HÉCTOR M. GUYOT OBSERVA Y RAZONA,

El asalto a la Justicia y a la prensa

Héctor M. Guyot
El kirchnerismo siempre va por más. Todavía no lo aprendimos cabalmente, a pesar de que hasta aquí hemos visto demasiado. Cristina Kirchner considera que no hay ley más alta que su voluntad y necesita una Argentina convertida en lo que hoy es Santa Cruz. Ya se comporta como si el país fuera su feudo. Lo prueba el desacato del fallo que le impedía al Senado avanzar en la revisión de los traslados de los jueces Bruglia y Bertuzzi, los mismos que confirmaron el procesamiento y la prisión preventiva de la vicepresidenta en la causa de los cuadernos de las coimas. La señora no tiene paciencia para esperar el resultado de la purga judicial que está llevando a cabo. Aunque todavía no ha logrado institucionalizar su impunidad, ese gesto dice que ninguna sentencia judicial le impedirá satisfacer sus deseos ya mismo. Por si hiciera falta, la jueza desobedecida ayer dio luz verde.
Cristina Kirchner va por más porque va por todo. La colonización de una Justicia que desprecia sería un premio incompleto sin el sometimiento de la prensa. La impunidad se perfecciona con la posibilidad de ser el único que escribe la historia. El triunfo del relato y la ambición de un kirchnerismo “eterno” exigen jueces y periodistas adictos capaces de subordinar la realidad de los hechos a las órdenes de la jefa. Ese y no otro es el objetivo de la reforma judicial que tratará la semana que viene el Senado, ahora con un agregado de última hora que pone en jaque a la prensa independiente.
En virtud de esa adición, los jueces deberán denunciar ante el Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de los “poderes mediáticos”. De promulgarse, la ley daría entidad a la teoría del lawfare a la que Cristina Kirchner le atribuye sus penurias judiciales. Pero, más grave, sería la llave perfecta para poner una mordaza a la prensa. Amparándose en la ambigüedad de la ley, un juez podría considerar presión una nota editorial o de opinión y hasta una nota informativa que aborde asuntos relacionados con la causa que sigue. Con jueces adictos, la Justicia se convertiría en el ariete perfecto para acallar a la prensa.
A ocho meses de gobierno, las cartas parecen echadas. Cristina sola no podía. Alberto solo no existía. Cristina pudo con Alberto. Ahora Alberto no puede con Cristina, que se para sobre los hombros del Presidente para alcanzar el fruto rojo de la impunidad eterna mientras el peso de ese anhelo hunde al mandatario en el fango del descrédito. Con él, se embarra todo un gobierno y la mancha crece a medida que el objetivo exige sacrificios mayores. No solo de la democracia y la república, sino también de la retórica y de una imagen presidencial cada vez más magullada. Cada punto que gana Cristina Kirchner lo pierde Alberto Fernández. Y son todos para ella.
Lo que ocurrió esta semana indica que el Presidente bajó la cabeza. La imagen de la resignación se impone al recordar los calificativos que le dedicó a su socia antes de que ella lo eligiera para el cargo que ahora ocupa. Pero tampoco es seguro. Más que un hombre de convicciones, el archivo dice que es un político de memoria corta que subordina su palabra al reclamo de la coyuntura. “No nos van a doblegar. Los que gritan suelen no tener razón”, dijo tras el multitudinario banderazo del lunes. La primera persona del plural remite a una confesión hecha en la efervescencia del triunfo electoral: “Cristina y yo somos lo mismo”. Dejemos a Freud lo que es de Freud y convengamos que aquí los hechos no lo desmienten: los dos quieren lo mismo y están dispuestos a conseguirlo. Como sea.
Así, el Presidente desoye el clamor de una parte importante de la sociedad y se sube al “vamos por todo” que impulsa la vicepresidenta desde el Senado. Entre el diálogo y la grieta, extremos en los que en apariencia oscilaba, optó por esta última, pues en la estrategia oficial todos aquellos que se oponen a la hegemonía kirchnerista y defienden la división de poderes y la república pasan a ser “odiadores” que le dan la espalda al pueblo y gritan sin razón.
La marcha del lunes marca un antes y un después. El Gobierno intentó socavarla y apeló al miedo, agitando el fantasma de un contagio indiscriminado. Además, le cargó la responsabilidad por un eventual colapso del sistema sanitario. La acusación responde más bien a un mecanismo de proyección. En verdad, la razón de que hubiera gente protestando en las calles (con barbijo y distanciamiento) hay que buscarla en el Gobierno, único responsable del clima de tensión que envuelve al país: si el operativo impunidad no estuviera avanzando como lo está haciendo, la gente no saldría a mostrar su indignación. Porque ese fue el motivo casi excluyente del banderazo. Ahora que el “vamos por todo” es más ostensible, con un gobierno radicalizado en sus objetivos, todo indica que vienen semanas difíciles. Y no a causa de la pandemia, que el Gobierno ha relegado a segundo plano por motivos inconfesables pero evidentes.

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Cuatro vías de resistencia al “vamos por todo”

Héctor M. Guyot
Con el telón de fondo de una pandemia que avanza, en medio del encierro y de la asfixia económica de tantos argentinos, la vida política del país pasa por un proyecto de reforma judicial. El asunto eclipsó incluso el acuerdo por la deuda. La razón es obvia. A nadie se le escapa, lo reconozca o no, que la iniciativa del Gobierno representa mucho más que eso. Por esto, también, la confrontación entre quienes quieren imponer la reforma y los que se oponen a ella es cada vez más enconada. Están en juego la suerte de un gobierno y el destino de un país.
De un lado hay una persona que, ejerciendo una fuerza centrífuga, ha puesto a todo el oficialismo a bailar a sus órdenes. La reforma es el tributo que espera y reclama. Algunos bailan con convicción y otros impostan el entusiasmo como pueden. La contraprestación está resultando muy onerosa: se paga con el beneficio que la parte deudora obtuvo de la transacción. En otras palabras, Cristina Kirchner exigirá lo suyo (la impunidad, como sea) aunque el gobierno de Alberto Fernández se incinere en el intento de cumplir. Los contratos con vicio de origen nunca terminan bien.

Los firmantes de aquel acuerdo se repartieron lo que no les pertenece y soslayaron la presencia de otros actores en escena. Una parte muy importante del país, advertida de los verdaderos costos de ese pacto, se resiste a que esa deuda sea saldada. Saben lo que eso significa. Lo han vivido. Saben que la impunidad sería solo un primer paso. Si ella obtiene su parte, se queda con todo. Sin embargo, no se trata solo de un gesto reactivo. Además, esos actores tienen derechos. Y a su modo, los reclaman también.
El primer derecho que exigen es la justicia. Sin ella, la vida es una humillación permanente. Queda en manos del poderoso, que decreta una ceguera colectiva sobre la que basa su capricho y su impunidad. Otro derecho que se defiende, consagrado en un pacto muy anterior al del binomio presidencial, es la democracia republicana, que establece la división de poderes y la alternancia en el poder. Esa forma de gobierno, que no es una concesión de nadie sino la base de nuestra convivencia, también está bajo amenaza: las bellas palabras con que disfrazan el caballo de Troya del proyecto quedan desmentidas por los antecedentes, el contexto, los personajes, los trucos de siempre, Santa Cruz. Hay otro anhelo esencial: desterrar la mentira.

 Recuperar la posibilidad de construir una vida en común alrededor de la verdad. Primero, la verdad de los hechos y la prueba en juicio. Luego, la correspondencia entre lo que decimos y lo que pensamos, condición del diálogo.
Esta resistencia creciente se manifiesta de varias formas. Por un lado, hay una vertiente institucional. En ella se inscriben las acordadas de la Cámara del Crimen y de la Cámara en lo Civil y Comercial, que señalan que la reforma es inconstitucional y favorece la impunidad. Sumaron sus críticas la Junta de Tribunales Orales en lo Criminal y la Asociación Argentina de Profesores de
Derecho. Son una muestra de salud institucional y deslegitiman la iniciativa.
Como parte de la resistencia que se ejerce desde la vida institucional, la oposición tiene un rol clave. No debe ceder al chantaje emocional del oficialismo, que la acusa de “antidemocrática” con el fin de sentarla a la mesa del debate para dar curso al proyecto. Debe hacer como los defensores inteligentes, que en lugar de ir a disputar la pelota se alejan del juego sucio que les proponen y dejan al adversario solo, en evidente offside. En los muchos frentes que el kirchnerismo abrió para consagrar la impunidad, la oposición no puede transar si pretende seguir siendo tal. Elisa Carrió, que volvió al ruedo en estos días, lo tiene claro. Pero no solo ella. Puede haber diálogo, debe haberlo, en la gestión de la pandemia y el después. Pero no puede haberlo donde ya está todo decidido en contra de la democracia.
En el llano, cada vez son más las personalidades destacadas de la ciencia, el derecho, las artes y otras disciplinas que se manifiestan sin vueltas y alzan la voz en defensa de la justicia, la república y la verdad. Su valentía hace la diferencia.
En la calle, finalmente, se reconoce esa mayoría que quiere un país signado por esos valores. Los banderazos son el obstáculo más difícil de salvar para las ambiciones de Cristina Kirchner. Multitudinarios, tienen la fuerza de un hecho irrefutable, aun para los que se dedican sin éxito a subestimarlos desde el discurso. Espontáneos, abiertos, inclusivos, no ofrecen una cabeza o un líder a quien demonizar. Aunque lo intenta, el kirchnerismo no ha podido incorporarlos al relato y en consecuencia no ha sido capaz de neutralizar sus efectos. Hay en los banderazos un límite concreto al “vamos por todo” que hasta los kirchneristas más extremos no tienen más remedio que reconocer en silencio. Un límite imprescindible. Pero quizá su fuerza esencial resida en la promesa que encierra el encuentro siempre asombroso y renovado de los muchos que quieren un país distinto.

HÉCTOR M. GUYOT OBSERVA Y RAZONA,

“Cada mañana, nos saludan dos crisis, la pandemia y la ficción kirchnerista”

Héctor M. Guyot
Los argentinos estamos en medio de dos grandes crisis. Una de ellas, la pandemia, es global e impacta en nuestras vidas de una forma aún difícil de mensurar. Todavía está en curso y no conocemos su evolución. Eso acrecientan la incertidumbre y la conciencia de nuestra vulnerabilidad. La angustia de los que no pueden salir a ganarse el sustento, de los que han visto cómo se desmoronaba el comercio o la pequeña empresa que tanto esfuerzo había costado edificar, de los empleados que así se han quedado sin trabajo y sin ingresos no tiene comparación. Sin embargo, quienes podemos seguir trabajando sentimos también el golpe en el ánimo y compartimos, seguramente, la sensación de estar atrapados en una pesadilla.
En medio de esta pandemia que parece un mal sueño, la Argentina vive su crisis particular. Lejos de ser inédita, resulta una remake o una secuela de aquella que vivimos hace siete años, cuando la entonces presidenta Cristina Kirchner se propuso ir por todo, incluidas la voluntad y la imparcialidad de los jueces, y lanzó un proyecto para “democratizar” la Justicia. Ahora el mismo objetivo se persigue por otras vías de un modo más acuciante e incluso desesperado, porque entre uno y otro intento el país ha visto cosas imposibles de borrar de la retina y los jueces han actuado en consecuencia y avanzado lo suyo. Ahora lo que se busca sin rodeos, lo que ella necesita de manera inmediata, es la impunidad.
Cada mañana, entonces, nos saludan dos crisis, la pandemia y la ficción kirchnerista, plagada de voces que uno preferiría no oír, pues bastante tiene con el virus. Sin embargo, por dura que resulte la epidemia, cuesta más entender la remake de una película imposible, ahora en versión reloaded. A los actores se les corre el maquillaje y su argumento es infantil: el reino del revés. En él, una reforma de la Justicia y la conformación de la Corte están en manos de quienes han sido procesados por gravísimos delitos de corrupción. Como el peso de la prueba vuelve impensable la absolución en juicio, los acusados mudan sus abogados de los tribunales a una comisión de “notables” para, reforma mediante, asegurarse “jueces” militantes que neutralicen esas evidencias con algún relato al uso (el lawfare, por ejemplo) emitido desde un tribunal supremo colonizado. Lo que resultaría increíble en el cine aquí es defendido con voz doctoral y llevado a discusión al Congreso.
En esta ficción verdadera nada es lo que parece: quien motoriza todo es un personaje omnipresente escondido en el prudente segundo plano de una banca legislativa. Desvelada por eludir el peso de la ley, Cristina Kirchner parece en cambio indiferente a la pandemia, a la que solo usa de excusa para confrontar con la oposición. Lo hace por Twitter, un medio perfecto para lanzar dardos y órdenes cortas que no admiten réplica. Otros hablan y actúan por ella. Entre sus voceros más locuaces están Parrilli y Tailhade. ¿Y quiénes ejecutan su voluntad? En una gama de matices que va del activismo más ferviente a la pasividad más concesiva, podríamos decir que el peronismo todo. Se destaca el Presidente, cuyas actitudes y dichos cambian según las circunstancias, aunque obedecen a un patrón claro: evitar que la vicepresidenta se enoje. Así, en virtud del pacto que lo colocó donde está, Alberto Fernández queda preso de sus contradicciones: mientras trata de controlar una epidemia, impulsa la otra.
Pero surgen resistencias. La sociedad está empezando a hablar claro. A través de una acordada, los jueces de la Cámara del Crimen señalaron que la reforma es inconstitucional y que favorece la corrupción y la impunidad. La Cámara en lo Civil y Comercial también cuestionó fuertemente el proyecto con otra acordada. En un artículo de esta semana, el respetado constitucionalista Daniel Sabsay dijo que la reforma “esconde la voluntad del Ejecutivo de poner en marcha un vasto plan de impunidad para la vicepresidenta y funcionarios de sus administraciones involucrados en graves hechos de corrupción, que actualmente son objeto de numerosos procesos, a través de una ampliación de la Corte”. En este sentido, otro constitucionalista de nota, Roberto Gargarella, señaló que toda reforma debe analizarse en su contexto y con atención a la historia. “Al respecto, debe reconocerse que hasta hoy no se registran movimientos del Gobierno, en materia judicial, que no se hayan dirigido directamente a ‘ganar impunidad’”, escribió en su artículo.
La extrañeza que sentimos cada mañana quizá se deba a que vivimos días surrealistas por partida doble. A muchos de los efectos sociales, psicológicos, políticos y culturales de la pandemia todavía les estamos buscando nombre. A la otra epidemia, la que ataca las instituciones democráticas y republicanas, ya la conocíamos de un embate anterior. Acaso hayamos aprendido algo de esa experiencia, porque ahora hay una sociedad más decidida que empieza a atreverse a llamar las cosas por su nombre. Y acaso eso haga la diferencia.

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La encrucijada que enfrenta el país
Héctor M. Guyot
En las ambulancias de José C. Paz venden “falopa” y el intendente los cubre. Son palabras del propio Mario Ishii, que el país escuchó a través de un video que se hizo viral. Ishii dijo que fue mal interpretado y recibió el apoyo de sus compañeros peronistas. Carlos Bianco, jefe de Gabinete de Kicillof, dijo que las expresiones del intendente “fueron sacadas de contexto”. ¿Qué contexto? “Ishii trabaja de sol a sol”, lo defendió. Tal vez ese sea el problema. Hay aquí muchos funcionarios de cuyo merecido descanso todos nos veríamos beneficiados.
La anécdota, otra página del grotesco criollo, ilustra la relación entre los hechos y el relato, al que el kirchnerismo le pide demasiado. Un caudillo bonaerense, en un extremo, y el presidente de la Nación, en el otro, han subestimado esta semana la inteligencia de la gente al pretender tapar lo evidente con palabras en las que pocos creen. Aun así, este es un país generoso en el que todo, incluso el simulacro más flagrante, se analiza sesudamente. Un signo de debilidad que fortalece al engaño: cuando se accede a hablar de contextos e interpretaciones ante la literalidad más grosera, el relato adquiere eficacia para diluir la verdad de los hechos e instalar la mentira.
En esto el kirchnerismo ha sido hábil. Ha repetido el truco una y otra vez. Esconde sus objetivos tras intenciones nobles y suma incautos a la comparsa. Así avanza. La ingenuidad de una parte gravitante de la opinión pública permitió la vuelta al poder de Cristina Kirchner. No bastaron López y su bolso millonario, el festival de dólares y whisky de La Rosadita, las confesiones de funcionarios y empresarios sobre la industria de la coima, el vamos por todo. ¿Será distinto esta vez? ¿No es acaso Alberto (así, con su nombre de pila) un hombre de diálogo? ¿La sabrá contener? Estos interrogantes, repetidos hasta el hartazgo en los medios hace exactamente un año, prepararon el terreno para el resultado de las PASO. ¿Había entonces alguna duda de que las cosas serían, pacto electoral mediante, tal como se están dando ahora?
Pero aquí estamos otra vez, analizando pros y contras de una reforma judicial lanzada en medio de una pandemia y discutiendo sobre el número de jueces que debe tener la Corte Suprema. Es decir, a punto de caer de nuevo en la trampa. “¿Qué hice yo ayer? Abrí el debate”, dijo Alberto Fernández el jueves, ensayando el canto de sirena para que la oposición pique y se sume como actor de reparto a una comedia dramática de final trágico, ya escrito: la muerte de la Justicia independiente. El trazo grueso de la guionista refleja la magnitud de los delitos que deben quedar impunes.

Fiel a su papel, el Presidente abraza la contradicción. Esta jugada, que incluye una comisión de “notables” de mayoría peronista con voto cantado en la que reviste el abogado defensor de la vicepresidenta, es la expresión extrema de los males que dice combatir. No busca ya la injerencia del poder político sobre la Justicia, sino la sumisión de la segunda al primero. En nombre de su salud, el Gobierno pretende darle el tiro de gracia al moribundo para entregar su cabeza a quien hoy ejerce el poder real y se niega a responder por sus actos.
Como dijeron algunos diputados de la oposición, el Gobierno y sus funcionarios parecen concentrar sus mejores esfuerzos en un gran operativo de encubrimiento. Para el cual piden, muy democráticamente, acompañamiento. La “ancha avenida del medio” apela al relato de los dos extremos, pero la delata el GPS de sus actos. Con un voto clave en el Consejo de la Magistratura, Graciela Camaño permitió que se proceda a revisar el traslado de jueces que no entienden que a Cristina Kirchner ya la juzgó la historia. Así, le dio impulso a la trama y quedó integrada al guion oficialista.
Para dar verosimilitud al relato, el Gobierno necesita que independientes y opositores dejen de lado las urgencias y se sumen al tratamiento del proyecto. Pero ¿tiene algún sentido entrar en el juego y discutir una reforma viciada de origen? Del efecto que eso tendría no hay duda: convalidaría el simulacro y habilitaría la operación. El sometimiento de la Justicia, objetivo de la vicepresidenta, abre la puerta no solo a la impunidad y la venganza, sino también a los sueños de eternidad. Esta es la encrucijada que el país enfrenta.

El actor Oscar Martínez seguramente interpretó el sentimiento de muchos cuando, con hartazgo y dolor, dijo que el resultado de las PASO le había hecho perder las esperanzas. “Las mafias y la corrupción son la verdadera pandemia de este país”, describió. Sin duda, desde las PASO regresaron cosas que creímos parte del pasado. Pero también hemos visto el surgimiento de una sociedad más despierta y activa, que no acepta la mentira y que se hace oír cuando defiende los presupuestos de una vida digna. La guionista hizo un buen casting, pero dejó afuera a actores que reclaman participación y pueden llevar el curso del drama hacia un desenlace todavía no escrito.

HÉCTOR M. GUYOT OBSERVA Y RAZONA

La impunidad, piedra angular del pacto
Héctor M. Guyot
El Presidente no cree en planes económicos. Se lo dijo a The Financial Times. En plena renegociación de la deuda, los acreedores se habrán sorprendido tanto como el común de los argentinos: debe ser el único líder del mundo cuyo gobierno, en medio de la pandemia, no está urgido por trazar políticas para volver a la actividad y paliar los terribles costos de la cuarentena. La declaración, además, explica la falta de rumbo de una gestión que se debate en marchas y contramarchas pautadas por las desavenencias entre el Presidente y la vice, todas resueltas en favor de la segunda con el curioso beneplácito del primero. Al menos Alberto Fernández fue sincero ante el corresponsal extranjero. Porque el único plan que el Gobierno impulsa con decisión y una coherencia digna de mejores causas es el asedio a la Justicia para garantizar la impunidad de Cristina Kirchner. Si el oficialismo tiene algún programa que no se discute, sin duda es este, piedra angular de aquel pacto que en su falta de escrúpulos cifraba los males que hoy se ciernen sobre el país.
La embestida judicial avanza, a pesar de la pandemia e incluso gracias a ella. Hay movimientos tácticos en todos los frentes. En el Consejo de la Magistratura, el oficialismo impulsa la revisión de las designaciones de diez jueces que no parecen dispuestos a colaborar, entre ellos dos camaristas que confirmaron varios procesamientos contra Cristina Kirchner y ratificaron, en la causa de los cuadernos, la existencia de una asociación ilícita encabezada por la expresidenta. El objetivo final es voltear las causas y las pruebas que obran en ellas.
Como Daniel Rafecas no pasa el filtro del Senado, el kirchnerismo baraja la candidatura de Víctor Abramovich para procurador general de la Nación. ¿Qué se puede esperar de un miembro de Justicia Legítima que defendió la postura del oficialismo en el debate ante la Corte Suprema por la ley de medios? La pregunta no es ociosa, sobre todo porque el país entero marcha hacia el sistema acusatorio, que disuelve el poder de los jueces y pone las investigaciones en manos de los fiscales.
La movida más ambiciosa es la reforma judicial. Prestarse a la discusión técnica del proyecto parece una mala forma de invertir el tiempo. Aunque las falencias del sistema judicial son conocidas, aunque se aleguen las mejores razones para enderezarlo, resulta imposible, por más voluntad que se ponga, creer en las buenas intenciones de esta iniciativa. El motivo es obvio. La impulsa un gobierno cuya razón de ser es lo opuesto de lo que declama, es decir, someter a la Justicia para que en un imposible ejercicio de amnesia colectiva consagre la impunidad de la vicepresidenta, confirmando en ese acto, si llegase a ocurrir, la más rotunda defunción del Poder Judicial. Un solo dato: la reforma generará más de veinte vacantes en los juzgados. El Gobierno repite que los jueces naturales serán respetados. El país ha caído en el truco demasiadas veces, pero le sigue abriendo al lobo la puerta del gallinero.
El golpe de gracia lo daría una ampliación de la Corte Suprema, cuya colonización permitiría acabar con las causas de corrupción desde arriba. Este asunto será tratado por una comisión de juristas y notables en la que revistaría Carlos Beraldi, el principal abogado de Cristina Kirchner en la docena de causas que se le siguen. Ha sido llamada, en un rapto de inspiración poética, “Comité para el mejoramiento de la calidad institucional de la Justicia”.
Y allá va el país, de nuevo, acunado por bellas palabras, a revisar las reglas de juego con un kirchnerismo que desde un principio ha practicado otro juego, uno sin reglas, en el que todo vale si redunda en la expansión de un poder de vocación hegemónica que pervierte la convivencia en la diversidad y promueve la división para cancelar la posibilidad de diálogo.
Las ideas que dice defender el kirchnerismo son tan válidas como cualquier otra. El problema, precisamente, es el modo en que ha subvertido las reglas de juego. Lo hizo en terreno propicio, empujando hasta nuevos límites la extorsión, la trampa y la mentira que ya existían en nuestra sociedad. Y lo hizo, también, ante la involuntaria complicidad de una opinión pública que fue habilitando progresivamente ese proceder al mezquinar el juicio ético o moral.
La voluntad que se arroga la representación del pueblo no acepta límites, ni siquiera el de la ley. Si la ley molesta, si se interpone en el camino de esa voluntad, se la cambia. El kirchnerismo volvió por la impunidad, pero también para completar lo que dejó trunco. Sobran evidencias que lo confirman. Señalarlo no es hacer antikirchnerismo, sino defender un modelo democrático perfectible concebido para convivir en la diversidad sobre la base de reglas de juego firmes. Ese sistema está amenazado hoy por quienes dividen en beneficio de una elite que lleva décadas enriqueciéndose en el poder y ahora no admite ser juzgada por sus actos.