OPINIONES, MARTÍN KRAUSE,

La grieta que nos separa del progreso

Martín Krause Profesor de Economía, Universidad de Buenos Aires; Consejo Académico, Fundación Libertad y Progreso
Sabemos que la grieta política sigue existiendo, pero no es la más importante. Mucho peor es la que nos separa del progreso. Esta es una en la que los dos contendientes de la grieta local se encuentran en buena medida del mismo lado. En la cual encontramos a los políticos de un lado y a las posibilidades de progreso del otro. Estas últimas dependen de la calidad institucional de los países, y estas, a su vez, de las ideas y los valores que predominan en cada sociedad. Según el Índice de Calidad Institucional que publica la Fundación Libertad y Progreso, la Argentina ocupó su peor lugar en 2016: la posición 142. En verdad, dados la forma en que se calcula este indicador y el rezago en los datos, se refiere a la situación en 2015, y en algunos casos hasta un poco antes. A partir de allí, mejoró 30 posiciones, hasta alcanzar el puesto 112 en 2019. El recorrido ascendente refleja cambios tales como una mayor independencia de la Justicia y de los medios en el ámbito de las instituciones políticas, y la eliminación del cepo y la salida del default en el de las instituciones de mercado. Aún no está disponible el ICI 2020, pero es muy probable que ese recorrido se haya cortado y la Argentina vuelva a caer, a partir de muchas medidas que se tomaron desde la crisis de 2018.
Ese camino parece tener una fecha de comienzo: 28 de diciembre de 2017. Fue el día en que el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron la modificación de la política de objetivos de inflación aplicada hasta el momento. Es oportuno centrar la atención en el deterioro de la calidad institucional en el ámbito de la moneda, como un reflejo de la mencionada brecha que nos separa del progreso. Al margen de las opiniones que se puedan tener respecto del cambio de política monetaria, la presencia del presidente del Banco Central, sin participar demasiado de los anuncios, mostró la debilidad institucional monetaria, reflejada en la falta de independencia de la autoridad. Tampoco existía antes: Sturzenegger fue nombrado por Macri y no era “independiente” de las preferencias políticas de este, pero hasta ese momento aparecía actuando según su propio criterio y el del directorio del BCRA.
Era una independencia muy débil, más en un país que no la tiene desde hace décadas y cuyo historial reclama acciones mucho más drásticas: cualquiera que haya perdido dieciséis ceros en el valor del producto que vende no solo muestra que está en la quiebra, sino que merece su cierre. Ningún argentino ahorra en su moneda, a menos que le ofrezcan una “bicicleta” tan rentable como riesgosa. El peso es aquel instrumento con el que se licúan los salarios de los trabajadores y las jubilaciones de los retirados.
Por supuesto que la independencia no garantiza evitar el error, el cual ocurre sistemáticamente: los bancos centrales se equivocan emitiendo de más o emitiendo de menos de lo que el mercado demanda, y cuando aciertan muestran también que son superfluos, ya que eso es lo que el mercado habría provisto. Es verdad, las monedas más fuertes del mundo son obra de banqueros centrales que se equivocan menos que los nuestros y que son más independientes como para resistir las presiones políticas.
El segundo punto que genera una relativa mejor calidad institucional monetaria es la sujeción a reglas. Las monedas más fuertes creen no tener necesidad de someterse a ellas, aunque muchas veces lo hacen de facto, tal el caso de la regla de Taylor, que muchos banqueros siguen sin que les sea impuesta. En países con mala calidad institucional monetaria la necesidad de una regla es mucho mayor y se extiende al ámbito fiscal. Poco sirve una regla que restrinja o elimine la política monetaria si a su lado florece el despilfarro fiscal: la convertibilidad no fue suficiente para evitar ese colapso. Incluso una regla fiscal que elimine el déficit operativo (que no elimina todo el déficit) no es suficiente si se logra con un nivel de gasto público y de impuestos que sofoca y mata a quienes producen y generan algo de riqueza. Así es como el problema institucional económico argentino es muy serio. De hecho, el ICI consta de dos subíndices: uno de instituciones políticas y otro de instituciones de mercado. En 2019 ocupamos el puesto 78 en las primeras y el 138 en las segundas, detrás de Níger, Haití y Bolivia.
Pero lo peor de todo son las ideas y los valores que predominan en la política argentina, y tal vez en los votantes, quienes no muestran ninguna intención de llevar adelante cambios que mejoren la calidad institucional. Empecemos de nuevo con la política monetaria. No solamente Guido Sandleris no era “independiente” respecto del gobierno, sino que además renuncia a su mandato cuando va a asumir el nuevo gobierno, “para allanar el camino para que el presidente electo designe a quien considere adecuado”, reconociendo que se trata de una tradición argentina. Por supuesto, una tradición que no aportó nada a los argentinos. Además, calidad institucional significa límites al poder, y esto es exactamente lo contrario. No se trata de “allanar” el camino al gobernante, sino de limitarlo. La calidad institucional incluye aspectos básicos como la división de poderes, la independencia de la Justicia, la renovación de mandatos, la libertad de prensa, y si el Estado va a tener una moneda (los argentinos, al menos para sus ahorros han elegido otra), que al menos sea estable y que no se vea sometida a las necesidades fiscales del gobierno de turno.
Nada de eso pasa por la cabeza de los políticos locales. En definitiva, es lógico: quieren tener las manos libres, el camino allanado, quieren tener el poder. Y como mencionara antes, instituciones significan menos poder para quienquiera que sea el gobernante. Los tres primeros puestos del Índice de Calidad Institucional los ocupan Nueva Zelanda, Dinamarca y Suiza. Probablemente ninguno de los lectores recordará el nombre de su gobernante. Borges decía que tal vez ni siquiera los suizos lo saben. Pero son países que progresan, que ofrecen más y mejores oportunidades a sus ciudadanos. Si vamos al final de la lista, todos sabemos quién es el gobernante de Corea del Norte, y en el caso de América, de Venezuela. Así que, en definitiva, la brecha que nos separa del progreso es una brecha de normas, de reglas de juego y, sobre todo, de limitaciones al poder. Hace rato que lo único que discutimos es quién se hará cargo del poder, nunca discutimos cuál será la dimensión de este. Y así, discutiendo personas, nombres, carismas, dejamos que las instituciones se deterioren y las oportunidades de progreso se cierren.
Guido Sandleris no era “independiente” respecto del gobierno
La calidad institucional incluye aspectos básicos como la división de poderes

PUNTO DE VISTA; MARTÍN KRAUSE

Muchos argentinos decidieron dejar de lado el relato de los últimos doce años y cambiar. Con el regreso a la actividad política de la ex presidenta, muchos se han preguntado de qué magnitud ha sido ese cambio y cómo es que algunos siguen atados a tal relato pese a las noticias, sobre todo judiciales, que leemos a diario.

En efecto, en algunos temas el relato estatista y populista sigue tan vivo como siempre, entre otras cosas porque presenta explicaciones simples que apelan más a las pasiones que a las razones. Esto se refleja en una cuestión tan acuciante como la inflación. Desde el escolástico de la Escuela de Salamanca Juan de Mariana o el escocés David Hume, la ciencia económica ha comprendido la relación que existe entre el crecimiento de la oferta de dinero más allá de su demanda y el aumento generalizado de los precios. Mariana observaba entonces el fenómeno debido al ingreso a España de metales provenientes de América.
El relato populista sostiene que la causa de la inflación no es la emisión monetaria, sino la "puja distributiva": distintos sectores de la sociedad pujan por subir sus ingresos vía mejoras de sus precios y esto desata una espiral inflacionaria. Los empresarios aumentan sus precios, luego los sindicatos buscan aumentar los salarios y así sucesivamente. El Estado se ve forzado a convalidar esos nuevos precios con una mayor cantidad de moneda para que se realicen todas las transacciones y no caiga la actividad económica. A la luz de lo que ocurrió estos últimos meses, esta explicación pareciera tener cierto sentido.

Esta explicación cae como anillo al dedo a la visión estatista porque, según ella, el Estado no es el causante de la inflación. Es más: debe intervenir en ese proceso a través de una "política de ingresos" para intermediar en la puja o para aplacarla. Y le permite también echar la culpa de la inflación a otros. Y conviene echársela a los empresarios o, en particular, a los supermercados, ya que son pocos en comparación con los votos que pueden obtenerse de los asalariados y el conjunto de los consumidores.
Sin embargo, es falsa. Si cuando los empresarios suben sus precios el Estado no emitiera más moneda, los consumidores no tendrían con qué pagarlos y los precios bajarían. Es decir, aun si hubiera tal puja, sin emisión monetaria, si unos precios suben otros han de bajar: no hay moneda para todos. Otras cuestiones serían: ¿y en todos los países donde no hay inflación acaso no hay puja distributiva? O ¿qué es lo que tienen todos los bienes y servicios en común para que todos aumenten al mismo tiempo, en lugar de algo más normal, como que unos suban y otros bajen? Respuesta: la moneda; es ésta la que está perdiendo valor.
Los estatistas contraatacarían: "Vean Estados Unidos, han emitido grandes cantidades y no hay inflación". Correcto. 

Pero es necesario afinar el análisis. No hay un vínculo directo entre la cantidad de moneda emitida y todos los precios. Por un lado, tenemos la demanda de dinero: puede haber situaciones donde la autoridad monetaria emita pero aumente la demanda de dinero, o aumente la producción de bienes y servicios cuyas transacciones requieren utilizar más dinero. Por otro lado, no todos los precios aumentan al mismo tiempo y en la misma proporción. Lo que sucede en Estados Unidos es que ese aumento de la oferta monetaria ha terminado en un aumento de las reservas de los bancos, reacios a prestar luego de la crisis (es decir, aumento de la demanda de dinero) y, por otro, que el índice de precios al que normalmente suponemos mide la inflación no mide los precios de todos los bienes. Tal vez los que están en el índice no aumenten pero otros sí lo hagan (a esto le llamamos "burbujas"). O tal vez los precios deberían estar cayendo y la emisión monetaria genere inflación porque impide que caigan.
Lo cierto es que la inflación es claramente un fenómeno monetario. Y en el caso argentino su explicación es relativamente simple: el Estado gasta de más (aquí sí podemos hablar de puja o "piñata" distributiva, porque todos los sectores quieren más gastos, subsidios, etc.), luego emite para pagar sus gastos, ese dinero sale a la calle a través de los pagos que el Estado realiza y quienes los reciben salen a su vez a gastar o, tal vez, alguno ahorre o compre dólares.

Tan simple como eso, o no tanto. Los argentinos hemos vivido con grandes déficits fiscales, alta inflación y hasta hiperinflación durante décadas. La mayoría hemos nacido y vivido en tiempos inflacionarios. Y así y todo nos cuesta entenderlo. Hemos dicho "basta de dictaduras", "basta de violaciones de derechos humanos", pero no logramos comprender las causas para decir "basta de déficit fiscal" y, por ende, basta de inflación. No le saltamos a la yugular de un gobierno cuando tiene déficit de la misma forma en que lo haríamos si descubriéramos que es corrupto o que hace fraude.
Tan fuerte es nuestra creencia en la versión popular de la teoría de la puja distributiva que demandamos permanentemente que el gobierno haga algo para detener la suba de los precios. Hace poco, un funcionario era entrevistado en un programa de televisión y la periodista le preguntaba: "¿Están tomando alguna medida concreta para detener la suba de los precios?". El funcionario comenzaba a argumentar que se buscaba arreglar el tema de los holdouts para poder tomar deuda y cubrir el déficit, así reducir la emisión monetaria y, por lo tanto... Y la periodista insistía: "Pero, dígame una medida concreta para hacer frente a la inflación". Y así más de una vez.

Obviamente, o la periodista quiere reflejar la opinión popular al respecto o no sabe nada de la relación entre emisión monetaria y precios. Entonces, si tenemos votantes que compran la versión barata de la teoría (la culpa es del carnicero) y eventualmente pueden llegar a votar en consecuencia, el Gobierno responde a eso. Se vuelve supermercadista: vamos a crear unos 50 mercados que tendrán precios "cuidados", no descuidados, confirmando entonces que la versión populista de la inflación ha de tener razón, o algo, aunque estén actuando desde la otra perspectiva. Vamos a multiplicar estos planes sociales, etc. ¿De dónde va a salir el dinero para todo eso, teniendo en cuenta que el mismo gobierno ha señalado que hereda un déficit fiscal de más de 5 puntos del PBI? No niego la necesidad coyuntural de alguna de estas acciones, pero tampoco hay que negar que ese mayor gasto o se cubre con más emisión y, por ende, más inflación, o se cubre con más deuda.
La emisión monetaria y la deuda son dos cosas poco visibles para el votante. Éste observa los precios, que afectan directamente su presupuesto. La emisión y la deuda son cosas algo lejanas.

 Y los gobiernos argentinos oscilan entre una y otra cosa, llevándonos ya sea a la híper o al default, o moviéndonos en la dirección de uno o el otro.
Así seguiremos, en tanto no se derrumbe el mito del Estado paternalista al que le pedimos de todo, para luego desentendernos de cómo se paga. No me cobren impuestos porque no me gusta, pero adelante con la emisión o la deuda, que no noto que las pague a menos que genere una crisis. El populismo argentino ha alimentado las dos variantes.

Estamos saliendo de la versión inflacionista, ¿para reingresar en la versión deudora? ¿O será esto algo pasajero para salir del mal momento heredado? No hay límites institucionales, o legales, ni para uno ni para otro caso. En definitiva, dependerá de los argentinos y cuán dispuestos estemos a dejar atrás un relato que lleva ya varias décadas.
Economista, profesor en la UBA