Milei y el misterio de los costos políticos y el apoyo
Luciana Vázquez
¿Por qué Ariel Lijo para la Corte Suprema? ¿Por qué la opinión pública sigue apoyando al Gobierno en medio de un ajuste histórico? Esas son las dos preguntas claves que definen el momento político actual. También condicionan las oportunidades y límites futuros de la gestión de Milei: la gobernabilidad, el resultado electoral de 2025 y el legado libertario más allá de este mandato. La primera pregunta, la de Lijo, cae por ahora en el terreno de lo insondable político: es un agujero negro de la política mileísta que todavía no encuentra su fondo. Puede arrastrar a otras estrellas del firmamento ideológico al seno de la mayor opacidad.
El big bang político está en plena marcha. En su versión más inquietante, implica un pacto entre Milei, Cristina Kirchner, algún sector del radicalismo y sectores de Comodoro Py, entre otros, tomando por asalto la Corte Suprema. Milei convertido en el héroe impensado de la utopía kirchnerista de una Justicia a su medida. Dispuesto, incluso, a resquebrajar la paz interna de los libertarios y generar enfrentamientos. “No estoy de acuerdo con la candidatura de Lijo”, dijo la vicepresidenta Victoria Villarruel para diferenciarse. Otra vez el “¿por qué?”: ¿por qué Milei está decidido a pagar ese costo ante la única dirigente política de la Argentina que le gana en imagen positiva?
Sobre la segunda pregunta, la del apoyo popular, hay una certeza: el control de la inflación es el eje de esa respuesta, aunque no la agota. En ambos temas, Milei decidió pagar costos políticos extremos. Pero hay una diferencia sustancial entre uno y otro. En un caso, bajar la inflación, el correlato es virtuoso tanto para la macroeconomía y la gente como para el Gobierno. En el otro, el de Lijo, el efecto es el contrario, la pérdida de calidad democrática de la Argentina y una merma en la credibilidad anticasta del Presidente. El costo del ajuste es paradójico: es alto, pero le vuelve al Gobierno en logros económicos y opinión pública a favor. El costo Lijo, en cambio, es un misterio lleno de signos negativos. Por eso el “¿por qué?” se vuelve tan urgente.
Sin embargo, la cuestión de los costos políticos está llena de grises. Aun el peor costo político, el de Lijo, parece no tener impacto significativo en la opinión pública en el corto plazo. Hay datos nuevos del ya clásico índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad Di Tella con base en una encuesta nacional. Todos los indicadores son positivos: de julio a agosto, el índice mejoró en un 6,8 por ciento. La mejora se dio en todos los componentes del indicador: “preocupación por el interés general”; “valuación general del Gobierno”; “eficiencia en la administración del gasto público”, con una mejora del 14,2 por ciento; “honestidad de los funcionarios”, y, por último, “capacidad para resolver los problemas del país”, un crecimiento del 5,6 por ciento.
Semejante mejora en la confianza del Gobierno se registró en el mes en que el tema Lijo dominó parte de la agenda y la reactivación económica todavía no se hace sentir significativamente. Otra vez se impone el “¿por qué?”.
El contraste entre el nivel de ajuste y el apoyo de la opinión pública al Gobierno encuentra una respuesta emocional en la inflación contenida. El Gobierno hizo fácil lo que parecía imposible: bajar la inflación. Contener la inflación es mucho más que un dato económico; es un dato emocional y de salud mental.
Un estudio realizado entre 2020 y 2023 sobre “estrés debido a la inflación” en Estados Unidos, publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health, determinó que “más de tres cuartos de adultos en edad de trabajar experimentaron estrés debido a la inflación”. Es más: aun cuando la inflación caiga, los niveles de estrés por inflación pueden ser más prevalentes. “Los resultados sugieren que el aumento de precios puede tener efectos acumulativos de estrés a lo largo del tiempo”, dice la publicación.
En esos datos se vislumbra la potencia que tiene el logro del Gobierno en el tema inflación y más en el caso argentino: bajar la inflación acarrea un alivio casi ancestral en la opinión pública. El alivio de sacarse de encima una mochila que pesa de generación en generación. Como preocupación coyuntural desaparece en las encuestas empujadas por otras urgencias como el empleo o el salario real.
El costo político del ajuste que el Gobierno paga converge con un objetivo social y políticamente virtuoso. El ordenamiento de la macroeconomía termina resultando requisito imprescindible de una democracia de mayor calidad en otra versión: una que logra una paz social experimentada en el día a día de la familia. Porque hay una lección que el cambio cultural a la Milei deja cada vez más clara: que una macro ordenada, por su solo funcionamiento racional, es capaz de generar efectos positivos y sin necesidad de mediar discursos ampulosos en torno al Estado presente. El presupuesto hogareño diario relativamente bajo control como la muestra de una política que la opinión pública está dispuesta a bancar. El balance macro se vuelve un bien común a defender y condición, entre otras cosas, de la estabilidad mental de la ciudadanía: así de profundo cala el tema inflación.
La Argentina queda camino de alinearse con Chile, Uruguay o Perú: de izquierda a derecha, la presidencia de Milei insiste en inscribirse en la saga de sucesivos gobiernos regionales que defienden el balance macroeconómico como parte de los procesos democráticos. No hay una relativización del déficit fiscal con pretensión moral
El caso testigo es Perú: una macroeconomía saneada, aunque se dé una sucesión de presidentes renunciados, suicidados, destituidos y presos. Esa saga de inestabilidad política contrasta con la política de Estado permanente que se practica desde el Banco Central de Julio Velarde, quien es su presidente desde 2006 no importa quién esté en el poder. En su viaje extraoficial a Chile, a principios de agosto, Milei subrayó el sentido de ese logro macro. “Chile ha sido un gran ejemplo de lo que hay que hacer para sostener el desarrollo económico en el tiempo”, dijo. Un impensado elogio a Gabriel Boric, capaz de sostener el “modelo de prosperidad chileno” a pesar de su posicionamiento ideológico de izquierda.
Lo de Lijo y las negociaciones con el kirchnerismo para conseguir su nombramiento a cambio de ampliar la cantidad de miembros de la Corte Suprema es otra cosa. Ni el kirchnerismo se animó a tanto. O, mejor dicho, se animó, pero sin tener ya la fuerza política capaz de mover montañas que tiene hoy el líder de La Libertad Avanza, para bien y para mal. Con Lijo, Milei funda la nueva polarización de la política patria: Lijo versus anti-Lijo. El resultado de ese proceso funcionará como el principio de revelación que tanto atrae al Presidente.
La política judicial del Gobierno lo aleja de los países que el mileísmo admira. Y lo acerca, por ejemplo, al México de Andrés Manuel López Obrador y de su sucesora, Claudia Sheinbaum, que el mileísmo tanto rechaza. The Washington Post cuestionó la reforma judicial que busca la renovación del pleno de la Corte Suprema mexicana y la elección directa de jueces. “Acabaría con la independencia judicial”, señaló The Washington Post.
¿Cuándo empieza a cambiar la percepción sobre un gobierno y un presidente? La marcha universitaria de mayo representó un límite para el Gobierno, que registró: Milei se vio obligado a reconocer públicamente el aporte de la universidad pública. El tema jubilaciones tiene alguno de los componentes del debate universitario: una agenda transversal a las familias y de carácter preideológico. “Con los viejos, no” es un eslogan más potente que cualquier racionalidad macro.
Lijo en la Corte no impactará en la emocionalidad del argentino medio: la política de pactos lo sabe. Pero en el largo plazo será la política de Estado más persistente que deje Milei cuando ya sea historia: un miembro de la Corte Suprema dura más que cualquier presidente.
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Expulsarán a una diputada del bloque libertario
La bancada se reunirá hoy para definir la suerte de la mendocina; se le achacan sus acusaciones contra Menem y sus colegas por la visita a los represores en Ezeiza
Laura Serra
Lourdes Arrieta, junto a Oscar Zago y Rocío Bonacci, en Diputados
La diputada Lourdes Arrieta será expulsada hoy del bloque de La Libertad Avanza. Su salida es consecuencia de la crisis interna que desató la visita de un grupo de legisladores al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura militar. Arrieta, que formó parte del grupo, denunció luego a sus propios colegas de bancada, reveló conversaciones internas y buscó tomar distancia de la visita.
En la historia parlamentaria reciente se registra solo un antecedente de expulsión de un bloque legislativo. Ocurrió en 1997 y se trató nada menos que de la entonces senadora Cristina Kirchner, quien fue apartada por sus “compañeros” del bloque del PJ cuando su indisciplina partidaria y su prédica constante contra la gestión menemista se les hicieron intolerables.
Casi 27 años después se repite la historia, aunque con una libertaria –Lourdes Arrieta– como la protagonista que llevó al hartazgo a sus pares de bancada, al punto de que hoy la expulsarán de su seno.
Rompió todos los códigos, aducen, cuando presentó una denuncia penal contra el grupo de diputados por haberla llevado “engañada” al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura militar. Les revoleó los delitos más graves que puede cometer un funcionario público: coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes, conspiración y malversación de caudales públicos.
Le duró poco la ofensiva a la mendocina: la semana pasada el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió desestimar la denuncia, no sin antes calificarla de “pueril y carente de verosimilitud”, al punto de “herir la inteligencia”, según destacó en su dictamen.
Pero no fue el dictamen del fiscal lo que selló la suerte de Arrieta. Fue el puñal por la espalda que le clavó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem –así lo califican quienes rodean al riojano–, cuando insinuó que sabía de la visita al penal de Ezeiza.
Sucedió la semana pasada, ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. Convocada para dar su testimonio sobre lo sucedido en el penal, Arrieta aseveró que tanto el diputado entrerriano Beltrán Benedit –el organizador de la visita– como Menem deberían dar las explicaciones del caso.
“No me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político. Soy una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra del presidente de la Cámara como de mis pares”, enfatizó Arrieta. Y exigió: “Las sanciones deberían comenzar por quienes la organizaron y por quienes brindaron las herramientas para que sucediera. Tanto Beltrán Benedit como Martín Menem deberían dar explicaciones al respecto”, asestó. Ayer, en diálogo con Radio Con Vos, volvió a señalar al riojano.
Esas palabras fueron el golpe de gracia para Arrieta. Menem, quien no bien estalló el escándalo afirmó que él no estaba al tanto de la visita de sus compañeros a Ezeiza, no toleró verse desautorizado. No imaginó que Arrieta iba a traicionarlo de esta manera: junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Menem le había confiado a la diputada el armado del partido de La Libertad Avanza en Mendoza, armado que derivó en otro escándalo, también protagonizado por Arrieta, con la recolección de avales truchos, con personas fallecidas y militantes de otro partidos que aparecieron en las listas.
Pese a todo, Menem y los suyos intentaron contenerla para que el conflicto no escalara, cuentan en el entorno del riojano. Pero pronto entrevieron que la estocada dirigida directamente al presidente de la Cámara podía tener un instigador encubierto: el kirchnerismo.
Sospechas y traiciones
Las miradas apuntaron al abogado de Arrieta, Yamil Castro Bianchi, el mismo que denunció al diputado de Pro Gerardo Milman por supuesta malversación de fondos públicos cuando arreciaban sobre él sospechas sobre su involucramiento en el atentado contra Cristina Kirchner. Previamente había denunciado a María Eugenia Vidal, también de Pro, por enriquecimiento ilícito.
Prevenido de que su clienta –Arrieta– podría sufrir algún tipo de apremio por parte de sus compañeros de bloque luego de su testimonio en la comisión, al día siguiente el abogado se instaló en la Cámara de Diputados. Ese jueves por la tarde se iba a celebrar una reunión de la bancada y la mujer le había pedido que estuviera cerca, por las dudas.
Arrieta no se equivocaba en sus prevenciones. Nicolás Mayoraz y Lisandro Almirón no tardaron en recriminarle, en duros términos, su actitud contra Menem y sus compañeros de bloque. La acusaron de haber mentido. Al verse increpada, la mendocina, presa de un ataque de nervios, devolvió con gritos los reproches. Frente a Menem, denunció que “le hicieron una cama” y que había recibido amenazas de muerte. Nadie le creyó.
Fue tal el tumulto dentro del salón que el abogado ingresó al rescate de su clienta. Poco después ambos radicarían en la Justicia otra denuncia, esta vez por violencia de género. La reunión de bloque continuó un rato más: fue entonces cuando comenzó a barajarse la posibilidad de expulsar a la mendocina del bloque.
Tal vez a sabiendas de que su suerte estaba echada, Arrieta se dedicó el último fin de semana a terminar de enlodar a sus compañeros de bloque. El sábado expuso las conversaciones por chat que revelarían que casi todos en el bloque sabían de la organización de la visita a Ezeiza. Luego filtró en su cuenta oficial de X un proyecto de ley y un decreto reglamentario que, aseguró, fueron diseñados para beneficiar a los represores con la prisión domiciliaria.
La diputada Arrieta encendió el ventilador y no parece dispuesta a callarse. El kirchnerismo intentará aprovechar el escándalo en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que se reunirá nuevamente mañana para definir qué hacer con los diputados libertarios y su excursión a Ezeiza. Los kirchneristas duros buscarán alguna expulsión. Los opositores dialoguistas, sin embargo, no creen que el episodio, aunque polémico, sea para tanto.
La diputada Lourdes Arrieta será expulsada hoy del bloque de La Libertad Avanza. Su salida es consecuencia de la crisis interna que desató la visita de un grupo de legisladores al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura militar. Arrieta, que formó parte del grupo, denunció luego a sus propios colegas de bancada, reveló conversaciones internas y buscó tomar distancia de la visita.
En la historia parlamentaria reciente se registra solo un antecedente de expulsión de un bloque legislativo. Ocurrió en 1997 y se trató nada menos que de la entonces senadora Cristina Kirchner, quien fue apartada por sus “compañeros” del bloque del PJ cuando su indisciplina partidaria y su prédica constante contra la gestión menemista se les hicieron intolerables.
Casi 27 años después se repite la historia, aunque con una libertaria –Lourdes Arrieta– como la protagonista que llevó al hartazgo a sus pares de bancada, al punto de que hoy la expulsarán de su seno.
Rompió todos los códigos, aducen, cuando presentó una denuncia penal contra el grupo de diputados por haberla llevado “engañada” al penal de Ezeiza para entrevistarse con represores de la última dictadura militar. Les revoleó los delitos más graves que puede cometer un funcionario público: coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes, conspiración y malversación de caudales públicos.
Le duró poco la ofensiva a la mendocina: la semana pasada el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió desestimar la denuncia, no sin antes calificarla de “pueril y carente de verosimilitud”, al punto de “herir la inteligencia”, según destacó en su dictamen.
Pero no fue el dictamen del fiscal lo que selló la suerte de Arrieta. Fue el puñal por la espalda que le clavó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem –así lo califican quienes rodean al riojano–, cuando insinuó que sabía de la visita al penal de Ezeiza.
Sucedió la semana pasada, ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados. Convocada para dar su testimonio sobre lo sucedido en el penal, Arrieta aseveró que tanto el diputado entrerriano Beltrán Benedit –el organizador de la visita– como Menem deberían dar las explicaciones del caso.
“No me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político. Soy una persona orgánica que respeta la institucionalidad y la palabra del presidente de la Cámara como de mis pares”, enfatizó Arrieta. Y exigió: “Las sanciones deberían comenzar por quienes la organizaron y por quienes brindaron las herramientas para que sucediera. Tanto Beltrán Benedit como Martín Menem deberían dar explicaciones al respecto”, asestó. Ayer, en diálogo con Radio Con Vos, volvió a señalar al riojano.
Esas palabras fueron el golpe de gracia para Arrieta. Menem, quien no bien estalló el escándalo afirmó que él no estaba al tanto de la visita de sus compañeros a Ezeiza, no toleró verse desautorizado. No imaginó que Arrieta iba a traicionarlo de esta manera: junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Menem le había confiado a la diputada el armado del partido de La Libertad Avanza en Mendoza, armado que derivó en otro escándalo, también protagonizado por Arrieta, con la recolección de avales truchos, con personas fallecidas y militantes de otro partidos que aparecieron en las listas.
Pese a todo, Menem y los suyos intentaron contenerla para que el conflicto no escalara, cuentan en el entorno del riojano. Pero pronto entrevieron que la estocada dirigida directamente al presidente de la Cámara podía tener un instigador encubierto: el kirchnerismo.
Sospechas y traiciones
Las miradas apuntaron al abogado de Arrieta, Yamil Castro Bianchi, el mismo que denunció al diputado de Pro Gerardo Milman por supuesta malversación de fondos públicos cuando arreciaban sobre él sospechas sobre su involucramiento en el atentado contra Cristina Kirchner. Previamente había denunciado a María Eugenia Vidal, también de Pro, por enriquecimiento ilícito.
Prevenido de que su clienta –Arrieta– podría sufrir algún tipo de apremio por parte de sus compañeros de bloque luego de su testimonio en la comisión, al día siguiente el abogado se instaló en la Cámara de Diputados. Ese jueves por la tarde se iba a celebrar una reunión de la bancada y la mujer le había pedido que estuviera cerca, por las dudas.
Arrieta no se equivocaba en sus prevenciones. Nicolás Mayoraz y Lisandro Almirón no tardaron en recriminarle, en duros términos, su actitud contra Menem y sus compañeros de bloque. La acusaron de haber mentido. Al verse increpada, la mendocina, presa de un ataque de nervios, devolvió con gritos los reproches. Frente a Menem, denunció que “le hicieron una cama” y que había recibido amenazas de muerte. Nadie le creyó.
Fue tal el tumulto dentro del salón que el abogado ingresó al rescate de su clienta. Poco después ambos radicarían en la Justicia otra denuncia, esta vez por violencia de género. La reunión de bloque continuó un rato más: fue entonces cuando comenzó a barajarse la posibilidad de expulsar a la mendocina del bloque.
Tal vez a sabiendas de que su suerte estaba echada, Arrieta se dedicó el último fin de semana a terminar de enlodar a sus compañeros de bloque. El sábado expuso las conversaciones por chat que revelarían que casi todos en el bloque sabían de la organización de la visita a Ezeiza. Luego filtró en su cuenta oficial de X un proyecto de ley y un decreto reglamentario que, aseguró, fueron diseñados para beneficiar a los represores con la prisión domiciliaria.
La diputada Arrieta encendió el ventilador y no parece dispuesta a callarse. El kirchnerismo intentará aprovechar el escándalo en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que se reunirá nuevamente mañana para definir qué hacer con los diputados libertarios y su excursión a Ezeiza. Los kirchneristas duros buscarán alguna expulsión. Los opositores dialoguistas, sin embargo, no creen que el episodio, aunque polémico, sea para tanto.
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