contra el Estado nacional, que resultó en una condena contra la República por 16.000 millones de dólares. Esas palabras tan burdas, de consecuencias nefastas, quedaron también grabadas a fuego en la memoria de quienes consideran invertir en la Argentina.
Doce años más tarde, el mismo Axel Kiciloff, gobernador de la provincia de Buenos Aires, se niega a adherir al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), demostrando la firmeza de sus convicciones y su persistente afición a los desaciertos. Como alternativa, prepara una ley de fomento de inversiones estratégicas, en el contexto de su disputa con Río Negro por la inversión que realizarán YPF y Petronas para instalar una planta de gas natural licuado en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, o en Punta Colorada (Río Negro). Se estima en 50.000 millones de dólares el monto previsto, el mayor por invertirse en infraestructura en la historia del país.
Dólares no faltan. Lo que falta es que regresen y la solución es la confianza
Según trascendió, Cristina Kirchner, su jefa política, considera que el RIGI nacional favorece demasiado a las empresas y que la Provincia no debe consentir la “entrega” de beneficios a los privados, en detrimento de fines públicos. Por ello, el proyecto alternativo exigirá que los inversores, además de construir la planta de GNL, “favorezcan la producción, el empleo, la transferencia de tecnología y el desarrollo de proveedores locales”. La expresidenta también objeta la prórroga de jurisdicción, olvidando que ella la consintió respecto de Irán por el atentado a la AMIA; incluso, en cláusula secreta del convenio Chevron-YPF, y, aun peor, que cedió territorio nacional a una potencia extranjera, como China.
El camporismo aún no comprende cómo se genera la riqueza de las naciones. En lugar de leer a Adam Smith, sigue aferrado al manual soviético de Eugenio Preobrazhenski (La nueva economía) creyendo de verdad que es nueva y no de 1926. Allá por 1987, con la Perestroika de Mijail Gorbachov, el Presidium del Soviet Supremo aprobó, sin entusiasmo, el ingreso de capital extranjero a la URSS con iguales prevenciones y tantas condiciones como el kirchnerismo bonaerense en 2024.
Quienes ignoran la lógica de los mercados, como el gobernador o los adeptos al manual, desconocen que el clima de negocios afecta los incentivos que causan la prosperidad o miseria de las naciones. Quien invita a YPF y a Petronas a enterrar miles de millones en Bahía Blanca, mientras despotrica contra la seguridad jurídica, incurre en una contradicción absurda y contraria al interés de su población.
A partir de 2003, el kirchnerismo arruinó el clima de negocios con un raid de demolición institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares
El índice de riesgo país EMBI (Emerging Markets Bonds Index), calculado por J.P. Morgan Chase refleja la capacidad de un Estado para atender puntualmente su deuda soberana. Pero, en la Argentina, un indicador más certero para inversores de largo plazo sería preguntarse por qué sus residentes mantienen más de 250.000 millones de dólares fuera del sistema financiero local. Sin incluir los montos no declarados, acumulados en paraísos fiscales mediante la sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y falsos contratos de licencias y servicios técnicos.
Por lo pronto, esa cifra monumental desmiente el diagnóstico kirchnerista, aprendido del economista Marcelo Diamand, paladín de la autarquía, para quien el problema argentino es la falta de dólares y, su solución, más intervención estatal. Pero dólares no faltan. Lo que falta es que regresen y la solución es la confianz
Solo revisando nuestro historial de ajustes, devaluaciones, emergencias, golpes inflacionarios y otras formas de licuar salarios, alterar contratos y expropiar ahorros, se entenderá la razón por la cual se rehúsan a ingresar y a quedar sujetos a la discreción de nuestros políticos, legisladores, jueces y sindicalistas. Hagamos memoria.
Es lamentable que Kicillof se niegue a adherir al RIGI por razones ideológicas y haya preparado una alternativa innecesaria que solo refleja la subsistencia de ideas equivocadas
En la Argentina hubo que comer pan negro en 1952; pasar el invierno en 1959; sufrir la pesificación de depósitos en 1964; el “Rodrigazo” de 1975; la “tablita” de 1978; la estatización de deuda privada en 1982; el Plan Austral de 1985; la emergencia previsional y de la obra pública en 1986; el “ahorro forzoso” en 1987; el Plan Bonex y la emergencia económica en 1989; el “impuestazo” de Machinea, y, en 2000, la segunda emergencia económica. En 2001, sufrimos el “corralito” bancario, el mayor default de la historia y el quiebre de contratos; en 2002, la tercera emergencia económica (Duhalde), luego el octavo default (2014) y la cuarta emergencia de “solidaridad social y reactivación productiva” (2019) con un impuesto a la riqueza que castigó a quienes se habían acogido al “blanqueo” de 2017.
A partir de 2003, el kirchnerismo arruinó el clima de negocios con un raid de demolición institucional violando los marcos regulatorios de los servicios concesionados y forzando a vender a sus titulares. Se estatizaron empresas privatizadas y se incautaron los fondos de las AFJP, vaciando el Fondo de Garantía (2008). Se falsearon los índices de crecimiento (Indec) para no pagar deudas (2007); se expropió YPF sin cumplir con su estatuto (2012); se entró en el noveno default y se reestructuró mal la deuda pública (2020).
Como la seguridad jurídica era una “palabra horrible”, se subsidió el transporte y la energía para alinearlos con los salarios, a costa de paralizar las inversiones. Y con planes sociales se intentó juntar votos y tapar el desempleo. Para esconder la inflación se controlaron precios, tarifas, peajes, alquileres, internet, telefonía celular y prepagas, además de prohibirse exportaciones. Se destruyó la moneda y se vaciaron los activos bancarios con papeles del Estado. Finalmente, se estableció el cepo cambiario dejando al país sin reservas, con daño para la producción rural e industrial.
Quienes hoy ignoran la lógica de los mercados, como el gobernador Kicillof o los adeptos al manual soviético, desconocen que el clima de negocios afecta los incentivos que causan la prosperidad o miseria de las naciones
Paralelamente, se consintieron ocupaciones de campos, tomas de fábricas, bloqueos de camioneros, liberaciones de presos, usurpaciones de tierras, roturas de silobolsas, intrusiones de viviendas, cortes de rutas y saqueos a comercios. Tampoco se evitaron el auge del narcotráfico ni la corrupción policial. Sin duda, no hubo “clima de negocios”.
Solo cuando asumamos la gravedad de esa trayectoria y la falta de credibilidad como causa profunda de la decadencia argentina, se entenderá por qué los cambios serán lentos, sujetos a los fantasmas del pasado. Los capitales observan a la Argentina desde afuera, pegando su nariz contra la vidriera, sin inmutarles en absoluto nuestra falta de reservas y nuestra urgencia por liberar el cepo mientras ven aún tantas caras conocidas, tantos preconceptos repetidos, tantos privilegios consolidados.
Sin embargo, en los círculos áulicos de La Plata se cultivan otros recuerdos y se fomentan otros climas. Poco les importa que los capitales ingresen o continúen donde están. Su Facultad de Periodismo otorgó el premio Rodolfo Walsh a Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa y Evo Morales reconocidos por expulsar familias y ahuyentar capitales de sus naciones. Exactamente a la inversa de los principios de nuestra Constitución y de lo que el país necesita. Por algo, el premio no lleva el nombre de Juan Bautista Alberdi ni de Carlos Pellegrini, sino de un célebre terrorista.
Es lamentable que Kicillof se haya negado a adherir al RIGI de la Ley Bases por razones ideológicas y haya preparado una alternativa innecesaria que solo refleja la subsistencia de ideas equivocadas, causantes de tantos dramas de nuestra historia. Solo cabe desear que la inversión de YPF y Petronas se realice, ya fuere en Bahía Blanca o en Punta Colorada, según lo decidan quienes pondrán el dinero. Pues, a pesar de aquellos desvaríos, se radique en una provincia o en otra, siempre se tratará de una inversión fundamental para la prosperidad de todos los argentinos.

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Baje un cambio, tómese un tecito
“Que se tome una manzanilla” (De Maduro a Lula da Silva)

Graciela Guadalupe
Alberto Fernández y Nicolás Maduro, "altri tempi"
Trump se repuso, Biden cayó y renunció la directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Windows se apagó de golpe afectando vuelos, programas de televisión, actividades bancarias y hasta la compra en el supermercado. La flamante revelación de documentos confidenciales da cuenta ahora de que el príncipe Felipe, esposo de Isabel II, estuvo enredado con un par de mujeres en un escándalo sexual de hace 60 años.
Los franceses están que trinan porque los Juegos Olímpicos, que empezaron anteayer, les vallaron la vida, y Pedro Sánchez, mandamás español, fue citado a declarar por el juez que tramita la causa contra su esposa, acusada de tráfico de influencias.
La cosa no termina ahí, querido lector. Nicolás Maduro dijo que si “la derecha extremista bolsonarista, seguidora de Milei” ganara hoy las elecciones presidenciales en Venezuela, habrá “un baño de sangre”. Inesperadamente, su viejo amigo Lula se manifestó asustado frente a tamaña declaración y Maduro lo mandó a “que tome una manzanilla” para relajarse. Lo más grave, sin embargo, no es eso, sino que el propio Maduro bajó a Alberto, nuestro profe Alberto, como veedor de los comicios porque dice que no es imparcial, que no le tiene confianza. Él tampoco.
Frente a eso, acá, en la Argentina, nos encontramos genial. Maduro llega tarde con la prescripción yuyeril. Nosotros estamos recontra preparados para lo que sea. Desde hace décadas que venimos echando mano de la manzanilla para calmarnos el ánimo. También de la caléndula, aunque esa la usamos cuando, además de tener angustia, nos sentimos inflamados por la perorata de tantos charlatanes de café que lo saben todo cuando lo ven de afuera y no les toca arreglarlo.
El jengibre nos cura los espasmos que nos provocan algunos debates públicos y el eucalipto nos despeja la nariz para poder olfatear la cercanía o presencia de los cínicos. Decir que el cardamomo es intenso, pero qué planta noble para bajar la alergia que producen los pesimistas de siempre. Por suerte, está el hinojo para atemperar los problemas estomacales cuando nos olvidamos de apagar el noticiero a la hora de la cena. Y contra los envidiosos nos reservamos la ruda, tan olorosa como eficaz para alejar las malas ondas. Querido amigo lector, eche mano del botiquín de yuyos, que además de soluciones, no suele provocar efectos indeseados.
Y, como yapa, le recordamos una vieja adivinanza, tan oportuna como sabia: ¿sabe usted en qué se diferencian las peleas políticas de una pila? En que la pila tiene un lado positivo.

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EDITORIAL Y LAS PALABRAS

El precio de uno es el costo del otro
Cuando los nudos estatales comiencen a desatarse, los costos a bajar y las empresas vean que el camino no es devaluar sino desregular, la confianza impulsará la reactivación
Javier Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger
No hay empresa que no se queje por el peso de sus costos, pues, si fueran más bajos, podría competir en una economía abierta. A su vez, sus clientes se quejan por los precios que aquellas cobran, pidiendo protección mientras no los reduzcan. Todos los agentes económicos se encuentran enlazados unos con otros y todo esfuerzo por bajar los costos de unos implica afectar los precios de otros.
Esa será la ingrata tarea que deberá cumplir Federico Sturzenegger, el nuevo ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Algunos creen que la desregulación consiste solamente en suprimir trámites superfluos y papeleos burocráticos para facilitar la vida cotidiana. No es así. Se trata de alinear los precios relativos de la Argentina con el resto del mundo para que campo e industria, energía, minería y servicios puedan competir en mercados externos, generando divisas para eliminar la pobreza y abrir el futuro a las próximas generaciones.
El inventario de costos que agobian el quehacer nacional incluye la presión fiscal, la contratación laboral, la opulencia sindical, los mercados cautivos, las profesiones agremiadas, los feudos provinciales, los bunkers estatales, la estabilidad garantizada, las industrias judiciales, el pobrismo mercantilizado, la prepotencia legalizada, las excepciones apadrinadas y tantas otras formas de blindar ingresos malhabidos con derechos adquiridos
Las distorsiones acumuladas durante décadas no son neutras respecto a la distribución del ingreso, pues favorecen a unos y perjudican a otros. Por ello, el nuevo funcionario –aunque fogueado en estas lides– se encontrará con un ovillo bien difícil de desenredar. Cada vez que toque un costo, alguien lo llamará por teléfono, alguna cámara empresaria se quejará, algún gremio amenazará con un paro, algún desubicado le ofrecerá una tentación.
Los precios que deberá acomodar Sturzenegger son los más difíciles, no los dúctiles que se ajustan a la oferta y la demanda sino aquellos blindados por leyes y decretos, resoluciones y convenios colectivos: paraguas bajo los cuales prosperan importadores que dominan provincias enteras (Tierra del Fuego) hasta amigos del poder en todos los rincones de la República. El inventario de costos que agobian la espalda del quehacer nacional incluye la presión fiscal, la contratación laboral, la opulencia sindical, los mercados cautivos, las profesiones agremiadas, los feudos provinciales, los bunkers estatales, la estabilidad garantizada, las industrias judiciales, el pobrismo mercantilizado, la prepotencia legalizada, las excepciones apadrinadas y tantas otras formas de blindar ingresos malhabidos con derechos adquiridos.
Será una batalla desigual ya que, a diferencia de la desregulación menemista, ahora los afectados cuentan con la vía judicial para detener intentos de quitarles beneficios, pues la reforma constitucional de 1994 admitió amparos contra leyes y decretos para revisar su constitucionalidad. De ese modo, cualquier juez del país puede frenar una transformación estructural sobre la base del obvio perjuicio que invoque un reclamante, sin evaluar el enorme impacto del cambio, así frustrado, sobre el interés general.
Desde el retorno de la democracia, en 1983, hubo más de 30 ministros de Economía y todos fracasaron, no por falta de posgrados, sino de respaldo suficiente para introducir los cambios que hicieran de la Argentina un país viable, potente y competitivo
Mientras Luis Caputo, ministro de Economía, actúa en la coyuntura para estabilizar la economía con un método de prueba y error, que no estará exento de tropiezos y cimbronazos, solo serán las reformas de fondo que impulsará el ministro Sturzenegger las que puedan volver sustentable el actual esfuerzo colectivo. Quien imagine un proceso rápido, se equivoca. Los obstáculos están a la vista, pues nadie quiere que, en nombre de bajar costos, le reduzcan sus ingresos. Entretanto, las oscilaciones del dólar, la amplitud de la brecha, las caídas de reservas, los índices de actividad y las encuestas de opinión marcarán el pulso de los acontecimientos, como si hubiese una fórmula mágica para lograr, en pocos meses, lo que nadie pudo hacer en 30 años.
Será el primer intento serio, después de décadas, de desenredar la madeja que cada gobierno ha pasado al siguiente, con nuevos nudos y mayores enredos, para que el equilibrio de las cuentas públicas pueda afirmarse con aumentos de productividad. Desde el retorno de la democracia, en 1983, hubo más de 30 ministros de Economía y todos fracasaron, no por falta de posgrados, sino de respaldo suficiente para introducir los cambios que hicieran de la Argentina un país viable, potente y competitivo. Si esta vez los malos augures triunfasen, se reiniciará un nuevo ciclo de ajustes, devaluaciones y saltos inflacionarios, ahondando la recesión y la pobreza.
La solución del drama argentino no podrá lograrla por sí sola ningún ministro de economía por más sabio que sea, pues desembrollar el ovillo no es cuestión técnica, sino un reto político: casi todos los grupos organizados están en contra, dentro del Estado y fuera de él. Hoy, como ayer, lo más relevante es lo más difícil: la factibilidad real de aplicar las reformas para que el país crezca sin inflación, ni agobio fiscal, ni endeudamiento excesivo.
En medio de esta larga encerrona histórica surge la inesperada elección del extravagante Javier Milei, quien, con sus arrebatos y excentricidades, podría lograr lo que nadie pudo en tantas décadas de buenos modales y lenguaje apropiado
El desafío no es un concurso para cubrir una cátedra, ni un certamen para ver quien acierta anticipando el fracaso de esta gestión (“se lo dije”). Criticar las medidas puntuales para estabilizar una economía desarticulada, sin moneda ni reservas, con las pocas herramientas que dejó la catástrofe kirchnerista omite considerar la escena completa (the big picture) bien diferente a los años anteriores: no es el programa de una dictadura militar ni tiene un respaldo presidencial dubitativo ni contraría el mandato de las urnas.
Cabe preguntarse qué apoyo o consensos imaginan quienes proponen alternativas mejores, pues de nada valen contextos ideales e imaginarios. Nicolás Avellaneda o Carlos Pellegrini no están en una estantería, al alcance de la mano de cualquier catedrático para dar viabilidad a sus consejos de tiza y pizarrón. Sin ser el doctor Pangloss, que enseñaba al joven Cándido que el suyo era el mejor de los mundos posibles, hay que ubicarse en nuestra modesta realidad, en un país dominado por grupos de interés y una clase política convenientemente rendida a sus pies. Y en esta encerrona histórica surge la inesperada elección del extravagante Javier Milei, quien, con sus arrebatos y excentricidades, su egocentrismo e insolencias, podría lograr lo que nadie pudo en tantas décadas de buenos modales y lenguaje apropiado.
Emmanuel Alvarez Agis, por ejemplo, sostuvo que el Gobierno debe “parar con los anuncios y obtener resultados”, ya que, “si esto es lo único que tienen, agarrate”, dijo. Expresiones desatinadas del ex vice ministro de Economía de Axel Kicillof durante la nefasta gestión de Cristina Kirchner (2013-2015), quien dejó a este gobierno “con lo único que tiene”, pues el resto se lo llevaron a casa. Por su parte, el actual gobernador, sin sonrojarse, calificó de “argenticidio” al efecto del ajuste sobre la actividad económica, como si fuese ajeno a la herencia recibida y a los brulotes que impactarán con su fuego cuando haya que pagar el costo de sus propios desaciertos.
Entretanto, el mundo observa, con curiosidad, las vicisitudes de un país riquísimo, pero enredado en su propio ovillo de improductividad y bloqueos recíprocos. Como bien lo diagnosticó Charles Darwin (El Viaje del Beagle, 1844), once años después de haber visitado nuestro país: “Si la miseria del pobre es causada, no por las leyes de la naturaleza, sino por las instituciones, grande es nuestro pecado”.
En la Argentina, las leyes de la naturaleza han sembrado prosperidad por doquier, pero las instituciones la han arruinado, en beneficio de pocos y perjuicio de la mayoría. Es imperioso modernizarlas para obtener resultados duraderos, mal que les pese a sus beneficiarios. Cuando los nudos comiencen a desatarse, los costos a bajar y las empresas vean que el camino no es devaluar sino desregular y enquiciar los desbordes del Estado, la confianza impulsará la reactivación que, como dama precavida, se hace esperar. Siempre que la paciencia colectiva no se canse y la excluya dando un portazo. Pues si el hartazgo le cerrase la puerta, volveremos al invivible país de los últimos 40 años, dominado por intereses especiales e incapaz de cumplir con las estrofas de su himno y los discursos de sus gobernantes.

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El argentino: un feliz asintomático
“Menéndez debe hacer lo correcto: dimitir” (De Chuck Schumer, líder demócrada, sobre la condena por corrupción a su compañero del Senado)


Graciela Guadalupe

No es verdad que los argentinos no sepamos disfrutar. Tenemos nuestros modos, es cierto. Reímos llorando y lloramos riéndonos. Esa curiosa práctica está plenamente justificada. Somos esencialmente catárticos. Es que nos pasan tantas cosas en tan poco tiempo que se nos terminan fusionando las reacciones. Si no fuera así, cualquier diría que somos el remedo del borracho que cuenta chistes en los velatorios.
Un youtuber extranjero que decidió radicarse aquí y que trata de explicar al mundo cómo nos comportamos opinó: “Los argentinos son contradictorios. Son capaces de gritar ‘qué bien que la estoy pasando la puta madre’”.
Un amigo bien porteño tiene una definición todavía mejor. Debajo del nombre, en su perfil de Instagram, se autoproclama “feliz asintomático”. Una síntesis insuperable.
Es cierto que muchas veces padecemos por demás. Tal vez por ombliguismo, sin darnos cuenta de que hay gente, sociedades enteras que la llevan peor. Sin ir más lejos, los norteamericanos. No sé si se enteró, querido lector, pero esta semana que pasó declararon culpable al influyente senador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos con más poder en Washington. Lo condenaron por corrupción, fraude y por trabajar como agente para el gobierno de Egipto. Falta que el juez del caso dé a conocer la sentencia que le impondrá, pero podría rondar los 222 años de prisión para él y 100 y 85 años respectivamente para otros dos acusados.
José López entrando los bolsos al convento
Los norteamericanos no saben si reír o llorar. Reír porque allí las leyes se aplican o llorar porque, con tantos años de cárcel, nadie llega a cumplir semejantes penas. A nosotros nos pasa lo mismo, pero al revés (sírvanse los forasteros para seguir intentando descrifrarnos): nos provoca risa y llanto al mismo tiempo que acá las penas seas laxas y que la Justicia sea tan lenta, al punto de que, cuando falla, ya prescribió el delito o el acusado se fue de gira (en el sentido metafórico de la palabra). Encima, el pobre Bob ni siquiera supo hacer negocios para él. En su casa solo tenía 480.000 dólares encanutados entre ropa, zapatos y una caja fuerte, y 13 lingotes de oro valuados en 150.000 dólares, además de un auto Mercedes Benz. Una minucia, un vuelto de almacén comparado con los nueve palos, las joyas y las armas que Lopecito depositó en el convento. Eso sí, parece que Bob se patinó millones de millones de los norteamericanos hacia el exterior. Bueno, es que ellos son muchos más que nosotros. Se pueden dar el gusto de hacer desaparecer varios PBI.
Otro temita que afronta Bob es que se presenta como candidato a la reelección en noviembre y sus compañeros de bancada ya le pidieron la renuncia. Qué tipos terminantes que son allá en el norte. No tienen el más mínimo humor. Acá, condenado y todo, le hubiéramos dado una segunda oportunidad.

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EDITORIAL Y LAS PALABRAS

El cepo y el peso de nuestra historia
Solo con reformas estructurales que recreen la confianza inversora podrá la Argentina dejar atrás el complejo entramado de restricciones heredado por el actual gobierno
El nerviosismo de los mercados y el presagio de que la población no tolerará más el ajuste en curso reflejan la peculiar forma de ser del argentino. El Gobierno debe avanzar, como si tuviera un camino despejado, por el estrecho sendero marcado por históricos consensos nacionales, sostenidos por muchos dirigentes, legisladores, gobernadores, sindicatos, consejos profesionales y cámaras empresarias.
La reactivación se demora por la prolongación del cepo cambiario que impide la formación de reservas, pero el entramado de restricciones que posterga su liberación ha sido tejido minuciosamente por los mismos argentinos que hoy se quejan, ansiosos por mejorar ya mismo su nivel de vida. La “pesada herencia” no proviene solo del kirchnerismo, sino de décadas de un populismo que moldeó convicciones, torció ideas, impuso relatos, malversó derechos, forzó leyes, consumó hechos, toleró ilícitos y distorsionó valores, rechazando todo programa que implicase equilibrio fiscal, moneda sana y mayor competitividad. Ese contexto daña, por la desconfianza que provoca, cualquier política económica que se adopte en esta coyuntura, sin importar sus méritos técnicos. La pesada herencia es el peso de nuestra propia historia.
El poder sindical, los lobbies sectoriales, los privilegios adquiridos, las situaciones irreversibles, las guaridas estatales, los amparos judiciales y los “aportes de campaña”, entre otros, son obstáculos capaces de frenar cualquier reforma. Por otra parte, el régimen federal blinda a las provincias frente a ajustes dispuestos a nivel nacional. El gradualismo implica rendirse ante esa realidad, mientras que el “shock” drástico provoca, en su tránsito, efectos negativos ineludibles. Al frenarse la demanda inflacionaria, las empresas reducen su producción por exceso de inventarios, detienen plantas, suspenden personal y afectan a sus proveedores. Resaltar esos eventos como si hubieran sido evitables desluce el reciente informe de la Fundación Pensar.
El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa dejó al Banco Central con reservas negativas y un stock de demanda de divisas que no se puede satisfacer de inmediato. Revertir ese desequilibrio requiere mayor ingreso de dólares, que el propio cepo dificulta. Una situación perversa, en un ensayo de estabilización sin precedentes. Las reformas estructurales de la demorada Ley Bases, los beneficios del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y los ingresos del paquete fiscal podrán revertir esa encerrona si recrean confianza. Se trata, sin embargo, de reformas limitadas por las presiones sectoriales ejercidas sobre las cámaras del Congreso de la Nación.
Como se sabe, el peronismo federal preservó las cajas sindicales, evitando la eliminación de las “cuotas solidarias”, además de reducir la modernización laboral de los 58 artículos originales a solo 16. Por otro lado, la Justicia del Trabajo suspendió el capítulo V del DNU 70/2023, basándose en las facultades cuasi legislativas que la reforma constitucional de 1994 otorgó a los jueces en materia de amparos. Como espada de Damocles, queda aún por resolverse el aumento jubilatorio impulsado por la oposición, que tendría un costo fiscal del 0,4% del PBI.
En cuanto a las provincias, con sus 1196 legisladores y aún más asesores, sobresueldos y gastos reservados, no están dispuestas a encarar cambios, ni a reducir sus distorsivos ingresos brutos, ni sus tasas municipales abusivas. Defienden sus plantas de personal plagadas de ñoquis, familiares y militantes que crecieron en un millón de puestos entre los años 2003 y 2015. Esa expansión se debió al régimen de coparticipación que desalinea sus incentivos, pero que tampoco quieren tocar.
El exministro de Economía Martín Guzmán acusó de hipócrita a Javier Milei por haber prometido ajustar a “la casta” y, en cambio, haber licuado las jubilaciones. Pero sabe bien que, una vez en el poder, los candidatos deben adecuar sus dichos a lo que es factible. Arturo Frondizi fue “hipócrita”, pero logró fuertes inversiones durante su breve gestión; en cambio, Arturo Illia fue sincero y anuló los contratos petroleros como lo había prometido, dañando la confianza durante años. Guzmán ideó o consintió las distorsiones que ahora deben corregirse: una deuda mal reestructurada, tarifas públicas atrasadas, subsidios sociales sin control y la incorporación de millones de jubilados sin aportes, entre otros.
Se cuestiona la falta de reactivación como si fuese una cuestión técnica, fácilmente solucionable por economistas competentes, con ideas creativas y sensibles a la situación social. Pero los condicionantes políticos de la realidad argentina implican otros desafíos, bien distintos a los escenarios teóricos de los textos de economía. Prueba de ello es que, mirando hacia atrás, ningún programa que pretendió enderezar las vigas torcidas del edificio nacional tuvo éxito. Luego de profundas crisis, siempre prevalecieron el estatismo, el dispendio, la inflación y el ajuste devaluatorio.
Los diez gobernadores que dieron su apoyo a la Ley Bases mostraron ansiedad al señalar que “millones de argentinos necesitan que estos cambios empiecen a notarse en su día a día y su bienestar económico”. Pero el camino de la reactivación, tan limitado por esos condicionantes, es lento y arduo, pues es muy difícil generar confianza cuando somos el país más incumplidor del planeta, a pesar de nuestras enormes riquezas naturales. La experiencia internacional no debe olvidarse.

El caso de Grecia es ilustrativo. Yanis Varoufakis, exministro de Economía admirado por Cristina Kirchner por rechazar al FMI y sus recetas de ajuste, no pudo evitar que, con un déficit fiscal del 13% del PBI, el gobierno socialista de George Papandreu aceptase su rescate aplicando aumentos de impuestos y reducciones de gastos que, según Varoufakis, profundizarían la recesión y la desocupación. Después de siete años de dura continencia (2011-2018) y de soportar varias huelgas generales, Grecia resurgió convirtiéndose en un “tigre del crecimiento europeo”.
Como Grecia, también Portugal sufrió la crisis financiera de 2007 y estuvo a punto de romper con el euro. Como Grecia, en 2011 recurrió al rescate del FMI y de la UE, aplicó reformas estructurales y recortes de gasto público, enfrentando paros y reclamos durante cuatro años. Como prenda de ese esfuerzo, hasta renunció a la “acción de oro” en Portugal Telecom, preciada “joya de la corona” estatista. Ello le permitió alcanzar el grado de inversión, la recuperación del empleo y una reactivación sorprendente gracias a su disciplina fiscal y por mantenerse en la eurozona.
En nuestro país, luego de una inflación del 200% impulsada por un gigantesco déficit del PBI, desmadrado por el desequilibrio del sistema jubilatorio, los subsidios económicos y sociales, los quebrantos de las empresas públicas y las transferencias a provincias, el reacomodamiento es ineludible, aunque “a costa de una recesión angustiante”, como la califica con intencionalidad la Fundación Pensar.
La herencia argentina impide reconstruir la confianza sin exhibir, primero, cambios palpables que reduzcan el riesgo país. Como es una experiencia sin precedentes, no tiene el éxito asegurado. Si fracasase, consagraría el triunfo del pasado sobre el presente, y no por impericia técnica ni por el estilo conflictivo del propio Milei, sino por la imposibilidad de poner en caja los intereses que dominan al Estado en su provecho.
Sin embargo, hay razones para ser optimistas a pesar de nuestra historia. Se vislumbra un cambio de paradigma para sustentar esa esperanza. Son muchas las oportunidades que se abren a la Argentina en alimentos, energía, minería y servicios digitales en un mundo en conflicto que relocaliza sus industrias y tiene dificultades en las cadenas de suministros. Hay, además, 300.000 millones de dólares de argentinos, fuera del sistema, que esperan una oportunidad para “poner fichas” en su propio país.
La demanda de institucionalidad para aprovechar esas riquezas, impulsada desde las urnas por una nueva mayoría que quiere progresar dejando atrás aquella historia, forzará –esperemos– las transformaciones indispensables para impulsar un crecimiento ahora impensable. Y dejar atrás el problema del cepo cambiario, como un mal sueño. Entretanto, habrá que tener paciencia y abandonar el alarmismo para que los cambios vayan mostrando sus resultados sin que las críticas prematuras funcionen como profecías autocumplidas.
El gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa dejó al Banco Central con reservas negativas y un stock de demanda de divisas que no se puede satisfacer de inmediato
El camino de la reactivación es lento y arduo, pues es muy difícil generar confianza cuando somos el país más incumplidor del planeta, a pesar de nuestras enormes riquezas naturales
Hay más de 300.000 millones de dólares de argentinos, fuera del sistema, que esperan una oportunidad para “poner fichas” en su propio país

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Mi General, ¿cuánto valés?
Graciela Guadalupe
“Algunos peronistas quedaron muy viejos y gorilas” (De Cristina Kirchner)
El General, como padre del movimiento, merecía un gran acto al cumplirse 50 años de su muerte. ¿Qué le brindaron a cambio sus descendientes ideológicos? Una reunión forzada en la quinta de San Vicente, un blooper en la CGT y varias deserciones. Quisieron arropar su figura en el recuerdo y lo único que consiguieron fue impostar un colecho.
Para colmo, se les coló Milei en la mayoría de los mensajes. Obviamente para criticarlo. Pero ni eso aprovecharon bien. Por ejemplo, Kicillof, el organizador del acto en San Vicente, dijo: “Nuestro pacto es con el pueblo y no lo vamos a traicionar por una foto”, respecto de la imagen que el Gobierno espera conseguir de su demorado Pacto de Mayo, que ahora sería en este mes. Lo cierto es que si algo le faltó a ese encuentro peronista fue su propia clásica foto. No hubo quorum. Digerir la última derrota electoral les está llevando más tiempo del que esperaban. Fíjese, si no, querido lector, que pasaron ya nueve meses desde que el gobernador riojano, Ricardo Quintela, dijo que iba a renunciar si ganaba Milei y allí seguía el mandatario, en San Vicente, diciendo que le temblaban las piernas por hablar “frente a una multitud” (habría que redefinir el término multitud). Sin embargo, su mejor perlita fuecuandodijo:“Tenemosque tener un núcleo de resistencia constituido principalmente por el peronismo (…) y por los radicales que son proclives a estar con nosotros”.
La deserción la pegaron los partidarios de Massa, o sea, del candidato peronista en 2023. “No queremos ser rehenes de ningún tironeo interno. Más que actos, debe haber un ámbito que ordene nuestra acción frente al daño que produce Milei”, mandaron decir. ¡Pero era un acto por Perón! Mi General, ¿cuánto valés?
Hay que destacar que la primera en acordarse del tres veces presidente fue Cristina en una entrevista al canal de streamingGelatina. Ya sé, querido lector, que fue ella quien trató a Perón de “viejo de mierda” el día en que Antonio Cafiero le pidió que apoyara la construcción de un monumento al General, pero la gente evoluciona. Esta vez lo elogió: “Algunos peronistas quedaron muy viejos y gorilas ni hablar”.
Y es ahí donde entró a tallar una parte del gremialismo apoltronado en la sede de la CGT. A la hora de honrar a Perón mostrando un video del discurso que dio en ese mismo lugar en 1973, se vio sentado muy cerca de él a José López Rega, líder de la banda ultraderechista Triple A.
¡Pero qué imberbes!, debe haber gritado el General desde el más allá.

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