ANÁLISIS Y DISCUSIÓN,

Vicentin, otro paso de un plan mayor

Dos fiscales españoles llegan a Buenos Aires para conocer la causa de los cuadernos de la corrupción. Preparan la acusación de los exdirectivos de la constructora Isolux por el envío de la plata con la que supuestamente el EX-CEO de la filial argentina Juan Carlos de Goycochea pagaba a Baratta los sobornos para quedarse con la obra de la central de Río Turbio (serían 18 pagos de 300.000 dólares cada uno). Los fiscales acceden a la confesión del EX-CEO local, recorren la ruta de las coimas que Centeno resumió en ocho volúmenes, conocen el inframundo de las financieras y quedan azorados con los videos de la Rosadita, un festival de billetes y whisky, y aquel de antología en el que un trasnochado José López oculta nueve millones de dólares en un convento con ayuda de una monja. “Lo que aquí ya no genera asombro a los españoles les pareció un capítulo de Netflix que terminaba con bolsos de dinero depositados en el departamento de la vicepresidenta Cristina Kirchner”, cuenta Hernán Cappiello en su crónica,
Esto ocurrió en enero. Con estos elementos, los fiscales españoles acusaron esta semana a varios directivos de la casa matriz. A lo mejor consiguen allá lo que en la Argentina parece impensable. Lo que vieron aquí es surrealista, pero más lo es el hecho de que la entonces presidenta hoy domine la escena (Presidente incluido) y aproveche la pandemia para avanzar a paso redoblado contra la Justicia y el campo (impunidad y dinero) a fin de consumar sus venganzas y reducir al país a un feudo donde todo responda a su voluntad. ¿Cómo esta persona, acusada de liderar semejante asociación ilícita, volvió a ganar las elecciones?, se habrán preguntado estos fiscales.

La pregunta lleva a otra. ¿Cómo un populismo de características fascistas, cuyo modelo acabado es la provincia de Santa Cruz, pasa a encarnar aquí la izquierda o el progresismo? La historia argentina y la tradición camaleónica del peronismo ayudan, pero el factor clave es la capacidad de simulación de Cristina Kirchner, artífice de un relato que vende épica de café a los jóvenes idealistas y a los intelectuales retro mientras, en las sombras, ella construye su imperio con políticos, arribistas y empresarios que se someten a su férula por los beneficios del poder, el temor a su capacidad de daño o insondables condicionamientos psicológicos. Tal vez, todo eso junto.
A sus muchos rostros, ahora ha sumado su máscara más sutil y engañosa, que le facilita el escape del brazo de la Justicia (cada vez más cercada) y la posibilidad de apelar a otra voz que suene más racional que la suya: el Presidente. Contó con la ingenuidad de una parte de la sociedad que quiso ver en Alberto Fernández algo más que un medio para que la señora alcanzara sus ambiciones. Pero el Presidente es lo que es. Gracias a su discurso reversible, a su ductilidad para impostar con convicción las convicciones más contradictorias, lo que tiene en mente resulta a esta altura tan insondable como los misterios de la fe. Ahora, además, eso se ha vuelto irrelevante: aquello que lo define es su condición instrumental.
La decisión de intervenir y expropiar la empresa Vicentin es otra muestra de la naturaleza bifronte del Gobierno y de su pecado original, el haber nacido de un acuerdo hipócrita que el electorado digirió sin problemas. Este régimen vicepresidencial, como lo llamó el constitucionalista Daniel Sabsay, es un picnic para los analistas. Pero lo más relevante de esta grave medida no es la naturaleza retorcida del Gobierno, sino el curso que marca. La vicepresidenta, escudada en la pandemia y en el Presidente, aprovechando la debilidad de instituciones puestas en cuarentena, parece decidida a hacer del país su lugar en el mundo: una gran Santa Cruz donde todos le respondan. Allá los Kirchner llegaron a ponerse la provincia en el bolsillo asfixiando a las empresas para quedarse con ellas. Entendieron como nadie que aquí el poder económico es sinónimo de poder político.
Este plan, claro, viene acompañado de la música del relato (la “soberanía alimentaria”) y de los pasos de baile que sean necesarios. El primero lo dio la diputada Vallejos cuando dijo que el Estado debía quedarse con una participación en las empresas que asiste durante la cuarentena; el segundo, hacia atrás, lo dio el Presidente, que calificó de “loca” esa idea; después llega la decisión de expropiar Vicentin y la aclaración del ministro Cafiero, que también cumple con su rol: tranquilos, no vamos a hacer lo mismo con todas las empresas concursadas.
Sabemos cómo sigue el baile. Y cómo termina. Basta con volver a los casos, entre otros, de Aerolíneas Argentinas e YPF: pierden los contribuyentes y, corrupción mediante, ganan los funcionarios y sus amigos. Pero Vicentin es, a su vez, otro paso en un plan mayor. Está en el aire. Las protestas en Santa Fe y las grandes urbes contra la decisión de expropiar son también una reacción contra la pulsión de ir por todo que exhibe el kirchnerismo.

H. M. G. 

TEMA DE REFLEXIÓN, DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

No a la cultura del descarte

Está comprobado que puede haber vida sin libertad, pero no hay mejor ejemplo que el del aborto para demostrar y confirmar que no hay libertad sin vida

Ilustración de Frato, extraída de su libro 40 años con ojos de niño, de Editorial Losada
Vivimos en una cultura de inmensas paradojas. Mientras nos asombramos y maravillamos ante la posibilidad de que exista vida en otros planetas, se agita el empeño en negar la existencia de vida humana desde el momento de la concepción en el seno materno. En medio de un mundo agrietado, violento y egoísta, vuelve a nuestra agenda legislativa el tema del aborto. Cada tanto, recrudece esta idea de suprimir vidas inocentes al amparo de la ley, fundada en la falacia de que debe respetarse la libertad de la madre a disponer de su cuerpo
El error es doble. Ni puede considerarse que el niño por nacer sea parte del cuerpo de la madre, pues su ADN es diferente del de esta, ni corresponde invocar la libertad de la madre, pues, cualquiera fuese su derecho, ninguno habrá de considerarse superior a la vida. Está comprobado que puede haber vida sin libertad. Pero no hay mejor ejemplo que el que nos ocupa para demostrar y confirmar que no hay libertad sin vida. Por otra parte, como reiteradamente hemos planteado desde estas columnas, no es cierto que una mujer pueda extirparse el fruto de sus entrañas como tampoco puede hacerlo con cualquier otra parte de su cuerpo, como un brazo o una pierna, sin más, por propia voluntad, en ejercicio de una supuesta y desnaturalizada libertad.
Resulta por demás extraño y macabro que se pretenda asimilar el seno materno, lugar de nacimiento de la vida por antonomasia, a una tumba de cementerio. La sola imagen sobrecoge el ánimo. Es incomprensible también que se catalogue la cuestión como un eventual "logro" de las mujeres, cuando son más que conocidos los terribles efectos psicológicos, de profunda tristeza e inenarrable dolor, y las imborrables secuelas que un aborto produce en una mujer. 

Se habla también de legislar para "proteger" a quienes se ven obligadas a optar por un aborto. Podríamos preguntarnos qué clase de protección es esa que habilita el asesinato de un inocente con las referidas consecuencias incontrastables para la psiquis de cualquier mujer. Un aborto elimina un proceso vital, interrumpe una vida humana, más allá de cualquier convención jurídica sobre las personas y sus derechos y obligaciones.
Los argumentos de quienes promueven el avance de la ley abrevan en estadísticas inverosímiles. El número de abortos ilegales en nuestro país, que algunos irresponsablemente, y otros de mala fe, elevan de manera disparatada a 500.000 anuales, se cae por inconsistencia simplemente cuando se lo compara con la cantidad de nacimientos. Está claro que tampoco podemos tomar por ciertas las 46 muertes maternas anuales que denuncia el Ministerio de Salud; sería necio no admitir que muchas mujeres recurren al aborto clandestino comprometiendo su salud e incluso su propia vida por falta de las condiciones sanitarias mínimas para estas prácticas.
Hemos de admitir también que la situación difiere notablemente si quien desea interrumpir un embarazo carece o no de medios económicos suficientes para pagar por estas prácticas en condiciones seguras, alimentando un pingüe negocio para muchos. Una vez más, se trata de evitar llegar a esos abismos acompañando debidamente a la mujer desde el Estado y la sociedad.
Cuando se considera la viabilidad de autorizar un aborto limitándolo hasta una u otra semana de evolución, se omite no solo la letra de la Constitución, sino principalmente toda la abrumadora evidencia científica de la que hoy disponemos que sostiene que la vida se inicia al momento de la concepción.
En pleno siglo XXI, no podemos centrar la discusión en algo que la ciencia y la tecnología han demostrado acabadamente y sin lugar a dudas.
La confirmación de la vida humana intrauterina hoy es ya innegable, como lo demuestra cualquier ecografía en 4D y 5D. Tengamos en cuenta, además, que el ADN de una persona no solo sirve para determinar su filiación, sino que es un elemento clave para decidir si, por ejemplo, la sangre es de una persona o de otra ante un crimen, o si el semen pertenece a un individuo u otro, aun en casos de violaciones múltiples. Es pues un análisis determinante para distinguir a una persona de otra. Esto es, para diferenciar entre dos personas: una persona de otra.

Son innegables los avances en las investigaciones sobre lo que acontece durante el período de vida intrauterina. Hemos conocido así lo que los niños por nacer registran de su entorno, cómo se desarrollan sus sentidos al tiempo que crecen y se forman sus cuerpos, ni que decir de los estremecedores videos que muestran a niños en sus primeros estadios de vida resistiéndose al ataque de unas pinzas en maniobra abortista.
No nos cansaremos de abogar y celebrar la vida humana y, al hacerlo, como primera medida, insistimos sobre la urgencia y la necesidad de que sea el propio Estado el que garantice la más generosa ayuda a la madre embarazada, como lo hacen algunas instituciones privadas, desde el momento inicial, durante el embarazo y el parto, tanto como después, cubriendo los aspectos médicos, psicológicos, legales y asistenciales de cada caso. Todo ello, a fin de contribuir a que cualquier mujer pueda elegir la vida, respetando el principio natural que pone a la vida humana por sobre cualquier otro derecho.
Esta es la auténtica política de Estado cuyo debate se debe iniciar con profundidad, amparados en la sobrada evidencia científica, desde una mirada sobre la cual confluyan los mejores esfuerzos de todo el cuerpo social de la Nación. Es necesario partir de adecuados diagnósticos, generando en la medida de lo posible respetuosos consensos para diseñar planes de acción precisos y sustentables, con monitoreo de sus objetivos y resultados.
La situación de la niñez desamparada, la prevención del embarazo adolescente, la protección de situaciones de violencia contra la mujer, una educación sexual integral y la definitiva superación de las trabas pretéritas que siguen impidiendo o prolongando innecesariamente los procesos de adopción deberían ser metas y objetivos que nos planteemos como sociedad, superadores de toda grieta y división. Estas son las periferias existenciales y sociales que debemos atender con prontitud y acuerdo.
Iniciar esta discusión apresuradamente, sin los debates y consensos que el tema demanda, a partir de una ley o un plebiscito que abra la puerta para la legalización del aborto, implica un atajo de populismo demagógico que promueve una cultura del descarte, castigando a los más débiles, a aquellos incapaces de defenderse tan siquiera devolviéndonos una mirada que clama piedad.