El huevo de la serpiente. Narcos y cómplices que crearon la capital nacional del crimen
Falencias institucionales, nichos de riqueza, cuevas financieras, retiro de las fuerzas de seguridad y bolsones de pobreza se combinaron con la ambición y el salvajismo de bandas criminales de vendedores minoristas de drogas
Germán de los Santos y Hugo Alconada Mon
ROSARIO.– Mara Natali Silveira tenía 27 años cuando la mataron de ocho tiros en el barrio Industrial la tarde del lunes 5 de septiembre. Se convirtió en la víctima número 200 del crimen rosarino. La cifra pronto quedó vieja: ya suman 286 asesinatos durante los primeros tres trimestres del año y 2392 desde enero de 2012. Pero el conteo sigue, irrefrenable. ¿Qué llevó a la tercera ciudad del país a dominar las noticias sobre narcos, tiroteos y asesinatos? ¿Qué distingue a Rosario de Buenos Aires, Córdoba o el conurbano?
El huevo de la serpiente está en Rosario misma. Lo explican sus falencias institucionales, el retiro de las fuerzas de seguridad como elemento “regulador” del crimen, sus nichos de riqueza, sus cuevas financieras y sus bolsones de pobreza, su fragilidad ante los vaivenes económicos, su corrupción extendida. Y su posición geográfica privilegiada –junto a la Hidrovía y las rutas 11, 9, 33 y 34– que la convierten en un embudo de conectividad del Cono Sur.
La sangre que corre por sus calles es tanta que muchos rosarinos parecen anestesiados. O acostumbrados. Como naturalizaron que en 2013 hayan tiroteado con 14 balazos –algunos provenientes de un arma policial– la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti, en un episodio extrañísimo por el que en 2015 beneficiaron con un juicio abreviado a uno de los acusados, el sicario Emanuel Sandoval. En 2019 a Sandoval lo asesinaron cuando cumplía prisión domiciliaria por dos tentativas de homicidio… en la casa de un juez, hermano del abogado del mismísimo Bonfatti.
La sangre que corre es mucha, pero solo de algunos, los “otros”. O eso creyeron muchos en los sectores medios y acomodados, que durante demasiado tiempo se desligaron de lo que pasaba “en la periferia”. Apenas si arquearon una ceja cuando supieron que Esperanto, el boliche, estaba vinculado al narco. Pero lo cerraron por ruidos molestos, no por lavado. Y su dueño, Luis Medina, cayó asesinado. Diez tiros. Pero con los años esos mismos que creyeron que el baile les era ajeno terminaron padeciendo las extorsiones. La disyuntiva es simple para empresarios y comerciantes, grandes y pequeños: plata o plomo.
La sangre que corre por sus calles se explica, también, por el reparto de poder –y en ciertos casos, negocios– que une y separa a socialistas, radicales y peronistas desde hace décadas. Responde a los contubernios entre funcionarios de los tres poderes del Estado con los clanes criminales que no se agotan en el narcotráfico. Responde a los arreglos delictivos de las fuerzas de seguridad con aquellos a los que deberían perseguir. A los ductos financieros que mueven fortunas en negro del mundo agrícola y de los narcos. A lo que pasa –y se calla– en los “puertos secos” y el mercado inmobiliario. A la pobreza que agobia a vastos sectores sociales. Y al enjuague cómplice de muchos rosarinos con el hampa, para el que lavan decenas de millones de dólares al año.
Esas son algunas de las conclusiones que surgen de las entrevistas con más de cincuenta funcionarios, legisladores, jueces y fiscales federales y provinciales, criminólogos, efectivos de las fuerzas de seguridad, familiares de víctimas, sicarios y miembros de los clanes criminales que dos periodistas de la nacion mantuvieron durante seis meses. También recorrieron los barrios calientes de la periferia, viajaron a la Triple Frontera, Entre Ríos y Uruguay, y analizaron expedientes judiciales, investigaciones académicas e informes reservados. Pero no hay respuestas –mucho menos soluciones– fáciles.
La mayoría de los entrevistados exigió mantener su identidad bajo reserva por motivos de seguridad, para evitar represalias o para esquivar las respuestas protocolares. Las conversaciones tendieron a desgranar cinco dimensiones: la criminal, la institucional, la social, la financiera y la policial.
Etapas del fenómeno
Primero, la criminal. Por tamaño, densidad y características, Rosario se convirtió en un enclave ideal para que pequeños clanes criminales crecieran y se diversificaran. Los ayudaron los focos de pobreza, desempleo y desindustrialización, y la baja incidencia en Rosario del empleo público como colchón social. Así fue cómo el clan Alvarado o la familia Cantero, factótum del clan Los Monos, avanzaron al ritmo de su ambición y la desidia o complicidad estatal. Pasaron del robo de automóviles al narcomenudeo, las extorsiones, la trata, los asesinatos y el lavado de activos.
Segundo, la institucional. Una y otra vez, las críticas llueven sobre el anticuado sistema institucional santafesino, empezando por la Constitución provincial, la más antigua del país. Se suman las voces que reclaman modificar cómo se reparten los escaños en la Legislatura, el período en que sesionan las Cámaras, los fueros parlamentarios –más amplios que los establecidos en la Constitución nacional–, habilitar la reelección del gobernador e impulsar la reducción de las prerrogativas que asemejan a los senadores provinciales a señores feudales. Las mezquindades políticas bloquean cualquier intento. Ese pantano institucional lleva a componendas espurias entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial a la hora de seleccionar jueces, fiscales, policías y titulares de organismos de control, y a la hora de remover a aquellos que quieran investigar al poder y a sus aliados criminales, en un círculo vicioso sin fin.
Tercero, la social. Hay barrios enteros de Rosario que fueron abandonados por el Estado, que dejó de proveer seguridad y contención social. Los criminales llenaron ese vacío en zonas asoladas por la pobreza, el desempleo y la precarización. Allí, los clanes organizan comedores comunitarios y talleres de oficios, pagan sepelios y hasta proveen un remedo de seguridad, al mismo tiempo que ordenan asesinatos y secuestros, extorsionan comerciantes y regentean el narcomenudeo, el tráfico de armas y la trata de personas.
Cuarto, la financiera. Centrar el narco a los barrios más carenciados de Rosario es reduccionista. El negocio mueve US$9 millones al mes en la provincia y genera ganancias por US$5 millones cada treinta días, según estimaciones de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). ¿Cuánto de ese dinero se lava y se reintroduce en el circuito legal? Difícil saberlo. Pero un relevamiento de los expedientes judiciales muestra que financieras, inmobiliarias, constructoras y mutuales controladas por la clase alta rosarina participaron en el lavado de los clanes criminales más sangrientos. Son los delitos de “guante blanco”.
Quinto, la seguridad. Es decir, las fuerzas provinciales y federales. Ausentes como factor “regulador” del delito, Rosario vivenció una “feudalización” del territorio y de las cajas recaudatorias. Abundan los ejemplos de policías y penitenciarios que trabajan para los narcos, de políticos que protegen a agentes corruptos, y de presos que planifican crímenes por teléfono, a pesar de que una ley de 1996 prohíbe de manera taxativa el acceso a celulares en las cárceles. No solo eso. Muchos policías son promovidos a cargos superiores por los narcos.
Con este combo que oscila entre lo mortífero, lo mezquino y lo patético, Rosario resulta el rostro más visible de una situación que se repite en otros puntos del país; en particular, en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Porque solo en Rosario, un hombre camina a las 3.20 de la madrugada hasta la garita de seguridad de los tribunales federales, en pleno centro de la ciudad, desenfunda su arma y dispara, impune. Pasó el miércoles 28 de septiembre. Llegamos a tal punto que resultó necesario convocar a una unidad antiterrorista para que desembarque en la ciudad. Pero las balaceras continúan.
Murió un hombre que fue atacado en una panadería con grasa caliente
José E, Bordón
ROSARIO.– Tras agonizar 17 días murió un panadero de Rosario, a quien un compañero de trabajo, que está prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas policiales, lo atacó y le arrojó grasa caliente en la cara.
La víctima, identificada como Sofiudin José Jahari, de 47 años, falleció el lunes pasado, pero el caso trascendió ayer ante el insistente reclamo de familiares y amigos de la víctima para que el agresor sea detenido y juzgado.
La fiscalía de turno en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ya emitió el pedido de captura del agresor, quien era compañero de trabajo de Jahari y fue identificado como Miguel Alejandro Martínez, de 30 años.
“El miércoles 7 de diciembre mi tío José se encontraba en su lugar de trabajo: una panadería de Rosario. Casi terminando su horario laboral se recostó y mientras dormía un compañero le tiró un balde de grasa hirviendo en el rostro y gran parte de su cuerpo”, indicó su sobrina, Oriana.
El relato de la joven fue confirmado por los investigadores, quienes acreditaron que Sofiudin Jahari se disponía a descansar un momento antes de la finalización de su jornada laboral, en la panadería ubicada en Santiago al 4700, cuando Martínez, sin mediar palabra le arrojó un recipiente lleno de grasa caliente en el rostro y parte del cuerpo, para luego darse a la fuga.
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