CUMBRE, CANCILLERÍA Y PROYECTOS

Mauricio Macri reunió a la mesa chica de Pro y se prepara para la competencia electoral
A fines de este mes se relanzará la Fundación Pensar y se realizarán recorridas en partidos claves de la provincia de Buenos Aires; preocupación por la disputa entre la Nación y la Ciudad por la coparticipación
Laura Serra
Mauricio Macri, con el secretario general de Pro, Facundo Pérez Carletti, y la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del partido, Soledad Martínez
Tras asumir las riendas de Pro, Mauricio Macri y su mesa chica se reunieron esta tarde para comenzar a planificar el futuro electoral con vistas a las elecciones del año próximo. El relanzamiento de la Fundación Pensar –el think tank de Pro– a fines de este mes y una sucesión de recorridas con tintes proselitistas en Buenos Aires marcarán el punto de partida de una carrera en la que Macri pretende dotar al partido de musculatura política frente a un oficialismo ascendente.
El encuentro de Macri con la mesa ejecutiva del partido tuvo lugar en las oficinas porteñas ubicadas en la calle Balcarce y reunió al jefe del bloque de diputados Cristian Ritondo, quien hace un mes asumió la presidencia del Pro en Buenos Aires; los diputados María Eugenia Vidal y Diego Santilli; a los intendentes Soledad Martínez (Vicente López) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata); al secretario general del partido, Facundo Pérez Carletti, y al exsecretario general de la Presidencia Fernando De Andreis. Además, estuvieron presentes (por Zoom) los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Durante la reunión se abundó sobre cuestiones partidarias, aunque De Andreis aprovechó la ocasión para advertir que la disputa entre la Ciudad y el gobierno nacional por la coparticipación porteña, lejos de saldarse, sigue latente. “La Nación giró los fondos correspondientes de este mes, pero no de manera automática como obliga el fallo de la Corte Suprema”, señaló De Andreis.
En efecto, según denunció el propio jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, este mes se le continuó girando a la Ciudad, de manera automática, el equivalente al 1,4% de la coparticipación, cuando con el Gobierno se había acordado que ese porcentaje sería del 2,95%, como lo había establecido el máximo tribunal en su fallo. “El Gobierno ‘goteó’ el 1,4% de coparticipación y el resto lo hizo por transferencias no automáticas, es decir, discrecionales. En cualquier momento, de manera arbitraria, los libertarios podrían disminuir esos giros o, directamente, cortarlos”, se quejan en el Pro.
Este cumplimiento –aunque a medias– del fallo de la Corte disuadió a los referentes macristas a no hacer un planteo público tras la reunión partidaria de este lunes. No faltó quien advirtiera que, después de los reproches de Macri al entorno del presidente Javier Milei y el crítico informe que divulgó la semana pasada la Fundación Pensar sobre la marcha de la gestión, un nuevo planteo podía tensar más la relación con el Gobierno y perjudicar las negociaciones que vienen llevando adelante los gobernadores Torres y Frigerio por fondos frescos para sus provincias.
De hecho, ambos mandatarios están ensayando acercamientos políticos y electorales con La Libertad Avanza en sus provincias. En paralelo, Torres acordó con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el catamarqueño Raúl Jalil, la conformación de un nuevo bloque en el Senado, denominado “Provincias Unidas”.
De esta manera, los mandatarios provinciales buscan consolidar un nuevo polo de poder diferenciado del kirchnerismo y del macrismo. Un bloque que sea equidistante de Pro y del kirchnerismo, que garantice gobernabilidad a Milei pero con la independencia necesaria para ponerle límites al gobierno nacional cuando lo crea necesario.
Por ello, al finalizar la reunión se optó por la cautela y por enviar señales de distensión. Es así como Ritondo anticipó que su bloque bajará al recinto este miércoles a la sesión que convocó La Libertad Avanza para discutir el proyecto que declara servicio esencial y estratégico a la educación pública. Esta iniciativa pretende garantizar el dictado de clases y acotar el alcance de los paros que realice el personal docente y no docente.

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Los diplomáticos activan una huelga para no pagar el impuesto a las ganancias sobre el plus por trabajo fuera del país
El sindicato de los embajadores decidió un cese de tareas de dos horas por los próximos cuatro días, en protesta por el decreto presidencial que establece el pago del tributo al adicional que perciben por su desempeño en el Exterior
Jaime Rosemberg
Diana Mondino enfrenta una rebelión interna de los diplomáticos por la quita de un adicional del sueldo
La canciller Diana Mondino vive nuevamente horas incómodas mientras el gobierno de Javier Milei intenta sacar rédito político y aprovecha que los flashes mediáticos se posan casi en su totalidad en la denuncia por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández.
Por decisión de la Asociación del Personal del Servicio Exterior (Apsen), y como resultado de una nueva asamblea llevada a cabo el viernes pasado, decenas de diplomáticos comenzaron hoy con medidas de fuerza en protesta por la decisión del Gobierno de comenzar a descontar, en concepto del pago de impuesto a las ganancias, un porcentaje del adicional que cobran los embajadores y ministros cuando cumplen funciones fuera del país.
Las medidas, que incluyen cese de actividades de dos horas desde hoy y hasta el jueves (en la Argentina, a partir de las 17) y la “abstención masiva de presentación a licitaciones de traslado”, podrían ser el inicio de otras acciones, más fuertes, si el amparo presentado en el juzgado contencioso administrativo Número 11, a cargo del juez Diego Martín Cormick, no prospera a la brevedad.
El ambiente en el Palacio San Martín no es, por cierto, de tranquilidad. Los inéditos protagonistas de la protesta llenaron las carteleras de la casa con consignas contra el pago del impuesto que pesa sobre los salarios, y también impulsaron un petitorio. Si bien el descuento no se efectivizó en los adicionales de julio “por problemas técnicos”, el temor es que, una vez solucionados esos inconvenientes, los descuentos se den de modo retroactivo y acumulativo.
“El amparo debería salir rápido, pero mientras tanto, por presión de los más jóvenes, comenzamos con estas medidas, siguiendo un criterio de progresividad”, explicaron desde Apsen, el gremio que motoriza las protestas. Sin respuesta por parte de la canciller, que defiende la decisión del Gobierno, basada en la “igualdad ante la ley” de todos los funcionarios de los tres poderes, los diplomáticos podrían decidir, el próximo viernes y en una nueva asamblea, profundizar las medidas de fuerza, inéditas en la historia de la diplomacia argentina.
Los promotores del reclamo, donde confluyen diplomáticos jubilados, otros con gran experiencia aún en funciones y jóvenes que recién dan sus primeros pasos, apuestan al éxito del amparo, presentado hace dos semanas por Eduardo Michel, presidente de Apsen, con la asesoría legal del abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra y el tributarista Alberto Tarsitano.
“Tal decisión ilegítima, arbitraria y flagrante no encuentra ningún fundamento en la ley del impuesto a las ganancias que reglamenta, la que mantuvo en la materia los mismos principios que se aplican desde hace décadas para autorizar la deducción, y se introdujo de manera solapada bajo el pretexto general de “adecuar” la reglamentación de la ley y “brindar precisiones” sobre las medidas instauradas”, dice el escrito en uno de sus primeros párrafos.

Los diplomáticos reiteran que ya pagan Ganancias por su sueldo en pesos, y consideran que ese adicional, en dólares y basado en un índice de Naciones Unidas, les permite solventar gastos en el exterior como vivienda, gastos médicos o escuelas para sus hijos. “El alquiler de un departamento de dos ambientes en Hong Kong vale 5000 dólares. Si no se tiene ese adicional, es un gasto imposible de pagar para un diplomático”, ejemplifica uno de los impulsores de la medida.
Mondino enfrenta la protesta de los embajadores, algunos de los cuales tienen peso propio. Entre los firmantes de la carta inicial de protesta, una vez conocida la reglamentación del decreto 652/24 que incluye el pago de cerca de un 25 por ciento por sobre el adicional que perciben los funcionarios que trabajan en delegaciones diplomáticas fuera del país, están el embajador en Chile y excanciller, Jorge Faurie; Ricardo Lagorio (embajador en la ONU); Conrado Solari Yrigoyen (exembajador en Dinamarca); Marcelo Suárez Salvia (embajador en China), Rafael Grossi (Organización de Energía Atómica), Martín García Moritán (embajador en Uruguay), el expresidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU Federico Villegas y el exembajador argentino en Rusia durante el gobierno de Fernández Eduardo Zuaín.
“Medidas como la que establece esta nueva normativa repercuten de manera significativa en el normal funcionamiento del servicio, dificultando la cobertura de vacantes en las representaciones en el Exterior”, decía la carta a Mondino, en la que le pedían, sin éxito, que diera marcha atrás con la medida.
Con la oficialización, vía Boletín Oficial, del nombramiento en calidad de asesor de Asuntos Estratégicos, de Carlos Starmanns, llegado como ella desde la universidad del Cema y actual director de estudios del Instituto del Servicio Exterior (Isen), Mondino busca refugio en sus hombres y mujeres de confianza mientras enfrenta una rebelión inédita de la familia diplomática.

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Se abre la discusión por la caja de los gremios
Existen varias iniciativas en la Cámara baja para restringir los aportes automáticos

Delfina Celichini
Legisladores de Pro, la UCR y la Coalición Cívica volverán a la carga en la Cámara de Diputados para limitar el poder de los gremios. Con el aval del Gobierno, buscarán reformular el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones. Ambos puntos fueron incluidos en el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el radical Martín Tetaz, se reunirá hoy para iniciar el tratamiento de 26 proyectos que, entre otras cosas, apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es uno de los principales sostenes económicos de los gremios.
Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.
Si bien durante la sanción de la Ley Bases hubo un intento de avanzar con una nueva reforma, finalmente el oficialismo y la oposición dialoguista consensuaron una “modernización laboral” acotada. En esa oportunidad, fue el diputado Miguel Ángel Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, el principal detractor de las reformas, que exigió postergar la discusión con los gremios una vez que se haya conseguido la sanción de las iniciativas.
“Hay consenso, la mitad de los proyectos que vamos a discutir son de Pro y la UCR. Es probable que, después de algunas reuniones, haya dos dictámenes: uno de mayoría y uno de minoría con las expresiones del kirchnerismo y la izquierda”, resumió Tetaz
En este nuevo round, y según precisó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, intentará desmarcar al Gobierno de los proyectos que impulsan desde la UCR y Pro para modificar la ley de asociaciones sindicales. Su objetivo es no obstaculizar el canal de diálogo con la central obrera. Sin embargo, un funcionario de la cartera laboral ya adelantó públicamente cuál será la estrategia. Se trata de Claudio Aquino, director del Departamento de Asociaciones Sindicales, el área que supervisa todo lo que tiene que ver con la vida interna de los gremios y el cumplimiento de sus respectivos estatutos.

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