LA OPINIÓN DE FERNANDO LABORDA

La carta bajo la manga del kirchnerismo

Fernando Laborda

Cristina Kirchner ha esgrimido que es la víctima de un viejo conflicto histórico dado por la presunta persecución y el intento de proscripción del peronismo. Hay en ese relato con formato de leyenda un supuesto subyacente, de acuerdo con el cual la Argentina solo puede ser gobernada por el peronismo. Se trata de un mito, alimentado desde ese mismo sector político para perpetuarse en el poder, que ha perdido vigencia en la mayor parte de la sociedad argentina. Sin embargo, los conflictos dentro del peronismo, que históricamente se han trasladado al conjunto del país, siguen dominando la agenda política y se evidencian en la gestión gubernamental.
Así, mientras Sergio Massa intenta poner cierto orden en la economía –aunque con medidas insuficientes y sin pensar en reformas estructurales por ahora–, Cristina Kirchner pretende creer que es ella quien fija las líneas estratégicas del Gobierno y el desdibujado Alberto Fernández quiere creer que todavía gobierna.
El reciente diferendo entre el ministro Massa y un hombre del Presidente, como el titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, sobre el llamado “dólar soja” y la disyuntiva acerca de si los productores que liquidaron su cosecha a 200 pesos por dólar podían o no adquirir moneda extranjera en el mercado bursátil es un indicador más de esa confusión dentro de la coalición gobernante.
El crecimiento de las reservas del Banco Central en 3320 millones de dólares desde el 6 de septiembre, cuando entraron en vigencia los incentivos al agro para que liquide divisas provenientes de las exportaciones de soja, ha devuelto algo de tranquilidad a los mercados. El mes concluirá con liquidaciones por más de 6000 millones de dólares.
Pero del mismo modo que no hay forma de renovar la confianza en un país donde cada semana se inventa un nuevo cepo cambiario, los analistas económicos ya presagian problemas para cuando concluya el veranito del dólar soja, a fines de septiembre. Advierten, en tal sentido, que las mayores liquidaciones de dólares de este mes se traducirán en una menor cosecha de dólares para el BCRA en el último trimestre del año.
A eso deberá sumarse el problema fiscal que traerá aparejado el mecanismo de estímulo al campo. Es que, para el BCRA, comprar dólares a 200 pesos y después venderlos a unos 140 pesos implicaría una pérdida de alrededor de 360.000 millones de pesos. Por esa pérdida, la entidad monetaria recibirá una letra del Tesoro como compensación, pero aumentará el déficit cuasi fiscal, ya que el BCRA tendrá que emitir más Leliq para financiar la compra de dólares. Mientras que por esas Leliq deberá pagar elevados intereses y en algún momento amortizaciones, con las letras del Tesoro seguirá empapelando los despachos de sus funcionarios. La bola de nieve de Leliq, con la que Alberto Fernández prometió terminar para volcar esos recursos a mejorar las jubilaciones, sigue subiendo. El stock de Leliq ronda los 6 billones de pesos, por los que se pagan intereses de unos 500.000 millones de pesos por mes.
No menos dudas existen de que el Gobierno pueda cumplir en 2023 con la meta de bajar la inflación al 60% –luego de que finalice en 2022 con tres dígitos–, en un año electoral que traería bajo el brazo un nuevo “plan platita”.
Massa les ha dicho a los empresarios industriales que, después de la estabilización, en 2023 llegará la etapa del crecimiento y las reformas. Será difícil lograrlo en un país donde, casi a diario, la seguridad jurídica recibe un golpe y donde las reglas de juego parecen siempre supeditadas a los intereses particulares de cualquier facción poderosa, y la Constitución puede ser manoseada alegremente por el gobierno de turno.
El desconocimiento de la Constitución quedó en evidencia en la defensa de sí misma que hizo Cristina Kirchner anteayer en el juicio por la causa Vialidad. Sostuvo que los actos de gobierno no son judiciables y dio a entender que los expresidentes solo podrían ser juzgados en juicios políticos. Su pretensión de ubicarse por encima de la ley trajo a la memoria sus concepciones medievales de las que dio cuenta en otras apariciones públicas. Desde hace tiempo, la vicepresidenta viene repitiendo que la división tripartita de poderes, eje de nuestra república, es obsoleta, por cuanto según ella data de una época, como la de la Revolución Francesa, en la que no existía la luz eléctrica, ni el auto, ni el teléfono celular. Su conclusión es que ningún juez, por el hecho de no haber sido votado por el pueblo, puede juzgarla a ella, que fue votada por la ciudadanía. Se trata de una visión en la que el Poder Judicial solo puede funcionar como un apéndice del Poder Ejecutivo, funcional a la búsqueda de su propia impunidad.
No sorprendió que Cristina Kirchner utilizase el fallido atentado del 1º de septiembre para arremeter contra la Justicia. Sí, que dijese que, desde ese día, sospecha que, desde el ámbito judicial se pueda estar dando “licencia para que cualquiera pueda hacer cualquier cosa” contra ella.
Mientras la vicepresidenta intenta utilizar políticamente aquel episodio, es llamativo que, tres semanas después, una porción mayoritaria de la opinión pública siga creyendo que se trató de un montaje del kirchnerismo para victimizarla. Un dato que da cuenta del bajo nivel de credibilidad y confianza de la que goza la líder de la coalición gobernante.
Que Cristina Kirchner haya recurrido a un relato tan rebuscado como asociar a Mauricio Macri con los bolsos de José López en función de las comunicaciones entre este y el empresario Nicolás Caputo exhibe la gran dosis de desesperación de la vicepresidenta. Semejante elucubración solo puede convencer a los más fanatizados de sus seguidores. Algo que permite conjeturar que el cristinismo no busca más que retener a los votantes propios, fogoneando el temor al regreso de Macri. Los tiempos del “vamos por todo” forman parte de un pasado lejano. Hoy se trata de ir por lo que se pueda.
El operativo clamor para el retorno de Cristina Kirchner a la presidencia ha quedado por ahora congelado; la prioridad es debilitar y dividir a la oposición. El llamado al diálogo es parte de esa estrategia política del oficialismo. Hasta la vicepresidenta se ha dado cuenta de que, sin dinero para seguir haciendo populismo y ante la necesidad de cambios en la política económica, no será factible ganar las elecciones sin compartir los costos de un ajuste económico con Juntos por el Cambio.
Cuando la convocatoria al diálogo amenazaba con empezar a dividir aguas en la principal fuerza opositora, la aprobación de la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema en el Senado les sirvió en bandeja a los halcones de Juntos por el Cambio la mejor razón para rechazar toda tentativa de acuerdo con el oficialismo. Cualquier invitación al diálogo terminará ahora en el tacho de basura y más aún si la sociedad sospecha de que detrás de cualquier acuerdo puede haber un contubernio.
No obstante, la carta bajo la manga del kirchnerismo sigue siendo la suspensión o eliminación de las PASO del año que viene. Una jugada cuyo propósito es arruinar los planes de la oposición para seleccionar ordenadamente a sus candidatos, y eventualmente fracturarla. Entre dirigentes de Juntos por el Cambio se teme que la coalición oficialista cuente ya con los votos necesarios para aprobar en la Cámara de Diputados ese proyecto. Difícilmente aceptarán sus líderes dirimir una postulación presidencial a través de una encuesta si no surge un claro ganador potencial. Y organizar una interna abierta o cerrada conllevaría enormes dificultades con aparatos partidarios desacostumbrados a esas prácticas.
La crisis argentina se prolongará en tanto lo viejo se resista a morir y lo nuevo no termine de nacer.
El operativo clamor para el retorno de Cristina Kirchner a la presidencia ha quedado por ahora congelado; la prioridad es dividir a la oposición

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