DESDE ADENTRO

Los precios vuelan por los aires; La Cámpora, a Qatar
Mientras Massa y Tombolini agotan las estrategias para contener el costo de vida; la deficitaria Aerolíneas Argentinas ya ofrece pasajes al país del Mundial por US$5500, al dólar oficial
Florencia Donovan
Sergio Massa....Alfredo Sábat
“¿Precios máximos? No es lo que nos gustaría, pero si no hay resultados estamos para cualquier cosa”, reconoce un funcionario del equipo de Sergio Massa. El ministro de Economía no llegó todavía a festejar el éxito del dólar soja, que logró darle algunos meses de aire al mercado cambiario, que ya empieza a sentir los sinsabores de un índice de inflación que lejos está de desacelerarse. El tuit de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, pidiendo una mayor intervención del Estado sobre los márgenes de las empresas sólo puso en evidencia el problema.
Desde el kirchnerismo no sólo aspiran a un congelamiento de precios de los alimentos, sino que además tienen en la mira las compras millonarias que cada mes realiza el Estado. Consideran que debería poder aprovechar el músculo que tiene para mejorar los precios. “Es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, insistió la vicepresidenta el miércoles en sus redes sociales. Una idea que referentes del kirchnerismo le hicieron llegar a Massa es la creación de un fideicomiso, en parte con aportes de empresas privadas.
Con una inflación que corre al 100% anual, no hay variable que no cruja. La devaluación mensual del tipo de cambio queda corta y ni hablar los salarios. La conflictividad estará a la orden del día. No será una cuestión exclusiva de un delegado irracional, como Alejandro Crespo, del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que no esconde en sus negociaciones sus aspiraciones políticas.
Hace algunos días, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Quilmes le envió una carta a la empresa Alcemar, fabricante de materiales de aluminio para la construcción, solicitándole una participación en las ganancias. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) paró el martes en reclamo de un ajuste salarial que acompañe la inflación. Y el kirchnerista Sergio Palazzo, de La Bancaria, acaba de cerrar ayer una revisión de la paritaria de 2022, con un aumento final de 94,1% a diciembre. (Un cierre acelerado que finalmente sorprendió a los banqueros, que esperaban una negociación más áspera. ¿Un pedido del kirchnerismo?).
Opositores u oficialistas, todos los gremios se verán obligados a darles respuesta a las bases. Será cuestión de semanas para que el kirchnerismo vuelva a flamear en redes la bandera de una necesaria recomposición salarial antes de fin de año.
Está claro que el dinero no alcanza. Y esta sensación que hace ya algunos meses empezó a generalizarse entre los asalariados, se profundizará en las próximas semanas cuando a la inercia de los alimentos y productos básicos se sume el impacto de las tarifas de los servicios públicos. En las empresas de consumo masivo ya reconocen que entre agosto y septiembre están empezando a notar una desaceleración de la demanda. Muchas esperan ver los resultados de septiembre para terminar de confirmar la tendencia.
Por ello, en parte, es que las negociaciones con el secretario de Comercio, Matías Tombolini, por el nuevo Precios Cuidados no vienen fáciles. Tombolini tiene la intención de lanzar el próximo viernes un nuevo programa, mucho más acotado, de 400 productos, pero todos ellos de primeras marcas. La idea es que marcas de primera línea, como Coca-Cola, el jabón Skip, los fideos Matarazzo, aumenten cada mes al menos un punto menos que la inflación. La intención es que las empresas se queden sin margen luego para que segundas marcas aventajen en precio a sus productos premium. “Pidieron el Pareto de la facturación de las empresas”, ejemplificó un ejecutivo de una multinacional, en referencia al principio de Pareto, que establece que el 80% de las ventas o utilidades de una empresa son generadas por el 20% de los productos del portafolio. “Es imposible”, aseguró.
Hasta ahora, tanto Tombolini como Massa tuvieron buen diálogo con el sector corporativo, pero están listos para mostrar los dientes de ser necesario. Esta semana, Massa pidió a su equipo que hiciera un listado de todos los beneficios que reciben del Estado las empresas privadas: desde créditos subsidiados hasta exenciones impositivas y permisos de importación. Todo se pondrá en la mesa de negociación a la hora de hablar de precios. Las marchas y contramarchas en el discurso de Gabriel Rubinstein con respecto a los márgenes de las empresas reflejan el malestar que hay entre los colaboradores de Massa por las subas de precios. “Antes de que asumiera Sergio todas las empresas querían cubrirse porque no sabían qué iba a pasar, pero después vino el canje de bonos en pesos, el dólar soja… y los precios no bajaron. Ahí hay bronca, y las empresas están identificadas”, deslizó. El voluntarismo nunca se abandona.
Tras el ingreso de más de US$7000 millones de los sojeros, en el Gobierno se muestran confiados en haber comprado unos meses de paz cambiaria. Sigue vigente, de todas formas, la idea de avanzar con cambios para los consumos de dólares con tarjeta (habrá que usar los billetes verdes depositados en cuenta) y se anunciará hoy un nuevo esquema de autorización de importaciones. Por el lado de la oferta, en el Gobierno creen además que los productores de trigo y maíz no tendrán hacia adelante tanto margen para retener grano como los sojeros y habrá algo de liquidación del campo. Niegan que estén pensando en una suerte de “premio navideño” hacia fin de año para el resto del campo. Esperan que el encarecimiento del financiamiento en pesos haga el trabajo sucio, a pesar del atraso cambiario oficial. Podría además haber una nueva suba de tasas una vez que se conozca el dato de inflación de septiembre, a mediados de octubre, aunque no se sería ya un retoque adicional drástico.
Para el sector privado, no obstante, los temores de un salto devaluatorio no se esfumaron. El lunes todas las miradas volverán a las reservas del Banco Central. ¿Empezarán de nuevo las ventas de divisas para abastecer al mercado? Nadie ve lo contrario. Reconocen que el Gobierno compró tiempo, pero creen que un ajuste, ya sea vía un desdoblamiento o un salto del oficial, será inevitable. “Cada fin de mes estamos pendientes de si el Banco Central devalúa o no”, reconoció un analista financiero de gran predicamento en la City porteña.
La ansiedad allí es creciente. Lo mismo empieza a aparecer en los focus groups que realizan en una de las usinas de mayor presupuesto de la oposición. “Lo que sale es que la gente ya no está más desesperanzada, sino desesperada. Quiere que se haga algo ante una realidad acuciante”, explica un político que participa de las discusiones de la mesa chica de Juntos por el Cambio. Mientras, las chances de una eliminación de las PASO crecen con el correr de las horas. En la oposición, muchas figuras lo dan casi por hecho, aunque lejos están de ofrecer una alternativa para dirimir su interna. A Horacio Rodríguez Larreta sus asesores ya le dijeron que debe empezar a mostrarse menos como alcalde y más como presidenciable. Para ello, le aconsejaron, debe empezar por abandonar las remeras negras. La transformación no para.
La esperanza del litio
El contexto internacional no ayuda a sosegar los ánimos. La recesión en el mundo desarrollado jaquea a las commodities. Este domingo, por otro lado, los empresarios estarán prendidos a O Globo para seguir el resultado de las elecciones en Brasil. La incertidumbre con respecto al rumbo que seguirá la región es enorme.
El nuevo orden geopolítico, sin embargo, puede traer algunos premios consuelo. Pasó inadvertido que, en paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el gobierno de Estados Unidos organizó una cumbre, en el lujoso Palace Hotel, de la flamante Asociación de Seguridad de Minerales. Este grupo, que nuclea a las principales potencias de Occidente, procura asegurarse el abastecimiento de minerales críticos frente a la asertiva estrategia que China ha venido desplegando para hacerse de estos recursos imprescindibles para producir baterías de litio, paneles solares y otras tecnologías. La Argentina fue invitado como país productor, junto a Brasil y Congo, entre otros. En la reunión, el secretario de Estado, Antony Blinken, prometió garantías y financiamiento para proyectos mineros con el respaldo del Ex-Im Bank. Música para oídos de Massa, cuyas urgencias no son las de La Cámpora. “Ponéte manija”, dice por estas horas, en su homepage, la mega deficitaria Aerolíneas Argentinas, que ya está ofreciendo pasajes a Qatar por US$5500, al dólar oficial.

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CON LA SALUD NO SE JUEGA

Se agrava la crisis porteña por los residentes médicos
Rechazaron otra oferta salarial de la Ciudad
Alejandro HorvatLa medida de fuerza complejiza la atención a los pacientes
Tras seis semanas de medidas de fuerza, se agrava la crisis entre los residentes médicos de los hospitales porteños y el gobierno de la ciudad. Ayer, no solo rechazaron una nueva oferta salarial, sino que anunciaron que el paro de actividades será “por tiempo indeterminado”. La medida afecta las guardias y los consultorios. Los médicos de planta advierten que están “sobrepasados”.
El paro de residentes de medicina de los hospitales porteños lleva seis semanas sin resolverse. Reclaman poner freno a las jornadas laborales que describen como interminables, mejorar las condiciones de trabajo –que califican como precarias– y las de las guardias que no se pagan extra. El corazón de esta huelga es un pedido de aumento salarial. El problema es que mientras dure el conflicto, los hospitales de la ciudad deben afrontar la falta de personal y los médicos de planta tienen que hacer malabares para absorber el flujo de pacientes con turno o que llegan por guardia. Voceros del gobierno porteño sostuvieron que la situación en los centros médicos es “aún manejable”.
Ayer hubo una reunión entre Daniel Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria de la ciudad, y un grupo de residentes. La propuesta de la Ciudad fue darles una remuneración mínima bruta de $197.281 a partir de este mes para los residentes de primer año, solteros y sin hijos. Y se ofreció abrir una mesa de diálogo para seguir la revisión paritaria pendiente para diciembre. Los residentes decidieron mantener la lucha por tiempo indefinido.
Sin embargo, Carina Goya, de 32 años, una de las representantes de los residentes, sostuvo que ese aumento no es suficiente porque sus colegas de primer año trabajan, en promedio, 360 horas al mes y con ese salario cobrarían $440 la hora.
Las residencias son las especialila zaciones que, al terminar la carrera de medicina, algunos profesionales deciden emprender. Duran por lo menos cuatro años.
“Vamos a seguir con la lucha y las medidas de fuerza. Estamos exigiendo un aumento del salario básico a $250.000. Por supuesto, estamos muy cansados y con ganas de volver al hospital. El gobierno porteño apuesta al desgaste, pero hacemos guardias de 48 horas, así que nos sobra energía para seguir luchando por un salario digno”, afirmó Goya, que se graduó en la Universidad de Buenos Aires y hace tres años que hace su residencia en pediatría en el Hospital Elizalde.
“No nos atendió el ministro Fernán Quirós. El descontento es muy marcado. Esta oferta es totalmente insuficiente. Ya nos habían propuesto esto en cuotas y ahora nos lo ofrecen en un pago. Esto no alcanza para llegar a fin de mes, seguimos estando por abajo de la canasta básica. Por otro lado, tienen que cesar los aprietes y los pedidos de listas en los hospitales”, reclamó Sebastián Goin, de 31 años, otro residente que adhiere al paro. Él está en el cuarto año de su residencia en medicina general y familiar en el Hospital General de Agudos Cosme Argerich.
Voceros de la Asociación de Médicos Municipales sostuvieron que problemática por la que reclaman los residentes también abarca a la totalidad de los profesionales: “Hoy [por ayer] no participamos de la reunión. Pero les dejamos en claro que vamos a defender las residencias médicas. El tema candente es el salarial. Estamos con una paritaria abierta en la cual nos volveremos a sentar en los próximos días para recomponer el salario de todos los médicos y los residentes”.
Julieta Rodríguez, pediatra del Hospital Pedro de Elizalde, explicó: “La falta de personal impactó muchísimo. Los residentes del Elizalde participan de manera masiva en la huelga. En nuestro hospital, cada especialidad tiene su residencia, por eso afecta a todas las áreas. En los consultorios externos hay muchísimos turnos que iban a ser atendidos por residentes y los estamos absorbiendo nosotros. La situación más grave es en la guardia; además de hacernos cargo de los pacientes que llegan tenemos que cubrir las salas de internación. Estamos sobrepasados”.
“La problemática de los residentes no es ajena a lo que nos pasa. Acá hay médicos con 30 años de experiencia que ganan $160.000 por mes. Por eso se normalizó que todos tengan tres empleos. El atraso de los salarios es tremendo y afecta a todo el sistema de salud”, agregó Rodríguez.
Sobre la falta de personal en los hospitales, desde la cartera que conduce Quirós, explicaron que habrá que ver si el conflicto continúa y, de ser así, esperan que la ausencia de los residentes siga impactando en las guardias, pero destacan que, por ahora, la situación es “manejable”.
Verónica Baletta, médica de planta del área de cirugía del Hospital General de Agudos José María Penna, contó que el director de la institución mandó un comunicado solicitándoles a exresidentes cubrir guardias porque los de planta no llegan a cumplir todo el trabajo. “Es muy difícil sin los residentes. Tienen una gran carga horaria con una remuneración que es un chiste. Algo muy parecido nos pasa a los de planta y a todo el personal, es lamentable. Es admirable cómo llevan el peso de la lucha por un salario digno, sobre todo porque no cuentan con el apoyo de médicos municipales; el gremio que cerró unas paritarias de manera inconsulta”, indicó Baletta.

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ECONOMÍA KKKK

Robo de ruedas: crece este delito por la falta de neumáticos: este año suman 300.000 casos, casi tantos como en todo 2021
En 2020, las compañías de seguros tuvieron que reponer casi 227.000 ruedas; en 2021 aumentó a 326.000; hasta que estalló el conflicto paritario entre las empresas y el sindicato del sector, los robos de ruedas aumentaron por las dificultades de importación y en la actualidad, crecieron por la escasez de ruedas nacionales
Gustavo Carabajal
Robo de ruedas de autos estacionados en el Carrefour de Avellaneda, el último sábado
La falta de neumáticos repercutió en la seguridad. En lo que va del año fueron robadas la misma cantidad de ruedas que en todo 2021. Y quedan tres meses, en un contexto de aumento del precio y la demanda de cubiertas como consecuencia de la escasez de oferta por las dificultades de importación y la paralización de la producción local por el conflicto paritario entre las empresas del sector y el sindicato, aún sin miras de resolución.
Según las estadísticas de las compañías de seguros más importantes de la Argentina, el robo de ruedas tuvo un crecimiento sostenido desde 2020 a la actualidad.
En 2020, las aseguradoras tuvieron que pagar reposiciones por casi 227.000 ruedas sustraídas. Al año siguiente, las compañías de seguros recibieron 326.000 denuncias por robos de ruedas, es decir, un 44% de aumento. La proyección de casos para este año, de acuerdo con la frecuencia de hechos, llegaría a los 400.000 robos, dado que aún resta un trimestre completo y ya se alcanzó la cifra del año pasado.
Robo de ruedas a autos estacionados en la playa del Carrefour de Avellaneda
El crecimiento en el índice de siniestralidad también afectará los precios de las primas, que aumentarán por la inflación y por la cantidad de hechos, lo que influye en el riesgo y en la posibilidad de que el bien asegurado sea robado.
Entre las aseguradoras reconocen que también existe una problemática típica del sector: el 8% de las denuncias que se reciben son falsas y el 20% corresponden a fraudes contra las compañías de seguros.
El problema, por regiones
La mitad de los robos de ruedas se concentraron en territorio bonaerense, el 11%, en la provincia de Córdoba, y el 10%, en la Ciudad de Buenos Aires.
Las zonas del conurbano donde se registró la mayor cantidad de los robos de ruedas fueron los partidos de Esteban Echeverría, La Matanza y Tres de Febrero, según el informe estadístico de las aseguradoras.
Sobre las estimaciones de las pérdidas para este año, las compañías de seguros realizaron cálculos que indicarían que tendrían un saldo negativo millonario debido al aumento en la cantidad de robos.
Antes del conflicto laboral entre los gremios y las empresas fabricantes de neumáticos, la cantidad de robos de ruedas había aumentado por falta de insumos para la industria automotriz, que derivó en la escasa cantidad de repuestos y las dificultades para importar neumáticos, especialmente.
Esa extraña alquimia provocada por los vaivenes del mercado y la economía, sumada a la rentabilidad que los delincuentes obtenían al reducir cada rueda que robaban, provocó un crecimiento notable en la cantidad de robos.
El crecimiento de esa situación quedó reflejada en las cifras que indicaron que, en 2011 se denunciaron 137.684 episodios, contra los 326.330 hechos de 2021, un incremento del 137% en una década.
En las últimas horas, un video que se viralizó en las redes sociales expuso la situación de la manera más cruda: un usuario de TikTok grabó con su celular el estado en el que habían quedado varios autos en la playa de estacionamiento de un hipermercado en Avellaneda, el sábado cerca de la medianoche. A dos les habían robado entre dos y tres ruedas, mientras que a otros dos les habían roto vidrios para abrirlos y sustraerles los auxilios del baúl.
Según pudo saber la nacion, este es un fenómeno recurrente cada vez que Independiente o Racing, los dos grandes clubes de Avellaneda, juegan de local en horario nocturno. Muchos de los hinchas que concurren a alguno de esos estadios deciden dejar sus vehículos estacionados allí, pero cuando los partidos son en alguno de los últimos turnos, entre el cierre del hipermercado (a las 22) y el final de los cotejos queda una “ventana” de entre una y dos horas en la que los vehículos quedan a merced de los “roba ruedas”, ya que en ese momento no hay guardias privados que hagan recorridas preventivas por los playones.
Tráfico al estilo narco
Debido a la escasez de neumáticos, además del robo, creció otra actividad delictiva: el contrabando. En algunos casos, las bandas que se dedicaron al tráfico ilegal de cubiertas aplicaron una metodología similar a la utilizada por los narcotraficantes.
En los últimos tres meses, la Dirección General de Aduanas (DGA) secuestró más de 4500 neumáticos, valuados en $320.000.000.
Durante un operativo de control realizado por inspectores de la Aduana en el cruce internacional por la represa de Salto Grande, cerca de Concordia, secuestraron doce neumáticos nuevos, de contrabando. Según informó el organismo, los neumáticos fueron hallados en las cuatro ruedas colocadas y en dos de auxilio. Cada rueda poseía una cubierta adicional en su interior.
En los procedimientos realizados por efectivos de la Gendarmería también se advirtió el crecimiento del contrabando de neumáticos. Según informaron fuentes de la fuerza federal de seguridad, el 11% de la mercadería secuestrada en los últimos meses a bandas dedicadas al contrabando eran neumáticos.
Por ejemplo, hace pocos días, efectivos del Escuadrón Núcleo Entre Ríos de la Gendarmería controlaron en la ruta nacional 12, cerca de La Paz, un transporte de encomiendas que había partido de Misiones. “Al registrar el rodado, los funcionarios hallaron 736 cubiertas de origen extranjero, sin la correspondiente documentación”, según informó esa fuerza de seguridad federal.
En otros casos, se buscaron escondites al estilo narco. En julio pasado el personal de AFIP-Aduana y los efectivos de la Gendarmería frenaron la marcha de un camión en la ruta 158, a la altura de la ciudad cordobesa de Villa María, presintieron que había algo anormal en la carga. Pensaron que iban a encontrar cocaína o marihuana al revisar el embarque, pero al empezar a remover los granos quedó expuesto el motivo del contrabando: había 117 neumáticos.
Los vaivenes en el mercado de neumáticos alimentó el mercado ilegal, de la misma forma que ocurrió con los robos de automóviles y los desarmaderos clandestinos, donde la gente, debido a la necesidad, compraba sin verificar si el repuesto provenía de un vehículo robado.

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OTRAS REALIDADES

Las prioridades de la política, disociadas del ciudadano común
Mientras la población padece por la inflación, la inseguridad y los bajos salarios, la dirigencia irresponsablemente se mira el ombligo y debate temas como la ampliación de la Corte o eliminar las PASO
Sergio Berensztein
Inflación, incertidumbre respecto del futuro de la economía, inseguridad y bajos salarios constituyen las principales preocupaciones de los argentinos. Predomina un clima de escepticismo, desesperanza, angustia y frustración frente a la ausencia de perspectivas respecto de una salida realista de la actual crisis. Dos tercios de los habitantes de este país se ven peor que hace un año y un porcentaje similar considera que su situación se agudizará en los próximos doce meses. Ni el gobierno ni, curiosamente, las principales fuerzas de oposición estarían dando cuenta de estas demandas insatisfechas de la ciudadanía. La política se mira al ombligo, avanza con reformas que solamente les importan a algunos de sus integrantes y se aleja, peligrosamente, de una sociedad que ya le está pasando factura: según un sondeo reciente de D’Alessio IROL-Berensztein, apenas el 36% de los argentinos está conforme con esta experiencia democrática que el año próximo cumplirá cuatro décadas.
Los escasos debates parlamentarios fueron dominados por cuestiones como la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia o la eliminación del régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La brecha cambiaria es superada largamente por la distancia entre esta realidad que abruma con dificultades cotidianas, un Estado ausente y la consecuente anomia generalizada y un sistema político que irresponsablemente no mira más allá de sus narices y cuyos integrantes a lo sumo tratan de obtener del creciente caos alguna ventaja individual, sectorial o electoral.
Podría argumentarse que dichos proyectos de ley son parte de un esfuerzo continuo y consistente por mejorar la calidad de las instituciones, hacerlas más participativas y transparentes y aprovechar la energía social para renovar el liderazgo y las prácticas políticas. Es decir, para fortalecer la democracia, vigorizar su legitimidad y cimentar la cultura cívica. Pero ocurre exactamente lo contrario: se trata de contrarreformas políticas que buscan favorecer los liderazgos territoriales y el poder establecido de quienes ya controlan los aparatos partidarios. O, muchísimo peor, licuar la influencia de los actuales integrantes del superior tribunal de justicia por no allanarse a los caprichos y las necesidades legales de Cristina Fernández de Kirchner.
Esta tendencia a la manipulación de las principales reglas del juego no es novedosa ni se limita a la política nacional o a alguna de sus fuerzas: constituye un clásico argentino y, como ocurre en esta asfixiante coyuntura, suele ser liderada por los caudillos provinciales. Resulta bochornoso recurrir a la desacreditada y engañosa ley de lemas, en especial porque debilita a los partidos políticos ya que incentiva su fragmentación y alienta conductas oportunistas. Además, favorece a los incumbentes (aquellos que poseen el poder), obstaculizando la necesaria renovación vía la competencia electoral. Finalmente, tienen un sesgo mayoritario: los partidos más pequeños son los que más dificultades encuentran.
Un memorioso que participó de la Mesa de Reforma Política del Diálogo Argentino de 2002 recordaba por estos días una sesión sobre sistemas electorales y mecanismos de votación en la que tuvo lugar un fuerte intercambio de opiniones entre un joven académico y una senadora nacional, precisamente sobre la ley de lemas. Recordemos la alarmante situación de implosión que por entonces experimentaban casi todas las principales fuerzas políticas y que derivó en que en las elecciones del año siguiente se presentarán múltiples fórmulas con candidatos que hasta hacía pocos meses integraban los partidos más importantes (Menem, Kirchner y Rodríguez Saá, por parte del peronismo, y López Murphy, Carrió y Moreau, por parte del radicalismo). Aquel académico argumentó con solvencia en contra, citando a los autores más acreditados en la especialidad. La senadora sostuvo con vehemencia su apoyo, pero su floja explicación no terminaba de convencer a los representantes de la sociedad civil. Para reforzar su posición, concluyó: “Nosotros, en Santa
Cruz, siempre ganamos con la ley de lemas”. Ese era su principal evidencia. Menos de un año más tarde, su marido juraba como presidente de la Nación.
Como sostuvieron algunos legisladores (como Luciano Laspina) y varios expertos en la cuestión, la excusa de reducir el “gasto político” para justificar la suspensión del régimen de las PASO es falaz. Es cierto que el costo de las elecciones es considerable, pero se podrían ahorrar bastantes más recursos sin dañar la calidad de la democracia e incluso mejorándola, por ejemplo, adoptando la boleta única en papel. O limitando el tamaño de las delegaciones oficiales que viajan al exterior, así como el turismo político de dirigentes y funcionarios de tercer y cuarto orden, que además gastan los escasos dólares que acumula el Banco Central. (A propósito… ¿con qué cotización del dólar se liquipolítico dan las tarjetas de crédito oficiales cuando se utilizan en el exterior?)
Esta controversia respecto de las primarias nos recuerda una de las principales características de los diseños institucionales: pueden ser concebidos para satisfacer los intereses y en función de las aspiraciones de algunos actores en particular, que tienen la influencia y la capacidad de orientar la concepción de un determinado mecanismo de acuerdo con sus preferencias. Sin embargo, usualmente terminan limitando su margen de acción, afectando los comportamientos del conjunto del sistema político y hasta beneficiando “sin querer” a los adversarios. Esto ocurrió a fines de 2009, luego de la sorpresiva derrota de Néstor Kirchner (acompañado por Daniel Scioli) frente a Francisco de Narváez (secundado por Felipe Solá y con el apoyo del por el entonces jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri) en las elecciones para diputados por la provincia de Buenos Aires.
En dichos comicios, que pasaron a la historia por los denominados “candidatos testimoniales” (muchos de los integrantes de la lista del Frente para la Victoria admitían no tener intención de desempeñar los cargos para los que se presentaban, sino que preferían continuar con sus responsabilidades ejecutivas a nivel nacional, provincial o municipal), Kirchner advirtió que muchos intendentes y algunos gobernadores lo habían “traicionado” al colocar “candidatos propios” en otras listas. Ya venía acumulando altos umbrales de desconfianza luego del conflicto con el campo del año anterior, cuando varios senadores oficialistas habían votado en contra de la resolución 125 (o se habían ausentado de la famosa sesión que terminó con el voto “no positivo” de Julio Cobos). Por eso, le encargó a un grupo de asesores (entre ellos, el exfrepasista Juan Manuel Abal Medina y el exalfonsinista Alejandro Tullio) que definieran un mecanismo para disciplinar a la tropa y evitar que algo parecido volviera a ocurrir.
Quien sin duda capitalizó a su favor las PASO fue CFK, en especial para imponer candidatos afines en muchas provincias y municipios bajo la amenaza de apoyar listas propias por fuera del peronismo, con el consecuente debilitamiento de los caudillos locales. Esto explica que sean ahora los gobernadores (e intendentes bonaerenses) quienes más buscan derribar este sistema. Perciben debilidad en Cristina y quieren aprovechar el momento. De paso, en una carambola a dos bandas, complican la situación interna de Juntos por el Cambio

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EDITORIAL

Complicidad del Gobierno con la violencia mapuche
Resultan gravísimos los ataques por parte de bandas de delincuentes que arrasan con bienes y aterran a la población
En un nuevo hecho escandaloso, por su nivel de violencia y por la ausencia del Estado en la defensa de la seguridad personal y de la propiedad, tanto pública como privada, un grupo de encapuchados pertenecientes, presuntamente, a una agrupación mapuche incendió una casilla móvil que la Gendarmería Nacional había instalado en Villa Mascardi para custodiar precisamente un predio que había sido vandalizado el 1º de agosto último por grupos facciosos de similar procedencia. Con disparos de armas de fuego, piedras y palos, los agresores sorprendieron a los uniformados que estaban en el puesto, quienes se vieron forzados a retirarse para no resultar heridos o muertos.
El nivel de omisión del Estado en hechos vergonzosos como los registrados en la provincia de Río Negro es tal que recuerda la época de los malones. No solamente se siguen usurpando propiedades privadas, sino que ahora el ataque va directamente contra uniformados de la propia Gendarmería, es decir, contra las fuerzas de seguridad de la Nación. Es notorio que el ministro del área en el orden nacional, Aníbal Fernández, ha decidido abandonarlas a su suerte allanando el camino a los violentos. En ese punto es imaginable el temor de los escasos efectivos de las fuerzas de seguridad que el Gobierno decidió enviar allí ante los reiterados reclamos de la gobernadora Arabela Carreras. ¿Cómo pretender que los uniformados apliquen las leyes si nadie saldrá en su apoyo y salvaguarda? El mundo del revés. Hoy, en Río Negro, una banda de delincuentes tiene más poder que la Gendarmería. Estamos entonces ante un caso de sedición. ¿No se ha pasado de una actividad preinsurreccional a una acción de guerrilla rural apoyada por exdirigentes de Montoneros como Roberto Perdía, al frente de la mutual de abogados, y Fernando Vaca Narvaja, como bien sostuvo anteayer el propio auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto?
Las carteras de seguridad organizaron una nueva reunión –otra más– para crear un comando unificado de fuerzas en Villa Mascardi. Ese es parte del drama nacional: reuniones y anuncios ampulosos que rara vez se llevan a la práctica o que demoran tanto en atacar el problema que el daño ya es inconmensurable.
Desde fines de 2017, esa zona es escenario de constantes sabotajes, incendios, robos y destrucción de propiedades de todo tipo. Los vecinos, abandonados a su suerte, viven aterrados e, incluso, a sabiendas de que las propias autoridades amparan y asisten a los delincuentes, como es el caso de la Administración de Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, o el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Por temor o connivencia, la Justicia tampoco colabora en tiempo y forma: las usurpaciones e incendios siguen impunes después de años de traslados y enredos jurisdiccionales.
La propia Mesa de Consenso Bariloche –una agrupación conformada por vecinos, dirigentes y empresarios, en contra del avance de la violencia en el sur del país– aseguró que el incendio de la casilla de la Gendarmería “es un hecho gravísimo” y que “no es un ataque a un particular, sino a las fuerzas nacionales, una demostración de que no hay límites en su accionar delictivo”.
El Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina emitió un comunicado en el que condena el agravamiento de la situación de inseguridad que se vive en Villa Mascardi (Parque Nacional Nahuel Huapi) y que ve con preocupación la inacción de la Justicia y de las autoridades políticas para detener y procesar a los delincuentes. Es imposible hacer una descripción más precisa y al mismo tiempo lamentable: estamos frente a un caso de anomia del Estado. Frente al grado de violencia inusitada y sin control en Villa Mascardi, el silencio cómplice de las autoridades resulta brutal, humillante. Es una expresión más del desamparo en que se encuentra la sociedad. Todas las fuerzas políticas deberían comprometerse a solucionar este gravísimo problema, de modo de asegurar a la sociedad que esta anomia no se extenderá más en el tiempo. Pero, sin dudas, la mayor responsabilidad es siempre de quienes gobiernan, de aquellos en quienes la ciudadanía ha delegado su representación.
Es necesario generar una expectativa de legalidad a la población antes de que la situación se agrave y tengamos que lamentar más daños, incluso vidas.
Se trata de hacer cumplir nuestras leyes y de que nuestras autoridades no se escurran en un mar de respuestas ilógicas e inconducentes o que directamente desaparezcan de escena. La defección del Estado nos llevará irremediablemente a una Argentina sin destino.

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LA ESCUELA NAVAL MILITAR

Los 150 años de una visionaria creación de Sarmiento
Miguel Ángel De Marco
La reciente Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) había demostrado que el país no podía carecer por más tiempo de una eficiente organización armada. Mantenía problemas limítrofes con Brasil y Chile, y vivía constantemente amenazado por los malones indios y jaqueado por cruentas revoluciones en distintos puntos de su territorio.
El presidente Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874), que había contemplado poco antes, en su condición de embajador en los Estados Unidos, los avances militares originados en la guerra civil norteamericana, buscó incorporarlos cuanto antes a las Fuerzas Armadas. Conocía en detalle las características del armamento portátil, de la artillería y de los nuevos acorazados y monitores empleados en la gigantesca contienda fratricida del país del norte.
Con pertinacia e inteligencia, Sarmiento logró su anhelo de fundar el Colegio Militar de la Nación y la Escuela Naval Militar, es decir, concretó el comienzo de una nueva etapa, signada por la paulatina incorporación a los puestos de comando de personal más capacitado profesional e intelectualmente. Sin dejar de lado la experiencia en los campos de batalla ni la eficacia adquirida a través de vidas enteras a bordo de los buques; sin excluir a los veteranos, que por décadas ocuparon posiciones relevantes y en buena medida se adecuaron y aun impulsaron la preparación de los mandos castrenses, los nuevos institutos suscitaron una modificación en los viejos hábitos de intervención en las contiendas electorales, que ponía las espadas al servicio de compromisos políticos; generaron un mayor respeto hacia la sociedad civil y contribuyeron a la integración de los hijos de extranjeros a las respectivas fuerzas.
A la creación del Colegio Militar de la Nación, el 30 de junio de 1870, siguió la fundación de la Escuela Naval Militar, el 2 de octubre de 1872. Sancionada la ley que dio vida a este instituto, su primer director fue el mayor Clodomiro Urtubey, que había sido enviado años antes a España para estudiar en el Colegio Naval de San Fernando, en Cádiz, y finalizaría su carrera décadas más tarde ostentando la jerarquía de comodoro de marina.

Con el fin de que los cadetes conocieran desde los comienzos la vida a bordo, se decidió que los cursos se dictaran en el vapor General Brown, que fue el primer buque escuela de la Armada Argentina. Como ocurrió con el Ejército, los egresados de la escuela, cuya cuidada formación los distinguía de los viejos y meritorios oficiales prácticos, procuraron diferenciarse de estos, aunque por bastante tiempo los comandos superiores del arma estuvieron en manos de los que habían recibido sus despachos en mérito a los años de servicio y a la pericia demostrada en sucesivas campañas. El viejo general Brown, pese al peligro que entrañaba la navegación en el mar argentino, fue enviado con los cadetes de la primera promoción, para que aprendiesen su oficio en medio de los vientos, las tempestades y la dura vida de a bordo.
Luego de una breve clausura, la escuela continuaría funcionando embarcada en los buques de guerra y sedes en tierra, con nuevos directores y planes de estudio que fueron adaptados al sostenido progreso de la tecnología naval, del que no tardaría en beneficiarse la Armada Argentina. Los alumnos participaron en 1876 en la expedición comandada por el comodoro Luis Py, con el fin de refirmar los derechos argentinos sobre la Patagonia, y tres años más tarde intervinieron en la Campaña al Desierto que encabezó el ministro de Guerra y Marina, general Julio Argentino Roca. Paralelamente, el personal subalterno recibió instrucción en la llamada Escuela de Marineros, que tuvo por cambiante centro otros buques de la Armada.
Pero ese quehacer de formación de recursos humanos no hubiera sido suficiente con medios inadecuados como los que existían cuando Sarmiento ocupó la presidencia. Del mismo modo como equipó al Ejército, dedicó ingentes esfuerzos económicos para la época a la adquisición de una nueva escuadra. A pesar de las dos rebeliones del general Ricardo López Jordán y del persistente problema de las fronteras interiores –acerca del cual pugnaban entre los gobernantes y los militares dos tendencias contrapuestas la integración de los aborígenes o la guerra sin concesiones–, la decisión de modernizar la Marina de Guerra se mantuvo en forma inexorable. En la concepción de Sarmiento y de la mayoría de los hombres públicos de la época, los nuevos buques debían garantizar la seguridad  del estuario del Río de la Plata y los cursos de aguas interiores
En la concepción de Sarmiento y de la mayoría de los hombres públicos de la época, los buques debían garantizar la seguridad del estuario del Río de la Plata y los cursos de agua interiores
 Muy pocos miraban hacia la Patagonia y contemplaban las riquezas que encerraba el Mar Argentino.
Los astilleros ingleses recibieron en 1872 la orden de compra de dos monitores, Plata y Andes, de cañoneras, bombarderas y torpederas. Pese a ser buques de empleo fluvial, soportaron muy bien la violencia del mar argentino para tocar las costas de Santa Cruz, en la operación de defensa de la Patagonia. En el proceso de construcción de los buques tuvo un papel fundamental el diplomático Manuel Rafael García Aguirre, designado por Sarmiento para esa tarea, con la colaboración de su hijo Manuel José García Mansilla, que estudiaba en la Escuela Naval de Brest, Francia, quien sería años más tarde director de su homóloga argentina.
Aparte de la adquisición de los buques de la denominada “escuadra de hierro” de Sarmiento, se adoptaron otras medidas para garantizar la soberanía en las aguas, en un contexto de conflictos limítrofes con los países vecinos: el artillado de la isla Martín García, la creación del Arsenal de Zárate con el fin de atender a las necesidades de los nuevos buques, la iniciación de tareas hidrográficas, la colocación de faros flotantes en el Río de la Plata, etcétera.
A medida que iban obteniendo sus despachos de oficiales, los graduados de la Escuela Naval Militar contribuían a los indispensables cambios de paradigmas, hasta que transcurridos los años ocuparon las funciones de máxima responsabilidad en la Marina.
Por sobre la idea de contar con buques que defendieran el estuario del Plata y los ríos interiores, triunfó la concepción de una Armada que se ocupase de la defensa y protección del mar continental, sostenida sobre todo por el presidente Julio Argentino Roca, y correspondió sobre todo a los graduados en la Escuela Naval, junto a oficiales superiores de la antigua Marina aún en servicio, ponerla en práctica. Flamantes buques de alto poder disuasivo le otorgaron nuevas capacidades y fisonomía. Si la Armada no constituía una fuerza oceánica según la concepción actual, que se refiere a la disponibilidad de medios para ocupar grandes espacios, estaba en condiciones de responder a los requerimientos estratégicos del país en la parte del Atlántico que baña sus costas, no solo en lo atinente a la seguridad nacional sino a la preservación de las ingentes riquezas que décadas más tarde definiría el egresado de la Escuela Naval vicealmirante Segundo Storni, a través de luminosas páginas, como intereses marítimos argentinos.

Expresidente de la Academia Nacional de la Historia

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ACEFALÍA ECONÓMICA

Massa: un discurso de un “Presidente consorte” que no pudo dar precisiones sobre la inflación
El ministro de Economía pasó por el Congreso para defender la “ley de leyes”; las principales críticas fueron a la falta de precisiones sobre el combate a la suba generalizada de precios

Diego Cabot
El ministro Sergio Massa en la presentación del Presupuesto 2023 en Diputados
Sergio Massa regresó a su viejo lugar de trabajo. Esta vez, con el Presupuesto bajo el brazo y ya como ministro, llegó a pedirle a sus viejos compañeros que lo acompañen con el voto para tener la “ley de leyes” vigente el año que viene. Seguramente, la tendrá. Eso sí, desde todos los bloques le marcaron que esos números estaban anclados en una cifra que luce casi una ficción: una inflación de 60% para 2023.
“No hay una medida que baje la inflación -dijo Massa-. Y tampoco soy mago. En los pasitos finales de mi vida política quiero hacer esto bien. La combinación de la política monetaria y la fiscal; la política de acumulación de reservas y la inversión pública y privada son las variables que permiten construir las proyecciones. Sentimos que una propuesta de 60% de inflación es conservadora y que si lo hacemos todos juntos podemos bajar más la inflación. Cada uno tiene que poner su parte.”
Tan vago como ese párrafo fueron las menciones del ministro sobre la inflación sobre la que se basa todo el presupuesto. Justamente, ese 60% que está estampado en el proyecto es el que generó las mayores críticas. De hecho, surgió como un vicio de origen en la presentación.
El ministro Sergio Massa llega a Diputados para presentar el Presupuesto 2023
Massa se sentó 44 minutos después de la hora fijada (las 14), y tardó 1 hora, 15 minutos y 43 segundos en pronunciar la palabra inflación, justamente, la base sobre la que se calcula cada una de las cifras que explicó en el Congreso. En año mundialista, gambeteó el tema a lo Messi hasta que las preguntas lo acorralaron. “Nuestro principal objetivo es bajar la inflación para bajar la tasa de interés (sic)”, dijo, al contestar una de ellas. Ahí aprovechó para mencionar otro tema que había pasado de largo: la brecha cambiaria.
Pero, más allá de los números, la presentación del exintendente de Tigre frente a sus excompañeros de trabajo es, quizá, lo más parecido a un discurso económico que un funcionario kirchnerista haya pronunciado en este cuarto gobierno de esa facción política. Sucede que, a diferencia del presidente Alberto Fernández, que se limita a enumerar cifras de crecimiento o de bienestar que lo posicionan en un país que no se deja ver, Massa optó por titular algunas medidas que se propone tomar.
La Argentina ha transitado en el último tiempo, especialmente desde el ocaso del exministro Martín Guzmán, por una acefalía en materia económica. Nadie explicó, en ningún momento de la crisis que se vivió entre junio y agosto, cuál sería el destino de la política económica, qué medidas se aplicarían o cuál era la hoja de ruta para una población que veía como el dinero se esfumaba y la inflación pasaba de un rango de entre 60% y 70% proyectada para 2022 al actual 100%. Apenas un punteo, tan solo un manojo de intenciones con escasos “cómo realizarlas” alcanzó como para ver “Presidente consorte” en medio de la apatía de todo el Gabinete.
Justamente para ir hacia ese destino pidió ayuda y compañía de la oposición. No se lo podía interrumpir cuando habló pero bien podría haberle preguntado cualquier diputado si ese camino ortodoxo que empieza a transcurrir con su gestión iba a tener, también, el guiño del kirchnerismo duro. Esa palanca política de los propios en un año electoral es uno de los grandes interrogantes que no podrá despejar ni el más perfecto de todos los presupuestos.
Lo que ha hecho Massa es girar hacia la ortodoxia tan rápido que bien podría desorientar a más de un kirchnerista distraído. Tan disruptivo es el viraje que son pocos los que podrían afirmar que en esa hoja de ruta lo acompañará Cristina Kirchner, la socia mayoritaria de la coalición gobernante de la que el ministro tiene muchas menos acciones, aunque varias más que el deslucido presidente Alberto Fernández.
La respuesta a ese interrogante llegó pocos minutos después. Mientras Massa disfrutaba de un paso tranquilo por la cámara baja, la expresidenta arremetió contra el ministro y su creación. “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, dijo, a propósito de los números de pobreza que se difundieron a media tarde.
Los datos macroeconómicos sobre los que se basó son conocidos. “El presupuesto es realista y se planteó con responsabilidad. La inflación proyectada será de 60% y la tasa de ajuste cambiario, de 62%. El crecimiento de las exportaciones, de 7,1%, y está basado en tres pilares: economía del conocimiento, minería y agroindustria. Acá excluyo a energía, que es un rubro con crecimiento, pero que aún no tiene la infraestructura necesaria para exportar, con la salvedad de algunos envíos a Chile”, dijo.
Cristian Ritondo, uno de los diputados a los que Sergio Massa siempre aludió, en la presentación del Presupuesto 2023
La política energética tuvo su lugar. No es para menos: según las palabras del ministro, la guerra le costó al país 4900 millones de dólares sólo por la importación de gas natural licuado (GNL). Como ya se sabe, el gasoducto Néstor Kirchner es la principal apuesta de infraestructura para bajar el gasto energético con menos necesidad de importar; el resto del esfuerzo para que los subsidios caigan, lo harán los usuarios. “No queremos que la gente pague más sino que ahorre energía”, dijo, en una muestra fenomenal de los eufemismos a los que deberá hacer para que la tropa dura del kirchnerismo puede digerir el aumento de tarifas de electricidad, gas y agua en pleno año electoral.
La política de suba de tarifas, que Massa defiende a solas en medio de un Gobierno que guarda incómodo silencio, es medular para cumplir con las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de ser vital para bajar el gasto público. Pero mal que le pese al ministro, en este punto parece tener más apoyo de los ajenos que de los propios. De hecho, cuando en marzo se aplique la tarifa plena después de que los aumentos escalonados sedimenten, no son pocos los que se aventuran a predecir que el humor social pasará factura, en momentos donde la política cuanta los palotes para elegir candidatos y fórmulas.
Ya se sabe que los números de las partidas son meras anécdotas y así pasaron por la presentación de Massa. Se habla de billones, o de miles de millones que serán cambiados de destino el año que viene a tiro de decreto o de resolución de la Jefatura de Gabinete. Pero sí hubo un paréntesis en un tema que hasta ahora jamás había sido puesto en revisión por ningún kirchnerista. Se trata de los regímenes impositivos diferenciales que existen, desde el de Tierra del Fuego hasta sectores de empleados privados, los petroleros, por caso, que no pagan impuesto a las ganancias. El exdiputado se animó a enviar ese detalle en una “separata” para que sea tratado en el Congreso. Alguien le dijo que él no era un comentarista sino el ministro. Y Massa, a lo Messi, conocedor de las gambetas y consciente de que con lo que tiene no le alcanza para cantar truco, se aferró a sus excompañeros de trabajo: “Al menos es bueno discutirlo en el Congreso”. Cerro. Y se fue satisfecho sabedor que tendrá su Presupuesto en 2023.

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