JUAN LLACH ANALIZA,

No alcanza con reactivar, hay que aspirar al desarrollo
Se necesita un plan de crecimiento, y para ello, consensos políticos que garanticen continuidad y mejoren la imagen de la Argentina aquí y en el exterior
Juan J. Llach Economista y sociólogo. Profesor del IAE y Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Austral
El acuerdo con una parte relevante de los acreedores financieros privados, un acierto del Gobierno, aunque innecesariamente prolongado, ha mejorado la imagen de la Argentina, a partir de un nivel muy bajo. Su afianzamiento requerirá definiciones adicionales del rumbo económico, social e institucional del país, cuanto antes mejor para todos. Surgen dos alternativas, a veces enfrentadas, pero que pueden combinarse.
La más frecuente en nuestro país ha sido reactivar la economía, y la elevada capacidad productiva ociosa existente hoy estimula esta opción. Pandemia y largas cuarentenas mediante, el producto bruto interno (PBI) caería este año cerca de 12%, comparable con la baja de 2002. En este enfoque, se da prioridad al consumo privado y a la inversión pública, agregando ahora las ayudas estatales por el Covid. Además de las fuertes limitaciones presupuestarias para impulsar el gasto público, apostar solo o prioritariamente a esta alternativa podría repetir lo ocurrido tantas veces hacia el final de la mayoría de los gobiernos de las últimas décadas, a saber, crisis del sector externo, por la “escasez de dólares”, déficits fiscales inmanejables y un rol menor para la inversión, por la percepción de los potenciales inversores de que la reactivación tiene “patas cortas”.
El otro camino es apostar al crecimiento o, mejor dicho, al desarrollo, dando prioridad a la inversión en capital físico y humano, a las exportaciones y, como resultado principal, a la creación de empleo formal, claves todos ellos para reducir duraderamente la pobreza. Recordemos que la inversión decae desde hace casi diez años y que mientras la reactivación del consumo crea empleos por la capacidad ociosa, la inversión lo hace aumentando la capacidad, y es por ello más duradera. Además de sus efectos positivos sobre la inversión y el crecimiento, el anuncio de un rumbo creíble de este tipo aumentaría también la propensión a gastar y alargaría el horizonte de planeamiento del sector privado, impulsando así también el consumo. Como se dijo, ambos enfoques pueden combinarse hasta cierto punto. Pero en las circunstancias de la Argentina, con la inversión muy baja y decayendo, y el virtual estancamiento de la economía de casi una década, el liderazgo debería ser de la inversión y las exportaciones, estas por la crónica “escasez de dólares”. Por cierto, esta política requiere seguridad jurídica, hoy escasa y necesitada de enmiendas importantes. Los conflictos impulsados por el Poder Ejecutivo con el Judicial, los proyectos como mínimo dudosos de reforma de la Justicia y las periódicas amenazas de expropiaciones van en la dirección opuesta. En ese marco, no es posible un proyecto de desarrollo con protagonismo de la inversión. Y, contra lo que suele decirse, los más perjudicados no serán los ricos, sino los desempleados, subempleados y trabajadores informales, es decir, muchas personas y familias que ya eran pobres o que han caído en la pobreza por las reiteradas crisis y la pandemia.
Recorrer este segundo camino no implica que el consumo no crezca ni que no haya que seguir ayudando a los más pobres ni a los que lo han perdido casi todo. Difícilmente estos subsidios puedan seguir insumiendo 1,4 billones de pesos (5,2% del PBI), so pena de inflación en alza. Pero si se acierta con una mezcla adecuada de inversión y consumo y se adecua la cuarentena gradualmente, tampoco será necesaria semejante suma. Además, hay excesos tales como que el Estado se haga cargo de parte de los salarios de los encargados de edificios de propietarios pudientes.
Se abren ahora dos instancias que pueden marcar el futuro mediato de la Argentina, y también del actual gobierno: el anuncio de las nonatas, pero ya famosas, “60 medidas” y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Es muy probable que se conozcan en ese orden, y ojalá las decisiones del Gobierno incluyan precisiones suficientes sobre el rumbo de la Argentina, desconocido hasta hoy. Nadie pretende gruesos tomos de planes de desarrollo, al estilo del Conade de los sesenta y setenta. Lo necesario es aclarar cuestiones tales como el grado de apertura de la economía o la certeza de los impuestos que regirán de aquí en más, incluyendo la real vigencia de las leyes impositivas de 2017, el consenso fiscal federal y, de una buena vez, un impuesto realmente progresivo a los ingresos de las personas.
Sorprende el desdén de buena parte de la dirigencia hacia el daño que causan los impuestos distorsivos a la inversión, la producción y el trabajo argentinos, tales como Ingresos Brutos, el impuesto inflacionario, los que gravan las exportaciones y los créditos y débitos bancarios o muchos impuestos municipales disfrazados de tasas. Ellos ascienden a 12% del PBI, una rareza mundial, cerca del doble de los de Brasil y diez veces los de muchos países. En una estrategia con protagonismo de la inversión, la reducción sustancial de tales impuestos ocuparía un lugar relevante. Obviamente, la situación fiscal impide rebajar drásticamente estas cargas. Pero sí sería viable licitar transparentemente cupos de rebajas, otorgándolos a las empresas que se comprometieran a invertir más y generar más empleos. Un enfoque análogo de pensamiento lateral podría aplicarse a temas aún más complejos, como la protección arancelaria y otras promociones. ¿Por qué no legislar que ellas sean un contrato entre el Estado y las empresas, otorgándolas en proporción a la inversión contractualmente comprometida?
Otra tarea decisiva para impulsar un genuino desarrollo humano debe apuntar a que los mal llamados “planes sociales” faciliten a sus destinatarios superar gradualmente la dependencia de esas ayudas. Es sabido que el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) requiere acreditar anualmente la escolarización y los controles de salud de los menores, aunque, probablemente, habría que reforzar su control. Menos conocido es el plan Progresar, que otorga becas para ayudar a finalizar todos los niveles de enseñanza desde el secundario e incluye a la formación profesional. Su limitación es que los destinatarios deben tener de 18 a 24 años. Habría que incrementar este límite, gradualmente, al menos para la formación profesional, para permitir que todos los destinatarios de “planes” puedan ir reemplazándolos con ingresos laborales propios. Ayudaría a esta política dar dimensión federal del Progresar.
Un último punto a destacar es que la eficacia de un plan de desarrollo, como el aquí sugerido, depende crucialmente de acuerdos políticos, para darle continuidad en el tiempo y mejorar, siquiera gradualmente, la imagen de la Argentina aquí y afuera, hoy percibida como un país demasiado cambiante y poco atractivo para la inversión.
Sorprende el desdén de buena parte de la dirigencia hacia el daño que causan los impuestos distorsivos a la inversión, la producción y el trabajo argentinos

JUAN LLACH ANALIZA

Coronavirus en la Argentina: salir de la crisis con acuerdos sólidos

Juan J. Llach
Reconocer la realidad y consensuar políticas de Estado sobre temas estratégicos resulta imprescindible
Los argentinos tenemos una larga y triste experiencia en crisis de todo tipo. Para los más necesitados, esto es mucho más que un tema de discusión política o historiográfica, porque las sucesivas crisis han llevado a más pobreza y desigualdad. A los desafíos socioeconómicos de hoy, de por sí muy serios, se agregan la pandemia y un mundo menos amigable. Respecto de la pandemia, hay gran incertidumbre sobre su intensidad y duración, su impacto en las cuarentenas y en las mermas de ingresos y ocupación de hogares y empresas. Sí sabemos que estamos entre los países con menos recursos genuinos para afrontar la situación.
No es que hayamos sido tan originales en los errores comparando, por ejemplo, con los países de nuestra región. Pero sí sobresalimos por su desmesura y duración, como mostramos con Martín Lagos en El país de las desmesuras (2016). Hay males que se remontan a 75 o más años, como las rupturas institucionales, la decadencia de nuestro nivel de vida comparado y, crónicamente, el déficit fiscal y la inflación. Más cerca en el tiempo llegamos a ser el país más bimonetario del mundo; a estar entre los últimos en inversión y comercio exterior; a tener un nivel de gasto público de país desarrollado, pero muchos servicios públicos escasos y/o de mala calidad, y, en fin, una alta incidencia tributaria no progresiva y contraria al crecimiento.
La presión impositiva es 37,5% del producto bruto, superior a los promedios de países desarrollados (36,2%) y emergentes (27,1%), incluyendo, como debe ser, el impuesto inflacionario. Es baja la calidad del sistema tributario, por alta evasión, pobre recaudación de impuestos progresivos, sobre todo el de ingresos personales, y por el incesante aumento, en este siglo, de impuestos dañinos para la producción, la inversión y las exportaciones. Estos malos impuestos, en desuso en casi todo el mundo, suman hoy 40% de la recaudación y una cuarta parte de ella es por el impuesto inflacionario. El blanqueo evidenció que para aumentar la progresividad del sistema nada es mejor que perseverar en los recientes avances de reducir la evasión, con apoyo de la tecnología.

Por causas muy diversas, la última década ha sido particularmente mala. Son ya nueve años de estanflación casi crónica, una rareza global en su duración y magnitud. Si repetimos un default de la deuda pública, se complicará más aún nuestro futuro, por la caída de la inversión. En fin, como si esto fuera poco, hemos bajado un escalón en la calidad institucional, sin funcionamiento normal de los poderes Legislativo y Judicial, no solo por la pandemia, y con un Poder Ejecutivo fácticamente bicéfalo. Sin dudas, la peor consecuencia de tanta desmesura es el aumento de la pobreza y de la desigualdad, no solo de ingresos, sino también de oportunidades de vida en nutrición, salud, vivienda y urbanismo, educación o empleo formal.
Para superar duraderamente esta estéril angustia, son imprescindibles tres pasos, difíciles, a veces declamados, como ahora mismo, pero nunca practicados. El primero es reconocer la realidad, tomar conciencia de ella y de sus causas y actuar en consecuencia, sorprendiendo a propios y extraños. El segundo es que nadie se crea dueño de "la" verdad. Desde que la Argentina empezó a decaer hemos tenido gobiernos de casi todas la orientaciones políticas y económicas: constitucionales y dictatoriales, de derecha, centroderecha, centro, centroizquierda o izquierda, con el único factor común de no haber logrado reencauzar establemente al país en un sendero de progreso inclusivo. No hay, pues, dedos acusadores certeros.
El tercer paso es acordar políticas de Estado en temas estratégicos entre las principales coaliciones o partidos políticos, la sociedad civil y expertos independientes, quizás en el marco de un consejo económico y social, que ahora se anuncia. Ha habido algunas experiencias de acuerdos, entre las que sobresale la del Diálogo Argentino en 2002, cuyas conclusiones siguen vigentes. El entonces presidente Duhalde dijo que ellas serían su programa de gobierno. ¡Cuánto mejor estaríamos de haberse cumplido esa promesa! Pero no, ellas se olvidaron y se volvió a viejos errores.
Como aporte al temario de los acuerdos enumero algunos que considero centrales. Debería haber un plan estratégico con objetivos, prioridades y caminos para lograrlos, que ayudaría también a obtener un mejor acuerdo sobre la deuda, al reparar nuestra muy escasa credibilidad con un proceso de acuerdos enmarcados en un plan estratégico sensato, que daría lugar a más inversión y, por ello, a mayor crecimiento que el proyectado hasta ahora. Bienvenida pues la continuidad de las negociaciones. Un principio útil para lograr acuerdos es la "productividad inclusiva", es decir, el compromiso de aumentar conjuntamente la productividad y la inclusión. También son puntos centrales aceptar que el desarrollo sostenible requiere un rol protagónico de las exportaciones y de la inversión y realzar la agenda ambiental, tres claras debilidades de la Argentina. Para ello es necesario marchar hacia una economía gradualmente más abierta, con plazos de hasta diez o quince años, como en el acuerdo Mercosur-UE. También sería bueno que la protección dada a sectores productivos fuera un contrato con compromisos de inversión de las empresas beneficiarias. Lo más probable es que la globalización continúe, aun con cambios. Por ello es erróneo abandonar las nuevas negociaciones internacionales en marcha del Mercosur con el gastado argumento de "priorizar la economía interna", en este caso, "dañada por el coronavirus". Otro eje central debería ser un aumento sustancial de la productividad de sector público, planteado con un criterio de inclusión. También hay que transformar los programas sociales, centrándolos en educación general con énfasis en formación para el trabajo. En fin, el plan estratégico debe priorizar y mejorar la inversión en educación, apuntando a mayor calidad con más inclusión, y en ciencia y tecnología, tanto pública como privada, esencial para aumentar de consuno la productividad y la inclusión.
¿Qué decir del incierto presente, con las serias limitaciones a la producción y al consumo resultantes de la pandemia? Debería aprovecharse esta desgracia para construir un nuevo camino, sin prejuicios ideológicos. Comparto, como lego, la impresión de que el control de la pandemia ha sido, hasta aquí, exitoso. Pero sería importante convocar a una mesa técnica, con sanitaristas -como hoy-, pero también con reconocidos expertos en temas socioeconómicos, trabajadores y empresarios, para diseñar nuevos caminos sanitarios -como los que empezarían ahora- compatibles con mayor actividad económica y también simientes del plan estratégico. Un instrumento posible es licitar rebajas de los malos impuestos a quienes más inversión comprometan. Si la pandemia se prolonga más de lo esperado hoy, habrá que pensar en políticas aún más atípicas, por ejemplo, un shock de estabilización del peso, reduciendo su emisión y reemplazándola en parte por un dinero perecedero, apto para el pago parcial de impuestos, quizá con previa experimentación local y con antecedentes en otros países.