DIEGO CABOT ANALIZA,

Regulación oxidada en un mundo digital
Diego Cabot
Hay ruido en la línea. El mundo de los servicios públicos y las tarifas reguladas tiene nuevos habitantes. La telefonía celular, la prestación de conectividad por internet y la televisión paga quedarán ahora en la misma situación que la electricidad, el gas y las rutas o autopistas que cobran peaje.
Cualquier argentino podrá mirar a su alrededor y observar la calidad de la prestación de los servicios públicos para calificar qué tan buen o mal regulador es el Estado argentino. La innovación y la mejora continua no son el común denominador de estos sectores.
El decreto que firmó el presidente Alberto Fernández tiene dos ejes. El primero, como se dijo, es declarar servicio esencial a estas actividades englobadas en las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). El segundo, suspender cualquier aumento de precios o modificación establecido o anunciado desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cada uno de los dos hemisferios tiene efectos concretos. La prohibición de subir los valores podría acarrear problemas de caja en el corto plazo, que, con alguna ingeniería financiera y un aporte a la emergencia, se podrían negociar con las empresas. De hecho, el Enacom (la autoridad de aplicación) y las empresas mantuvieron largas reuniones y mostraron acuerdos. “Esto es resultado de una tarea mancomunada de todos los actores del sector de telecomunicaciones en un contexto internacional donde la tecnología ha demostrado un rol central para contribuir a la educación, el acceso a la información y la democratización de los conocimientos”, se puede leer en una comunicación oficial del organismo, a principios de abril.
Pero, sin duda, los nubarrones a largo plazo aparecen cuando se iguala a las TIC con actividades como el colectivo urbano o el ferrocarril, a las que les dicta las normas el gobierno que maneje el Estado.
Regular una actividad y convertirla en servicio público tiene un primer efecto concreto: las prestadoras dejan de tener precios y pasan a tener tarifas. Eso significa que es el Poder Ejecutivo el que establece un valor a los que venden. A partir del ingreso de la empresa establece todo lo demás. Por caso, podría pedir calidad de servicio, obligar a invertir en determinadas zonas o lugares o decidir a qué universo se le cobra o no por la prestación.
La particularidad de estas empresas es que sus insumos no dependen de otro sector regulado. Por ejemplo, se congela el precio de la tarifa de electricidad que llega a un hogar, pero también se queda quieto, o se subsidia, el principal insumo que se compra al mercado mayorista eléctrico en el que están las generadoras. Los cables invierten en redes, tecnología y señales internacionales. Todas cobran en dólares y se ríen a carcajadas de las regulaciones argentinas. Las redes de internet, igual. Los fierros se pagan en dólares y ahora las empresas recaudarán en pesos regulados por el kirchnerismo.
Las firmas de telecomunicaciones requieren de inversiones a largo plazo y de solidez financiera. Claro que cualquier argentino quisiera navegar a la mayor velocidad posible y gratis. Pero para poder satisfacer una creciente demanda de datos y servicios se necesitan tecnología y dinero. La Argentina ya lo sabe: con normas que cambian los contextos y los negocios los billetes no aparecen. El contexto de pandemia aceleró la transformación digital y todas las previsiones indican que en los próximos años crecerá la demanda, habrá una alta demanda de un servicio moderno capaz de dar respuesta al crecimiento del
e-commerce, la educación, el consumo de contenidos y la telemedicina, entre otros rubros que dependen de la conectividad.
Según datos del sector, en las primeras semanas de aislamiento el pico de consumo de datos creció hasta 60% en los hogares. Luego bajó, pero se estabilizó en un aumento de la demanda de alrededor de 35% respecto de los valores de marzo del año anterior. La única solución para que no aparezca ese círculo que gira y se autocompleta centrado en la pantalla cuando una serie no baja es la inversión.

Solo una regulación eficiente podría lograr que ese renglón de las cuentas de una empresa no se convierta en la variable de ajuste. Pero claro, la historia reguladora argentina deja mucho que desear. Hasta 2015, el capricho de aquel tercer gobierno kirchnerista generó un cuello de botella en las comunicaciones. Parte del espectro no se licitaba para entregárselo a Libre. ar, un germen de compañía celular y estatal con la que se ilusionaban camporistas y devidistas. La compañía nunca amaneció y las redes, entonces de 3G, se saturaban a tal punto que para tener una conversación telefónica eficiente era necesario acudir al fijo. El 4G es algo demasiado reciente en la Argentina.
La falsa competencia
La regulación kirchnerista es pródiga en cuestiones semánticas o discursivas que no tienen correlato con la realidad. Este decreto no es la excepción. En el inicio del articulado se lee que este universo de actividades “son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”. Parece difícil entrever cómo podrán competir empresas que tengan tarifas reguladas, es decir, ingresos, a las que se les diga cómo, dónde, a quién y de qué manera tienen que atender a sus clientes.
La regulación del Estado en materias esenciales es una creación para tener a raya los monopolios naturales. No es posible elegir entre dos empresas de gas o de electricidad. Tampoco hay dos autopistas paralelas. Los colectivos urbanos tienen su recorrido y en esa traza son monopólicos, aunque compitan en algunos pequeños tramos. Justamente para esas empresas que están solas se crearon los institutos reguladores, para que no haya abuso. No habrá competencia entre las telefónicas o prestadoras de internet si es el Estado el que dicta las normas para todas.
Pero hay algo más. La inversión en este tipo de sector es absolutamente perenne. La interrupción en la puesta a punto tecnológica es proporcional a la calidad de servicio. Los problemas de conectividad podrían regresar a la Argentina si las empresas no consideran atractivo enterrar dinero en redes locales. Muchas actividades, como el comercio electrónico, que basan su actividad sobre las redes, se podrían ver atraídas por otros lugares con mejor infraestructura sobre la que montar el negocio.
Es posible que se vean situaciones absurdas. ¿Por qué Mercado Libre, la empresa más grande de la Argentina, no podría negociar con una prestadora de internet la mejor conectividad posible? ¿Por qué cualquier particular que quiera “volar” con su conexión no podría pagar más? El Estado ha metido los pies en un terreno fangoso.
La Argentina ha sido más propicia a la regulación que a abonar la libre competencia. Esta es una muestra más del vicio de la intervención, pero, claro, tiene una particularidad: hay redes de servicios públicos, el agua, por caso, que se mantienen con inversiones hechas hace décadas. Solo mantienen caños de agua. Las tecnológicas prescriben. La velocidad de internet poco tiene que ver con el óxido que muestran los reguladores argentinos.

DIEGO CABOT ANALIZA,

Vicentin: la Justicia le propinó un fuerte revés a la estrategia expropiatoria de la Casa Rosada

Diego Cabot
El magistrado plantó bandera y se posicionó como autoridad en el proceso judicial de la cerealera 
Si fuese un partido de fútbol, el Gobierno sacaría del medio. La Justicia le propinó un fuerte revés a la estrategia expropiatoria de la Casa Rosada en el caso Vicentin al reponer los órganos de administración de la compañía y, fundamentalmente, no reconocer la intervención para colocar al Gobierno en el mero lugar de veedor .
La medida no es menor ya que se trata de la primera decisión de peso del juez del concurso, Fabián Lorenzini. El magistrado plantó bandera y se posicionó como autoridad en el proceso judicial de la cerealera, más allá de la incontinencia regulatoria que salió como tromba y floja de sustento jurídico de Balcarce 50.
La historia de Vicentin empezó con el anuncio de la intervención y el proyecto de expropiación. El presidente Alberto Fernández fue quien encabezó la ofensiva. Luego llegó un decreto mediante el cual se dispuso desplazar a los directores y, además, se nombró una intervención que tendría a su cargo la administración de la compañía. Aquella ensalada regulatoria se basó en algunos artículos de la ley de expropiaciones y utilizó un instituto llamado "ocupación temporaria anormal".
Pero aquel herramental olvidó que un juez, justamente puesto por otro poder del Estado para custodiar la integridad de la compañía para poder hacer frente a las deudas, ya intervenía en la causa. Si hubiese que recrear un diálogo, el magistrado le dijo al Poder Ejecutivo que toque timbre antes de entrar . Y que encantado le abre la puerta para mirar lo que quiera, pero eso de tocar, cambiar de lugar, vender o regalar, por ahora, no lo puede hacer
El decreto había desplazado a los directores y el juez los volvió a establecer. Aquella norma había dispuesto que los interventores enviados por el Gobierno pasaban a administrar a la sociedad plenamente. Ahora van a ser simples veedores en los términos de la ley de concursos y quiebras -con facultades mucho más limitadas- y no del decreto, que le daba la potestad total sobre bienes y gestión.
En algún punto, el juez volvió a tomar la conducción de la empresa nuevamente y, pudiendo haber nombrado un interventor, volvió a dejar la gestión en manos de los ejecutivos .
Uno de los efectos más puntuales de la medida es determinante: Gabriel Delgado, el interventor nombrado por el Poder Ejecutivo, deberá reportar al magistrado y no al Gobierno. Al menos en sus acciones dentro de la empresa.
Según los fundamentos del juez, la figura del interventor procede "para aquellos supuestos de realización de actos prohibidos, ausencia no autorizada, ocultamiento de bienes o información y toda otra conducta que genere perjuicio a los acreedores". Nada de eso, según su visión, se puede ver en la causa.
Delgado tendrá ahora, según palabras de Lorenzini, funciones de "seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervenciones del órgano de administrador".
Además, se declaró incompetente para entender en la nulidad del decreto. Todos deberán contestar los traslados y, entonces, se resolverá más adelante . Mientras tanto, tomó las riendas del concurso.
La historia será larga. Si el Gobierno apela, se podrá apreciar un increíble paisaje: un poder del Estado discutiendo la decisión de otro por la cual un magistrado no hace más que encuadrarse dentro del derecho consagrado. Pero la política no sabe de fronteras cuando pone en la mira empresas testigo. Hasta ahora, siempre fueron los tribunales internacionales los que le recordaron las fronteras. Esta vez, un silencioso juez de Reconquista.

DIEGO CABOT ANALIZA,

Latam. Una competencia desigual que ya no se pudo sostener

Diego Cabot
Aviones de LATAM en Aeroparque, el 17 de junio de 2020 
No hay manera de encontrar una sola razón para explicar la decisión de Latam Argentina de dejar de operar en el país. Sin embargo, sí es posible encontrar en la crisis por el coronavirus la última puntada que precipitó la salida. Pero el análisis sería incompleto si solamente la mirada se queda en la feroz parálisis global por la pandemia.
Al punto final se llegó después de años tormentosos en los que la línea aérea no se pudo sentir cómoda en la telaraña que le tejieron los gremios aeronáuticos, la competencia estatal de Aerolíneas Argentinas y la regulación constante que la apuntó.
El principal problema siempre fue la competencia con Aerolíneas Argentinas. La imagen de semejante empresa en el mercado siempre estuvo distorsionada. Desde que la compañía pasó de las manos del grupo español Marsans a las estatales, nadie pudo hacer pie firme en el mercado aerocomercial.
Aviones de LTAM en Aeroparque, el 17 de junio de 2020, el día que se anunció el cese de operaciones
El punto radica en que aquella empresa, que ganaba o perdía según la eficiencia de las leyes del mercado o del management, se convirtió en bastión de otra soberanía argentina, en este caso, la de los cielos. Para mantener aquella fórmula en vigencia no importaron jamás los costos. En 2012, por ejemplo, el Estado subsidió a la empresa en 2,44 millones de dólares diarios.
Para ser más concreto, Entre 2008 y 2015, con las gestiones de Julio Alak y de Mariano Recalde, Aerolíneas recibió un cheque diario de 1,89 millones de dólares por cada 24 horas. Luego llegó la gestión de Isela Costantini, Mario Dell 'Acqua y Luis Malvido ya con el gobierno de Mauricio Macri, y ese número cayó a 870.000 dólares diarios. En promedio, el importe desde que la empresa es estatal es de 1,45 millones de dólares por día.
Cuando semejante asignación de recursos termina en una empresa que no tiene un monopolio natural, como por ejemplo en el mercado de la electricidad, las distorsiones que se generan en el mercado son muy grandes. Si la líder del sector establece un parámetro de condiciones a un colectivo es muy probable que esas mismas sean exigidas a la competencia. Dicho de otra forma: si las condiciones laborales las fija la línea aérea líder que no tiene como paradigma la sustentabilidad económica, es posible que las otras, a las primas hermanas, les exijan lo mismo. Sólo que en una el dinero sale de los impuestos y en el otro del bolsillo de un dueño.
Sin posibilidad de mejorar esas condiciones de sustentabilidad económica, el bolsillo se vació. O quizá, se cerró cansado de que nada cambie.
En los últimos tiempos, la empresa se encontró con alguna pregunta inédita que formuló algún funcionario. "¿Qué necesitan?", se escuchó en algún despacho oficial. La respuesta está escrita en el manual de subsistencia de un gerente de Latam Argentina: ordenar la cuestión gremial para avanzar en una normalidad. Cualquier cosa menos tocar a los gremios, fue, a grandes rasgos, la respuesta.
La decisión tuvo mucho que ver con eso, con la imposibilidad de encontrar certidumbres futuras en medio de un negocio que no se va a recuperar en el corto plazo. La inflexibilidad gremial fue determinante para poder esbozar un futuro con una torta más chica después de la pandemia. Sin la menor posibilidad de reestructurar la operación, más vale abandonarla.
Oficinas de LATAM en Costa Salguero
Lo que viene ahora es un proceso preventivo de crisis (PPC). Ya se presentó y deberá ser abierto por el Estado. La empresa apenas se quedará con un puñado de empleados que manejarán alguna oficina comercial, para vender otras filiales, y alguien de despacho. Eso es todo. Desde la CEO, Rosario Algelt, hasta el último piloto, y todos los gerentes entrarán en el expediente para resolver su situación laboral. La empresa debería haber previsto un monto para hacer frente a la doble indemnización. No hay mayores deudas en la filial local más que la que se contraerá con los empleados a partir del cese de la operación.
Quedará el sueño del monopolio muy cerca para Aerolíneas Argentinas. Por lo pronto, prácticamente es un hecho que, cuando se reanuden los vuelos, el aeroparque porteño quedará para la operación en soledad de Aerolíneas Argentinas. Apenas JetSmart y Flybondi asoman como la única competencia, siempre que superen la parálisis actual.

En el fondo, será el pasajero el que tenga menos opciones para volar. Y quedará, una vez más, que para competir con Aerolíneas Argentinas no sólo es necesario tener una línea aérea. Además, hay que tener mucho, pero mucho dinero. Y en dólares.

DIEGO CABOT ANALIZA,

En medio de la crisis, un canje para que el Presidente coseche aplausos empresarios

Diego Cabot
El desenlace del proceso que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán , y que comanda el presidente Alberto Fernández (foto) se ha vuelto determinante para el futuro de la Argentina.Y, puntualmente, de las empresas. 
Pocas cosas le ganan en interés a la pandemia por el coronavirus y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Pero estas horas, a poco de conocerse si los acreedores aceptaron o no el canje de deuda, el mundo de los negocios centró la atención en las finanzas argentinas.
El desenlace del proceso que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán , y que comanda el presidente Alberto Fernández , se ha vuelto determinante para el futuro de la Argentina. Y, puntualmente, de las empresas. Claro que mañana nadie en el país amanecerá distinto por haber logrado o no esquivar el default (hay tiempo hasta el 22 de mayo para definir tal cuestión), pero es necesario decir que, de mantenerse el estado de indefiniciones, serán las primeras horas de un país al que todo le costará aún más.
En la Quinta de Olivos, donde habla el poder en estos días, no hay aires de default. El Presidente ha dicho a varios de sus interlocutores que no quiere llevar a la cesación de pagos al país. Incluso ese fue uno de los temas que habló en la reunión que hace días tuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Ninguno quiere ir a la lista de países morosos. Fernández presentó una propuesta que no parece condenada al éxito tal como luce ahora, pero que quedaría muy cerca de serlo si algunos pagos se adelantan unos años. En ese caso, el acuerdo está a la vuelta de la esquina. De un lado y del otro no descartan esa opción .
Cerrar el canje y entregar certidumbre convertiría al Presidente en el dueño de un triunfo sobre el que quizá, si la salida de la pandemia es ordenada, pueda galopar toda su vida política. Él lo sabe y parece difícil que lo deje pasar. Más aún cuando el esfuerzo fiscal de una medida así no implica un desacople mayor de las finanzas públicas.
Formalmente, hoy por la noche se conocerá el porcentaje de bonistas que decidieron tomar la oferta que les hizo Guzmán . Cero peso, o dólar, hasta 2023 y, desde ahí, intereses bajos aunque crecientes. Pero, en rigor, no habrá default. Ese "día D" será el 22 de mayo, cuando a la Argentina se le termine el plazo de un mes para pagar los intereses de un bono que dejó sin abonar el 22 de abril. Empezará, entonces, momentos de idas y vueltas en las propuestas.
Durante estos días hubo una sedimentación de comunicados de apoyos a la negociación. Y, más allá de los economistas internacionales, cada una de las asociaciones empresarias locales llegó a tiempo con el suyo. Los primeros tienen sus razones en la ideología. Ajenos a las particularidades del país, varios de ellos, especialmente los de América Latina, recibieron el pedido de Marco Antonio Enríquez-Ominami, el chileno amigo del Presidente y fundador del Grupo Puebla, para que sumen su espaldarazo.
Pero para los empresarios la cosa va mucho más allá y nada tiene que ver con la ideología. Lo primero que pasaría si la Argentina entra nuevamente en default es que los activos volverían a caer de precio. Sus compañías, radicadas en el país, ya tendrían valor de dos por uno. Cualquiera que repase las valuaciones bursátiles podría ver la enorme disparidad con otras similares que están radicadas en otros países de la región . Incluso, con las que funcionan en economías más chicas. Un proceso de compra de saldos podría observarse y, de la mano de eso, más concentración. La sola condición de tener las operaciones en un país en default es una sobrecarga que las empresas pagan con menos valor de mercado y con tasas más altas.
Justamente, esta es la segunda gran consecuencia. Cuando la vida retome la senda que tuvo hasta el 18 de marzo y los negocios vuelvan a tener posibilidad de la proyección, el lugar donde se coloque el país es determinante. No habrá financiamiento para el sector privado en condiciones de default. Poner en marcha la economía será más difícil.
Pero quizá la principal consecuencia sea la amenaza para la creación de empleo y de riqueza. Los tableros de inversión internacional siempre van a encontrar territorios más fértiles para que florezcan los dólares enterrados en grandes proyectos.
Compañías con valor de mercado depreciado pueden conseguir menos crédito para la expansión. Si a eso se le suma el atributo del default del país de operación, pues parece imposible que pueda sumar financiamiento. Las casas matrices, además, tienen reglas internas donde se complican los préstamos para las filiales que desarrollan sus negocios en países con riesgos. Y en esa tabla de aceptabilidad, la cesación de pagos soberana está escrito con rojo refulgente.
Todas las empresas, a mediano plazo, serán más pequeñas, el mercado interno sufrirá y, como consecuencia, la recaudación de impuestos. A mediano plazo esto se traduce en algo demasiado tangible para los argentinos: no habrá creación de empleo.
A nivel interno, arreglar o no la deuda impacta en variables como tipo de cambio, tasa de interés o inflación. Las exportaciones, necesarias para que ingresen dólares a la economía, siempre requieren de créditos para crecer. Sera complicado que consigan tasas competitivas.
Hay una enorme diferencia con 2001. "Los bancos resistirían porque la exposición al sector público es baja y no hay descalce de monedas, los efectos sobre las exportaciones y el dólar libre en un contexto de alta inflación y elevado déficit fiscal son graves", dice un informe de Analytica.
Nada estará cerrado a la noche. Será el preludio de la negociación que seguirá. Fernández sabe que con poco compromiso fiscal para su Gobierno puede anotarse un triunfo estratégico. Los pantalones se ajustarán en unos años y solo sufrirá si tiene ínfulas reeleccionistas. Pero para entonces falta demasiado. Mientras, podrá navegar con la capa de estadista responsable. A veces la vida da oportunidades inesperadas. Y los que tienen la suerte de verlas, difícilmente las dejan pasar.

DIEGO CABOT ANALIZA,

Alberto Fernández, el oso y una hipérbole fallida

Diego Cabot
Adormecidos por las encuestas, algunos; sorprendidos por la emergencia , otros; desorientados, la mayoría. Lo cierto es que no son pocos los funcionarios que, en el mano a mano, allí donde se escuchan las confesiones del poder, exhiben un profundo desconocimiento del sector privado .
La muestra más cabal es, quizás, una definición del presidente Alberto Fernández en una entrevista que publicó ayer el diario La Voz. Con tono de profesor, casi de comentarista de la realidad, intentó con la palabra graficar estos días de aislamiento . "La cuarentena es lo que les sucede a los osos que hibernan : se meten en una cueva y no salen en todo el invierno; cuando salen, el mundo está tal cual lo dejaron antes de hibernar", dijo.
Con algún esfuerzo literario se podría decir que la expresión es una comparación metafórica que, por sus implicancias, es una hipérbole. Este recurso -la amplificación desmedida de una historia, un suceso o un evento- se podría aplicar a la trama del oso que hiberna y amanece en el mismo mundo que dejó cuando empacó sus cosas y se metió en la cueva. Pero claro, en la América Latina literaria no son pocos los lectores que corregirán a este cronista y dirán que se trata de un típico razonamiento que surge del realismo mágico. Un mundo igual al anterior, al menos en lo económico, es difícil de imaginar. Sería mágico que sucediera.
Si algunas certezas hay dentro de este océano de preguntas sin respuestas es que después del aislamiento muchas cosas cambiarán. Ni hablar de aquellos resilientes hombres y mujeres del sector privado que volverán al mundo como si el oso amaneciera en el Ecuador, como para no ser extremo y ubicarlo en el Sahara.

El sector privado está arrasado. La cuarentena y el freno a cero en la actividad nunca fueron cuestionados por, prácticamente, ningún actor social. El problema es que aquella vía que marcaba el sendero sanitario no tuvo su correlato económico.
En este mes, los propietarios de inmuebles ya escucharon a los inquilinos confesarles sus imposibilidades de poder mantener el mismo valor. Unos y otros se miraron resignados y acordaron moderar sus obligaciones hasta que pase el invierno. Ambos saben que ya son más pobres hoy. Es posible que al Presidente le cueste pensar en esta relación de necesidad mutua que une al dueño de un inmueble con su inquilino, sea un comerciante, un cuentapropista o un particular. Antes de vivir en Olivos pasó su vida en un departamento que le prestaban en Puerto Madero. Amigos millonarios con departamentos ociosos son un privilegio de pocos; la mayoría ya tuvieron que bajar la vista y reconocer que no podrán pagar.
Más de la mitad de las pymes y gran proporción de los cuentapropistas están técnicamente quebrados. La incertidumbre sobre la sobrevida de las empresas se multiplica en cualquier foro donde se respire sector privado. Es posible que, en varias veladas políticas de madrugada, en las que se repasen números con sabor a miel que muestran picos de popularidad, la cuestión no ocupe demasiados ítems del temario. Allí hay perfume de sector público. Probablemente los osos que trabajen en alguna repartición estatal, en algún organismo o en una de las empresas públicas efectivamente encuentren todo relativamente similar al momento en que empezaron a hibernar.
La falta de integralidad de las medidas que complementen las sanitarias pone enormes signos de interrogación respecto de cómo se mantendrá el entramado productivo. Si eso no sucede, las empresas caerán. La fuerza de las compañías hacia abajo empuja casi inercialmente otros factores hacia arriba: el desempleo y la pobreza.
El primero, la falta de trabajo, genera en los personas que lo sufren una de las circunstancias más dramáticas de la vida. Pero no es necesario no tenerlo, sino que la sola posibilidad de perderlo determina en cada uno de los afectados cambios en sus conductas en cuando agentes económicos. El consumo se restringe y la inversión prácticamente desaparece. Un estudio de Ecolatina da cuenta de que la mitad de los puestos de trabajo están en riesgo con la pandemia. En la otra mitad, claro está, se ubican los empleados públicos (3,2 millones) y los que trabajan en actividades esenciales. El resto, al menos, se tienen que cuidar.

Otro informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina muestra que el 72% de las empresas ya perdieron ventas por más del 60%. De ese universo, el 87% dicen que no podrán pagar los sueldos. Y pasó apenas un mes.
Muchas pymes y otras no tan pequeñas ya cerraron sus plantas hasta después de julio. Anunciaron a sus empleados que se adelantan vacaciones y bajaron las cortinas. Los empleados y los sindicatos lo entienden. Acompañan con recortes de salarios y suspensiones. Los trabajadores de la industria. Ya hay lágrimas en el sector privado que se limpian con pañuelos que se prestan unos a otros. Por ahora, el Estado tira medidas inconexas, a veces desconcertantes.
El plan no aparece, apenas se sedimentan decisiones que, generalmente, no encastran unas con otras. Miles de empresas se endeudaron para pagar los sueldos de marzo. Pero no es posible mantener esa tendencia, que, además, no es automática, ya que queda sujeta a aprobación de un banco. Tampoco pueden seguir con la iliquidez que les provoca el abrupto corte de la cadena de pagos. Anoche, recién, se firmaba un decreto con medidas concretas que podrían traer alivio.
El oso todavía hiberna. Cuando termine, si no es paciente de riesgo, quizá pueda sobrevivir al shock de asomar a un mundo distinto del que dejó cuando se quedó quieto.

DIEGO CABOT ANALIZA,

Un intento de convertir en delito la investigación periodística

Diego Cabot
A la Argentina de los tiempos cortos, de la memoria inmediata, de la palabra rebozada en pólvora le cuesta tomar perspectiva del avance de un fenómeno desconocido de la democracia: la criminalización de la investigación periodística.
Escondido detrás de los ruidos de la campaña, la Comisión Provincial de la Memoria presentó un informe en el que concluye que consultar fuentes, confrontar los hechos, chequear la información y publicar una noticia es hacer espionaje.
El trabajo de un periodista se ha convertido en un delito que bien podría pagarse con la cárcel. La simplificación de la idea no solo es propia de esta nota, que debe compilar lo importante en los primeros párrafos, tal como enseñan las facultades de comunicación -o de espionaje, según el dictamen-, sino que es el más acabado resumen argumental de 191 páginas que claramente quedarán en la memoria.
La hipótesis es simple. Un personaje ( Marcelo D'Alessio) supuestamente es espía, mentiroso, manipulador y mercader de información. Un periodista se encuentra con los datos o los busca -da lo mismo-, los corrobora y publica los que puede probar. Conclusión de la comisión: es delito.
La profundidad del problema queda en evidencia en varios aspectos. El primero es que la Constitución protege la labor periodística: otorga el derecho de guardar silencio sobre la identidad de la fuente. No hay dudas doctrinarias sobre la motivación de los constitucionalistas. Entregaron una enorme herramienta para que el incentivo de buscar la verdad le ganara al temor de investigar al poder.
Ahora bien, esto no significa que el periodista esté fuera de la normativa. Lo que se protege es la investigación, no la actividad. Claro que si en el proceso se cometen delitos, el Código Penal se aplica como a cualquiera. Además, existen todas las responsabilidades ulteriores por las calumnias, injurias, difamación, instigación a cometer delitos y una batería de tipos legales que se encuadran en la actividad de la prensa.
Y eso no es todo. El periodista paga la mala información que propaga con lo más preciado que tiene: la credibilidad. Los consumidores de noticias premian o castigan a diario a los comunicadores cuando los eligen o los descartan. El costo de equivocarse es enorme. La inmediatez de las redes y la cobardía del anonimato que en ellas se esconde son otra factura que se paga ante un error.
Y, como si fuese poco, los implicados en la información incorrecta tienen sus acciones posteriores. Son las reglas de juego y hay que aceptarlas. Lo que es imposible hacer es determinar que el juego es delito.
En este caso, la Comisión de la Memoria que preside Adolfo Pérez Esquivel considera que Marcelo D'Alessio hacía espionaje. Dicho esto, todos los periodistas que intercambiaron información con él participaron de sus operaciones ilícitas. Jamás se les ocurrió a los auxiliares convocados por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, hacerse una pregunta básica: ¿son verdaderos o falsos los hechos que se publicaron?
Para que el único premio Nobel vivo de la Argentina trabaje, el juez le entregó todas las pruebas que secuestró en los procesos de allanamiento y detención de D'Alessio. Básicamente, archivos digitales.
La comisión transcribe cada una de las carpetas y los archivos guardados en los servidores, en los discos rígidos o en los reservorios de los celulares que les fueron entregados por la Justicia. Gran parte de la información que el dictamen detalla como espionaje es de Enarsa, la petrolera estatal creada por Néstor Kirchner en 2005 que devino en una enorme caja oscura, por no decir negra, para importar energía. D'Alessio recolectó mucha información de negocios y delitos que se cocinaban a la luz de la crisis energética.
Ahora bien, el falso abogado era directivo de la compañía puesto por el kirchnerismo. Es decir, tenía información de la empresa en la que el gobierno lo había nombrado. Unos pocos días duró en el cargo con este gobierno.
El informe es el basamento ideológico que necesita gran parte del kirchnerismo para lograr un objetivo tan simple como previsible: hacer que la investigación periodística sea delito. Y es probable que jamás se llegue a ver un periodista preso. Pero a no equivocarse: ese no es el fin. El objetivo es que la prensa deje de investigar. Saben perfectamente que los vientos políticos que mueven la veleta de la Justicia no suelen determinar tan fácil la conducta de los buenos en el oficio.

DIEGO CABOT ANALIZA,

Un grandilocuente alegato de campaña, de escaso peso procesal

Diego Cabot
La defensa penal de Cristina Kirchner siempre estuvo bifurcada. De sus escritos se desprenden siempre dos ramas. Por un lado, la estrictamente procesal. Por el otro, la ideológica o política. Claro está, una siempre se nutre de la otra.
Esta vez no fue la excepción. La expresidenta presentó un escrito en el que pidió que se eleve a juicio oral la causa de los cuadernos de las coimas. Pero para hacerlo utilizó una enorme cantidad de palabras, como hace habitualmente. El objetivo es, como en cada oportunidad que tiene, dejar dicho una vez más que, según su particular visión, el expediente es una persecución hacia su persona.
Desde el punto de vista procesal, lo que hizo Cristina Kirchner es pedirle al juez Claudio Bonadio que eleve la causa a juicio oral. Eso, justamente, es lo que ya hicieron la gran mayoría de los procesados. Con una diferencia: la gran mayoría de sus compañeros de camino judicial no utilizan más de una carilla para dejar sentado que no se oponen a la elevación a juicio. Eso es todo.
Tratándose de la expresidenta, la grandilocuencia de sus palabras siempre está presente en cada uno de sus escritos. Nada cambia si Cristina Kirchner se opone o no al juicio oral. Prácticamente todos han descartado la posibilidad de generar nuevos recursos en el proceso, dado que todos ellos creen que la elevación a juicio es irremediable. Es el paso que sigue a una investigación terminada.
¿Qué significa esto? Básicamente, que un tribunal oral empezará a intervenir en el proceso en busca de una sentencia después de que el juzgado de primera instancia, en este caso el de Bonadio, clausure la etapa de la instrucción. Dicho de otra forma: para esta etapa procesal, los delitos están probados. Será un tribunal el que decida si efectivamente hay culpables o inocentes. Y en su caso, qué pena le corresponde.
En el escrito, firmado por el abogado defensor Carlos Beraldi, reclamó "el restablecimiento de los principios constitucionales que hacen al debido proceso legal, del que deben gozar todos los habitantes de la Nación, sin excepción alguna", al sostener las causas por las que la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos no se opone a que el caso sea enviado a juicio. Una vez más, argumentó que se dieron "detenciones arbitrarias a mansalva" y cuestionó la forma en que se usó la llamada "ley del arrepentido".
Desde el punto de vista ideológico, la cuestión es distinta. Con sus dichos, la expresidenta corre para adelante. Como quien dice, torea al torero con la capa roja.
Una lectura política bien podría ser tener más protagonismo, al menos entre los suyos, en un juicio que la incomoda. Quienes transitan los pasillos de los tribunales federales no tienen ninguna duda de que será juzgada. Mucho más allá de saber si será condenada o no, pocos creen que esta causa la llevará al lugar de los acusados, tal cual pasa con el actual juicio de Vialidad.
Sin embargo, en sus escritos, edulcora los planteos jurídicos con adjetivos y se aferra siempre a la necesidad de dejar sentado que no tiene problemas en someterse a la Justicia. En rigor, por más que los tuviese, deberá enfrentar igual el proceso.
Esta no es la primera vez en la que en sus escritos utiliza un discurso con poco peso procesal. Pero claro, sus palabras son parte de la campaña electoral.
Alguna vez, la expresidenta dijo en una de sus presentaciones escritas en el expediente que este cronista, junto a dos periodistas de LA NACION, conformó "un grupo de tareas" para hacer una investigación periodística. En la Argentina, esa expresión nada tiene que ver con el periodismo y sí con las horas más oscuras que vivió la historia del país. La impunidad de las palabras con las que Cristina Kirchner adjetiva llegó a tan desacertada analogía.
Poco tiempo después, su abogado Beraldi, que como letrado defensor firma esos escritos, dio marcha atrás. Al ser consultado, dijo que apenas se refería a un grupo de trabajo y que se había equivocado al transcribir la idea de grupo de trabajo por grupo de tareas.
Esta vez es similar. El expediente irremediablemente tiene camino al juicio oral. De hecho, así lo piden los fiscales, las querellas y gran parte de los procesados. La expresidenta no hace otra cosa que coincidir con gran parte de sus compañeros de ruta procesal, solo que utiliza la metodología del discurso también dentro de sus escritos judiciales.
Muchas veces pidió que se cambie el juez porque no siente que haya garantías en este proceso. Esta vez mantiene esa postura. Pero lo cierto es que eso irremediablemente sucederá. Jamás un ciudadano argentino que transite un proceso federal es juzgado por el mismo magistrado que instruye la causa. Para eso, el código estableció los tribunales orales compuestos por tres jueces, además de optar por procesos públicos y no escritos. Eso es lo que sucederá en el caso de los cuadernos de las coimas.

D. C.

DIEGO CABOT ANALIZA,

Un entramado político que incomoda a Cristina y a Alberto

Diego Cabot
La Argentina empieza a transitar uno de los momentos más inéditos de su vida democrática. Desde este mediodía se podrá hacer zapping entre un canal que transmite en vivo un juicio oral y público en el que se investiga no sólo un caso de corrupción sino un esquema corrupto que funcionó entre mayo de 2003 y el 14 de diciembre de 2015; y otro, que puede seguir los vaivenes de una campaña en la que, justamente, los actores de aquel sistema, se proponen como alternativa para manejar el país por los próximos cuatro años.
La llamada causa de Vialidad se ha convertido en el primero de los juicios orales que enfrentará la expresidenta Cristina Elisabet Fernández, tal como se la menciona en las caratulas. CEF para la Justicia, y no CFK, está acusada de ser parte de una asociación ilícita que funcionó al resguardo de la obra pública vial que terminaba en manos del mascarón de proa de Lázaro Báez, la extinta Austral Construcciones.
El esquema era relativamente simple. Pocos días antes de que Eduardo Duhalde le entregue el bastón de mando Néstor Kirchner se creó en Santa Cruz una ignota empresa; Austral Construcciones. De acuerdo a las pruebas, aquellos hombres de negocios aportaron 3000 pesos para constituirla, lo que representó el 25% del capital social de la sociedad que apenas ascendía al mínimo (12.000 pesos).
Creada la compañía, lo que faltaba era dotarla de contratos. "Según la hipótesis sostenida, la modalidad escogida para la apropiación de sumas de dinero del Tesoro nacional fue adjudicar prácticamente el 80% de la obra pública vial de la provincia a la que intencionalmente más dinero se direccionó en nuestro país, a uno de los miembros de la organización criminal, Lázaro Báez, quien recibió entre 2003 y 2015 contrataciones del Estado por valores cercanos a 8000 millones de pesos, monto que actualizado a agosto de 2016 ascendió a la suma de prácticamente 46.000 millones de pesos", dice la resolución judicial mediante la que se pidió la elevación a juicio.
Para aceitar ese esquema fue necesario colocar funcionarios conniventes con la maniobra. Para la Justicia de primera instancia, encabezados por el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se desplegó un organigrama de hombres que constituyeron eslabones de una cadena corrupta. José López, Carlos Kirchner, el director de Vialidad Nelson Periotti, son parte de aquella estructura.
Es verdad que prácticamente ninguno de ellos fue designado por la ahora compañera de fórmula de Alberto Fernández, pero no menos cierto es que prácticamente todos los procesados fueron confirmados en sus cargos durante los dos mandatos.
La incomodidad para la senadora radica no sólo en la foto con varios hombres de la planificación argentina ahora detenidos por otras causas sino en la necesidad de explicar que ella no sabía nada de lo que ocurrió no sólo durante el gobierno de su marido sino en los ocho años donde tuvo a mano todas las herramientas y posibilidades de modificar estructuras y cambiar nombres si la corrupción se hacía presente.
No sólo eso, el fiscal también alega que en varias oportunidades que Néstor y Cristina Kirchner recurrieron a la reasignación presupuestaria, autorizada en algunas ocasiones por la ley de presupuesto, para redireccionar recursos económicos de otras carteras a favor de Vialidad con el fin de que se pagara a los proveedores. Sin embargo, nada ilegal hay en este procedimiento. El problema para la argumentación de los defensores de CEF es que deberá argumentar cómo es posible que, tal como dice el fiscal, "Lázaro Báez resultó ser el único contratista que cobraba en término y al que no se le adeudaba dinero al final del mandato de Fernández". Más aún, tenía algunas órdenes pagas que vencían en enero de 2016.
La incomodidad de los Fernández, Cristina y Alberto, es que en un juicio oral y público se empezará a ventilar este esquema. El precandidato a presidente también está inquieto. Durante su gestión como jefe de Gabinete se pergeñó la maniobra y varios de los decretos en los que se nombraron a los funcionarios tienen estampada su firma. Y más allá de que no hay imputación en su contra, el escenario de debate político irremediablemente lo expondrá ante la opinión pública.
Pero el frente judicial que se posó sobre la expresidente no termina acá. En otra causa, Hotesur, otros jueces y otros fiscales le imputan a la exfamilia presidencial la construcción de otro esquema corrupto para terminar el círculo mediante la construcción o compra de hoteles que luego eran alquilados con contratos sospechosos a empresarios de la construcción. Lázaro Báez, uno de ellos.
El debate político, la inflación, el dólar, los candidatos y las encuestas son el telón que esconde un momento inédito en el país. Por un lado, la Justicia investiga no un caso de corrupción sino un esquema corrupto que perduró hasta que el kirchnerismo se fue del Gobierno. Por el otro, ese espacio, que argumenta una persecución política, se presenta como opción electoral y reivindica esa manera de gobernar.

DIEGO CABOT ANALIZA

Se rompió el silencio y se instaló el vale todo
Diego Cabot 
No hace falta buscar demasiado en el archivo para encontrar fuertes críticas de la expresidenta Cristina Kirchner a los empresarios. En noviembre de 2011, en la planta de General Motors, los cuestionó duramente. "Ganan fortunas y no las reinvierten en la Argentina. Que nadie se haga el distraído. Mi llamado fue para todos los sectores", dijo. Tenía razón de que una parte de los empresarios ganaron fortunas, especialmente los contratistas del Estado. Lo que obvió decir la exmandataria fue que gran parte de su gobierno era socio de aquella maquinaria perfecta. Los últimos testimonios añaden a ese esquema a jueces en actividad, como Luis Rodríguez, o retirados, como Norberto Oyarbide .
Las últimas horas han despertado las pasiones de todos los que siguen la causa de los cuadernos de las coimas . Lo resumía como al pasar el periodista Aurelio Tomás en una charla: "Es el Big Bang de la corrupción". Quizá, la mejor metáfora que se pueda encontrar por estas horas.
Los sistemas que tienen a la corrupción como elemento de confluencia se manejan siempre con dos presupuestos. Por un lado, el miedo; por el otro, y quizás impuesto por aquél, el silencio. Ambos están rotos y las esquirlas de haber estallado aquel esquema pegan por todos lados.
Si la causa se ilustrase con círculos concéntricos que comparten un mismo eje, lo que se ve por estos días está muy cerca del núcleo. De mantenernos en este diagrama, el más importante de esos círculos es el central, el que contiene, en un punto, a todos los demás.
La causa empezó a romper aquellos exteriores hace tiempo, casi al inicio. Entonces, la gran mayoría de los involucrados, con la excepción del la expresidenta y el despacho de Julio De Vido, se mantuvieron bajo los mismos lineamientos anteriores: el miedo y el silencio.
El miedo o el temor a las represarias empezó a ceder cuando varios de los implicados empezaron a escuchar cada vez más cerca el ruido del hierro cuando a las 20, se cerraban los calabozos. ¿Qué miedo puede ser mayor a perder la libertad?, se preguntaban varios implicados. El miedo se mantuvo, pero cambió de protagonista. Ya no era el temor al kirchnerismo en el poder y las represalias de un esquema político dominador sino la cárcel, el temor a la mirada de los hijos, la salida por la puerta de atrás del lugar de pertenencia.
Con el miedo enfocado hacia otro lado, se rompió el silencio. Entonces sí, ahora vale todo. Se derrumbó como nunca en la historia la defensa corporativa y cómplice de contratistas, funcionarios corruptos y testaferros presuntuosos que no podían explicar cómo hicieron el dinero. Ya nadie protege a nadie, y cada uno llega a sentarse frente a los fiscales o al juez con un único objetivo: salvarse.
La situación no deja de ser llamativa en estas causas porque es única, inédita. Los juicios de corrupción se toparon siempre, más allá de los intereses políticos que pesaron sobre los magistrados, en la defensa de todos en conjunto. El esquema era la negación, la dilación del proceso, esconder o destruir las pruebas y alguna que otra muerte como para pasar mensajes a los que osaran abrir la boca. Ya nada es así.
Quizá a los periodistas que cubren los hechos policiales y que hurgan en los secretos de las bandas criminales no les llame la atención la destrucción de una organización cuando uno "canta" y se rompen los códigos de la sociedad delictiva. Pero para los cronistas de la política y la corrupción, la ruptura de la cofradía sorprende.
En Comodoro Py cruje el núcleo de aquellos círculos concéntricos. El poder más profundo del kirchnerismo se encierra en el centro, donde siempre se posaron los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, el ministro Julio De Vido, el secretario privado Daniel Muñoz , y un selecto grupo de personas y personeros.
Rompió el silencio la viuda del secretario y desparramó ilícitos por todos lados. Trascendieron sólo las acusaciones nada menos que a un juez federal, Luis Rodríguez, encargado de investigar ese núcleo después que la investigación de Panama Papers , de la que participó, diera cuenta de aquel entramado de sociedades, paraísos fiscales y millones. Las esquirlas también alcanzaron al exjuez Norberto Oyarbide. Es decir, la causa arrastra al poder político, empresario y hasta el judicial.
Carolina Pochetti, según aquellos papeles que viajaron desde los Estados Unidos, es dueña, entre otras cosas, de un departamento de 13 millones de dólares en el Plaza Hotel de Nueva York, en la mismísima 5ta. Avenida, además de un centro comercial en Miami, entre otras cosas. Ella y unos pocos más saben de dónde salió el dinero para comprarlos. Millones de personas lo suponen, pero la Justicia no puede avanzar con suposiciones. En unas pocas oficinas de Comodoro Py esa pregunta está contestada.
El núcleo de los círculos cruje. El contador Víctor Manzanares, el hombre que conoció los secretos incontables de los números de los Kirchner también contó su verdad. ¿Y qué verdad puede interesar a un juez más que explicaciones sobre sus clientes? Decenas de respuestas ya son parte del expediente.
Mazanares hace tiempo que decidió salvarse solo y tender una mano a su familia. No lo hizo antes porque tenía miedo: su mujer y sus hijos residían en Santa Cruz. Pero avanzó con algunas medidas que negoció desde diciembre. Consideraba que no valía la pena inmolarse por sus jefes. Uno fallecido, la otra, la expresidenta, que no utiliza en sus defensas la negación de los hechos sino que prefiere decir que todo se hacía a sus espaldas. Las traiciones mutuas se convirtieron en el combustible de la causa.
También se arrepintió Juan Manuel Campillo, exministro de Hacienda de Santa Cruz. No quería estar en la cárcel y conocía decenas de delitos. Cambió, como tantos, verdad por libertar. Ahora se instaló el vale todo. Se rompió el silencio de mafia que duró décadas en la Argentina, mucho antes de los Kirchner.