TENSIÓN ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

Inminente fallo de la Corte por los fondos de la Ciudad
JUSTICIA. El tribunal dictaminaría en los próximos días a favor de suspender la quita de recursos; en la Casa Rosada dan por descontada una medida adversa
Hernán CappielloHoracio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema fallará en los próximos días en el conflicto por los fondos de la coparticipación federal que la Nación le recortó a la ciudad de Buenos Aires en 2020 para aumentar los recursos del gobierno de Axel Kicillof.
Tanto en el gobierno nacional como en la administración porteña dan por descontado que la decisión es inminente y que favorecería a la Ciudad. En la Corte Suprema hay hermetismo, pero reconocen que el fallo se conocerá antes de que finalice el Mundial.
Fuentes judiciales pronostican que el tribunal puede aceptar la medida cautelar que presentó el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y suspender el recorte que sufre el distrito todos los meses, pero difícilmente se ordene reintegrar los recursos ya quitados.
En el Gobierno y la oposición están convencidos de que la Corte Suprema de Justicia fallará de manera inminente en el conflicto por los fondos de la coparticipación federal que le recortó la Nación a la Ciudad en 2020. En la Corte hay hermetismo, señalan que el fallo está en la agenda de las próximas semanas y que se conocería antes de que finalice el Mundial.
En la Ciudad están entusiasmados con un fallo que acepte la medida cautelar que presentaron contra el gobierno nacional. “Cuando el río suena, agua trae”, dijo un alto funcionario porteño que sigue el expediente. En la Ciudad creen que les darán al menos algo de lo que reclaman. No será 100 por ciento, pero algo será. Si consiguen que les admitan la medida cautelar, lo celebrarían como una victoria.
De cara a las elecciones presidenciales de 2023, Horacio Rodríguez Larreta viene prometiendo desde mayo pasado: “Si la Corte nos devuelve la plata de la coparticipación, yo automáticamente bajo los impuestos”.
En el Gobierno también creen que el fallo de la Corte es cuestión de horas. El ministro del Interior, Wado de Pedro, se apoyó en trascendidos de prensa para especular que, en plena guerra del kirchnerismo contra la Corte Suprema, el máximo tribunal iba a fallar en favor de Horacio Rodríguez Larreta. Y tuiteó: “Trascendidos periodísticos anticipan un supuesto fallo de la Corte Suprema a favor de la transferencia discrecional e ilegal de fondos que @mauriciomacri le dio por decreto a @horaciorlarreta en desmedro del desarrollo de las provincias y sus habitantes. ¿Fondos en año electoral?”, se preguntó.
Los más optimistas creen que la Corte Suprema finalmente va a admitir la cautelar que presentó el gobierno de la ciudad y que algo van a recibir. Hay muchísimas versiones, pero se apoyan en los votos sobre todo de los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, federalistas del interior, que han escrito sobre la coparticipación. Ricardo Lorezentti también trabajó en estas sentencias.
La coparticipación no era un tema de los tribunales, sino de la política, hasta que fracasó el diálogo y la Corte Suprema debió resolver las disputas en los juicios de Santa Fe, Córdoba y San Luis. El problema es el porcentaje del dinero que reclama la Ciudad, allí los jueces tienen miradas divergentes. El pronóstico es que le darán la razón a Rodríguez Larreta, aunque no toda la razón.
Lo cierto es que el camino para dictar un fallo ya quedó allanado porque venció el plazo que les dio la Corte a la Ciudad y a la Nación para que se pusieran de acuerdo. Y también porque la propia Corte Suprema ya rechazó apartar del trámite a su presidente, Horacio Rosatti. El expediente está para resolver.
Una fuente que sigue los temas jurídicos de la Ciudad, dijo a la nacion: “Probablemente el fallo se conozca la semana que viene, probablemente no se logre el 100 por ciento de lo que se reclama”. Son prudentes, pero optimistas.
En Juntos por el Cambio señalan que es probable que la Corte falle hacia adelante, es decir, que resuelva suspender la quita de fondos hacia adelante para mantener a la policía, en una medida cautelar, hasta que haya una sentencia definitiva. No obligaría a devolver lo que ya le quitó el Estado nacional.
El conflicto se dio luego de que Mauricio Macri dispuso en diciembre de 2015, en su presidencia, aumentar los recursos federales que recibía la Ciudad por coparticipación del 1,4% al 3,75%, para financiar el traspaso de la Policía Federal. El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus, Alberto Fernández, con la quinta de Olivos rodeada por policías bonaerenses que se alzaron para reclamar un aumento de sueldos, firmó el decreto 735/2020 para quitarle ese dinero a la Ciudad y dárselo a la provincia de Buenos Aires, y retrotraer al 1,4%, pese al traspaso de la policía.
Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes y se aumentaba la quita. Vencido el plazo de la ley para negociar y luego de la que la propia Corte les dio plazo hasta mediados de mayo para llegar a una solución, sin éxito, la Corte debe ahora expedirse.
El monto de dinero que la Ciudad calcula que en un año perdió por la quita de coparticipación son unos 122.000 millones de pesos, equivalentesal 11% del presupuesto porteño.
En septiembre de 2020, cuando se dispuso la reducción de fondos, la Ciudad dejó de recibir 15.000 millones de pesos. A lo largo de todo 2021 no recibió 85.000 millones de pesos. La proyección completa para 2022 es de 122.000 millones.
“Yo no me quiero hacer los rulos, pero si admiten la cautelar de la Ciudad ya es una victoria”, resumió un funcionario porteño, frente a la perspectiva de la sentencia.
El pronóstico es que le darán la razón al gobierno porteño, pero sin reintegrar los fondos ya recortados
 Fiscales y de defensores de Santa Cruz. Sosa no fue nombrado en ninguno de los dos cargos. En la provincia nunca cumplieron el fallo de la Corte Suprema con la excusa de que el cargo de procurador ya no existía como tal.
Ahora el kirchnerismo fue más allá. No solo Claudia Ledesma Abdala de Zamora, presidenta provisional del Senado, firmó el decreto para designar a Doñate como consejero, sino que lo hizo refrendar por una votación en el recinto durante la sesión del pasado miércoles, de la que Juntos por el Cambio se ausentó. Así, la senadora santiagueña buscó convertir el decreto en una decisión del Senado y no en un alzamiento de Cristina Kirchner contra la Corte. En ese momento, la vicepresidenta reemplazaba a Alberto Fernández en la presidencia.
El constitucionalista Alejandro Carrió prefiere no hablar de desobediencia, sino que apunta al delito de violación de deberes de funcionario público, que condena con hasta dos años de prisión y el doble de tiempo de inhabilitación a quien “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. Es una descripción casi literal de la conducta de los senadores que refrendaron el decreto legislativo firmado por Ledesma Abdala.
Cristina Kirchner redobló la apuesta y colocó la situación en el terreno de la confrontación entre dos poderes del Estado. En la Corte prefieren ponerle paños fríos al asunto, porque creen que el conflicto recién empieza y se agudizará en los tiempos por venir.
La Justicia suma malas noticias para Cristina Kirchner: desde el fallo en la causa Vialidad, que se encamina a una condena, según evalúan oficialistas y opositores, a la reapertura del caso Hotesur y Los Sauces, donde la vicepresidenta está acusada junto a sus hijos, Máximo y Florencia. También el caso del dólar futuro está nuevamente bajo análisis.
En medio de esta pelea, el Senado puede quedarse sin una silla en el consejo de la Magistratura, al menos en lo inmediato y sobre todo luego del amparo que planteó el senador Luis Juez, pidiendo que los tribunales impidan la asunción de Doñate. Basta un fallo de primera instancia para dejar a Doñate fuera de la próxima ceremonia de jura. En ese enfrentamiento individual con la Corte, Cristina Kirchner embarcó a todo el Senado. Dos poderes enfrentados.
Más allá de que la concepción que prima en el kirchnerismo es ubicar al voto popular por encima del marco constitucional, aun en un contexto de derrotas electorales, la presunción en los tribunales es que este desafío a las decisiones de la Corte pretende deslegitimar los fallos por venir. Estiman que se trata de esmerilar al Poder Judicial para devaluar sus sentencias.
El kirchnerismo ve al Poder Judicial como el brazo de Juntos por el Cambio o de Pro. Probablemente en unos días no lo vea de la misma manera porque la Corte trabaja en algunas sentencias que pueden afectar intereses opositores.
En rigor, la Corte buscó con sus decisiones de los últimos años fortalecerse como poder del Estado. Sustraerse del influjo de la política, sortear la influencia de los operadores y el submundo del espionaje, y demostrarles a los jueces que pueden tomar sus decisiones más allá de las presiones. Pero un Poder Judicial fuerte e independiente es un riesgo y por eso la tensión para desacreditarlo.
El caso del Consejo de la Magistratura es la ocasión de la Corte Suprema para reafirmar su autoridad, aunque los tiempos son casi tan importantes como los argumentos a la hora de analizar los fallos del máximo tribunal.
Por eso, el mantra de la Corte Suprema es “somos árbitros, no adversarios”, y “paciencia, convicción y coraje”.
Horacio Rosatti preside la Corte y el Consejo de la Magistratura. El organismo contará con el regreso de un kirchnerista de paladar negro, el diputado Rodolfo Tailhade, quien -tras su paso por la AFI- ya fue consejero: es recordado por sus malos modos y su estilo de confrontación. En el Consejo saben diferenciar. Tailhade es Cristina Kirchner y lo que diga será oído como si saliera de boca de la vicepresidenta. Contrasta con el consejero por el Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, hermano de Eduardo de Pedro y un dialoguista con todos y por todo, negociando hasta el final. “Es la calma antes de la tormenta”, exageró un funcionario judicial, previendo un fin de año caliente y un 2023 de conflictividad.

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