DISCAPACIDAD

Desafíos complejos de financiamiento y gestión

Federico Pablo Vacalebre Profesor de la Universidad del CEMA
La discapacidad es una condición. De ella derivan desafíos varios y complejos de financiamiento y gestión. Nuestro sistema de cobertura convive con un régimen financiero inconsistente. De lo cual se desprenden daños a nivel individual, familiar y social que podrían ser evitados con reglas más racionales. Aunque la discapacidad contempla situaciones muy heterogéneas, los principales servicios especiales que puede requerir son rehabilitación, educación especial y asistencia para la vida cotidiana, que involucra la adaptación de la vivienda, alimentación y transporte especial y asistencia de personal especializado. Para las familias con un miembro con discapacidad, el acceso a estos servicios significa un gran reto.
El suministro de estos servicios, por otra parte, posee la particularidad de que se asignó al sistema de salud. En 1997, la ley 24.901 definió las prestaciones específicas para la discapacidad. Estableció que las obras sociales están obligadas a suministrarlas a sus afiliados. En 2011, en la regulación de las pre pagas,se estipuló la misma obligación para las prepagas. Para quienes no tienen seguro de salud queda implícito que la cobertura queda a cargo del Estado. La discapacidad se acredita con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y genera el derecho a recibir las prestaciones específicas de la discapacidad.
Según información de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en 2009 había 9000 certificados emitidos. Para 2021 había 1,5 millones. La emisión de los certificados creció a una tasa del 54% promedio anual. Estos datos muestran que el crecimiento de la cantidad de personas con discapacidad acreditada representa más del 3% de la población total. Por eso, suministrar las prestaciones implica un desafío complejo de financiar y gestionar. Los seguros de salud, que no son entes especializados en gestión de discapacidad, se han convertido en un factor de desestabilización financiera.
Las discapacidades severas son de baja incidencia entre la población total. En Uruguay esta función la cumple la Comisión Nacional Honoraria de Discapacidad, y en Chile, el Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis). Es decir, las prestaciones específicas de la discapacidad no son prestaciones médicas en estos países. Entes especializados cofinancian a las familias, con un orden de priorización. En nuestro país, en cambio, esta cobertura es otro manifiesto del voluntarismo. Para la gente con seguro de salud, se amplía el Programa Médico Obligatorio (PMO). Imponer derechos sin mecanismos apropiados de financiamiento y gestión deriva en un conflicto permanente. Las personas tienen muchas dificultades para acceder a las prestaciones y muchas veces acuden a la Justicia. En el caso de las personas sin seguro de salud, la situación es más compleja aún. La misma ley que impone la obligación a las obras sociales y prepagas (ley 24.901) es la que estipula que, para las personas sin cobertura de salud, el Estado brindará las prestaciones en la medida en que las personas no puedan afrontarlas. Esto genera otra superposición entre un organismo nacional (Andis) y las secretarías provinciales y municipales de discapacidad. El desorden diluye responsabilidades.
La necesidad de asignar fondos públicos específicos para la discapacidad para todos los argentinos con y sin cobertura es real. La gestión debe estar exclusivamente a cargo de los organismos provinciales, que deben priorizar en función del nivel de complejidad de la discapacidad de cada persona.

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DISCAPACIDAD.....INDEC

Las mujeres presentan un mayor porcentaje de discapacidad

Habían pasado más de 15 años desde la última encuesta específica sobre discapacidad en el país. Y, ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó los resultados preliminares de un estudio nacional que reveló que uno de cada diez argentinos tiene algún tipo de discapacidad, y que, entre otros datos, estas dificultades se presentan más en las mujeres que en los hombres a medida que se incrementa la edad.

Agencia Nacional de Discapacidad
SE CONOCIERON LOS RESULTADOS PRELIMINARES DEL ESTUDIO NACIONAL SOBRE EL PERFIL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INDEC Argentina presentó los resultados preliminares del Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad que se realizó durante los meses de abril y mayo de 2018.
Este trabajo, producto de un convenio entre la Agencia Nacional de Discapacidad y el INDEC, se encuentra dentro del marco del Plan Nacional de Discapacidad.
La información recabada permitirá planificar políticas públicas orientadas en la materia, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
Para conocer los resultados 👉 https://bit.ly/2NwottXEl denominado Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad incluye en este 10,2% a la población que tiene alguna dificultad para ver, oír, agarrar y levantar objetos con las manos o los brazos, caminar, subir escaleras, bañarse, vestirse, comer solo, comunicarse, aprender cosas, recordar, concentrarse o controlar su comportamiento. En el caso de los niños, a la dificultad para jugar con otros de su edad. Esta categoría también incluye a las personas que usan audífono y a quienes tienen certificado de discapacidad vigente, hayan respondido o no tener alguna dificultad.
Se trata de unas 3.571.983 personas en todo el país. Para María Cecilia Rodríguez Gauna, directora de Estadísticas Poblacionales del Indec, no se puede concluir que la cifra disminuyó respecto del censo de 2010, porque no son comparables como herramienta de medición (el censo realiza una pregunta y la encuesta, 16), y porque se presume que en 2010 hubo una sobrestimación de la población con problemas visuales que prácticamente incluyó a muchos individuos solo por usar anteojos. Ese error se corrigió en esta encuesta, que para la directora tuvo resultados completamente previsibles.
La última encuesta específica sobre discapacidad se había hecho en 2002, de forma complementaria al censo de 2001. Los datos más recientes disponibles a nivel nacional eran los del censo 2010. En ese entonces, se registró que el 12,9% de las personas que habitaban en viviendas particulares presentaban algún tipo de dificultad o limitación permanente.

Para el nuevo estudio, se visitaron unas 41.000 viviendas particulares en localidades urbanas de más de 5000 habitantes de todo el país y se indagó acerca de la cobertura de salud, previsión social, características educativas y laborales, situación conyugal, tenencia de certificado de discapacidad, edad y origen de la dificultad y condiciones habitacionales del hogar que conforma, entre otros datos.
Así se reveló, por ejemplo, que en uno de cada cuatro hogares hay una persona con discapacidad. Mientras que en la Patagonia la relación desciende a uno de cada cinco hogares, en la región de Cuyo asciende a uno de cada tres. "Se presume que significa que en Cuyo hay más gente con dificultad viviendo sola -explica Rodríguez Gauna-. Y hay mayormente más mujeres mayores de edad viviendo solas, que generan un hogar con una persona con dificultad".

Prevalencia en las mujeres
La discapacidad se presenta más en las mujeres: si la población general está compuesta por un 51, 5% de mujeres y 48,5% de varones, en la población con dificultad hay un 54,5% de mujeres por sobre el 45,5% de varones. En especial, las mujeres presentan más dificultades que los hombres a partir de los 80 años, cuando se alcanza una diferencia de 10 puntos porcentuales entre ambos sexos. Para Rodríguez Gauna, esto se explica porque la población con discapacidad tiene mucha relación con el envejecimiento demográfico. "Es totalmente esperable. Hay una sobremortalidad masculina. Las mujeres son las que sobreviven más, y lo hacen con discapacidad".

En cuanto al tipo de discapacidad, entre la población con solo una dificultad (que es el 59% del grupo) prevalece la motora (42,7%), seguida por la visual (23,3%), la auditiva (18,6%) y la mental-cognitiva (12,7%). Las dificultades del habla y la comunicación y del cuidado de sí mismo son las menos prevalentes.
Para Javier Speroni, miembro de la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina, es significativo que haya cifras sobre discapacidad. "Más allá de la condición, son personas que tienen derechos humanos. Si no hay números, no puede haber políticas que los protejan", dice. Asdra forma parte del colectivo Grupo Artículo 24 Por la Educación Inclusiva, una coalición de organizaciones que lucha para que se cumpla el artículo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha llevado a la Corte Suprema de Justicia su reclamo.
El estudio reveló además que el 60% de la población con discapacidad no tiene el certificado que le garantiza el pase libre en el transporte público, la cobertura integral de medicación y salud, y muchas otras prestaciones. A su vez, mostró que solo tres de cada diez lo tienen vigente y que, dentro de quienes lo tienen al día, un 10% no lo usa.

Consultada sobre los números de la Argentina respecto de otros países, Rodríguez Gauna dice que el país esté encuadrado en los estándares internacionales. El Informe Mundial de Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 2011, indicó que en 59 países analizados la tasa media de prevalencia en la población adulta con discapacidad ascendió al 15,6% y osciló entre el 11,8% en los países de ingreso alto y el 18% en los de ingreso bajo. De acuerdo con la última medición, la Argentina está en el orden del 10%.
María Josefina Macías, coordinadora de Acceso Ya, una ONG que trabaja para que se eliminen las barreras arquitectónicas que limitan la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, dijo: "Anhelamos que los porcentajes actuales de las personas con discapacidad en la Argentina generen conciencia en la población para respetar los derechos de las personas con discapacidad, porque todos debemos cooperar para lograr una sociedad justa e inclusiva".

La vicepresidenta Gabriela Michetti también se pronunció al respecto: "Esta información es fundamental a la hora de llevar adelante políticas de Estado específicas, según cada necesidad".

M. A.

PROBLEMÁTICA SOCIAL GRAVE

El 55% de los chicos con discapacidad no están integrados en la escuela común

Martín tiene tres años. En 2016 le diagnosticaron un déficit de integración sensorial y en mayo las autoridades de una escuela privada de Núñez lo invitaron a retirarse del jardín de infantes porque consideraban que necesitaba apoyo extra y que eso no era compatible con el nivel educativo esperado de un colegio bilingüe. Ahí empezó la búsqueda de sus padres, que tras cinco meses aún no encuentran una vacante escolar para su hijo. Ya asistieron personalmente a 20 escuelas y llamaron a otras 22, pero todas les cerraron las puertas.
"Las excusas son de todo tipo. La vacante está ocupada, ya tenemos demasiados casos de integración, el grupo es demasiado numeroso para un nene con estas características, los recursos que tenemos no son suficientes para acompañarlo o las exigencias son muy altas. Es totalmente discriminatorio", contó Patricia, madre de Martín.
Ante el constante rechazo de las instituciones escolares elegidas y la incertidumbre, Patricia y su esposo completaron esta semana la preinscripción en línea para que Martín realice el ciclo lectivo 2018 en una escuela pública. Deben esperar hasta el 21 de noviembre para saber qué vacante le fue asignada.
El caso se ajusta al promedio. Según los datos de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación y Deportes, la cantidad de chicos con discapacidad integrados en educación común descendió cuatro puntos porcentuales desde 2014 hasta 2015, último dato oficial disponible.
Hay 101.441 (45%) alumnos con discapacidad relevados en educación regular y 124.829 (55%) en especial. Esto significa que casi seis de cada diez chicos no están integrados y en muchos casos esto no es decisión de los padres, sino consecuencia de las restricciones que imponen las escuelas.
Desde que la Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, todos los chicos pueden acceder a la educación común.
"Lo primero es encontrar colegio, que generalmente no es el que elegís, sino el que encontrás. Después te das cuenta de que no está incluido, que si falta el maestro integrador no puede ir al colegio, no lo involucran en ciertas actividades o lo aíslan", sostuvo Gabriela Santuccione, madre de Juan Manuel. El joven con espectro autista vivió la exclusión en carne propia, pero logró superarla y actualmente estudia periodismo deportivo en TEA.
"Recorrí 18 escuelas, pero me dijeron que hacen hasta dos integraciones por grado. Todavía seguimos buscando"""
Florencia, madre de Nicolás (TGD)
El caso de su hijo motivó a Santuccione a crear Grupo Artículo 24, una coalición de más de 150 organizaciones que luchan por una escuela inclusiva abierta a la diversidad y en contra de la marginación.
A su vez, desde el equipo de discapacidad y derechos humanos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Pamela Smith considera que "las escuelas especiales segregan a los niños porque los condenan a una educación en la que no acceden a los mismos contenidos, no se relacionan con otros compañeros, se los separa por su condición y por principio eso está mal, porque es discriminatorio".
Además, propone que los recursos y los saberes de las escuelas especiales estén a disposición de todos los chicos en el marco de una educación común que se rija por el principio de integración.
La discriminación que sufren los niños con discapacidad por parte de las instituciones se refleja en las cifras que recopila la Dirección de Asistencia a la Víctima del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). El año pasado se registraron 495 denuncias por motivo de discapacidad y 323 ocurrieron en el ámbito educativo. Esto significa que hay al menos una denuncia por día que cumple con estas características. En relación con este año, hasta agosto se presentaron 295 por discapacidad y 161 de los hechos acontecieron en un entorno educativo.
Al respecto, Claudio Presman, interventor del Inadi desde junio y ex defensor adjunto del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, se reunió con Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, para coordinar acciones en las escuelas y realizar talleres y encuentros de capacitación docente.
"La directora del jardín me dijo que la institución no contaba con los recursos necesarios para afrontar el proceso de integración escolar""
Yamila, madre de Francisco (TGD)
"Resulta indispensable cambiar las ideas y estereotipos para que las personas sepan que todos somos diferentes. Justamente es función de la educación asegurar la igualdad y enseñar el valor de todas las diferencias. Hay que educar con esos valores desde la teoría, pero fundamentalmente hacerlo real en la práctica diaria del aula", explicó Presman.
Desde el Gobierno, el secretario de Gestión Educativa nacional, Max Gulmanelli, destacó que "el año pasad se trabajó con los referentes de las distintas jurisdicciones para poder garantizar el derecho a una educación inclusiva".
Recordó que se sancionaron la resolución 311 del Consejo Federal de Educación y otras normativas sobre la validez de los títulos. "El salto cualitativo que tenemos que dar es lograr una educación personalizada donde cada uno de los niños pueda tener su prospecto pedagógico, tenga o no una discapacidad, que sea respetuoso de sus capacidades y de su ritmo de aprendizaje", añadió.
"Si falta el maestro integrador no puede ir al colegio, no lo involucran en ciertas actividades y lo aíslan. Es un sistema que excluye""
Gabriela, madre de Juan Manuel (Espectro Autista)
Además de la posibilidad de presentar una denuncia ante el Inadi, cada jurisdicción cuenta con sus protocolos o circuitos administrativos para subsanar los actos discriminatorios de las escuelas. A nivel provincial, Córdoba y Santa Fe tienen el porcentaje más alto de niños integrados: sólo cuatro de cada diez chicos con discapacidad matriculados asisten a escuelas especiales, y el resto forma parte de la educación común. Les siguen Río Negro y Chubut, con un 58% de alumnos integrados. En contraste, en San Juan y Corrientes son las provincias con menos alumnos con discapacidad en educación regular; más del 67% no están integrados.
Josefa Satragno, directora general del colegio parroquial de San Isidro Juan XXIII, que desde hace 24 años trabaja con inclusión, consideró que "el principal desafío es que los docentes se eduquen en esta materia, porque los profesorados todavía no brindan la formación necesaria para poder trabajar en un aula heterogénea". Actualmente en esa institución hay 44 chicos integrados sobre una población total de 1050 alumnos. Se trata de "buscar estrategias que convoquen a armar presupuestos donde los recursos humanos sean prioritarios para que todos puedan acceder a esta posibilidad", concluyó.
Ley con Rango constitucional
En la Argentina, la ley ampara el derecho a la educación inclusiva a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obtuvo rango constitucional en 2008 y que asegura un sistema integral en todos los niveles de enseñanza. Además, si bien la ley de educación nacional separa la modalidad común de la especial, aclara que se "rige por el principio de inclusión educativa" a partir de una propuesta pedagógica para las personas con discapacidad que les permita integrarse y desarrollar al máximo sus posibilidades.

B. P

HISTORIAS DE VIDA; PRIORIDAD DE SOLUCIÓN RÁPIDA; POBREZA Y DISCAPACIDAD

Peligros ambientales y habitacionales, desinformación y pocas respuestas del Estado son obstáculos diarios para estas personas; falta de acceso a derechos básicos
Marleny Arteaga Vidarte tarda tres horas en llevar a su hija Dana a su terapia. Foto: Daniel Jayo
Nahuel Antolín Benítez tiene 38 años y síndrome de Barth, una rara enfermedad genética que provoca fallas cardíacas, riesgo de infecciones bacterianas serias y desarrollo motriz retrasado. Es sordomudo y lo poco que ve es a 45 grados del ojo izquierdo. Su mamá, María Inés Álvarez, llega como puede a fin de mes y juntos hacen colas interminables en los hospitales.

Éstos son sólo algunos de los múltiples desafíos a los que se enfrentan las familias que tienen un integrante con discapacidad y viven en situación de vulnerabilidad económica.
Según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, en la Argentina hay más de cinco millones de personas (el 12% de la población total) con discapacidad. Por otro lado, las cifras de la última Encuesta de la Deuda Social Argentina del Observatorio de la UCA señalan que el 40,6% de los hogares que tienen un integrante con discapacidad son de nivel socioeconómico muy bajo, el 26,8% bajo, el 19,9% medio bajo y el 12,8% medio alto.
Los especialistas coinciden en que pobreza y discapacidad forman un círculo vicioso que se retroalimenta, que vuelve especialmente difícil el acceso a la integración y la igualdad de derechos.
Aseguran que la pobreza genera discapacidad por la malnutrición, el deficitario acceso a la salud y la exposición a factores ambientales y habitacionales de riesgo; y la discapacidad también alimenta la pobreza al impedir, muchas veces, la participación de las personas en la vida económica y social.
Una calidad de vida muy precaria, largas esperas y acumulación de reclamos en las obras sociales y programas; interminables recorridos por la administración pública para conseguir un medio de transporte que los traslade a la escuela o a sus terapias y el desconocimiento de sus derechos son la cara visible de un problema que todavía no se enfrenta en el país: las personas con discapacidad, en contextos de pobreza, ven amenazados sus derechos.
Liliana Pantano, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA y especialista en discapacidad, explica que esta última no es sólo un diagnóstico o una patología.
"De acuerdo con la normativa internacional más actual, es un fenómeno fruto de la interacción de las personas con algún estado negativo de salud o deficiencia, y los contextos con privaciones o barreras (físicas, actitudinales, económicas, comunicacionales, entre otras), que no tienen en cuenta los diferentes niveles de funcionamiento". Y agrega: "El contexto también genera discapacidad, ya que puede permitir o no el desarrollo integral de la persona y sus potencialidades".
En una investigación publicada durante 2015 en la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Pantano se propuso "establecer comparativamente que cuanto más pobre es la zona de la ciudad de Buenos Aires (CABA), más hogares hay con presencia de personas con discapacidad".
"Del total de hogares de las villas porteñas considerado en la muestra (650), el 35% alberga al menos un integrante con discapacidad, lo que supera ampliamente el promedio de hogares con presencia de discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires (21,3%) e incluso de la zona sur (30%) dentro de la cual se encuentran".
Fabián reclama que el Estado le cubra el transporte hacia su escuela. Foto: Ignacio Sánchez
Eterno deambular
"A los nueve meses, Nahuel empezó con problemas de broncoespasmos y urinarios muy seguidos", recuerda María Inés. "Recién en 2003, a los 26, lo diagnosticaron y empezamos a deambular", dice esta madre, de 68 años, que vive con su hijo en un pequeño departamento que alquila en Monserrat.
Explica que con su jubilación de ama de casa, la pensión no contributiva por discapacidad de su hijo, y lo que junta con la venta de los ponchos y bufandas que teje, le alcanza para lo justo. Los dos tienen PAMI y las esperas en los hospitales se les hacen eternas: "Hemos llegado a estar cinco horas en la guardia y cada vez que quiero sacar turno con la neuróloga, hay que ir a las tres de la madrugada. ¿Cómo lo llevo a él a esa hora?", se pregunta. "Además, te lo dan como para dentro de tres meses, y conseguir comunicarme por teléfono es como sacarse la lotería. Ya son 38 años de lucha".
Dos tardes por semana, lo lleva en colectivo a una institución en el Bajo Flores, en donde hace baile, pintura y toca instrumentos. "Me gustaría que la obra social nos facilitara un transporte -dice-. Además, que tenga una psicóloga."
A las 10 de la mañana del lunes, Marleny Arteaga Vidarte, una ama de casa de 28 años, llega al Instituto de Rehabilitación Anselmo Marini, en Vicente López, después de un viaje de tres horas y media en colectivo desde el asentamiento en Cuartel V, en Moreno, donde vive. Avanza empujando la silla de ruedas en la que va su hija, Dana Menéndez, de 4, que tiene hipoacusia neurosensorial, retraso del desarrollo y parálisis cerebral.
Esa rutina se repite dos veces por semana. "Los días en que hay mucho tráfico, como hoy, podemos llegar a perder el turno", cuenta Marleny. "También cuando llueve: en nuestro barrio las calles son todas de tierra, se inunda y no puedo salir con el silla. Incluso tiene que faltar al colegio."
Este año, Marleny y su marido pudieron construir dos cuartos de material que incorporaron a su casilla de madera. Pero no tienen calefacción y el frío se sufre.
Los Méndez no tienen obra social. Excepto Dana, que es beneficiaria de la Cobertura Universal de Salud (CUS) Incluir, ex Programa Federal Incluir Salud (Profe). Además, Dana recibe una pensión por discapacidad y sus dos hermanos, la Asignación Universal por Hijo. "Pero nos cuesta mucho llegar a fin de mes", admite Marleny. La nena toma cuatro medicamentos por día: "Recién este año empecé a tramitarlos por la CUS; no sabía que me los cubría".
A las 12, un transporte que le paga la CUS busca a Dana para ir al Instituto Federico Dominick, una escuela para niños hipoacúsicos y con otras patologías, en Palermo. "Los días que no venimos a rehabilitación, la pasan a buscar por la ruta 24, ya que no pueden ingresar al barrio en el que vivimos", cuenta Marleny.
Sandra Casalini es una de las fundadoras del Instituto Dominick, que recibe a varios chicos en situación de vulnerabilidad económica. Sostiene que "hay familias que ignoran los derechos de sus hijos o tienen dificultades para acceder a la información y el asesoramiento, que son claves para poder reclamar".
Fabián tiene 16 años y síndrome de Usher: es sordo y, progresivamente, va perdiendo la visión. Asiste a la Institución Fátima para personas con sordoceguera, en Beccar.
Mariana Villanueva, mamá de Fabián, explica que consiguió ingresarlo allí "después de tres años de lucha con el Profe" (hoy CUS). La mujer, que trabaja por hora en casas de familia, "en negro" y sin obra social, vive con sus tres hijos (el menor, de 12, también tiene síndrome de Usher) en Lomas de Zamora.
Ahora, el nuevo reclamo es por el transporte para llevar a Fabián desde su casa hasta la escuela. "Como yo trabajo, necesito que lo lleve un remís. De Profe sólo depositan 8000 pesos mensuales, cuando todos los presupuestos están entre los 16.000 y 17.000 pesos", detalla.
Y agrega: "Por ahora, conseguí un remisero que me lo está trayendo. Ya me pasó en el verano, cuando otro no me lo quiso llevar más y tuvo que faltar a la colonia".
Un contexto que limita las oportunidades
Las personas con menos ingresos son más vulnerables
Foto: LA NACION / Observatorio de la Deuda Social - UCA
Perfil de las personas con discapacidad

12,3%

De los hogares

Tiene un miembro con discapacidad en la Argentina

Multidiscapacidad

Cerca del 0,18% de la población tiene multidiscapacidad sensorial (más de un sentido afectado)

34%

No tiene cobertura social

No recibe atención médica o lo hace en hospitales públicos

56%

Tiene certificado de discapacidad

Este documento habilita a recibir beneficios en salud, educación, transporte y asignaciones

Villas y asentamientos

Del total de hogares de las villas porteñas, el 35% alberga al menos un miembro con discapacidad
Cómo colaborar

Institución Fatima

www.institucionfatima.com.ar

Fundación Federico Dominick

www.fundaciondominick.org.ar
M. A.  

RESPUESTA DEL ESTADO

El secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria de la Nación, Néstor Pérez Baliño, explica que en el país hay 1.200.000 personas dentro del programa de Cobertura Universal de Salud Incluir (ex Profe). "El 75% son personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad que no tienen ninguna otra cobertura médica", dice. La Cobertura Universal de Salud (CUS) se propone que todos los individuos, especialmente los más vulnerables, tengan acceso a los servicios de calidad en promoción, prevención, curación, rehabilitación, entre otros.
-¿Qué incluye la CUS y por qué es necesaria?
-La Cobertura Universal de Salud incluye a las personas que están dentro del programa Incluir [ex Profe], el de medicamentos, los programas financiados por el Banco Mundial, como Sumar, y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Lo que busca es que haya un sistema de vasos comunicantes entre todos los subsectores del sistema sanitario. Aproximadamente, el 30% de la población en la Argentina (que puede ir desde el 18% en la CABA hasta más del 50% en otras provincias) no tiene ninguna cobertura médica: a ellos van a apuntar todas las acciones del Gobierno, para darles una cobertura de salud y un acceso a medicamentos al 100% subsidiado.
-¿Cuáles son los principales desafíos que presenta la CUS?
-La CUS Incluir (ex Profe) no es una obra social, es el pago o financiamiento por parte del Estado de patologías en pacientes vulnerables. La diferencia es que, cuando uno habla de una obra social, hay beneficiarios sanos y enfermos, y los primeros subvencionan solidariamente a los segundos. En el caso de la CUS, se trata en su totalidad de una población vulnerable o enferma.
-¿Con qué situación se encontraron al arrancar la gestión en términos de deudas?
-Cuando asumimos nos encontramos con que el ex Profe tenía deudas impagas desde mayo de 2015. Estos retrasos provocan una situación de inseguridad y de falta de financiamiento para los beneficiarios. Actualmente, estamos pagando las deudas del mes de enero. Antes se demoraba seis meses en pagar las facturas desde que se presentaban; nosotros calculamos que, a partir de agosto, vamos a tardar 60 días, y así iremos regularizando la situación. El Presidente nos pidió en una reunión de gabinete que todos los temas presupuestarios que se vinculen con aspectos sociales no se atrasen en los pagos.
-Beneficiarios del ex Profe reclaman que desde este programa se les cubra el 100% de los gastos en transporte para que puedan trasladarse, por ejemplo, a la escuela. ¿Por qué no sucede?
-Estamos achicando los tiempos de pagos porque eso también achica los costos: no es lo mismo que un monotributista que tiene un transporte cobre todos los meses que cada seis. Se necesita que los proveedores tengan la confianza en que van a empezar a cobrar todos los meses.