FEMICIDIOS....HIJOS DEL DOLOR,

Actuar con políticas de Estado

Patricia Bullrich

 Carolina Barone 

El año 2018 registra la tasa más baja de femicidios de la última década. Recientemente presentamos el s egundo informe oficial de femicidios, elaborado en forma conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación. Este segundo informe revela que entre 2017 y 2018 bajamos en la Argentina un 12,1% de femicidios. De 313 víctimas de femicidios directos, femicidios vinculados y transfemicidios/travesticidios en 2017 a 275 en 2018, que significa una tasa de 1,14 cada 100.000 habitantes, la más baja desde 2010. De 2008 a 2015 en la Argentina hubo un apagón estadístico. Se dejaron de publicar estadísticas criminales durante dos mandatos completos, incumpliendo la ley 25.266, que es la que ordena la publicación de esta estadística a nivel nacional. Así como no hubo estadística criminal sobre ningún delito, mucho menos hubo un informe oficial del gobierno sobre femicidios en esos años.
La importancia de este informe conjunto consiste en que, además de arrojar una cifra oficial sobre las víctimas de femicidios en la Argentina, también revela el comparado con el resto de los homicidios dolosos, reafirmando, con evidencia, que los femicidios son un delito diferente del resto de los homicidios dolosos y, por lo tanto, exigen políticas de prevención, protección e investigación criminal diferenciadas que logren revertir la cara más cruel de la violencia de género. Este informe ratifica que dos de cada tres mujeres asesinadas en el país lo son en contextos de violencia de género, una realidad que es global y de la que ahora en la Argentina tenemos información oficial. De las 394 mujeres asesinadas en la Argentina en 2018, 259 lo fueron en un contexto de violencia de género.
Según el informe, de los 275 femicidios de 2018, 241 fueron femicidios directos, 27 fueron femicidios vinculados (16 hombres y 11 mujeres) y siete fueron transfemicidios y travesticidios. Ninguna de las víctimas de femicidios de 2018 corresponde a personal activo de las fuerzas federales de seguridad. En 2016, hubo cinco femicidios directos y uno vinculado; en 2017, hubo un femicidio aún en investigación, y en 2018, ningún femicidio perpetrado por fuerzas federales. Asimismo, nueve de cada 10 víctimas de femicidios fueron asesinadas por alguien que conocían y siete de cada 10 hechos ocurrieron en la vivienda particular y no en la vía pública, como en la mayoría de los casos de homicidios dolosos que no son femicidios.
Las provincias con tasas superiores a la tasa nacional (que es de 1,14) son Neuquén, Tucumán y Chaco. Las provincias con las tasas más altas en 2017 y que redujeron sus valores en 2018 fueron Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Sobre la mecánica de muerte, el 51% de las víctimas de homicidios dolosos en la Argentina son asesinadas con arma de fuego. Sin embargo, en el caso de los femicidios, el 28% fueron cometidos con arma de fuego y asciende enormemente el arma blanca a un 25,5%, y el ahorcamiento/asfixia, a un 16%, lo que demuestra que en los hechos de femicidios existen ensañamiento y la intención de causar dolor, además de la muerte de la persona. A la fecha, este es el único informe conjunto en la Argentina elaborado por dos organismos oficiales, y estamos trabajando con la CSJN y el Ministerio Público Fiscal en la construcción de un informe unificado con el apoyo de las Naciones Unidas en el marco de la iniciativa Spotlight.
La causa estructural de los femicidios es la desigualdad de género. Esta se combate con medidas integrales tendientes a revertir una cultura de subordinación y sometimiento. Además de la desigualdad de género, hay otras causas que inciden en la probabilidad de que ocurran los femicidios y otros hechos de violencia. Solo el 16% de las víctimas habían hecho una denuncia previa. Esto evidencia las barreras que existen para las mujeres y la necesidad de una urgente y eficiente respuesta por parte del Estado. Debemos asegurar la calidad del sistema de seguridad para que las mujeres sientan confianza y efectivo acompañamiento.
En este sentido, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación presentamos el Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios, que sistematiza una serie de medidas concretas desde el ámbito de la seguridad para prevenir, perseguir y sancionar este delito y, sobre todo, proteger a las personas en situación de violencia. Entre otras, las medidas consisten en mejorar la capacitación del sistema policial de toma de denuncias, la creación de un sistema unificado de denuncias por violencia de género, la asignación de medidas de protección en forma urgente y el acompañamiento en la ruta crítica a las mujeres, además de continuar con la incorporación de la perspectiva de género en toda investigación criminal de los diferentes delitos por violencia de género.
Estamos convencidos de que la realidad la cambiamos juntos, diciendo la verdad, trabajando en equipo y generando políticas de Estado.

Bullrich es ministra de Seguridad de la Nación; Barone, coordinadora de Políticas de Género y No Discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación

FEMICIDIOS....HIJOS DEL DOLOR

ONG y organismos que brindan asesoramiento
Línea 144 e INAM: La línea asesora respecto a la documentación necesaria para tramitar la reparación económica de la ley Brisa y el INAM (011 4370-8819) ofrece un acompañamiento personalizado a las familias durante el proceso.
La Casa del Encuentro: Fue la impulsora de la Ley Brisa y brinda contención y asesoramiento a mujeres que sufren violencia y familiares de víctimas femicidio.
Atravesados por el femicidio:Es grupo formado por familiares de todo el país, que crea redes para la contención mutua y el acompañamiento.

Hijos del dolor. Reclaman poder cobrar la ayuda para los hijos de las víctimas de femicidio
Giovanna y Freddy, los papás de Mónica Garnica, en la puerta de su casa con sus tres nietos (hoy tienen 9, 5 y 4 años); y una de sus hijas, de 7. Freddy trabaja haciendo changas. 
En la víspera de la Navidad de 2017, Giovanna  recibió una llamada que le cambiaría su vida para siempre. "Señora, su hija tuvo un accidente: se quemó", dijo una voz desconocida del otro lado del teléfono. "En el hospital, me enteré que su marido y padre de mis tres nietos, la había prendido fuego. Ahí, me quise morir", recuerda Giovanna, que tiene 45 años.
El 10 de enero, Mónica falleció. Tenía 24 años. El femicida fue condenado a cadena perpetua. Giovanna y su marido, Freddy (52) -que además son padres de cuatro hijos de 23, 20, 12 y 7 años-, quedaron a cargo de los hijos de Mónica: Joaquín (9), Alma (5) e Itiel (4). "Fue muy difícil, porque mi marido había perdido su trabajo", dice Giovanna, que vive con su familia en un asentamiento en Florencio Varela. "Ni bien salió la ley Brisa comenzamos a hacer los trámites. Pero nos pedían la guarda y conseguirla fue una lucha. Además, había un problema con las partidas de nacimiento", cuenta la mujer, que hoy espera poder cobrar el dinero para sus nietos.
Aprobada por el Congreso de la Nación en julio de 2018 y reglamentada en octubre del mismo año, la Ley Brisa (27.452) brinda el derecho a una reparación económica, equivalente a una jubilación mínima, a hijos e hijas de víctimas de femicidio, cuyos padres o parejas de sus madres estén procesados o condenados por el mismo.
A un año de que se convirtiera en ley, varias familias señalan que se enfrentan a una serie de desafíos para acceder al beneficio. Las trabas van desde la dificultad para cumplir con algunos de los requisitos administrativos, hasta el desconocimiento por parte de las Unidades de Atención Integral (UDAI), de la Anses, sobre qué documentación recibir y cómo aplicar la norma. Este organismo junto a la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (Sennaf) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), lideran la implementación de la ley.
Nicole Neiman, directora nacional de Protección Integral de Articulación y Acciones Directas del INAM, asegura que están trabajando en capacitaciones para los operadores de la Anses, para "no generar revictimizaciones y humanizar el proceso" y que su prioridad es brindar un "acompañamiento personalizado e integral" a quienes no logran cumplir con la documentación requerida, para que puedan hacerlo lo antes posible.
Aunque no hay cifras oficiales, en La Casa del Encuentro estiman que son más de 2300 los niños, niñas y adolescentes que quedaron sin madre en la última década. Según datos del INAM, hasta el momento ya recibieron la reparación 30 chicos y chicas, y se estima que a fines de julio lo hagan 30 más. Por otro lado, desde el 6 de febrero, cuando la Anses habilitó los turnos, se iniciaron 494 expedientes.
Un apoyo clave
Muchas familias no solo se enfrentan, de un día para el otro, con el femicidio de sus hijas, nietas, hermanas; sino que tienen un abanico de derechos vulnerados: no tienen los DNI o partidas de nacimiento de los chicos y chicas que quedaron a su cargo; viven de changas o trabajos informales; les cuesta horrores trasladarse hasta las oficinas donde deben realizar las gestiones; y pagarle a un abogado para poder tramitar la guarda de los niños (lo que se solicita al momento del iniciar el trámite) les resulta imposible.
Giovanna y Freddy viven con sus nietos e hijos en un asentamiento de Florencio Varela
"Espero que salga rápido porque mis nietos lo necesitan. Hoy mi marido hace changuitas de albañil cuando le sale algo, pero no tenemos trabajo fijo. Nosotros luchamos y damos todo lo que podemos, pero no alcanza. Muchas veces no tenemos para comer y ellos son chiquitos, no les podes decir 'no hay leche, no hay pan'", cuenta Giovanna.
Con respecto su caso, Neiman dice: "Van a cobrar en agosto. Desde el INAM hicimos todo el acompañamiento: no solo desde el área de litigio estratégico, sino también para que el mayor de los chicos pudiera sacar el DNI".
Los integrantes del colectivo Familiares Atravesados por el Femicidio, advierten que recibieron muchos reclamos de quienes no pueden concluir con los trámites por "la cantidad de documentación" solicitada.
Marcela , referente grupo, dice: "Somos 60 familiares de 55 víctimas de todo el país. Dentro de nuestro grupo hay 73 huérfanos que deberían poder acceder a la reparación. Hoy, cobran solo 9: cinco lo hicieron el 28 diciembre por trámite directo del INAM. Por otro lado, 26 iniciaron el trámite y 37 no pudieron hacerlo aún".
El otorgamiento de la reparación requiere de un proceso de 90 días hábiles desde la presentación del trámite completo. María Fernanda Reyes, directora general de Proyectos de Niñez, Adolescencia y Juventud de Anses, sostiene: "Cualquier implementación de un nuevo beneficio lleva su tiempo. Sin embargo, en este caso, no lo tomamos como una prestación más, sino como una particular, porque son familias en situación de vulnerabilidad muy grande".
Por otro lado, agrega: "Estamos con capacitaciones online y formación a las UDAI. Además, generamos un espacio en el área central de Anses para poder resolver cualquier inconveniente que surja junto el INAM y la Sennaf".
Hugo Capacio, miembro de Atravesados por el Femicidio, explica que la Ley Brisa no solo prevé la reparación económica, sino, también, atención a la salud física y psicológica de los chicos y chicas. Por eso es tan importante.
"Sobre todo en el interior, cada UDAI pide algo diferente, no son claros y en muchos casos no saben de qué trata la ley. Otra de las trabas tiene que ver con la exigencia del certificado de la guarda: muchas familias no tienen los recursos para tener abogados e iniciar el trámite. Están con otras urgencias y son muy vulnerables", detalla.
Para poder tramitar la reparación, las familias deben reunir la documentación correspondiente y luego sacar el turno en la Anses."Hay muchos problemas cuando se acercan a las UDAI y por falta de experiencia o sensibilidad de quienes atienden les dicen cosas que terminan enlenteciendo los procesos. Por eso, es importante que llamen antes al 144 y se puedan informar acerca de qué necesitan", explica Neiman.
Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, la asociación civil que motorizó la sanción de la ley, coincide en que el principal desafío es acompañar a las familias para que logren obtener toda la documentación requerida. "La ley establece que deben tener la guarda y está bien que así sea, porque se busca garantizar que la reparación llegue efectivamente a los chicos y chicas", sostiene.
Otras de las trabas, según Neiman, está en "lo lentos que son los procesos judiciales". "En muchos casos el hombre termina prófugo y no hay una imputación. Y la ley dice que para poder cobrar, tiene que estar procesado o condenado", explica.
Carlos  con la foto de su hija, Ingrid. Ella fue asesinada por su pareja en 2015, cuando tenía 25 años. En 2017, el hombre fue encontrado culpable. Carlos quedó a cargo de su nieta. 
Carlos  (54) es de Mayu Sumaj, un pueblo cordobés cercano a Villa Carlos Paz. Se quedó con su nieta, ahora de 10 años, a cargo. Su hija, Ingrid fue asesinada por su pareja en 2015, cuando tenía 25 años. En 2017, el hombre fue encontrado culpable.
Cuando el 22 febrero Carlos se presentó en la Anses de Villa Carlos Paz para gestionar la reparación de su nieta, le dijeron que el beneficio no le correspondía. Primero, no querían recibir los papeles, decían desconocer la ley. Incluso, llegaron a decirle que el caso de su hija no era femicidio o que como su nieta no era hija del asesino, no le correspondía.
Cansado de la revictimización constante a la que él y su exmujer eran sometidos cada vez que iban al lugar, logró visibilizar su odisea mediante un video difundido por Whatsapp y en los medios locales. "Hace una semana me llamaron desde el INAM y me dijeron que vaya a la Anses para presentar los papeles. Me recibieron de una forma completamente diferente. Me dijeron que en un mes podremos cobrar", cuenta Carlos.
En 2010, Florencia , de 22 años, fue asesinada por su marido, un policía de Quilmes. Era mamá de Valentín, que en ese momento tenía 6 y de Lara, de tres. Esther, la abuela de los chicos, se quedó a su cargo.
Esther  es otra de las que esperan. Su hija, Florencia , tenía 22 años cuando, el 17 de enero de 2010, fue asesinada por su marido, un policía de Quilmes. Era mamá de Valentín (hijo de una pareja anterior), que en ese momento tenía 6 y de Lara, de tres. Esther, su abuela, fue la responsable de criarlos.
"Cuando pasó el femicidio, para toda la familia fue como si explotase una bomba. Ya nunca más fuimos las personas que éramos. Las fiestas, ya no son fiestas. El dolor que sentimos es como una mochila enorme que llevamos en la espalda: tenemos que seguir caminando por los chicos. Sonreímos por ellos", dice Esther.
El 28 de diciembre, la llamaron del INAM para decirle que podía ir a cobrar la reparación económica para Lara. "Pensé que era una broma por el Día de los Inocentes. Todos los días me levantaba y lo primero que hacía era escribir en el Facebook: 'Ley Brisa ya, el Estado está ausente para los huérfanos'", recuerda Esther. "Mi nieto todavía sigue sin cobrar, porque como es de otro papá tuve que hacer todos los trámites de la tutela primero".
En la oficina de género de Quilmes la ayudaron a hacer la gestión: "Cuando estuvo, mandaron los papeles directamente al INAM y a la Sennaf. Ahora estoy esperando".
Esther, cuenta: "Siempre trabajé en servicio doméstico y tuve que dejarlo para cuidar a los chicos. Necesito para ellos este dinero como respirar. Son dos adolescentes que hoy están en la secundaria: precisan libros, tener un buen alimento, zapatillas. ¿Te parece que con una jubilación mínima les puedo comprar eso? La estamos pasando muy mal".
ONG y organismos que brindan asesoramiento
Línea 144 e INAM: La línea asesora respecto a la documentación necesaria para tramitar la reparación económica de la ley Brisa y el INAM (011 4370-8819) ofrece un acompañamiento personalizado a las familias durante el proceso.
La Casa del Encuentro: Fue la impulsora de la Ley Brisa y brinda contención y asesoramiento a mujeres que sufren violencia y familiares de víctimas femicidio.
Atravesados por el femicidio:Es grupo formado por familiares de todo el país, que crea redes para la contención mutua y el acompañamiento.
E. B. y M. A.