CUMBRE, CANCILLERÍA Y PROYECTOS

Mauricio Macri reunió a la mesa chica de Pro y se prepara para la competencia electoral
A fines de este mes se relanzará la Fundación Pensar y se realizarán recorridas en partidos claves de la provincia de Buenos Aires; preocupación por la disputa entre la Nación y la Ciudad por la coparticipación
Laura Serra
Mauricio Macri, con el secretario general de Pro, Facundo Pérez Carletti, y la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido, Soledad Martínez
Tras asumir las riendas de Pro, Mauricio Macri y su mesa chica se reunieron esta tarde para comenzar a planificar el futuro electoral con vistas a las elecciones del año próximo. El relanzamiento de la Fundación Pensar –el think tank de Pro– a fines de este mes y una sucesión de recorridas con tintes proselitistas en Buenos Aires marcarán el punto de partida de una carrera en la que Macri pretende dotar al partido de musculatura política frente a un oficialismo ascendente.
El encuentro de Macri con la mesa ejecutiva del partido tuvo lugar en las oficinas porteñas ubicadas en la calle Balcarce y reunió al jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo, quien hace un mes asumió la presidencia del Pro en Buenos Aires; los diputados María Eugenia Vidal y Diego Santilli; a los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata); al secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, y al exsecretario general de la Presidencia Fernando De Andreis. Además, estuvieron presentes (por Zoom) los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Durante la reunión se abundó sobre cuestiones partidarias, aunque De Andreis aprovechó la ocasión para advertir que la disputa entre la Ciudad y el gobierno nacional por la coparticipación porteña, lejos de saldarse, sigue latente. “La Nación giró los fondos correspondientes de este mes, pero no de manera automática como obliga el fallo de la Corte Suprema”, señaló De Andreis.
En efecto, según denunció el propio jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, este mes se le continuó girando a la Ciudad, de manera automática, el equivalente al 1,4% de la coparticipación, cuando con el Gobierno se había acordado que ese porcentaje sería del 2,95%, como lo había establecido el máximo tribunal en su fallo. “El Gobierno ‘goteó’ el 1,4% de coparticipación y el resto lo hizo por transferencias no automáticas, es decir, discrecionales. En cualquier momento, de manera arbitraria, los libertarios podrían disminuir esos giros o, directamente, cortarlos”, se quejan en el Pro.
Este cumplimiento –aunque a medias– del fallo de la Corte disuadió a los referentes macristas a no hacer un planteo público tras la reunión partidaria de este lunes. No faltó quien advirtiera que, después de los reproches de Macri al entorno del presidente Javier Milei y el crítico informe que divulgó la semana pasada la Fundación Pensar sobre la marcha de la gestión, un nuevo planteo podía tensar más la relación con el Gobierno y perjudicar las negociaciones que vienen llevando adelante los gobernadores Torres y Frigerio por fondos frescos para sus provincias.
De hecho, ambos mandatarios están ensayando acercamientos políticos y electorales con La Libertad Avanza en sus provincias. En paralelo, Torres acordó con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el catamarqueño Raúl Jalil, la conformación de un nuevo bloque en el Senado, denominado “Provincias Unidas”.
De esta manera, los mandatarios provinciales buscan consolidar un nuevo polo de poder diferenciado del kirchnerismo y del macrismo. Un bloque que sea equidistante de Pro y del kirchnerismo, que garantice gobernabilidad a Milei pero con la independencia necesaria para ponerle límites al gobierno nacional cuando lo crea necesario.
Por ello, al finalizar la reunión se optó por la cautela y por enviar señales de distensión. Es así como Ritondo anticipó que su bloque bajará al recinto este miércoles a la sesión que convocó La Libertad Avanza para discutir el proyecto que declara servicio esencial y estratégico a la educación pública. Esta iniciativa pretende garantizar el dictado de clases y acotar el alcance de los paros que realice el personal docente y no docente.

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Los diplomáticos activan una huelga para no pagar el impuesto a las ganancias sobre el plus por trabajo fuera del país
El sindicato de los embajadores decidió un cese de tareas de dos horas por los próximos cuatro días, en protesta por el decreto presidencial que establece el pago del tributo al adicional que perciben por su desempeño en el Exterior
Jaime Rosemberg
Diana Mondino enfrenta una rebelión interna de los diplomáticos por la quita de un adicional del sueldo
La canciller Diana Mondino vive nuevamente horas incómodas mientras el gobierno de Javier Milei intenta sacar rédito político y aprovecha que los flashes mediáticos se posan casi en su totalidad en la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.
Por decisión de la Asociación del Personal del Servicio Exterior (Apsen), y como resultado de una nueva asamblea llevada a cabo el viernes pasado, decenas de diplomáticos comenzaron hoy con medidas de fuerza en protesta por la decisión del Gobierno de comenzar a descontar, en concepto del pago de impuesto a las ganancias, un porcentaje del adicional que cobran los embajadores y ministros cuando cumplen funciones fuera del país.
Las medidas, que incluyen cese de actividades de dos horas desde hoy y hasta el jueves (en la Argentina, a partir de las 17) y la “abstención masiva de presentación a licitaciones de traslado”, podrían ser el inicio de otras acciones, más fuertes, si el amparo presentado en el juzgado contencioso administrativo Número 11, a cargo del juez Diego Martín Cormick, no prospera a la brevedad.
El ambiente en el Palacio San Martín no es, por cierto, de tranquilidad. Los inéditos protagonistas de la protesta llenaron las carteleras de la casa con consignas contra el pago del impuesto que pesa sobre los salarios, y también impulsaron un petitorio. Si bien el descuento no se efectivizó en los adicionales de julio “por problemas técnicos”, el temor es que, una vez solucionados esos inconvenientes, los descuentos se den de modo retroactivo y acumulativo.
“El amparo debería salir rápido, pero mientras tanto, por presión de los más jóvenes, comenzamos con estas medidas, siguiendo un criterio de progresividad”, explicaron desde Apsen, el gremio que motoriza las protestas. Sin respuesta por parte de la canciller, que defiende la decisión del Gobierno, basada en la “igualdad ante la ley” de todos los funcionarios de los tres poderes, los diplomáticos podrían decidir, el próximo viernes y en una nueva asamblea, profundizar las medidas de fuerza, inéditas en la historia de la diplomacia argentina.
Los promotores del reclamo, donde confluyen diplomáticos jubilados, otros con gran experiencia aún en funciones y jóvenes que recién dan sus primeros pasos, apuestan al éxito del amparo, presentado hace dos semanas por Eduardo Michel, presidente de Apsen, con la asesoría legal del abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra y el tributarista Alberto Tarsitano.
“Tal decisión ilegítima, arbitraria y flagrante no encuentra ningún fundamento en la ley del impuesto a las ganancias que reglamenta, la que mantuvo en la materia los mismos principios que se aplican desde hace décadas para autorizar la deducción, y se introdujo de manera solapada bajo el pretexto general de “adecuar” la reglamentación de la ley y “brindar precisiones” sobre las medidas instauradas”, dice el escrito en uno de sus primeros párrafos.

Los diplomáticos reiteran que ya pagan Ganancias por su sueldo en pesos, y consideran que ese adicional, en dólares y basado en un índice de Naciones Unidas, les permite solventar gastos en el exterior como vivienda, gastos médicos o escuelas para sus hijos. “El alquiler de un departamento de dos ambientes en Hong Kong vale 5000 dólares. Si no se tiene ese adicional, es un gasto imposible de pagar para un diplomático”, ejemplifica uno de los impulsores de la medida.
Mondino enfrenta la protesta de los embajadores, algunos de los cuales tienen peso propio. Entre los firmantes de la carta inicial de protesta, una vez conocida la reglamentación del decreto 652/24 que incluye el pago de cerca de un 25 por ciento por sobre el adicional que perciben los funcionarios que trabajan en delegaciones diplomáticas fuera del país, están el embajador en Chile y excanciller, Jorge Faurie; Ricardo Lagorio (embajador en la ONU); Conrado Solari Yrigoyen (exembajador en Dinamarca); Marcelo Suárez Salvia (embajador en China), Rafael Grossi (Organización de Energía Atómica), Martín García Moritán (embajador en Uruguay), el expresidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Federico Villegas y el exembajador argentino en Rusia durante el gobierno de Fernández Eduardo Zuaín.
“Medidas como la que establece esta nueva normativa repercuten de manera significativa en el normal funcionamiento del servicio, dificultando la cobertura de vacantes en las representaciones en el Exterior”, decía la carta a Mondino, en la que le pedían, sin éxito, que diera marcha atrás con la medida.
Con la oficialización, vía Boletín Oficial, del nombramiento en calidad de asesor de Asuntos Estratégicos, de Carlos Starmanns, llegado como ella desde la universidad del Cema y actual director de estudios del Instituto del Servicio Exterior (Isen), Mondino busca refugio en sus hombres y mujeres de confianza mientras enfrenta una rebelión inédita de la familia diplomática.

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Se abre la discusión por la caja de los gremios
Existen varias iniciativas en la Cámara baja para restringir los aportes automáticos

Delfina Celichini
Legisladores de Pro, la UCR y la Coalición Cívica volverán a la carga en la Cámara de Diputados para limitar el poder de los gremios. Con el aval del Gobierno, buscarán reformular el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones. Ambos puntos fueron incluidos en el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, se reunirá hoy para iniciar el tratamiento de 26 proyectos que, entre otras cosas, apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es uno de los principales sostenes económicos de los gremios.
Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.
Si bien durante la sanción de la Ley Bases hubo un intento de avanzar con una nueva reforma, finalmente el oficialismo y la oposición dialoguista consensuaron una “modernización laboral” acotada. En esa oportunidad, fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, el principal detractor de las reformas, que exigió postergar la discusión con los gremios una vez que se haya conseguido la sanción de las iniciativas.
“Hay consenso, la mitad de los proyectos que vamos a discutir son de Pro y la UCR. Es probable que, después de algunas reuniones, haya dos dictámenes: uno de mayoría y uno de minoría con las expresiones del kirchnerismo y la izquierda”, resumió Tetaz
En este nuevo round, y según precisó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de asociaciones sindicales. Su objetivo es no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Sin embargo, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del Departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos.

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CUMBRE, VÍNCULO E INFORME

Los gobernadores patagónicos condicionan el apoyo a Milei
Cinco mandatarios le remarcaron al Presidente que los recursos del suelo son de las provincias y que la región produce el 90% del gas y el petróleo del país; piden ser compensados

Paz García PastormerloPrensa río negro..Weretilneck, Figueroa, Ziliotto, Torres y Melella, ayer, en Villa La Angostura
SAN CARLOS DE BARILOCHE.– Con el acento puesto en la defensa de los recursos energéticos provinciales y el rechazo a algunas reformas contenidas en el megadecreto desregulador y la ley ómnibus del presidente Javier Milei, los gobernadores patagónicos se reunieron ayer en Villa La Angostura y buscaron dejar un mensaje de unidad frente al gobierno nacional: que están dispuestos a acompañar las reformas que impulsen la producción y el trabajo, pero no a costa de los derechos de sus territorios.
El anfitrión del encuentro realizado en la residencia El Messidor fue el neuquino Rolando Figueroa, que recibió a Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Si bien había confirmado su presencia, el gobernador santacruceño Claudio Vidal no asistió a la cumbre. Hace menos de una semana dio señales de sintonía con el Presidente durante la visita de Milei a Santa Cruz.
“Producimos más del 90% del gas y el petróleo del país y más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar a la Argentina. Tenemos en todas nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan no solo turismo interno, sino turismo internacional que genera divisas, y también tenemos importantes recursos minerales y ni hablar de todo lo que significa la pesca para nuestro país”, indicó Weretilneck tras la reunión en Villa La Angostura.
Al referirse al “Capítulo IX Energía del proyecto de ley ómnibus” presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, los gobernadores indicaron: “Compartimos las modificaciones que permitan lograr un marco jurídico para la industria hidrocarburífera que generen más empleo y actividad económica en nuestras provincias”. Pero advirtieron: “Como nosotros no somos una isla en la Nación, tampoco nos queremos convertir en una colonia de la cual se continúen extrayendo recursos naturales baratos a cambio de una pobre compensación. Las provincias patagónicas abastecemos de energía a la República a precios que han representado un verdadero sacrificio para nuestros habitantes a lo largo de la historia, y lo hemos hecho con alto sentido patriótico”.
Con la intención de buscar alternativas a las nuevas legislaciones en debate en el Congreso, los gobernadores patagónicos también destacaron la reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), que se hará el próximo miércoles. La organización está integrada por las diez provincias que actualmente cuentan con emprendimientos de exploración y explotación de gas y petróleo: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, Salta, Jujuy y Formosa.
Con el plan de Milei de privatizar YPF y otras reformas sobrevolando, los líderes patagónicos remarcaron ayer que, según lo establece la Constitución Nacional de 1994, los recursos naturales son patrimonio de las provincias. “Así como hablamos de la defensa de la propiedad del gas y el petróleo de todas nuestras provincias, también dejamos claro que el agua es propiedad también de nuestras provincias”, sumó Weretilneck.
Asimismo, el rionegrino recordó que se vencieron las concesiones de las represas generadoras de electricidad y reiteró que las hidroeléctricas tienen que ser propiedad de las provincias: en caso de que no se acepte eso, advirtió que los distritos patagónicos exigen la compensación vía regalías del aporte que se hace a la Nación.
“Coincidimos en que para crecer, la Argentina debe mirar hacia el sur. Por eso, acompañaremos los cambios que necesitamos, defendiendo siempre el trabajo y los recursos de nuestras provincias. Como parte de esa defensa, firmamos un acuerdo para la finalización de la ampliación de la capacidad del Gasoducto Cordillera, una obra clave para que los vecinos de Chubut, Neuquén y Río Negro obtengan los beneficios que producen sus suelos”, sumó Torres.
A pesar de sus diferencias, los gobernadores patagónicos buscan con esta “liga” dar un claro mensaje de unidad y adelantarse a cuestiones clave para la región como las proyecciones de inversiones en áreas hidrocarburíferas, con el foco puesto en el desarrollo de Vaca Muerta. Hace pocos días, el bloque había conseguido torcerle el brazo al Gobierno con las modificaciones a la ley de pesca.
En “defensa del federalismo y la integración regional para el desarrollo patagónico”, los mandatarios formalizaron un documento conjunto tras la cumbre en Villa La Angostura. También se abordaron otros temas como la reversión del impuesto a las ganancias, la barrera sanitaria y la promoción del gas natural licuado.

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La Cancillería le negó al gobierno chino un supuesto acercamiento con Taiwán
La tensión bilateral, de todas formas, se mantiene; la canciller Mondino recibe hoy al embajador Wang Wei
Jaime RosembergDiana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores
Cuando aún no se acallan los rumores sobre el enojo de China por la supuesta reunión de la canciller Diana Mondino con representantes del gobierno de Taiwán, el gobierno chino reiteró ayer su deseo de preservar sus vínculos diplomáticos con el gobierno de Javier Milei, aunque no negó las disidencias, que ya tuvieron como consecuencia directa el congelamiento del segundo tramo del swap de monedas con ese país, acordado con el gobierno de Alberto Fernández por unos US$6500 millones.
“He tomado nota de los informes relevantes, la parte argentina ha tomado la iniciativa de aclarar a la parte china que se trata de una falsa exageración [de la prensa]”, afirmó ayer la vocera de la cancillería del gigante asiático, Mao Ning, en un reconocimiento de gestiones desde el gobierno argentino para bajar el nivel de tensión con ese país.
“[El Gobierno] reiteró que concede gran importancia a las relaciones entre Argentina y China y continuará adhiriéndose firmemente al principio de una sola China. La
Cancillería argentina también hizo aclaraciones a medios locales”, agregó la vocera del gobierno chino, en una declaración redistribuida por la cancillería china.
Mao Ning enfatizó, además, que “Taiwán es parte de China, y defender el principio de una sola China es el consenso universal de la comunidad internacional”. Y dijo: “En los últimos 50 años, desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Argentina, los sucesivos gobiernos argentinos se han adherido al principio de una sola China. China está dispuesta a trabajar con Argentina para profundizar la confianza política mutua entre los dos países y promover el desarrollo constante de la asociación estratégica integral China-Argentina”, agregó la portavoz.
Reunión clave
En coincidencia con estos desencuentros, la canciller Mondino tiene agendada para hoy viernes una reunión con el embajador chino en el país, Wang Wei, quien esta semana ya se reunió con el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, a quien le reiteró su preocupación por el futuro de las obras de las represas chinas en esa provincia, y con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
Desde la Cancillería asignan importancia al cónclave, afirman que estaba pautado desde hacía semanas, y sugieren que tendrá una temática mayormente dedicada a la economía y el intercambio comercial. Una y otra vez, reiteran que la reunión de Mondino con representantes de la oficina comercial de Taiwán en el país no se llevó a cabo.
Tampoco desde la representación de Taipéi en Buenos Aires hubo respuestas, aunque allegados a esas oficinas afirmaron a este diario que “nadie hablará, porque no quieren enojar a Pekín más de la cuenta”, a pesar de que China y Taiwán también tienen vínculos comerciales.
China, de todos modos, dejó clara su postura en un tuit conocido este miércoles. “Taiwán es una parte inalienable del territorio de China, y la cuestión de Taiwán es completamente un asunto interno de China.
La clave para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho es defender el principio de una sola China”, reza ese tuit de la embajada china en Buenos Aires, que cita una declaración de la cancillería de Xi Jinping, en la que refuta una declaración conjunta del denominado Diálogo Trilateral del Indo-Pacífico entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Sin alusiones concretas al eventual acercamiento del gobierno de Milei a Taiwán, la sede diplomática china en el país dejó bien clara su postura histórica.
Los vínculos entre Milei y China comenzaron de modo áspero, cuando en la campaña electoral el entonces candidato de La Libertad Avanza afirmó que no tendría vínculos “con países comunistas”, entre los que destacó a China y Brasil, dos de los principales socios comerciales del país.
Milei dijo, además, que privilegiaría su alianza con Estados Unidos, Israel y “las democracias occidentales”. Funcionarios del gobierno con vínculos con China intentaron relativizar sus dichos en conversaciones discretas, pero desde Pekín tomaron nota.
El vínculo pareció mejorar cuando Milei pidió, por carta a Xi Jinping, la reactivación del swap de monedas, y días después confirmó como nuevo embajador en ese país al diplomático Marcelo Suárez Salvia, cuyo plácet fue aceptado de inmediato por Pekín.
Pero la reciente negativa de Argentina a ingresar a los Brics, de los que China es miembro fundador, y el rumor sobre reuniones con representantes de Taiwán -que también incluirían a legisladores y algún funcionario hoy en La Libertad Avanza- habría motivado el renovado enojo del gobierno de Xi Jinping, que tiene a Taiwán y su pertenencia a China como una de sus líneas rojas en política exterior.
“Esto se soluciona con un viaje de alguien de mucho peso en el Gobierno a Pekín, sea el propio Milei o alguien muy cercano”, reflexionan desde el oficialismo, confiados en revertir la desconfianza que hoy parece primar en el vínculo bilateral.

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Critican a Milei en EE.UU. por gobernar mediante decretos
Human Rights Watch objetó el pedido de delegación de facultades al Congreso y advirtió sobre una “erosión institucional”Rafael Mathus RuizJuanita Goebertus directora para las américas de HrW


WASHINGTON.– La organización Human Rights Watch (HRW) formuló ayer las primeras críticas al presidente Javier Milei, al manifestar su preocupación por el intento de gobernar por decreto, a través de un amplio pedido de delegación de facultades al Congreso, y alertó que la movida de la Casa Rosada “agrava” la erosión institucional que ha sufrido en los últimos años la Argentina. Además, criticó el intento de restringir el derecho a la protesta.
“Nos preocupa que Milei esté intentando gobernar por decreto a través de un ‘decreto de necesidad y urgencia’ masivo y un pedido amplio de facultades delegadas por cuatro años”, indicó la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.
Goebertus reconoció que la práctica de gobernar a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU) es algo que ya han hecho gobiernos anteriores en democracia, desde Cristina Kirchner a Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero remarcó que Milei está “ampliando notoriamente” esta estrategia aprovechándose de la regulación que promovió Cristina Kirchner como senadora y, probablemente, del “abusivo juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema” que impulsó Alberto Fernández.
“La erosión institucional causada por gobiernos anteriores ha favorecido a Milei y ahora Milei la agrava. La experiencia en la región, de Fujimori a Maduro, nos muestran los peligros para la democracia de los gobernantes que intentan concentrar todo el poder político ignorando los frenos y contrapesos”, alertó la organización.
HRW presentó ayer el informe mundial sobre el estado de los derechos humanos en el planeta. El capítulo referido a la Argentina incluyó advertencias sobre la crisis económica, la polémica ofensiva del gobierno de Alberto Fernández contra la Corte Suprema y la Justicia, la falta de designaciones en puestos claves del gobierno nacional, y algunas de las posturas controvertidas que mostró Milei durante la campaña presidencial, como su cuestionamiento al cambio climático, su relativización de las violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar, o sus críticas a la despenalización del aborto.
“Como candidato, Milei prometió llevar adelante severos recortes en el gasto público, puso en duda la existencia del cambio climático, minimizó las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la última dictadura y criticó la despenalización del aborto”, afirmó el informe de HRW.
El derecho a la protesta
Además de esas menciones en el informe, Goebertus dijo que la reciente regulación sobre manifestaciones “restringe excesivamente” el derecho a la protesta pacífica.
“Por supuesto, nadie se debe ver forzado a protestar y la protesta en sí no es un derecho absoluto que permita, por ejemplo, imposibilitar el acceso a servicios de salud o al trabajo. Pero protestar en las calles es un acto fundamental de la democracia que no puede estar prohibido en todas las circunstancias. La Argentina necesita una discusión seria sobre la regulación del derecho a la protesta de una forma que respete los estándares internacionales”, indicó.
El informe de HRW destaca que la crisis económica en la Argentina “provocó altos niveles de inflación y una fuerte devaluación de la moneda en 2023, aumentó la pobreza y afectó la realización de derechos económicos y sociales”. HRW criticó además al gobierno de Fernández, al indicar que “impulsó un proceso de destitución de los jueces de la Corte Suprema en el Congreso, motivado políticamente, y empleó una retórica hostil contra el poder judicial”.
“El pedido de juicio político se produjo en el contexto de una retórica hostil de autoridades de alto nivel contra jueces y fiscales que deciden en causas que afectan al gobierno o investigan la presunta participación de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner en hechos de corrupción”, indica el trabajo de la organización.
El informe de HRW denunció, además, que el Congreso “lleva años” sin nombrar a un procurador general, un defensor del Pueblo y un juez en la Corte Suprema, “figuras clave en la protección de los derechos humanos y cuyos nombramientos requieren de una mayoría legislativa de dos tercios”. El trabajo remarca además que la Corte, en 2015, concluyó que la demora en el nombramiento de los jueces, que provoca que magistrados subrogantes ocupen cargos durante años, “atenta contra la independencia judicial”. Hasta octubre de 2023, había 282 puestos vacantes en la justicia federal y nacional, recopila el trabajo.
La organización enfatizó en su informe que, en los últimos años, la Argentina “ha experimentado un aumento significativo de la población carcelaria, lo que ha provocado una sobrepoblación penitenciaria en varias provincias”. El Gobierno informó que, en 2022, había más de 100.000 personas privadas de libertad en cárceles, lo que representa un incremento del 77 por ciento en relación con 2010. Más de 12.000 personas detenidas se encontraban en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad, y, en 2022, cuatro de cada diez personas detenidas en cárceles no tenían una condena.
HRW remarcó que todavía no hay condenados por el atentado contra la AMIA, en el que hace casi 30 años perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas, y que tampoco existe ninguna persona condenada en relación con la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien había acusado a Cristina Kirchner de encubrir el papel de Irán en el atentado.

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