Un precedente peligroso
Fernando Rodríguez
El malestar se volvió protesta, que creció y quedó muy cerca de convertirse en una asonada. El levantamiento de la mayor fuerza de seguridad de la Argentina amenaza con convertirse en un peligroso precedente para el resto de las policías, en un contexto en el que la delicada paz social es acechada por la inseguridad y la pandemia.
Las manifestaciones de los uniformados bonaerenses, en especial, de aquellos de jerarquías inferiores, dejaron ayer de ser un mero reclamo de aumento y de mejores condiciones de trabajo en tiempos de coronavirus para convertirse en una fuerte interpelación a la conducción de la fuerza. Y detrás de ese indudable cuestionamiento a la jefatura operativa y política asoma, también, una vieja reivindicación: la sindicalización policial.
No es ocioso que el primero de los 14 puntos del petitorio que le acercaron los autoconvocados al jefe de la Bonaerense, Daniel Alberto García, haya sido, incluso antes del aumento salarial pretendido, que no haya represalias ni sanciones para quienes prácticamente paralizaron el servicio policial ordinario durante toda la jornada, lo que significó un duro golpe a la cadena de mando.
García intentó parlamentar con los portavoces de la protesta frente a la Jefatura de La Matanza, uno de los epicentros del conflicto. Allí se topó con una sonora desautorización cuando dijo que podía garantizar que no habría sanciones, pero que no tenía para ofrecerles una respuesta al pedido de aumento. Es evidente que los acontecimientos de estos días mellarán la autoridad del jefe de policía, que podría convertirse en el fusible que necesita el ministro Sergio Berni en el corto plazo.
Pero la continuidad de la protesta hasta el viernes–fecha que puso el propio gobierno para anunciar públicamente la cuantía de la recomposición salarial prometida– aumentará la presión sobre el ministro y sobre el gobernador, Axel Kicillof. Los mandos bajos y medios de la policía advierten el calibre del impacto de su reclamo en las aspiraciones de Berni. Saben que el ministro está construyendo su futuro político de mediano plazo a caballo del manejo marcial de la fuerza para restablecer la resquebrajada seguridad en la provincia. En pocas palabras: el estado deliberativo de la policía, que apunta a la conducción, le juega en contra.
Mientras, el Gobierno sigue de cerca la situación. El temor es que se repita lo que pasó en 2013, cuando estallaron prácticamente en todo el país fuertes protestas policiales. La más grave y extensa fue en Córdoba; la que tuvo la mayor cantidad de policías condenados por sedición fue Entre Ríos. Esa vez, la policía bonaerense también salió a las calles, pero no para hacer prevención, sino para reclamar.
El contexto actual es otro, claramente. Pero la semana pasada hubo una protesta amplia en Misiones, en el inicio de esta semana los policías de Río Negro dijeron haber llegado a un “punto límite” y, acto seguido, empezó a crecer la “marea azul” bonaerense.
Esa progresión volvió a poner sobre la mesa el mapa de las protestas de hace siete años, pero esta vez, en una situación que, tanto por la seguridad como por las restricciones impuestas para contener la pandemia de Covid-19, coloca a las policías en la primera línea de contención y prevención. Es una verdad de Perogrullo: quien controla la policía, controla la calle. Y para el Gobierno, hoy, eso es imprescindible.
Pero, en ese escenario, las marchas en patrulleros, las asambleas de hombres y mujeres de uniforme y con sus armas reglamentarias enfundadas en las pistoleras calzadas al cinto, y las ruidosas concentraciones frente a dependencias y unidades de comando no fueron otra cosa que una retención de tareas. En otras palabras, una forma de huelga, una medida gremial de acción directa que la policía bonaerense –y las demás en la Argentina– tiene prohibida.
En abril de 2017 la Corte Suprema de Justicia, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, obturó la posibilidad de que el autodenominado Sindicato de Policías Bonaerenses (Sipebo) obtuviera la personería gremial.
El fallo fue significativo por esa certeza, pero también porque las disidencias dejaron entreabierta una puerta para que los uniformados insistan con ser alcanzados por el derecho tutelado en el artículo 14 bis de la Constitución. Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti consideraron que los pactos internacionales de derechos humanos y la propia Carta magna admitían la agremiación policial y que, por lo tanto, el Sipoba podía ser inscripto como cualquier sindicato.
Eso sí: los cinco jueces de la corte coincidieron en que los policías no tienen derecho a hacer huelga, dado que las medidas de acción gremial directa son incompatibles con el régimen jerárquico y disciplinario que caracteriza a cualquier fuerza de seguridad.
Entre las demandas de los policías están la “democratización de la fuerza” y “el derecho a la sindicalización”. Pretenden discutir de manera horizontal las condiciones en las que prestan el servicio, tener derecho a reclamar y a discutir salarios y régimen de carrera, como cualquier trabajador. Derechos, sí, pero también mucho poder. Un poder que, seguramente, ningún gobierno quiera compartir, al menos en la Argentina.
