FLORENCIA DONOVAN Y SU ANÁLISIS,

Fernández sucumbe a la tentación del intervencionismo

Florencia Donovan

Matías Kulfas
Gobernar yendo en contra de las leyes del mercado puede resultar una tarea tan infructuosa como la de Don Quijote con los molinos de viento. Por momentos, el gobierno de Alberto Fernández parece, de todas formas, dispuesto a intentarlo.
La decisión de congelar tarifas, imponer precios máximos y ahora intervenir en el negocio de las compañías de telefonía celular, internet y la televisión por cable difícilmente redunde en un incremento del empleo, de la inversión o de la calidad de los servicios. Podrá ser que, en el corto plazo, sirva para mantener la foto de la economía en plena pandemia, pero no faltará mucho para que empiecen a aflorar las inconsistencias de la estrategia. No se trata de una cuestión de ideología, sino solo de conocer las leyes del mercado.
Intervenir el negocio de las “telcos” podría tener un impacto que excede al Grupo Clarín, el objetivo no explicitado del decreto. Por lo pronto, perjudica a otros tres hasta ahora aliados del gobierno. David Martínez, del fondo Fintech y accionista de Telecom, y el mexicano Carlos Slim, dueño de Claro, son dos de ellos. El primero jugó a favor de la Argentina en Wall Street, para destrabar el canje de deuda. El segundo, el hombre más rico de América Latina y de histórica buena relación con el kirchnerismo, es quien está asumiendo el riesgo económico de la fabricación local de la vacuna contra el Covid-19 que desarrollaron la Universidad de Oxford y el laboratorio Astrazeneca. Tampoco parece descabellado pensar que el gobierno español de Pedro Sánchez, otro aliado de Fernández, busque explicaciones por el impacto de la medida sobre Telefónica. ¿Habrá calculado el Gobierno el impacto internacional de su decisión?
En un momento en el que el principal objetivo del Gobierno debería ser conseguir dólares, no pareciera la medida más adecuada. De haber habido problemas de competencia en el sector, se podría haber apelado a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, un órgano que en el mundo desarrollado genera el mayor respeto aun entre los grupos económicos más grandes, pero que aquí nunca termina de despegar. En la Argentina la política económica parece inmersa en un círculo vicioso: el Estado interviene para corregir el mercado, pero solo logra magros resultados y un capitalismo cada vez más mediocre, lo cual lo lleva a intervenir aún más. Tal vez habría que probar solucionar los problemas del mercado valiéndose de sus propias reglas, fomentando la competencia con un Estado empoderado que vele por ella.
Mientras, el mundo intenta lidiar con la pandemia y los responsables de las grandes compañías internacionales no tienen tiempo para seguir el minuto a minuto de la Argentina. El “clima de negocios” para ellos no tiene matices y se resume en pocas premisas: hay cepo cambiario (o no hay libertad para el ingreso y egreso de capitales), hay controles de precios generalizados, y una intervención creciente del Estado en el sector privado. ¿Ejemplos? Sobran. Edesur, Vicentin y ahora las empresas de telefonía móvil, internet y TV paga.
Son premisas que no suelen ir de la mano de los manuales del Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero en el Gobierno no tienen previsto apurar demasiado las negociaciones con el organismo internacional. La idea es mandar formalmente la primera misiva en septiembre, pero no habrá negociación formal hasta octubre, que es cuando podrían iniciarse las conversaciones cara a cara. “Estamos viendo si viajamos o si hay una misión del FMI acá. La pandemia es una traba. Pero no nos convienen estas conversaciones por Zoom. El Zoom es como Facebook, exacerba las diferencias entre conocidos”, confió una fuente oficial. Tampoco los burócratas del FMI tendrían demasiado apuro en avanzar hasta no conocer el resultado de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, en noviembre.
Dos miradas sobre los precios
La gestión de la política de precios empieza a desconcertar a algunos empresarios. La moderación que encuentran en el ministro Matías Kulfas –que dijo a la nacion hace apenas nueve días que Precios Máximos “no es una política para aplicar hacia adelante”– no se replica en las reuniones que luego mantienen con la secretaria de Comercio, Paula Español. Lo comprobaron el martes pasado los empresarios del negocio de electrodomésticos, cuando, en una reunión, Español consideró “escandalosa” la suba de precios de algunos ítems como las notebooks, que durante la pandemia duplicaron su valor de venta al público, y hasta amenazó con retirar a los retailers del Ahora 12, su principal respirador. El diálogo, aseguran, fue áspero. Hay quienes temen que Kulfas pierda influencia en las decisiones económicas. El traslado de la Secretaría de Energía a la órbita del Ministerio de Economía encendió luces de alerta.
Pese a recibir subas del orden del 4% en julio, las empresas de alimentos volverán a insistir esta semana ante el ministro Kulfas en que se les habiliten nuevos retoques. Muchas ya vienen solicitándolo de forma independiente. En esta ocasión insistirán vía la cámara que las agrupa, la Copal. Los argumentos son varios: el encarecimiento de costos dolarizados, como los empaques; las subas de algunos insumos; los incrementos en los costos logísticos y de los procesos de producción producto de los protocolos Covid-19, además de las paritarias.
“Hoy es más negocio sacar productos de la góndola –admitió un ejecutivo de una multinacional–. A estos precios el negocio no cierra. Y además hay otro debate sobre la mesa, y es que sobra la capacidad instalada, y eso incluye gente. Es un ajuste que tarde o temprano se va a hacer”, anticipó. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, deslizó en charlas con empresarios que la prórroga de la prohibición de despidos, que vence en septiembre, es casi un hecho.
Aunque sabe que la modificación de la matriz no se hará de un día para el otro, el Gobierno ya tendría a la firma un decreto para sustituir la importación de notebooks con producción nacional. Rebajaría a 0% los aranceles para la importación de partes, y elevaría a 20% el impuesto para la compra en el exterior de computadoras terminadas. Un nuevo cambio en las reglas del juego, para un mercado que hace tan solo tres años, en 2017, se reconvirtió luego de que la gestión Macri bajara a cero los aranceles para las computadoras.
Las trabas para conseguir licencias de importación (“SIMI”, en la jerga) encienden luces de alarma en la industria. La Cámara de Importadores informó que existen al menos 46 empresas que irán a la Justicia por las demoras en la emisión de SIMI. Otras tantas revisan sus planes de negocios para ver qué pueden empezar a exportar, y así mejorar su matriz de cara al Gobierno. Cualquier similitud con el pasado no es coincidencia.
El equipo económico está ansioso por lanzar medidas que ayuden a fomentar el consumo y mejorar la sensación de bienestar de una población agobiada por la pandemia y la malaria económica. Trabaja en un “plan canje” de heladeras y lavarropas, y en esa línea, desde la Comisión Nacional de Valores (CNV) conversan con la industria aseguradora para poder financiar proyectos de construcción. Aunque aquí también el Gobierno se encuentra con una limitante económica: las aseguradoras le explicaron al regulador que el plan no podrá hacerse con fondos nuevos, sino con los que ya tienen asignados para inversiones en la economía real. Si las obligaran a vender más activos para volcar a la construcción, eso terminaría reflejándose en fuertes pérdidas contables, ya que muchos de los instrumentos en los que hoy están invertidas las carteras ya están valuados a valor técnico y no de mercado. Minucias, para algunos, pero todo un problema para las compañías.

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Guste o no, hay un plan y está en marcha
Florencia Donovan
Si hay una cualidad de Martín Guzmán que destacan quienes participaron de las negociaciones por la deuda es su carácter imperturbable. Nunca el ministro levantó la voz ni se mostró molesto, ni aun cuando el primer interlocutor de Blackrock, el mexicano Gerardo Martínez, amenazó con hacerlo echar o cuando el mismo fondo de inversión advirtió que llamaría a Donald Trump para modificar el respaldo del FMI hacia a la Argentina.
“Jamás Guzmán se salió del libreto”, describe un hombre que siguió al detalle las conversaciones. “Y el trabajo lo logró, eso que no tenía un acuerdo con el FMI de respaldo ni un plan económico para mostrar cómo hará para repagar la deuda”.
No sorprende luego que también Guzmán se muestre ahora inalterable ante las críticas de quienes reclaman que el Gobierno presente un plan que al menos permita direccionar las expectativas económicas. Es que en el equipo económico existe el convencimiento de que el plan, de hecho, ya está en marcha, aunque la pandemia puede haber dejado en suspenso algunos de sus lineamientos.
Si bien poco encaja con la idea de “poner plata en el bolsillo de los argentinos”, en el equipo de Alberto Fernández hay una noción bastante más restrictiva del gasto de lo que se está mostrando en estos días de cuarentena. El ajuste por decreto de las jubilaciones es el ejemplo más claro, pero no el único. También el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confesó a empresarios amigos que no comulga con la idea de mantener las tarifas de servicios públicos congeladas eternamente. Una lección aprendida de la gestión kirchnerista. Pero es cuestión de esperar que afloje antes la cuarentena. El descongelamiento de las tarifas será parte de la negociación en enero, cuando se vuelvan a conversar con las distribuidoras eléctricas las reglas de juego que regirán para el sector en los próximos cuatro años. Difícilmente se admita una suba del 50% –es el retraso que tienen las tarifas, según las distribuidoras–, pero sí se habilitará un esquema de ajuste gradual.
“Kulfas cree que los precios deben ir descongelándose. Empezamos por naftas, celulares, y más adelante se irá viendo el resto. No imagino de todas formas que se afloje con Precios Máximos hasta 2021”, confió una fuente. La estrategia forma parte del plan del Gobierno para sortear lo que muchos economistas advierten como uno de los principales riesgos, que es un shock inflacionario. Pese a advertencias de varios economistas, como Luciano Cohan, uno de los tantos que alertaron la semana pasada sobre la aceleración de los precios en las últimas semanas de julio, en el Gobierno aseguran que no están viendo mayores presiones inflacionarias. “La inflación que proyectamos va a estar entre 1,5 y 2% mensual, o poco más de 2%, en los próximos meses”, auguran.
Tranquilidad con el dólar
En el equipo de Fernández no vislumbran en el corto plazo presiones por el lado de los salarios y se muestran confiados en que los 1,4 billones que volcó el Banco Central (BCRA) en 2020 entre adelantos transitorios (432.000 millones) y anticipo de utilidades (1,04 billones) puedan ir siendo absorbidos por el mercado. También descuentan que mantendrá el tipo de cambio con un esquema muy similar al actual, con un crawling-peg que irá acompañando la inflación y tasas de interés positivas en términos reales.
No hay vocación en el Gobierno de acelerar demasiado la devaluación –aunque sí se modificó en los últimos días la estrategia de la entidad, ya no subiendo el tipo de cambio de a 6 centavos por día, sino haciéndolo de forma más errática y en línea con los flujos del comercio exterior. Solo preocupa la brecha cambiaria con el dólar blue y con el que se pauta en la Bolsa de Comercio (contado con liquidación).
En el primer caso, en el Gobierno creen que la brecha se achicará solo cuando se abra la frontera al turismo –“antes estaba incluso por debajo del oficial”, ilustran–, pero el segundo caso es el que más inquieta, dado que es el que suele marcar las expectativas de los grandes actores económicos. En el BCRA siguen a diario las compras y no se les caen los anillos a los más altos funcionarios de la entidad o de la Comisión de Valores para llamar a los responsables de financieras o agentes de mercado que operan en algún día por encima de su volumen habitual. Todos los grandes recibieron llamados disuasivos en estas semanas.
En el ente monetario esperan que mengüe la compra de minoristas para poder habilitar más dólares a los importadores, que irán demandando cada vez más divisas a medida que mejore la actividad. Cerca de Pesce niegan que vayan a cortar el cupo de US$200 para individuos. Con las reservas bajo presión, apuntan a que los ahorristas empiecen a ver con más cariño al plazo fijo.
“Hay un problema de expectativas –admite un integrante del gabinete económico de Alberto Fernández–. Pero si el sistema financiero logra absorber esta emisión de pesos, va a funcionar”, dice.
Algo que entusiasma al Gobierno es el mercado local de deuda en pesos que se logró armar en estos meses. Según datos del Instituto Argentino de Mercado de Capitales, en julio 17 empresas emitieron obligaciones negociables o valores de corto plazo, 10 de ellas en pesos. En el mismo mes de 2019, solo cuatro emisiones habían sido en pesos. En lo que va del año, las emisiones de obligaciones negociables en pesos sumaron US$919,5 millones, contra US$831,91 millones en todo 2019.
En el BCRA esperan que el Tesoro se transforme en un activo participante del mercado de deuda en pesos y no requiera así de mayor asistencia de la autoridad monetaria, que todavía tendría resto para inyectarle a su principal accionista unos $500.000 millones adicionales. El Tesoro deberá cubrir este año un déficit de 7 puntos del PBI, según dijo Guzmán.
El Central, por su parte, trabaja en un plan “Transferencias 3.0” para reducir el uso de efectivo y así morigerar el costo de emisión de billetes, estimado en promedio en unos 10 centavos de dólar (unos 7,5 pesos al cambio oficial) por unidad que sale a la calle. La idea se la presentó por Zoom hace 10 días Miguel Pesce a los banqueros del sistema. Quiere que todos los comercios, además de recibir tarjetas de crédito o de débito, cobren contra transferencia bancaria. Así, por ejemplo, igual que sucede con el sistema de Mercadopago, con solo un celular una persona podría pagar en un comercio leyendo un código QR contra el débito de una cuenta bancaria. Para el comerciante, tendría menos costos que el de una tarjeta, por la que paga un arancel por cada operación.
Los bancos recibieron bien la propuesta, pero fueron más allá. Aconsejaron al Central plantear beneficios impositivos para los comercios que lo adopten –por ejemplo, suspender las retenciones impositivas del Sircreb– y para los consumidores, reponiendo el régimen de devolución de IVA. Además, sugirieron que todos aquellos que cobren algún tipo de asistencia del Estado –unos 21 millones de personas– deban usar este mecanismo con un porcentaje de los fondos.
Medidas, de a poco
Es posible que las 60 medidas de reactivación en las que vienen trabajando desde hace semanas vayan viendo la luz paulatinamente. Son, después de todo, medidas que apuntan a los distintos sectores de la economía: a la construcción, al campo (con una rebaja de las retenciones), a la minería, al consumo (con planes como el Ahora 12 que se extenderían hasta 36 cuotas), entre otros. En todos los casos, hay una limitante: la falta de fondos del Tesoro y, por ende, de cada ministerio, para aportar.
Una vez cerrado el acuerdo con los acreedores, existe entre quienes asesoran al Presidente en materia económica cierta confianza en que la actividad tiene todo para al menos empezar a recuperar. “La economía ya rebotó, estamos en una V clara. No va a ser tan fuerte como el rebote que vimos en mayo, pero ya muchos indicadores preliminares empiezan a dar mejor; el consumo de energía, por ejemplo. [La recuperación] va a ser desigual: la industria petrolera está parada, aunque está exportando, y nos falta la construcción”, ilustró una fuente que participa en la mesa chica.
También hay confianza en que el contexto internacional podría jugar a favor, sobre todo gracias a que se vienen varios meses de un dólar débil y commodities (que es lo que produce la Argentina) fuertes. Empresas como PAE ya estarían sondeando la posibilidad de volver a testear el apetito de Wall Street; podría ser la primera de una lista.
Así y todo, el Gobierno tiene el desafío de que todo esto que considera un plan en marcha se traduzca en una mejora en las expectativas. A fin de cuentas, para qué sirve tener un plan si el mercado –que es quien debe comprarlo– no lo percibe como tal.

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El eterno retorno del “vivir con lo nuestro”
Florencia Donovan

Martín Guzmán


“Preparate para el rebote de la economía. No va a alcanzar la producción para lo que se viene”, le dijo un alto funcionario a un empresario nacional. “Eso sí, no les vamos a dejar importar nada”, le adelantó. Una parte del empresariado nacional empieza a soñar con la miel que promete el gobierno de Alberto Fernández. “¿ Quién puede decir que en los años del kirchnerismo no lo dejaron trabajar o le fue mal?”, afirmó, sin tapujos, un hombre del rubro energético.
No solo este empresario nacional entiende el lenguaje del Gobierno, sino que comienza a adaptarse a lo que, intuye, será la economía que viene. No desconoce las dificultades por delante – también clama por un acuerdo con los acreedores privados–, pero es versátil y sabe que, al menos en el corto plazo, podrá sacarle réditos a una economía que promete volver a cerrarse.
En el equipo económico existe desde hace algunos días cierto entusiasmo por lo que, consideran, empieza a ser un rebote de la actividad, que esperan poder potenciar con la batería de medidas que anunciarán al terminar la cuarentena dura. Estímulos para el consumo, financiamiento para la obra pública y privada ( se habla con los bancos de préstamos atados a la construcción), planes específicos por región y beneficios fiscales son algunos de los ejes de las medidas que desde hace días vienen dejando trascender.
Aunque el humor oficial poco condice con lo que se siente por ahora en la calle, basan su entusiasmo en algunos indicadores, como la demanda de energía, que sirve para anticipar el comportamiento del índice de producción industrial que publica el Indec, o el consumo a través del programa Ahora 12.
Según datos de Cammesa, la demanda de energía de la industria, que había llegado a caer 36% en abril, se ubicaba en junio solo 10% por debajo de los valores precuarentena y casi en igual nivel interanual. Lo mismo, las ventas a través del Ahora 12 estaban en junio, en el interior del país, en valores superiores a los registrados el 10 de marzo, mientras que en el AMBA aún no habían recuperado los niveles máximos de marzo, pero ya se ubicaban en niveles similares a los registrados en enero.
“Hace tres semanas que vemos una fuerte recuperación de la demanda”, ilustra un industrial nacional, de alto perfil. “Todo lo que estamos produciendo lo estamos vendiendo y casi al contado; de tener 50% de cheques rechazados, hoy tengo 2%”, confía. La mayor movilidad en el interior del país y también en el AMBA, que pese a la cuarentena estricta en la práctica nunca volvió a la parálisis de fines de marzo, se está reflejando en un repunte de las ventas de textiles, electrodomésticos – en una empresa líder admiten un crecimiento de 200% interanual–, de electrónica – hay faltantes de celulares, televisores de 32 pulgadas y notebooks– y de productos de bazar. Sin posibilidad de gastar en restaurantes, teatro, cine o cualquier forma de esparcimiento, muchas familias trasladaron su consumo a productos del hogar, en la mayoría de los casos, made in Argentina.
Brecha entre empresas
Pero el mejor ánimo que permea en una parte del empresariado nacional – no es generalizado– no se refleja entre los ejecutivos de las multinacionales. A comienzos de julio, la empresa Bain repitió por Zoom una encuesta que ya había realizado en abril y mayo entre una centena de CEO de grandes compañías, como Latam, Abinbev, P& G, Louis Dreyfus, Ford, Coca- Cola, Rayzen, Telefónica, Walmart y Edenor. El pesimismo es evidente: el 45% de los encuestados respondió que la crisis en el país será tan severa como la de 2002, y el 50%, que será aun peor. En abril solo el 30% creía que la crisis superaría a la de la salida de la convertibilidad.
Del mismo modo, 5% respondió que la crisis tendrá una impacto estructural en su compañía, cuando el mes anterior, si bien el 86% dijo que esperaba que la crisis tuviera un impacto medio o alto en su empresa, ninguno creía que la afectaría estructuralmente.
Aun a los más experimentados ejecutivos les es difícil convencer a sus casas matrices de que aquí hay una oportunidad de negocios. En el exterior no hay lectura fina en las declaraciones del Gobierno; poco importa qué mensaje está destinado para la interna y cuál es el que se privilegiará. Para ellos, la Argentina se reduce a lo que le traducen el Financial Times, que en su portada se hizo eco de las intrigas en torno al asesinato del exsecretario de Cristina Kirchner, o The Times, que en sus últimos artículos sobre el país siempre hizo foco en la figura de la ahora vicepresidenta. A cada rato creen oír medidas que suenan a Venezuela. La única preocupación pasa por saber si el presidente Fernández seguirá los pasos de su vice o si logrará plantear un camino nuevo. Y, ante el desconcierto, por ahora mejor mantenerse alejados. Una entidad bursátil lo comprobó hace algunos días, cuando hizo un webinar para presentar sus perspectivas de una compañía argentina que cotiza en el mercado de capitales. Solo participaron 14 inversores del exterior; hace un año, el mismo evento había convocado a 150.
Aislados
El proteccionismo, como fenómeno global que gana momentum, pareciera justificar una vez más una de las máximas del ideario peronista: vivir con lo nuestro. Si Estados Unidos en 2008 compró acciones de Citi y de General Motors, o ahora Alemania de Lufthansa, cómo la Argentina no puede hacer lo mismo con Vicentin o cualquier otra empresa. El grueso de la política argentina parece ignorar que nuestro país es uno de los más aislados del mundo en materia arancelaria. No hay tanto margen para más proteccionismo.
La Argentina pareciera estar privilegiando una estrategia de aislamiento. El propio Fernández admitió que tiene una visión distinta a la del resto de los líderes de la región sobre el mundo que se viene. “A duras penas somos dos los que queremos cambiar el mundo, uno está en México, Andrés Manuel López Obrador”, dijo Fernández en una teleconferencia con el expresidente Lula da Silva. Sin embargo, López Obrador se diferenció a los pocos días, o al menos dejó en claro tras su reunión con Donald Trump que si piensa cambiar el mundo, lo piensa alineado con Estados Unidos.
En algo, sin embargo, Fernández coincide con su antecesor, Mauricio Macri. La política exterior argentina sigue apuntando a mantener un equilibrio con China y con Estados Unidos, una evocación, considera un excanciller, de la Tercera Posición de la que hablaba el general Perón. En un encuentro vía Zoom con varias decenas de cámaras empresarias agroalimentarias, la semana pasada el canciller Felipe Solá contó que hicieron un estudio sobre qué productos puede la Argentina colocar en el mundo. En el Gobierno parece cobrar fuerza una estrategia de inserción internacional que suena al viejo bilateralismo. El Estado ayuda a conseguir los clientes en el exterior y negocia con su contraparte importaciones. ¿ Cuál será el costo del apoyo financiero de China, que acaba de renovar el tan necesitado préstamo para engrosar las reservas del Banco Central? ¿ El 5G de Huawei??
Lo cierto es que quienes llevan a cabo las negociaciones de la deuda tienen en claro que la relación con Estados Unidos es fundamental. Descuentan que la luna de miel que existe con la número uno del FMI, Kristalina Georgieva, se esfumará una vez que comiencen formalmente las negociaciones por la deuda con el organismo de crédito. Cerca del ministro Martín Guzmán insisten en que no habrá una quinta oferta para los bonistas. Creen que la diferencia entre los US$ 53, que es lo que el mercado cree que vale la oferta, y los US$ 60 que exigen los bonistas más duros puede saldarse fácilmente si los grandes fondos de Wall Street operan sobre el humor inversor. “La tasa de descuento del 10% pueden llevarla al 7,5% con una nota en el Wall Street Journal”, explican.
Así las cosas, en Economía deslizan que estarían dispuestos a cerrar el 4 de agosto un canje, aunque sea parcial. También esperan cerrar en esos días el canje local, con un menú de bonos que incluirá tanto pesos como dólares. En tal caso, estiman, las negociaciones con el FMI podrían empezar a mediados de septiembre y extenderse hasta bien entrado 2021.

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La geopolítica global, el nuevo viento de cola

Florencia Donovan
La relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está más encaminada de lo que se podría haber anticipado por las declaraciones que, vía redes sociales, venían haciendo en el último tiempo desde el Gobierno. No hay nada más alejado de la realidad que las palabras que se vierten en Twitter o en Instagram. Para Alberto Fernández, sin más, el otrora hipercrítico tuitero Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, se habría transformado en un aliado clave dentro del directorio del FMI.
Aunque no sería solo producto de las gestiones de la Argentina -que las hubo-, sino sobre todo de los intereses geopolíticos del propio Trump. En plena puja de poder con China, el gobierno de los Estados Unidos no estaría dispuesto a cederle influencia en la región a la potencia asiática, que aparece siempre como prestamista de última instancia de los países en crisis (como sucedió en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner o, ya de forma más evidente, en Venezuela). Pero que además se ubica cada vez más cerca de Europa, atraída por la idea del desarrollo de una Nueva Ruta de la Seda, con grandes proyectos de infraestructura financiados por las en apariencia infinitas arcas chinas.
"La Argentina es uno de los países a cuidar para que no se sigan metiendo los chinos", subraya un hombre de negocios que sigue de cerca la relación bilateral entre Fernández y Trump. Durante la gestión de Mauricio Macri, la cuestión de las inversiones chinas en sectores estratégicos -telecomunicaciones, energía atómica y minería, entre otros- ocupaba ya un lugar clave de la agenda bilateral. Se descuenta que sucederá lo mismo con Fernández, con el desarrollo del 5G como primera batalla.
El FMI no es ajeno a esta pulseada. Trump viene, de hecho, sorteando con éxito la demanda del gobierno chino de una mayor participación en el directorio del FMI. La administración de Xi Jinping impulsa desde hace tiempo un incremento en los aportes de capital -cuotas- que los países miembros hacen al FMI, en un intento de incrementar así su poder de voto. China tiene 6,09% de los votos en el FMI, apenas menos que Japón (6,15%) y solo un poco más que Alemania (5,32%). Mientras que Estados Unidos mantiene el 16,5% de los votos en el organismo multilateral de crédito, lo que le da capacidad de veto ante cualquier proceso de revisión de cuotas o en la aprobación de nuevos programas de crédito, dado que ambos requieren del 85% de los votos del directorio.
El año pasado se dio por terminada la decimoquinta revisión de cuotas en el FMI y se decidió no hacer modificaciones, pero China ya advirtió que buscará impulsar cambios entre 2020 y, a más tardar, 2023.
Trump tendría además incentivos de sobra para dar vuelta la página de la Argentina en el FMI. El superpréstamo de US$57.000 millones que se acordó con la Argentina -del cual se llegó a desembolsar durante 2018 y 2019 gran parte, US$44.000 millones- lo interpela directamente y les da argumentos de sobra a sus aliados dentro del directorio del FMI que lo critican por su exceso de personalismo a la hora de definir el destino de los fondos del organismo multilateral de crédito. "Es un año electoral en los Estados Unidos, y cuando eso pasa, los presidentes tratan de cerrar cualquier conflicto o foco de conflicto que puedan tener. Y el del Fondo es uno", explican.
El apoyo de los Estados Unidos, no obstante, no significa que el FMI aceptará archivar muchas de sus clásicas recetas. Las declaraciones -luego desmentidas- del ministro Claudio Moroni sobre un eventual aumento de la edad jubilatoria, y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sobre un inminente descongelamiento de las tarifas parecen alineadas con el manual de buenas prácticas de la burocracia del Fondo.
Por ahora, al menos, el ablande en el Fondo ya surtió efecto en las líneas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM). "Lo que eran desembolsos a cuentagotas de préstamos ya aprobados se normalizó. Hasta diciembre, todas las unidades ejecutoras de préstamos estaban ahogadas", confían desde la línea del BID. Los técnicos del BID se encuentran por estos días elaborando la nueva "estrategia país" para la Argentina, básicamente el acuerdo marco que regirá desde este año hasta el fin del mandato de Fernández.
A fin de cuentas, el presidente Alberto Fernández es descripto por sus íntimos como un líder especialmente pragmático. "Alberto sabe que tiene que, ante todo, tener superávit fiscal y comercial para que la economía funcione", dice un hombre que lo conoce desde sus años mozos y que lo acompaña desde entonces en su peregrinación por la política.
Al mandatario, sin embargo, le estaría llevando más tiempo de lo previsto terminar de llenar las distintas posiciones del Estado. Mantener contentos a todos los aliados de la coalición y al mismo tiempo evitar conceder espacios que luego entorpezcan la gestión no estaría siendo una tarea tan sencilla. No hay designación además que escape al guiño de Fernández, poco propenso en todo momento a delegar poder. Algunas carteras lo sufren más que otras; la Secretaría de Energía es uno de los casos más evidentes.
La atención de todo el gabinete se encuentra en el ministro de Economía, Martín Guzmán. En Wall Street, la sensación generalizada es que el plan Guzmán entró en tiempo de descuento. Habrá que ver si, en privado, en sus reuniones en Washington y en Nueva York esta semana el ministro mantiene el mismo discurso que tuvo en el Congreso, a comienzos de mes, cuando advirtió que la Argentina no planea realizar ningún esfuerzo fiscal adicional. Por su parte, representantes de uno de los tres grandes comités de acreedores, el que encabeza Hans Humes, de Greylock Capital, tienen previsto reunirse en Buenos Aires con Haroldo Montagu, secretario de Política Económica, el 2 de marzo.
Pese al plazo autoimpuesto hasta marzo para lograr un acuerdo por la deuda, la realidad es que los vencimientos de títulos podrían darle al Gobierno margen para extender sus negociaciones algunas semanas más. Y es que los vencimientos de títulos con legislación de Nueva York recién empiezan a acumularse a partir de mayo. En el medio, hay sobre todo pagos en pesos o de deuda en dólares, pero emitida bajo ley local. No se descarta, asimismo, que para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que tiene en su Fondo de Garantía de Sustentabilidad casi un 70% de bonos del Estado, haya una oferta de bonos ad hoc, como fue en 2005 el cuasi par para las administradores de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).
Economía real, en stand-by
Entre las empresas, nadie cree que vaya a haber un repunte de la actividad económica al menos hasta el segundo semestre. Unipar Indupa, la principal productora de PVC en la Argentina, no ve reflejado en sus ventas, por ahora, un repunte en la construcción, ya sea pública o privada. Para sortear la crisis, aumentó el peso de sus exportaciones del 25 al 50% de su producción.
Pero en otras multinacionales empieza a pesar cada vez más el cepo cambiario en decisiones estratégicas. Las autopartistas acumulan deudas con empresas vinculadas y proveedores por US$600 millones, mientras que entre las farmacéuticas la cifra es de US$250 millones. Lejos, muy lejos se está por ahora de los casi US$12.000 millones que llegaron a acumularse durante el mandato de Cristina Kirchner (unos US$6500 millones eran deudas con proveedores y el resto, dividendos no distribuidos), pero muchas buscarían evitar llegar a la misma situación.
Entre los sectores que podrían mostrar una mejora en febrero se ubican los grandes supermercados, que ya a comienzos de mes se sorprendieron con el impacto de la tarjeta AlimentAR. En algunas sucursales de hipermercados del conurbano bonaerense, las compras con los fondos aportados por el Estado llegaron a representar el 50% de las ventas realizadas en un día. "Es mucha plata, pero en dos días se agota. La mayoría se gasta en alimentos, y en menor medida en perfumería y limpieza", detallan de una cadena.
En la Secretaría de Comercio, en tanto, planean ya reactivar y fortalecer el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec), para así generar una instancia de contacto entre las empresas y los consumidores. Probablemente sea uno de los anuncios en la semana del 15 de marzo, cuando se celebra el Día del Consumidor. La decisión afecta sobre todo a bancos, compañías de telefonía y prepagas.