EDITORIAL Y LAS PALABRAS

La trampa del costo peronista
Lo paradójico en nuestro país es que quienes cuestionan los planes liberales por ser dañinos son, a su vez, quienes han impedido -e impiden- las transformaciones duraderas
La vieja tentación de siempre por mantener el statu quo de parte del mismo sector que se resiste a perder sus privilegios
La historia argentina muestra que los programas de ajuste y apertura han terminado mal por no reducirse el gasto público de forma sustentable ni efectuarse reformas estructurales que den competitividad al sector privado. Esas malas experiencias, reflejadas en sobrevaluación de la moneda y crisis devaluatorias, dan argumento a quienes sostienen que los planes liberales son dañinos y que se debe recurrir al “Estado presente” para reactivar la economía y recuperar el empleo.
Nunca será posible aplicar desde el gobierno los consejos crudos de la teoría, pues toda gestión pública se encuentra limitada por las restricciones de la política. El caso descripto arriba lo demuestra con claridad: en la Argentina no han existido consensos mayoritarios ni para achicar la dimensión del Estado ni para modificar precios relativos en procura de su inserción en el mundo. Por eso se han malogrado. La paradoja es que, quienes cuestionan los planes liberales por ser dañinos son, a su vez, quienes han impedido –e impiden– las transformaciones duraderas.
La crisis de 2023 fue tan dramática que requiere cirugías que no estaban en la agenda de nadie. Ante una hiperinflación en puerta, la devaluación no puede ser utilizada para acomodar precios relativos, como otras veces. La única salida es la estabilidad fiscal y las reformas estructurales, que deben ser llevadas a cabo con urgencia
El respetado economista Juan Carlos de Pablo, quien “las ha visto todas” y simpatiza con el programa libertario, en una reciente entrevista en LA NACION manifestó preocupación por medidas coyunturales para bajar precios internos, como las facilidades para importar “puerta a puerta”, sin correlato de otras, de carácter estructural. En su opinión, deberían reducirse también los costos de los productores locales expuestos a esa nueva competencia. de forma sincronizada.
También la Unión Industrial Argentina, por medio de su presidente, Daniel Funes de Rioja, apuntó en la misma dirección al requerir que se “equilibre la cancha” para poder competir, pues “cuando un producto sale a la venta al público tiene un 50% de contenido fiscal”. Según el titular de la UIA existe una presión tributaria excesiva sobre quienes pagan impuestos, una logística deficitaria, una infraestructura deficiente y una legislación laboral del siglo pasado “con la industria 4.0 y la tecnología actual”.
Es la misma historia de siempre y razón del título de esta columna editorial. Para reducir impuestos se necesita reducir gastos, hacer privatizaciones y eliminar organismos del Estado con medidas que no cuentan con apoyo legislativo. Se requiere un nuevo pacto fiscal con las provincias y reformar la coparticipación, que rechazan los gobernadores. Es urgente descentralizar la negociación colectiva y limitar el poder gremial, que se opone, insuflado de cuotas solidarias, obras sociales y perpetuación en los cargos. Es fundamental la flexibilización laboral, revisar cláusulas abusivas de convenios colectivos y erradicar la industria del juicio, entre tantos otros cambios de fondo.
Es un sendero estrecho por donde debe avanzar la gestión económica, dadas las restricciones que impone la política y el peligro de las trampas peronistas de ahora y siempre.
La llave para que esos cambios sean viables las tiene el peronismo de ambos signos, con sus senadores y diputados, gobernadores e intendentes, sindicalistas y dirigentes empresarios. Ya lo dijo el diputado Miguel Angel Pichetto: “Hay que ser realistas de los límites que tiene el Gobierno”, mientras hacía fracasar un dictamen contrario al interés sindical. Vociferan que la población no puede tolerarlo más, mientras ponen palos en la rueda para denunciar, como otras veces, la “destrucción del aparato productivo”. Esa es la “trampa peronista” de ahora y de siempre. Saben que las medidas para “equilibrar la cancha” son clave en cualquier plan de estabilización y que, hasta las elecciones, esa llave estará en sus manos. Ante el temor de perderla antes, impulsan una reforma que limite los DNU presidenciales, usados y abusados por los Kirchner.
En el pasado, se hacía referencia a la rémora del “costo argentino” como lastre que todos desearían sacarse de encima, en forma unánime. Ahora, ante las obstrucciones explícitas impidiendo las reformas, dentro y fuera del Congreso, es posible refinar esa designación y llamarlo, más precisamente, “costo peronista”.
Durante casi un siglo, la Argentina ha priorizado la sustitución de importaciones y acumulado ineficiencias a costa de los consumidores. Al perder competitividad, ha sufrido crisis periódicas por falta de divisas y devaluaciones cada vez más dañinas. Con los años, se instaló una tolerancia recíproca entre empresarios y sindicalistas para convivir así, soslayando reformas que alterasen esa Entente Cordiale a costa del campo y del nivel de vida general.
Las reformas más profundas deberán ocurrir, no por mandato de un manual ideológico, sino como necesidad insoslayable para que el país se integre al mundo sin mochilas corporativas
Pero nada es para siempre, como lo supo un archiduque en Sarajevo. La crisis del año pasado fue tan dramática que requiere cirugías que no estaban en la agenda de nadie. Ante una hiperinflación en puerta, la devaluación no puede ser utilizada para acomodar precios relativos como otras veces. La única salida es la estabilidad fiscal y las reformas estructurales, que deben ser llevadas a cabo con urgencia, aunque se sacudan los cimientos de aquel longevo pacto de convivencia.
En menos de un año, el Gobierno ha hecho un esfuerzo extraordinario para reducir costos, dentro de sus posibilidades. Al lograr estabilidad fiscal y bajar la inflación, ha reducido el costo del capital y aumentado el crédito bancario, indispensables para cualquier reconversión productiva. Con el RIGI se están materializando grandes inversiones en hidrocarburos y minería. Se han introducido reformas laborales, aunque limitadas por la negativa opositora. También se han liberado pagos al exterior para regularizar el funcionamiento de las industrias, reducido aranceles sobre materias primas y bienes de capital, facilitado importaciones temporarias y eliminado múltiples regulaciones que afectaban la actividad productiva.
A decir verdad, debe distinguirse entre justos y pecadores, pues muchos quejosos tienen la cancha desequilibrada a su favor desde hace rato, sin más justificativo que el empleo. Como la fabricación de bicicletas, con una protección antidumping que duró 35 años. O los sectores “sensibles”, como la indumentaria, el calzado o los juguetes, que difícilmente puedan subsistir en el mundo actual si no modifican sus modelos de negocios, agregando valor con diseño y calidad para nichos diferenciados. Sin omitir los celulares, acondicionadores de aire y televisores, beneficiados con el régimen de Tierra del Fuego, incomprensible en tiempos digitales.
Saben que las medidas para “equilibrar la cancha” son clave en cualquier plan de estabilización y que, hasta las elecciones, esa llave estará en sus manos. Ante el temor a perderla, impulsan una reforma que limite los DNU presidenciales, usados y abusados por los Kirchner
Es una carrera contra el tiempo, donde es inevitable que ocurran desfasajes entre la apertura y las reformas necesarias para reducir la presión tributaria; mejorar la logística deficitaria, modernizar la infraestructura y actualizar la legislación laboral como lo reclama la UIA. Por ahora, dadas las normas del Mercosur, se ha respetado el arancel externo común y su andamiaje proteccionista, aunque se han suprimido permisos de importación, reducido aranceles excesivos, bajado costos de nacionalización y eliminado barreras paraarancelarias, como reglamentos técnicos y abusos de antidumping. Lejos estamos aún del arancel único y bajo del exitoso modelo chileno, pero ya llegará cuando se flexibilice el Tratado de Asunción (1991).
Es un sendero estrecho por donde debe avanzar la gestión económica, dadas las restricciones que impone la política y el peligro de las trampas peronistas. Las reformas estructurales más profundas deberán ocurrir, no por mandato de un manual ideológico, sino como necesidad insoslayable para que la Argentina se integre al mundo sin la pesada mochila de su pasado corporativo. Si no de inmediato, será cuando el apoyo de las urnas cambie las mayorías legislativas. Los bombos y redoblantes son muy pintorescos, pero suenan retrógrados en los ámbitos desafiantes en que debe posicionarse la república para atraer inversiones y dar oportunidades a sus hijos.

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No es malo tropezar, lo malo es que te guste la piedra
“No se conformaban con el bolichito”. (De Manuel Adorni)

Graciela Guadalupe


Una cosa lleva a la otra. La primera es que el Gobierno definió que en 2025 habrá tres fines de semana extralargos, adicionando jornadas puente, pero con una diferencia fundamental respecto de lo que venía sucediendo. No serán feriados nacionales, sino días no laborables, es decir, no regirán de forma obligatoria, sino que quedará en manos de cada empleador la decisión de trabajarlos o no. La segunda cuestión es la clausura del boliche bailable clandestino –con luces, telones, barras y bebidas alcohólicas– hallado dentro de un edificio que había sido cedido por el gobierno de Alberto Fernández a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Ergo, ¿para qué queremos más feriados si nos cierran los antros de festichola?
Menos claro resulta otro de los puntos de la disposición. Mientras se promueve la actividad turística, figuras del oficialismo surten a la vicepresidenta precisamente por viajar demasiado probando fusiles de asalto, canturreando en el Festival de Jesús María o mimetizándose con los gauchos dispersos por la patria.
Es interesante el lío que se armó en el oficialismo con Victoria Villarruel, no tanto por esos viajes ni porque reivindicó a Isabelita o dialogue con la casta –es sabida la difícil relación entre presidentes y vices en nuestro país–, sino porque, si la quieren confinar a tocar la campanita en el Senado, deberían reparar en que es la única que tiene el poder de desempatar con su voto cuando fracasan todos los alargues y todos los penales en el recinto.
Volviendo a la clausura del Mau Mau universitario (centennials, abstenerse), el vocero presidencial dijo que quienes dieron otro fin al centro educativo “no se conformaban con el bolichito”. Relató que allí también vivía una familia, que funcionaban un partido vinculado a un piquetero y un par de agrupaciones de refugiados, y que se encontraron fotos de Cristina y leyendas alusivas a la vuelta del kirchnerismo al Gobierno.
La universidad, que justo dos días antes había logrado que una jueza suspendiera la intervención del gobierno mileísta sobre esa casa de estudios, obligándolo a enviarle fondos, retrucó que el inmueble de la discordia nunca le fue transferido como había decidido el profe Alberto, sino que se mantuvo en el área de Justicia, que por entonces manejaba Martín Soria. O sea que el boliche dependía del mismo gobierno kirchnerista, pero las entradas se conseguían en otra boletería. Como reza el refrán, no es malo tropezar, lo malo es que te guste la piedra.

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