LA OPINIÓN DE NORMA MORANDINI

Cuando la política miente, corrompe la democracia
La causa Vialidad, al reconstruir la trama de corrupción organizada, actualiza las reflexiones de Hannah Arendt sobre la verdad

Norma Morandini
Qué distingue al Estado de una “banda de ladrones a gran escala”, se preguntaba Agustín de Hipona en el siglo V. La respuesta de san Agustín resuena fuerte en la Argentina del siglo XXI: la distinción del Estado y una banda de ladrones solo puede venir de un sentido de justicia y del Derecho. Muchos siglos pasaron entre la sentencia del que se considera el primer filósofo de la cristiandad y el presente. En la restauración democrática, los argentinos, una vez más, recuperamos el sentido de la justicia y depositamos la confianza en el Derecho, en la ley como garantía de la igualdad. Como una forma, también, de distinguir al Estado democrático de su negación cuando es cooptado por malhechores. Esto sucedió cuando el Estado se llenó de uniformes, impuso el terror, secuestró la ley y utilizó la misma violencia y el ocultamiento que decía combatir. Y sucede ahora: en los tribunales se reconstruye el modus operandi de la corrupción organizada por un grupo de funcionarios que se sirvieron de los dineros públicos para enriquecimiento personal. La tentación de comparar los dos juicios es grande: el que condenó a los integrantes de las tres juntas militares y el que ahora juzga a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner y a una docena de funcionarios que hicieron de la obra pública un botín inaudito.
Comparten el calificativo de “históricos”, porque ambos escenifican los males y pesares que afectan nuestra vida colectiva: la violencia, la pobreza y la corrupción. Sucesos extraordinarios que parten aguas, dividen el tiempo compartido en un “entonces” y un “ahora”. Comparten también la ejemplaridad de personas que cumplieron y cumplen con idoneidad las funciones judiciales a pesar de las presiones, descalificaciones y amenazas, pues la democracia no ha erradicado la prepotencia ni la extorsión de los que ven sus intereses amenazados por ese “sentido de justicia”. Tampoco limpió las cloacas de los espías del Estado. Gracias a la libertad de expresión, los periodistas median entre la información del Estado y los ciudadanos, que tienen derecho a una información veraz; y los fiscales, en el nuevo sistema acusatorio, investigan los delitos que deben ser probados en juicio oral y público. Si los periodistas trabajan con indicios, es función de la Justicia sancionar los delitos en representación de la ciudadanía y en base al Estado de derecho que les da fundamento. Las similitudes terminan ahí.
Los cuarenta años que nos alejan del inicio de la democratización establecen diferencias. El Juicio a las Juntas, al condenar el sistema de terror basado en la desaparición deliberada de personas, terminó con la impunidad de la violencia política que atravesó más de la mitad del siglo pasado. Estableció una verdad histórica, aunque los acusados jamás reconocieron sus delitos.
En la Argentina violenta todo tuvo un carácter oculto, desde las bombas de la guerrilla hasta los campos clandestinos de detención. La descripción del terror también apareció con la misma lógica. Oculto, invisible, como para que los crímenes fueran ajenos. Ese carácter oculto y la siniestra metodología de la desaparición impuso tiempo hasta que la sociedad reconociera y admitiera la verdad de lo sucedido. En cambio, la corrupción se fue desplegando ante nuestros ojos por las denuncias de periodistas independientes, que desde la década del 90 fueron dándonos indicios de los negociados y los fraudes de funcionarios deshonestos. Una corrupción igualmente amparada por la oscuridad y una tradición política autocrática que reduce la democracia a la mayoría electoral, confunde Estado con gobierno, utiliza los dineros públicos como propios y apela, para perpetuarse en el poder, a un cínico justificativo: “Para hacer política se necesita de dinero”. El dinero compra impunidad, corrompe jueces, políticos y periodistas, y monta relatos propagandísticos para eludir la realidad y minar a la democracia. Como dijo Hannah Arendt en su ensayo Verdad y mentira en la política, “la política desligada de la verdad se corrompe desde dentro y termina convirtiendo al Estado en una maquinaria que destruye el Derecho”. Los hechos generan opiniones, y aun cuando esas opiniones sean emocionales e interesadas son igualmente legítimas, siempre y cuando respeten la verdad de los hechos, decía Arendt. De la misma forma, si no se garantiza la veracidad de la información y se niegan los hechos, el periodismo se convierte en una caricatura. Cuando no en su negación, la propaganda.
Hannah Arendt en Nueva York, en abril de 1972
Hoy las amenazas a la democracia surgen de la fuerza del autoengaño y de falsear los hechos. El marketing político y los expertos en opinión pública a veces reducen la democracia a un hecho publicitario. Arendt critica igualmente a los académicos, profesores universitarios, altos funcionarios y analistas cuando confunden la verdad con sus intereses ideológicos o personales, amoldan el mundo a la teoría y reescriben el pasado para adueñarse de la conciencia de las personas.
Arendt escribió estos ensayos después del escándalo de las mentiras del presidente Nixon sobre la guerra de Vietnam, reveladas por The New York Times como los papeles del Pentágono. La mentira desestabiliza las instituciones porque destruye la confianza de los ciudadanos en la dirigencia y en nosotros mismos a la hora de hacerlos responsables de sus decisiones calamitosas.
Hoy aparecemos más preocupados por la verdad. No porque haya una onda de indignación moral, sino porque tememos perder la libertad y la democracia, la única garantía para que la mentira no se imponga. Por eso, vale para nosotros la conclusión de Arendt cuando le preguntaron si volvería a publicar Eichmann en Jerusalén, libro que escribió tras cubrir como cronista ese juicio igualmente histórico. Adolf Eichmann, que vivía escondido en la Argentina, fue secuestrado y trasladado a Israel, donde fue juzgado y enviado a la horca. Arendt nunca se arrepintió de ese libro, el más polémico, el que más sinsabores le causó por contrariar la versión oficial con su mal entendido concepto de la banalidad del mal. A esa pregunta desafiante, ella respondió con otro interrogante: “¿Dejar de decir la verdad aunque el mundo perezca?”. Priorizó la verdad. Entre nosotros, décadas de mentiras políticas se llevaron nuestra confianza en los gobernantes y las instituciones de la República. Descreídos, muchos nos aferramos a la verdad. Sin olvidar lo que dijo San Agustín. Sin sentido de justicia y del Derecho, el Estado se convierte en una banda de forajidos.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA

LA OPINIÓN DE NORMA MORANDINI,

24 de marzo: no negar la libertad de expresión

Norma Morandini
Para refutar un dislate, un disparate: si se llegara a aprobar el proyecto de ley que nos obligará a utilizar el lenguaje oficializado de la memoria trágica, Graciela Fernández Meijide, integrante de la Comisión Nacional de los Desaparecidos (Conadep), por poner en debate el número de presos desaparecidos, podría ser condenada hasta con 2 años de prisión. Y también yo, por negarme a llamar a la dictadura "cívico-militar", no porque ignore el apoyo civil con que contó la dictadura, sino porque cívico remite a ciudadanía y lo que define a las tiranías es que cancelan todos los derechos ciudadanos.
La fórmula impuesta por los organismos de derechos humanos es un contrasentido. Pero ojalá se tratara de una cuestión semántica y no de la malversación de los principios democráticos, o la clara intencionalidad de construir un discurso único sobre el pasado trágico. En la Argentina no se puede hablar de negacionismo como en Alemania, Francia, Bélgica y Suiza, países que sancionan a los que niegan el exterminio de los judíos y las cámaras de gas. Nuestra democracia nació bajo el signo más auspicioso: el juicio a las juntas, que instituyó una verdad que hoy nadie puede negar.
Lo que distingue a la tiranía de nuestro país de otras es que en la Argentina la represión fue clandestina. Una estrategia perversa para evitar que los cadáveres pudieran condenar a un Estado que se hizo terrorista. Así se entiende la titánica tarea de la Conadep, creada para reconstruir lo que había sucedido en la clandestinidad con la valerosa colaboración de los sobrevivientes que fueron reconstruyendo el calvario. Entonces los Falcon, símbolo del terror, todavía circulaban por la ciudad y nadie sabía si la democracia tendría larga vida. Dos años después, el juicio a las juntas instituyó la verdad: en la Argentina el Estado había cometido crímenes atroces y al condenar a los comandantes de las tres juntas se establecieron las responsabilidades penales. Por las desapariciones y los campos de detención clandestina, la Argentina pasó a engrosar las odiosas masacres administradas del siglo XX, junto al nazismo y al estalinismo.

Si el negacionismo es la actitud de negar la realidad para evitar una verdad incómoda, o es el rechazo a lo que se puede verificar, la sociedad demoró años en aceptar que en nuestros país las personas habían sido deliberadamente secuestradas, mantenidas en campos de detención clandestinos, arrojadas al agua en los vuelos de la muerte, apropiados los bebes nacidos en cautiverio. Y existió el negacionismo político: la autoamnistía negociada por el peronismo si ganaba Luder. ¿No hubo también negacionismo cuando los levantamientos carapintadas le arrancaron a la democracia las leyes de obediencia debida y punto final, o cuando se compró el indulto de Firmenich, que terminó favoreciendo a Videla? Por años los legisladores peronistas se negaron a dar quorum y debatir los proyectos de leyes para establecer la inconstitucionalidad de esas leyes de perdón. Negacionismo histórico existe cuando se niega la violencia de la Triple A y las organizaciones armadas que antecedió a la dictadura y se deja en manos del demonio lo que hicieron seres humanos concretos con nombre y apellido. Hasta que en el gesto más transparente de la confusión entre el Estado y el gobierno, Kirchner, como si dijera "el Estado soy yo", pidió perdón, bajó el cuadro de Videla, y sobre eso se comenzó a escribir la historia que hoy busca imponernos cómo debemos hablar y pensar.
La mayoría de los países europeos tiene mecanismos para castigar a los que incitan a la violencia, el odio y el racismo. Si los que acompañaron al Presidente en su viaje a Francia hubieran puesto atención, habrían escuchado a Macron defender como valor supremo de Francia la libertad de expresión aun cuando ofenda. A ningún país le resulta sencillo lidiar con el pasado trágico, pero la mayoría sabe que la cultura de la memoria es un hecho colectivo que tiene un propósito fundamental: evitar su repetición. La Argentina, como país, fue más lejos que nadie en la región con el juicio y la condena del terrorismo de Estado, y la constitucionalización de los derechos humanos. Pero poco o nada se hizo para combatir la incitación a la violencia y el lenguaje del odio.
Confío en que los verdaderos demócratas no acepten el chantaje emocional del que fui testigo en mi vida legislativa, cuando poquísimos diputados y senadores se animaron a contrariar las imposiciones de la mayoría sobre temas controversiales: el cambio del prólogo del Nunca más, el 24 de marzo como feriado, la extracción de ADN compulsiva, la restricción de la universalidad del Banco Nacional de Datos Genéticos. No se pueden instaurar por ley o decreto "verdades oficiales" ni castigar las opiniones por "negacionistas", porque eso es negar el valor supremo de la democracia: el derecho a decir y a opinar sin persecución.

LA OPINIÓN DE NORMA MORANDINI,

Criminalizar al periodismo

Norma Morandini
En los tribunales internacionales difícilmente se le permita a ningún país justificar las restricciones a la libertad de expresión con argumentos políticos. Sin embargo, la investigación periodística que busca poner luz sobre lo que los poderes quieren ocultar sigue siendo la más riesgosa y la que en nuestro país se intenta equiparar con los delitos que cometen los espías del Estado que en democracia escuchan nuestras conversaciones, se meten en nuestros correos y nuestras alcobas con intenciones de extorsión o amedrentamiento.
Es lo que surge del expediente judicial del juez Ramos Padilla, quien, al investigar una supuesta red de espionaje ilegal, interpreta que la información oscura, obtenida por métodos prohibidos por la ley, se "legitima" a través de los periodistas que la hacen pública. Él mismo, como juez, busca la bendición a sus presunciones en otros poderes, primero la Cámara de Diputados y ahora en los informes de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, a la que pidió parecer sobre las escuchas y las capturas de pantalla del falso abogado D'Alessio, además de la lectura de las notas y los libros del periodista Daniel Santoro.
La Comisión es una institución de prestigio, presidida por el premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, que fue creada para reconstruir la verdad de los crímenes de lesa humanidad. Un organismo público con considerable presupuesto de la provincia, integrado por dirigentes humanitarios y personalidades reconocidas, que, como sucedió con los organismos de derechos humanos, se fue politizando y distorsionó sus funciones. Desde 2000 la Comisión por la Memoria custodia los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia (Dipba), experiencia que les permitió a sus equipos técnicos conocimiento sobre cómo actuaron los espías del Estado terrorista para perseguir, reprimir y hacer desaparecer a las personas. Infiltrados, disfrazados de periodistas, secuestraron la verdad sobre el destino de los presos desaparecidos, presentaron como enfrentamientos lo que fueron fusilamientos, amparados por el terror y la mordaza impuestos a la prensa. Los temidos "servis" que como "mano de obra desocupada" se reconvirtieron en la democracia en mercenarios de la información. El legado más odioso de la dictadura, al que las leyes democráticas que prohíben el espionaje interno y protegen la privacidad y los datos personales no consiguieron domesticar. Peor: una parte de la política usó a estos mercenarios de la información para matar la reputación de los adversarios.
Pero si los expertos de la Comisión por la Memoria conocen mucho del accionar del espionaje ilegal, parecen ignorarlo todo sobre el trabajo periodístico, especialmente el de mayor prestigio, el más riesgoso: el periodismo de investigación. En un país marcado por la mentira y el ocultamiento, fueron los periodistas de investigación los que hurgaron en las cloacas de la corrupción. Sin organismos de control, con funcionarios que viven como propios los bienes del Estado, ¿cómo llevar la corrupción a los tribunales si no es con periodistas dispuestos a escuchar a las personas que, por desconfiar de otras instituciones, buscan a la prensa para sus denuncias, sean mujeres despechadas, funcionarios arrepentidos, testigos involuntarios, o simplemente ciudadanos hartos del maltrato y el saqueo? Por eso el periodista no está obligado a revelar cómo consiguió la información, lo que se conoce como el "secreto de la fuente", protección constitucional que no es privilegio del periodista, sino una garantía para su trabajo. Es la Justicia la que debe investigar, buscar pruebas y condenar las denuncias de la prensa.
No son menores los casos en los que los periodistas desbarataron la mentira del poder. Fue una cámara de TV la que mostró la complicidad judicial con los asesinos de María Soledad. Alcanzó una fotografía de un fotógrafo de Clarín para desmentir el informe policial sobre la muerte de los militantes Kosteki y Santillán; fue la muerte del fotógrafo José Luis Cabezas la que desnudó el poder del empresario Yabrán. También las denuncias de Página 12 sobre la corrupción en la era de Menem, y más cerca en el tiempo, la corrupción de los cuadernos, caso en el que la prensa fue prudente y acudió antes a la Justicia que a la "condena mediática", la expresión más repetida por quienes desprecian a la prensa pero buscan usarla en su favor. El único propósito que tiene la memoria es el "nunca más": evitar que la dictadura de la unanimidad se sirva de la mentira y el terror para amordazarnos.
Las redacciones están llenas de hombres y mujeres que creen en su trabajo y cuentan a la sociedad lo que los gobernantes buscan ocultar. Muchos lo hacen en condiciones adversas, sobre todo en las provincias dominadas por caudillos políticos. Sin embargo, no veo a muchas personas dispuestas a reconocer a esos periodistas, menos aún cuando los jueces y los organismos públicos de la democracia los ven como delincuentes, tal como sucedía con la dictadura.

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado

LA OPINIÓN DE NORMA MORANDINI

NORMA MORANDINI
Colombia puede servirnos de inspiración para dejar atrás, con el diálogo, décadas de odio y enfrentamientos
¿Hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra?, se preguntaba Albert Einstein en 1931. Por considerarse un "lego en cuestiones del alma", acudió a Sigmund Freud en busca de una respuesta. Para el físico, la guerra era una cuestión de vida o muerte, el más imperioso de los problemas que la humanidad debía enfrentar. Freud se sorprendió por la pregunta. ¿Qué se puede hacer para evitarles a los hombres un destino de violencia? Tras una serie de consideraciones entre el derecho y el poder -palabra que sustituye por "fuerza"-, las vacilaciones en torno al odio y el amor y la necesidad de establecer vínculos afectivos entre las personas, el médico concluye: "Todo lo que impulse la evolución cultural obra contra la guerra". O sea, no hay antídoto más eficaz contra la violencia que los cambios culturales y el temor a las consecuencias de la guerra futura. Una sentencia que inspiró y guió a la colombiana María Alejandra Villamizar para promover esas modificaciones de actitudes y comportamientos en su país, dominado por décadas de violencia.
Con el telón de fondo de los acuerdos de paz con las FARC para que los guerrilleros abandonaran las armas y se insertaran en la vida política, diseñó un programa tan fascinante como aleccionador para incentivar la participación de los ciudadanos en ese proceso histórico que se negociaba en La Habana. Ella sabía que los cambios culturales no se decretan, son a largo plazo y, sobre todo, nacen en el corazón, que ordena a la razón y el sentido común tener nuevos comportamientos. ¿Qué es el cambio cultural si no la evolución humana en el sentido de la civilización y el progreso?
Por un lado, se debía contrariar la sentencia del inglés Thomas Hobbes, para quien los acuerdos sin espadas son puras palabras, ya que se eligió la palabra como el mejor y más eficaz instrumento de pacificación. Pero la palabra limpia de la opacidad de las agresiones y la extorsión del miedo. Ayuda a entender el valor y el significado de los acuerdos de paz, para que incorporen en sus vidas cotidianos los hábitos civilizados del buen conversar, sin agravios. Si las negociaciones con los guerrilleros fueron difíciles, el otro gran desafío para los colombianos es reaprender a convivir sin el miedo y la desconfianza de años de conflictos armados. Ese fue el cometido del gobierno del presidente Santos a Villamizar, quien como periodista conocía muy bien el conflicto con las FARC, pero como asesora pedagógica encaró esa conversación con paciencia, para incentivar la participación ciudadana y que los colombianos ganaran estima de sí mismos, sin el fatalismo de ver la violencia como un destino histórico.
Bajo el paraguas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los expertos de Suecia, un país ejemplo de la convivencia pacífica, y la ayuda de Noruega, Villamizar diseñó y dirigió un programa tan fascinante como ejemplificador. "La conversación más grande del mundo", no como una propuesta megalómana, sino como la mayor aspiración de la humanidad, la paz.
Convencida, también, de que "somos lo que hablamos" y de que las palabras construyen realidades, ella cuenta: "Comenzamos una conversación de paz a la que se fueron uniendo más y más colombianos: jóvenes, víctimas, militares, políticos, gremios, grupos sociales, entre muchos otros, para hacer, literalmente, la conversación más grande del mundo".
Al final, es un proceso de cambio cultural. Se necesita del compromiso del Estado. Hay que hacer una educación para la paz que parta de la enseñanza de las emociones, de educar en el respeto por el otro, de formar para la convivencia y las diferencias. Sin embargo, las modificaciones culturales, la incorporación de nuevos valores democráticos, trascienden los gobiernos y deben contar con dos protagonistas claves, los maestros y la ciudadanía.
El programa cuenta hasta con un decálogo del buen conversar, para poder convertir una conversación espinosa en una enriquecedora experiencia de comunicación que puede sintetizarse en tres reglas básicas: escuchar, ser honesto y no juzgar. Casi como una autoayuda colectiva para sufrir menos. Es lo que me decía a mí misma desde que descubrí a Villamizar y su pedagogía del encuentro, desde que pude acompañar el proceso y la firma de los acuerdos de paz y el rechazo del plebiscito, que lejos de invalidar el programa lo tornaron acuciante para sostener el proceso de paz ya iniciado .
Los argentinos también podemos reconocer que los que efectivamente han sufrido, las víctimas reales de la violencia, son los principales pacifistas. Tal vez, ingenuamente, aspiramos a que nuestro testimonio sirva para proteger a las nuevas generaciones del sufrimiento que padecimos por causa del odio y de la violencia. Ante el actual griterío público, me inquietan las irresponsables expresiones de los que nos prometen más dolor y sufrimiento para el futuro, sin reconocer todo el daño y el atraso que nos trajo la cultura de la confrontación.
El corazón de los argentinos no late diferente al de los sudafricanos, agraciados por ese hombre extraordinario, Nelson Mandela, ni al del escritor israelí David Grossman, para quien "el dolor es más fuerte que la ira", al que un misil en el sur del Líbano le mató un hijo de veinte años y es un pacifista. Tampoco difiere del de Clara Rojas, secuestrada seis años por los guerrilleros de las FARC, embarazada en la selva, separada de su hijo y militante de la paz en su país; o al del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, a quien los paramilitares le mataron a su padre, un médico activista defensor de los derechos humanos que abogaba por la pacificación. Abad Faciolince, que escribió el libro Ya somos el olvido que seremos, línea del poema inédito que apareció en el bolsillo de su padre cuando murió, explica: "Escribir sobre el crimen de un hombre bueno me curó de la necesidad de aspirar una cárcel para los asesinos".
Los buenos argentinos, la mayoría, no somos diferentes a los que en el mundo reconocieron que las crisis económicas se resuelven en años, pero los conflictos de violencia se comen generaciones enteras. Si no, cómo explicarnos que después del mayor consenso al que llegó nuestro país, el Nunca Más, en la cuarta década democrática tras el último gobierno militar sobrevivan el miedo y abunden los comisarios políticos que controlan cómo hablamos, que el decir público sea tan agresivo, que los panelistas televisivos hagan del grito un anzuelo para la audiencia y la palabra democracia, consagrada ampliamente por nuestra Constitución, haya sido remplazada por la palabra patria, cuya connotación no siempre es democrática ya que los que la invocan deciden quiénes son los compatriotas y desprecian o descalifican a los otros.
En los últimos tiempos se escucha por doquier entre los que tienen voz pública, en referencia a lo que dicen o escriben: "¡Oh, por esto me matan!".
¿Quién mata? ¿Los que gritan más fuerte? ¿Los que nos patrullan ideológicamente? Las palabras no son inocentes: la expresión revela que entre nosotros decir lo que pensamos no es lo que debiera ser, un acto de libertad y honestidad personal, sino una manifestación de coraje. Si pudiéramos reconocer que el alma de nuestro país está profundamente herida por esa intolerancia, que el odio enferma, que nadie vive bien las ofensas, las peleas familiares y las descalificaciones personales, que la igualdad ante la ley no es solo un ideal democrático, sino la obligación ciudadana para respetarnos y reconocernos, tal vez, entendamos que nosotros también debemos desarmarnos del odio y de la violencia que nos atraviesan. Y, al igual que los colombianos, debemos aprender a conversar para que la palabra democrática recupere todo el significado de igualdad, respeto y libertad que la alimenta. Y el futuro deje de ser una amenaza.

Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado