EL MEDULOSO ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ

El proyecto de Máximo presidente

Joaquín Morales Solá
El kirchnerismo ha muerto en el Gobierno. Y el peronismo también. Lo único que sobrevive, poderoso y autoritario, es el cristinismo, la corriente interna del oficialismo que lidera Cristina Kirchner. La vicepresidenta es la primera en saber que solo ella queda de lo que fue la vertiente liderada por su esposo y del viejo partido de Perón. Desde 2015, está obsesionada con el mismo proyecto: hacer de su hijo Máximo el próximo presidente del peronismo cristinista. Ella calificó siempre como una “transición” la etapa que debía cumplir Daniel Scioli si la reemplazaba en el cargo y describió con la misma palabra las elecciones legislativas de 2017, que finalmente perdió. “Transición” es la palabra que repitió en 2019 cuando eligió, ella sola, a Alberto Fernández como candidato presidencial y lo comunicó con un desabrido tuit.
¿Transición hacia dónde?, le preguntaron no pocos de sus interlocutores políticos. “Hasta que Máximo pueda ser presidente”, les respondía (y les responde) a todos. El proyecto dinástico de la expresidenta y sus posiciones radicalizadas y poco pragmáticas provocan en el viejo peronismo una sensación de lejanía y otredad. Casi lo mismo sucede con los que habían seguido a su marido muerto. No lo extrañan porque este careciera de una impronta autoritaria, que también la tenía, sino porque solía aferrarse a políticas y soluciones más realistas. El Instituto Patria es la fábrica donde se construye la candidatura de Máximo Kirchner. De ahí surgió la campaña de marketing que en su momento instaló la idea de que el retoño presidencial era un estadista potencial, que solo necesitaba un país y el poder para desplegar sus capacidades. Quienes han conversado y tratado con el actual diputado tienen una opinión distinta de él. “Es la cara amable de Cristina. Amable, por ahora”, lo definen, aunque agregan que comparte con su madre la misma ideología, una misma mirada antigua de la política y del mundo y los mismos prejuicios. Amable en apariencias también, porque en la última reunión de jefes de bloque de Diputados, cuando la oposición impuso su criterio sobre las reuniones presenciales del cuerpo, Máximo se ofendió, no disimuló su enfado y se fue sin saludar a nadie.
Alberto Fernández sabe que lo aguarda el relevo. Lo supo en febrero pasado, cuando el Presidente rondaba el 80 por ciento de aceptación social. El Instituto Patria lo vio como un eventual obstáculo e hizo trascender en el acto que los candidatos a presidente del cristinismo para 2023 son Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Había que poner a alguien más. Parecían especulaciones de sonámbulos, y tal vez lo eran. La versión tuvo una módica repercusión, pero algunos amigos de Alberto Fernández le dieron crédito al rumor. “El hijo está en la misma condición que la madre. O peor. Puede tener un piso alto de votos, pero jamás ganaría una segunda vuelta presidencial”, dijo uno de ellos. El Presidente recibió también, de manera directa o indirecta, el mensaje. Poco después, las formas consensuales que lo habían llevado a la cima de la popularidad giraron bruscamente hacia las mismas posiciones de Cristina. La conclusión es que ha caído hasta tener las mismas adhesiones que la expresidenta, pero carga también ahora con su misma cantidad de adversarios. Nadie sabe qué efecto psicológico (¿tal vez un reflejo de autopreservación?) operó para que Alberto Fernández dejara de ser lo que era. “No lo reconozco”, dicen muchos de sus amigos políticos que convivieron con él durante varios años. Aconsejan no comparar lo que él decía cuando estaba enfrentado con Cristina y lo que dice ahora. “Basta compararlo con lo que decía durante la campaña electoral o durante los primeros meses de su gobierno con lo de ahora. Es otra persona”, concluyen. Se equivoca si cree que transfigurándose en Cristina hará de esta una persona más buena. Ella tiene un objetivo (siempre lo tiene) y camina ciegamente hacia él. Ese objetivo consiste ahora en que Máximo Kirchner suceda a Alberto Fernández en 2023.
El plan de la madre y su hijo explica muchas cosas. En primer lugar, el ninguneo al propio Presidente, a quien muestran como un dependiente de ellos. Como un vicario temporal de un poder que no es de él. La gestión de la administración está devaluada porque los ministros no son buenos, pero también porque cada cartera está parcelada en muchas partes, cada una bajo el mando de una facción distinta del núcleo gobernante. Lo único permanente es el patrullaje de enviados de La Cámpora en todos los rincones del Gobierno. No se salva ni
Alberto Fernández solía decir que no hay que hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Es lo que está haciendo ahora: lo mismo, a la espera de otros resultados
AYSA, la empresa proveedora de agua que protocolarmente dirige la esposa de Sergio Massa, Malena Galmarini. La Cámpora es la creación del hijo de los Kirchner, una cantera de militantes a los que Néstor Kirchner mandó a estudiar, a conseguir títulos universitarios y a empezar desde abajo. Empezaron desde arriba después de la muerte del expresidente.
No deja de ser sorprendente (y alarmante) que Alberto Fernández sea tan indiferente a la gestión concreta de la cosa pública. Justo él, que fue muy crítico de los resultados de la gestión de Mauricio Macri, aun cuando este vivía todavía entre la gloria de los triunfos políticos. Las soluciones económicas del Presidente son remiendos que llegan siempre tarde y mal. ¿Por qué no habló con los dirigentes rurales antes de anunciar las recientes medidas sobre las retenciones? Alberto Fernández vivió la guerra con el campo de 2008 y conoce lo que significó aquella escasez de diálogo con el único sector que puede ingresar dólares genuinos al país. ¿Alguien supone que el exceso de emisión monetaria será neutral para la inflación y la economía? Supone mal, si existe ese alguien. La política es tan confusa que su gobierno no puede aprovechar el aumento de los precios internacionales de las materias primas ni el eventual acceso al mercado financiero. ¿Podría obtener el país préstamos de bancos o fondos de inversión extranjeros? Sí, si lo supiera trabajar. La Argentina no tiene un default en su horizonte cercano, simplemente porque no tendrá vencimientos en los próximos tres años. Las tasas en el mundo son inexistentes (entre menos 1 y menos 0) mientras la Argentina podría ofrecer tasas de 6 o 7 por ciento anual. Sin default a la vista y con esas tasas, los créditos son probables. El problema es que la presencia de Cristina le resta seguridad jurídica al país. El conflicto es otro entonces.
Los empellones a la Justicia se explican también en la temprana candidatura presidencial del vástago de los Kirchner. Su madre necesita ser declarada inocente para que su hijo pueda aspirar a esa candidatura. Y él mismo debe ser sobreseído en la causa por lavado de dinero en los hoteles y edificios de los Kirchner, de los que era el principal administrador. Los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli (y muchos otros más) no imaginaron nunca que sus destinos dependerían de una candidatura que ni siquiera conocen. Los jueces fueron protegidos por la Corte Suprema. Por ahora. La Corte no fijó aún su posición de fondo. ¿Rectificarán los jueces supremos lo que ya escribieron en acordadas anteriores? Entregarían el prestigio que ganaron con la aceptación del per saltum. Hasta el diario español El País los elogió por eso con un editorial cuyo título dice todo: “Los jueces no se tocan”.
En nombre del hijo también se despluma de recursos constantemente a Horacio Rodríguez Larreta; esa poda, que arruinará la vida de los porteños, es un afán personalísimo de Cristina. Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal son los opositores mejor posicionados ahora para competir por la presidencia en 2023. Es decir, para competir con Máximo. Cristina reaccionó con furia y fuego.
Alberto Fernández solía decir que no hay que hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Es lo que está haciendo ahora: lo mismo, a la espera de otros resultados. También prometía que no aturdiría hablando del pasado y solo habla de Macri, al que, igual que Cristina, le atribuye la desgracia, la tragedia, lo malo y lo peor. Él, como ella, se extravían en sus mitos: en el mito de ellos mismos, en el mito de sus enemigos y en el mito del mundo hostil que siempre los acecha.

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EL MEDULOSO ANÁLISIS DE JOAQUÍN MORALES SOLÁ

Una decisión que pone a la Corte ante un fallo crucial

Joaquín Morales Solá

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, hizo uso ayer de una de las dos únicas facultades que le dejaron para convocar a una reunión extraordinaria del más alto tribunal de justicia del país, que deberá debatir y resolver el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Rosenkrantz tomó una decisión disruptiva y excepcional después de varias semanas de indefiniciones de la Corte. El cuerpo, que le quitó a Rosenkrantz casi todas las atribuciones históricas del presidente de la Corte, se reunirá el martes, según la convocatoria de su titular, para decidir sobre la suerte de los jueces destituidos por una veloz colusión entre el Senado y el Poder Ejecutivo. El Senado les rechazó el acuerdo y, pocas horas después, Alberto Fernández firmó un decreto que devolvió a esos jueces a los lugares donde estaban antes de ocupar sus actuales funciones. Bruglia y Bertuzzi habían juzgado y procesado a Cristina Kirchner. Castelli integra el Tribunal Oral Federal número 7, que debe juzgar a la expresidenta por la causa de los cuadernos, la investigación periodística y judicial que se inició con http://los cuadernos en los que un chofer, Oscar Centeno, tomó nota de cómo, cuándo y quiénes recibían y entregaban sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Ayer circularon versiones sobre el porqué de la decisión de Rosenkrantz. La más insistente sostenía que el presidente de la Corte, que votó muchas veces en solitario, buscaba exponer a los jueces del tribunal que se negaran a asistir al encuentro o votaran en contra de la protección de los magistrados damnificados. Sin embargo, varias fuentes que conocen a Rosenkrantz señalaron que este lo hizo porque nunca perdió la esperanza de conseguir que tres jueces de los cinco que integran la Corte coincidieran en defender la estabilidad de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. De todos modos, Rosenkrantz demostró otra vez que no es un juez habitual de la Corte, donde sus miembros negocian y acuerdan por lo general gran parte de las decisiones que toman. Cansado ya de esperar que tres jueces supremos se pongan de acuerdo sobre si aceptarán o no el pedido de per saltum de los magistrados destituidos, Rosenkrantz dio ayer un golpe sobre la mesa haciendo uso de una de las dos atribuciones que le dejaron: convocar a reuniones extraordinarias del cuerpo. La otra es la importante pero infructuosa misión de representar al tribunal en actos protocolares. Ninguna fuente de la Corte pudo responder si Rosenkrantz conversó esa decisión con algún o algunos miembros del tribunal.
En principio, no sería difícil para la Corte reunir a tres jueces que voten a favor de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. La Corte dictó en 2018 la acordada 7 en respuesta a un pedido de aclaratoria que le formuló el exministro de Justicia Germán Garavano. El extitular de Justicia se refería específicamente al caso del juez Bruglia; le pidió al máximo tribunal que aclarara en qué condiciones un juez podía ser trasladado sin necesidad de un nuevo acuerdo del Senado. De hecho, todos los jueces, estén donde estén, tienen ya un acuerdo de la Cámara alta. En respuesta a Garavano, la Corte señaló que los jueces que tienen jerarquía y jurisdicción similares no deben pasar otra vez por el Senado. Bruglia, Bertuzzi y Castelli venían de tribunales similares y tenían igual jurisdicción, porque reconocían al mismo tribunal de alzada, en sus viejos y en sus actuales cargos, que es la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país. La acordada 7 fue firmada por los jueces supremos Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Las firmas de Rosenkrantz y de Elena Highton de Nolasco no eran necesarias, porque ellos habían señalado en una acordada anterior, la 4, aunque en minoría, que se puede trasladar hasta los jueces de un tribunal oral ordinario a uno federal sin pasar de nuevo por el Senado. Desde ya, Rosenkrantz tiene jurisprudencia propia que podría ser aplicada en defensa de los tres jueces destituidos.
No ha trascendido la posición de Lorenzetti, aunque versiones periodísticas se ocuparon de señalar en los últimos días que todo empezó en la Corte cuando él fue reemplazado en la presidencia del cuerpo por Rosenkrantz. Una manera de subrayar que el máximo tribunal solo funcionaría bajo la tutela de Lorenzetti. El expresidente de la Corte votará según hacia dónde se vuelque la mayoría del tribunal. Nunca votó en solitario y muy raras veces, muy pocas en verdad, formó parte de la camada perdidosa en la Corte. No obstante, su aversión a la gestión de Rosenkrantz podría hacerlo borrar con el codo lo que escribió con la mano. Nunca olvidó el pasmo de la mañana en la que una mayoría del cuerpo (Rosatti, Highton de Nolasco y el propio Rosenkrantz) lo notificaron de que, después de 11 años de presidente del cuerpo, su tiempo había terminado.
Aquellas versiones atribuían también a Rosatti, Maqueda y Highton de Nolasco una permanente relación con el Gobierno. Esos rumores son inexactos, como lo es también que Maqueda esté pendiente de la opinión del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, para decidir su voto. Maqueda tenía una vieja relación personal y política con el exgobernador de Córdoba José Manuel de la Sota, no con Schiaretti. Pero tampoco sus votos como juez dependían de la opinión de De la Sota, según lo demostró en varias sentencias que llevan su firma. Maqueda tiene una vieja relación personal con Alberto Fernández, pero el mejor momento de esa relación ocurrió cuando el Presidente estaba sin cargos políticos. El juez de la Corte tuvo fuertes discrepancias con Cristina Kirchner cuando esta era presidenta. Aunque se conocen desde que los dos eran legisladores, esa relación no se recompuso nunca. Quienes frecuentan a Maqueda aseguran que él nunca firmaría una sentencia que fuera contradictoria con su propia jurisprudencia. Rosatti no tiene trato frecuente con el Gobierno, como se dijo, y él también firmó la misma acordada que suscribió Maqueda, en la que se homologan de hecho los casos de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Sería extraño que Rosatti hiciera una interpretación distinta de su propio voto de hace apenas dos años. No es esa clase de juez.
Highton de Nolasco firmó la acordada 4 que le serviría para proteger a los jueces desplazados. Sin embargo, la situación de esa jueza es muy frágil. Cumplió hace dos años los 75 años constitucionales, cuando debió jubilarse según lo estipuló la reforma de la Constitución de 1994. Buscó entonces (y consiguió) una cautelar que la mantiene en el cargo, a pesar de que sus propios colegas en la Corte dictaminaron que todos los jueces se deben jubilar a los 75 años para cumplir con el mandato constitucional. Ella siempre reconoció que su lugar en la Corte se lo debe a Alberto Fernández, entonces jefe de Gabinete, y a Marcela Losardo, actual ministra de Justicia. Fue comprensiva del gobierno de Mauricio Macri; es comprensiva de la administración de Alberto Fernández.
Es raro, pero uno de los jueces damnificados ahora, Pablo Bertuzzi, fue trasladado por un decreto de la entonces presidenta Cristina Kirchner, idéntico a los decretos de Macri que trasladaron a los jueces Bruglia y Castelli. Alberto Fernández debió derogar los decretos de Macri y también el de Cristina, aunque a este se lo tapó con un manto de reserva. Los senadores peronistas que rechazaron indebidamente el acuerdo de los tres jueces criticaron durante horas a Macri, culpable de todas las tragedias que hay, hubo y habrá en este país. No dijeron nada del decreto de Cristina, que estaba sentada en el altar del Senado.
De todos modos, el principio fundamental que deberán tener en cuenta los miembros de la Corte es el de la inamovilidad de los jueces. Es un principio rector del Estado de Derecho y de la vigencia de los derechos humanos. La inamovilidad garantiza otro principio: el del juez natural, que protege las garantías y las obligaciones constitucionales. Los jueces supremos no son indiferentes al estado de la opinión pública y saben que las cacerolas del sábado pasado sonaron también para ellos. Más allá de las luchas internas dentro de la Corte, y de las disputas entre oficialismo y oposición, la disrupción que provocó ayer Rosenkrantz obliga a la Corte a debatir sobre principios institucionales básicos en un país asediado por otras crisis.

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