ESPIONAJE ILEGAL, CORRUPCIÓN, OCAÑA DENUNCIA

Imputan al kirchnerista Tailhade por espionaje
El fiscal Pollicita se excusó y será reemplazado en la causa; se investigan las acciones del expolicía Zanchetta
Candela IniEl diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade
El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade quedó ayer imputado en la causa por el espionaje ilegal del expolicía Ariel Zanchetta. A la vez, el fiscal federal Gerardo Pollicita decidió apartarse de la investigación. El motivo fue que el juez Marcelo Martínez de Giorgi, al frente del caso, aceptó incorporar al expediente otra causa contra Tailhade, donde Pollicita se había apartado por las críticas personales del diputado.
El fiscal federal Gerardo Pollicita decidió apartarse de la causa por el presunto espionaje ilegal del expolicía Ariel Zanchetta. Según fundamentó en un dictamen firmado ayer, la decisión de excusarse se debe a que el juez Marcelo Martínez De Giorgi, al frente de este caso, aceptó incorporar al expediente una causa en la que el diputado Rodolfo Tailhade está imputado.
Hace tiempo que Pollicita se aparta en las causas contra Tailhade porque el diputado embistió públicamente contra el fiscal en sus redes sociales.
El expediente que ahora se sumó al que tiene Martínez De Giorgi había surgido por una denuncia de Marcelo D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad porteño, quien apuntó contra el diputado kirchnerista por el espionaje ilegal a su celular y por la difusión de sus chats en una serie de sitios web. Esa denuncia, que primero se hizo en la Justicia porteña y luego pasó a manos del juez Daniel Rafecas (quien investiga las circunstancias del viaje de jueces y fiscales a Lago Escondido), llegó a manos de Martínez De Giorgi porque Rafecas se declaró incompetente.
Martínez De Giorgi aceptó incorporar la denuncia de D’Alessandro a este expediente porque, según el informe elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado en la Investigación Criminal (Dajudeco), sobre la base del análisis de uno de los dispositivos secuestrados a Zanchetta, Tailhade y Zanchetta hablaron sobre los chats del caso Lago Escondido. Cuando Rafecas se declaró incompetente y mandó la causa a Martínez De Giorgi, Pollicita había rechazado declarar que estas causas eran conexas porque consideró que se trataba de una decisión prematura. Pero el juez hizo lugar y la incorporó a esta investigación principal.
Con la incorporación de esta denuncia a este caso por espionaje ilegal, Tailhade quedó imputado en la causa que investiga a Zanchetta y a Rodríguez. ¿A qué se debe el apartamiento de Pollicita? A que en el pasado ya se había excusado de intervenir en otras causas contra Tailhade por manifestaciones públicas que el diputado había hecho en su contra.
“Al igual que procedí en otros casos en los que me encontraba en idéntica posición, me excusaré para entender en las presentes”, dijo Pollicita en el dictamen de 38 páginas al que accedió en el cual repasa en qué causas contra Tailhade decidió apartarse.
El fiscal fundamentó: “Corresponde mi apartamiento con el fin de preservar el principio de objetividad que debe imperar durante todo el proceso respecto de la actuación del fiscal, en relación con el cual existen motivos suficientes para considerar que el mismo podría interpretarse como afectado por parte del imputado, en virtud de comportamientos previos y públicos efectuados por el diputado Rodolfo Tailhade hacia mi persona”. El fiscal incluyó en el dictamen una serie de posteos que hizo Tailhade en 2018, cuando desestimó una denuncia contra el entonces titular del Banco Central Federico Sturzenegger por administración fraudulenta.
En una de esas publicaciones, que incluyó Pollicita en su dictamen a la hora de apartarse, Tailhade difundía una fotografía del fiscal acompañada del siguiente texto: “Este es el miserable fiscal Pollicita, el que no quiere investigar a los ladrones de las reservas del BCRA. Recordá esta cara cuando pierdas el trabajo, te corten la luz y el gas por falta de pago, no puedas pagar el alquiler y pases hambre”.
Ahora que Pollicita se apartó del caso, la fiscalía ante la Cámara Federal deberá resolver qué fiscal continuará a cargo de la causa por espionaje a políticos, jueces y fiscales, entre otros. El expolicía Zanchetta está preso en esta causa, acusado por haber realizado actividades de inteligencia ilegal contra dirigentes políticos. La Justicia lo vinculó a Conu Rodríguez, un funcionario históricamente ligado a Máximo Kirchner, por una serie de chats a los que accedió la Justicia en torno a material de inteligencia sobre la ministra Victoria Tolosa Paz. Más allá de Tolosa Paz, Zanchetta tenía muchos más “objetivos” que fueron espiados. Por las maniobras de espionaje a jueces, también está preso en el marco de esta causa un hacker misionero, Ezequiel Núnes Pinheiro. Tailhade es otro de los dirigentes del kirchnerismo que, según el material que surgió de los allanamientos a Zanchetta, habrían estado vinculados con estas maniobras y ahora quedaron involucrados en este expediente. Martínez De Giorgi todavía no ordenó las indagatorias de Conu Rodríguez y de tres exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) relacionados con Zanchetta, una medida que fue solicitada por Pollicita en dos dictámenes

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Un exsenador bonaerense quedó a un paso de la prisión por nombrar “ñoquis”
La Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la condena de Armando Nieto, su hijo y su secretario por quedarse con los salarios de 39 supuestos empleados
Hugo Alconada Mon
Por primera vez desde el retorno de la democracia, un exsenador bonaerense podría terminar tras las rejas por robarle dinero al Estado provincial. Así lo decidió la Cámara deApelacionesdeLaPlata,queconfirmó la condena a Armando Nieto a cuatro años y medio por quedarse con los salarios de 39 “ñoquis” y prestanombres durante años.
Los camaristas Ernesto Ferreira y Carlos Argüero rechazaron los recursos presentados por Nieto, su hijo Leonardo y quien fue secretario administrativo del bloque Unión Pro y luego Unión Celeste y Blanco en el Senado, Alfredo Digiano, quienes también habían sido condenados en primera instancia.
De este modo, Nieto y su hijo quedaron a un paso de ir a prisión, donde deberían cumplir sus condenas a cuatro años y tres años y medio, respectivamente, además de quedar inhabilitados de por vida a ocupar cargos públicos, en tanto que la condena a Digiano, de dos años de prisión, será de ejecución condicional.
La Cámara de Apelaciones confirmó las condenas que había dictado la jueza Claudia Greco a mediados de junio pasado a pedido de la fiscal Victoria Huergo, tras considerar probado que nombraron a 39 personas como empleados de planta temporaria del bloque político, sin que jamás se presenta rana trabajar, para quedarse con sus salarios durante al menos cuatro años.
Durante la investigación, la Justicia también logró probar que Nieto y sus colaboradores extrajeron los salarios de esos “ñoquis” y prestanombres “de los cajeros automáticos ubicados físicamente en el mismo lugar en horarios continuos, en lugares muy distantes al domicilio de los beneficiarios y la mayoría en horarios de medianoche”. En otras palabras, en una operatoria muy similar a la que desarrollaba Julio Segundo “Chocolate” Rigau con otras 48 tarjetas de débito hasta su detención, en septiembre pasado.
Según reconstruyeron los investigadores, sin embargo, algunos de los titulares de esas tarjetas débito que manejaba n los Nieto habían dado su consentimiento, pero no así otros. “Una vez abiertas las cuentas, el secretario administrativo Digiano, en connivencia con el senador Nieto, retiraba las tarjetas de débito personalmente de la Tesorería del Anexo del Senado o se las retenían a sus titulares, para luego realizar las extracciones de dinero correspondientes a sus salarios”, detalló la jueza, aunque luego, cuando el hijo de Nieto reemplazó en ciertas tareas a Digiano, “a instancias de su padre engañó a personas conocidas de bajos recursos económicos y culturales, ofreciéndoles una obra social y así lograba sus datos personales y que firmaran documentación para nombrarlos como empleados y luego cobrando sus haberes en distintos cajeros automáticos”.
Tanto la investigación y condena de Nieto como la detención de Rigau y de Facundo y Claudio Albini provocaron turbulencia en los pasillos del Senado y de la Cámara de Diputados bonaerense, donde resulta un secreto a voces la designación de un número todavía indeterminado de empleados “truchos”.
Antecedentes escandalosos sobran en la Legislatura. Desde la “diputadora” que protagonizaron diputados peronistas durante la gestión de Eduardo Duhalde al pedido de desafuero en 2003 del entonces vicepresidente del bloque de la UCR Gustavo Marelli, y de los legisladores Enrique Marín Vega, Juan Carlos Stavale y Juan Carlos Plana –exradicales, luego ARI–, por los presuntos delitos de fraude y malversación de caudales en el otorgamiento de subsidios.
La investigación judicial comprobó, además, la inexistencia de controles reales en los procesos de nombramiento de personal en la Legislatura: “El senador [Nieto ] formalizó propuestas de designaciones, solo aportando los datos personales tales como DNI, nombre y apellido de sujetos que no cumplirían servicios en el Senado, sin que se confeccionara, ni siquiera el legajo de ingreso y generándose liquidaciones y cobros de sus sueldos que retenían para sí”.
Esos y otros actos delictivos cosecharon, sin embargo, el silencio de los principales espacios políticos y las autoridades del Senado y Diputados, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, que por estas horas negocian nuevos cargos, despachos y partidas.

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Piden que impidan salir del país a Fernández y Massa
Se lo planteó Ocaña al jefe de los fiscales, a raíz de la cantidad de denuncias que acumulan
Graciela Ocaña diputada
La diputada nacional del Juntos por Cambio y legisladora electa de la ciudad Graciela Ocaña planteó al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que “estimule” o “instruya” a los fiscales para que eviten que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, se vayan del país, dada la cantidad de denuncias en su contra.
La nota de Ocaña señala: “Le solicito se instruya o de algún modo se estimule a los fiscales intervinientes en las distintas causas para que aseguren las medidas cautelares que sean necesarias o suficientes para que los imputados se mantengan a derecho y se pueda realizar oportunamente su juicio”.
El texto menciona que tanto Alberto Fernández como Massa “se encuentran involucrados en gran cantidad de causas penales”. La legisladora revisó que entre el 1º de agosto de 2022 y el 1º de diciembre de 2023 Massa tuvo 27 denuncias (siete junto a Alberto Fernández), dos de la propia Ocaña, una por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la otra por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación federal. En el caso de Alberto Fernández la legisladora contó 29 denuncias, tres formuladas por ella. Y en todo su mandato contabilizó 108 denuncias penales en su contra, incluyendo la causa por la negativa a comprar vacunas al laboratorio Pfizer durante la pandemia, en la que Ocaña fue testigo.
La legisladora fundó su pedido en que tanto Fernández como Massa sugirieron que se van a radicar en el exterior. El Presidente se irá a España, donde se dedicará a la actividad académica, y Massa dijo tener ofertas laborales en Estados Unidos de parte de fondos de inversión. “Considero que las medidas que solicito por vuestro intermedio se adopten se encuentran claramente dentro de sus potestades como procurador general de la Nación y titular del Ministerio Público de la Nación, entendiendo que esto permitirá el ejercicio eficaz de la acción penal pública y que de esta forma se promoverá la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad conforme lo dispone el artículo 120 de nuestra Constitución nacional”, dijo la legisladora.
Sin embargo, la ley de Ministerio Público Fiscal, que consagra la independencia de los fiscales, prohíbe al procurador general de la Nación dar instrucciones particulares a los fiscales en causas en trámite y solo autoriza a dar indicaciones de carácter general sobre política criminal.

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CONU RODRIGUEZ, ESPIONAJE ILEGAL, FERNANDEZ LO DESPLAZÓ EN EL 3ª PEDIDO Y ATAQUE A LA JUSTICIA

Piden indagar por espionaje a un jefe de La Cámpora
Un fiscal quiere citar a Conu Rodríguez; fue echado de la AFIP
Hernán CappielloFabián “Conu” Rodríguez fue desplazado de la AFIP
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevamente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que indague al funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de encargar la realización de tareas de inteligencia ilegales al expolicía preso Ariel Zanchetta. También le requirió que interrogara a tres exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contrataban esos servicios. Rodríguez, que es dirigente de La Cámpora, fue desplazado de su cargo por un decreto que firmó ayer Alberto Fernández, luego de dos pedidos para que dejara su cargo que no fueron acatados.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer nuevamente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que indague al funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de encargar la realización de tareas de inteligencia ilegal al expolicía preso Ariel Zanchetta. También le requirió que interrogue a tres exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contrataban esos servicios.
La solicitud abarca también al propio Zanchetta, para que se amplíe su declaración indagatoria. Asimismo, el fiscal estableció que el 6 de noviembre, cuando la policía allanó la AFIP en busca de “Conu” Rodríguez para secuestrar su teléfono celular, el funcionario estaba en el mismo edificio, pero en otras oficinas, para eludir la búsqueda. Pollicita hizo ese descubrimiento con información de los registros de entradas y salidas, y de las cámaras de seguridad de la AFIP.
Así surge de un dictamen que elaboró el fiscal y que puso consideración del juez Martínez de Giorgi, dijeron fuentes judiciales a la nacion. El documento de más de 600 páginas describe la maniobra, los hechos, la manera en que la AFI reclutó a Zanchetta, cómo se seleccionaban los “objetivos” para producir inteligencia, la metodología de trabajo, el uso de informantes, la utilización de cámaras ocultas, cómo se sistematizaba y analizaba la información, de qué modo el Estado financiaba con dineros públicos este espionaje ilegal y la significación jurídica de los casos detectados.
La investigación estableció que la “asociación criminal” no solo tenía en la mira a jueces -lo que fue el origen de esta causa-, sino que se trató de “una red de espionaje más amplia” cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales- sobre los que se realizó recopilación de inteligencia, almacenamiento, sistematización y análisis de información de cientos de personas, la filmación a escondidas de los objetivos, el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada y la divulgación de parte de aquella información.
El “objetivo” era trabajado mediante el hackeo de su celular cambiando el chip del teléfono, obteniendo líneas a su nombre para producir inteligencia del “blanco”. Zanchetta fue policía federal durante 25 años y, en 2009, cuando trabajaba allí lo reclutó la SIDE primero como espía inorgánico. Pero no trabajaba solo sino que lo hizo en conjunto con los tres exfuncionarios de la AFI a los que el fiscal les pidió ahora la indagatoria.
Los nombres de esos tres exagentes están protegidos por la ley de inteligencia y son secretos, pero uno cumplía funciones de jefe, otro de “agente de reunión” de información y el tercero como “agente operativo”. Ya no revistan más en la AFI, según informó el organismo. Entre 2009 y 2015 Zanchetta actuó para estos tres espías y les proveyó 168 partes de inteligencia a su pedido. En la computadora Toshiba del expolicía se hallaron 1196 informes de inteligencia.
A través de correos electrónicos con direcciones de fantasía, los agentes le señalaban a Zanchetta una persona física o jurídica como “objetivo”, a veces sin mayores especificaciones, otras veces aclarando el tipo de información en particular que requerían o el enfoque especifico a resaltar. En otras oportunidades, le pedían “todo lo que haya” o un “informe completo”.
Zanchetta además trabajaba “con el actual Subdirector General de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Néstor Fabián Rodríguez”, conocido como “Conu”, cercano a La Cámpora. Zanchetta se comunicaba por Telegram con este funcionario y el fiscal no descartó que se hubieran borrado comunicaciones entre ellos. Cuando la Policía allanó la AFI en busca del funcionario, estaba en el edificio. Ingresó a las 10.30 y salió a las 21.55, según informó oficialmente el organismo a la justicia, lo que consta en el dictamen fiscal.
Pollicita estableció que de las conversaciones del celular de Zanchetta se desprende que le “reportaba” su actividad a Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, quien le seleccionó un “blanco”, que fue la ministra Victoria Tolosa Paz. El expolicía reunió, analizó y sistematizó información y le envió el resultado de inteligencia ilegal a través de un parte, y que lo publicó en el portal digital Enclave, que era financiado con dinero público, lo que aquel le pidió en relación al “objetivo” indicado.
La relación entre Zanchetta y el “Conu” Rodríguez data de 2022, señaló el fiscal que encontró mas de diez mil audios de Whastsapp y en algunos de ellos donde se menciona al funcionario. Según informó el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, ingresó el 2 de agosto de 2022 a las 9.45 horas Ariel al edificio central del organismo, en La Plata, a visitar al “Conu” Rodríguez y se fue a las 10.42 horas.
Entre las fuentes de Zanchetta se cuentan informantes que aportaban datos de la filiación política, cercanía de los investigados o su eventual pertenencia a los servicios de inteligencia, como lo señalan dos partes, donde en uno de ellos identifica a un militar cercano al exjefe del Ejército César Milani y en otro a un policía federal dedicado al espionaje conocido en la jerga como “pluma”.

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Alberto Fernández lo desplazó por decreto
El Presidente ordenó la remoción de Conu Rodríguez luego de dos pedidos que no fueron acatados
Cecilia Devanna
Alberto Fernández firmó ayer el decreto con el que desplazó de su cargo al camporista y funcionario de AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de espionaje ilegal. Fue a través de un decreto al que accedió la nacion en el que el mandatario consignó: “Que, atento los hechos de público conocimiento, en la presente instancia resulta necesario disponer el cese del mencionado funcionario en el cargo citado precedentemente”, en referencia a Rodríguez en el cargo de Subdirector General de Servicios al Contribuyente de AFIP.
Fue el corolario de un búsqueda a lo largo de casi un mes, en el que el presidente intentó, sin éxito, en dos oportunidades que Rodríguez, hombre de Máximo Kirchner, diera un paso al costado.
El primer pedido de Fernández fue poco después de conocido el caso. Esperó que se concretara después de las elecciones del pasado 19, para evitar ruido en la campaña. No sucedió nada. Por eso volvió a insistir esta semana, vía Carlos Castagneto, todavía titular de la AFIP. Creyó que este viernes se concretaría, pero tampoco sucedió. Rodríguez, que pidió licencia poco después de que estallara el caso, seguía sin hacer caso a la orden presidencial, amparado en el respaldo político que representa su pertenencia a La Cámpora.
Por eso luego del paso de las horas sin noticias, en las que además se conoció un nuevo dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que pidió la indagatoria de Rodríguez -estaba en el propio edificio de la AFIP mientras se hacía un allanamiento en su despacho, pero se mantuvo en otras oficina para eludir a la justicia-, Fernández tomó la decisión de rubricar el decreto.
En una entrevista al Diario.ar de este domingo, Fernández se había referido al tema al sostener:
“Desprecio esa metodología de la política. La persona que apareció vinculada a eso [Rodríguez] estaba trabajando ahora en la AFIP como planta permanente. Le pedí a [el jefe de la AFIP, Carlos] Castagneto que lo cesara para que no gozara de ningún privilegio funcional durante la investigación. La persona se adelantó y pidió licencia. El juez no tomó ninguna determinación hasta ahora. Todo lo que está apareciendo en esa causa es realmente asqueante”.
En paralelo a esos pedidos, desde la AFIP se solicitó la apertura de un sumario en su contra, sobre el que ahora deberá decidir si se abre o no. Deberá decidir la Procuración General del Tesoro (PGT), ya que Rodríguez tiene un cargo jerárquico y ese es el procedimiento en ese tipo de casos. En tanto desde el organismo se resalta que colaboraron con toda la información requerida por la justicia, tomando distancia de un eventual encubrimiento frente a lo sucedido.
Los avances judiciales del caso tienen su correlato en la política, en especial en el oficialismo, donde la bronca por lo sucedido, luego de conocerse que había espionaje ilegal contra diferentes miembros del espacio, que se traducía en “operaciones de prensa”, también a través de la pauta en manos del funcionario, fue la confirmación de lo que muchos ya intuían. “La causa demuestra que funcionarios K hacían espionaje ilegal. Pueden disfrazarlo de “operaciones” de prensa, pero es violación a la ley de Inteligencia”, explican. “No importa si el fin eran operaciones de prensa, eso no está penado. La violación a la ley de Inteligencia, sí”, completan.
El enojo es tal que buena parte de los oficialistas consideran que el caso puede terminar de marcar un quiebre.

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Advierten que el juicio a la Corte es un fuerte ataque a la Justicia
La Academia de Derecho cuestionó la ofensiva kirchnerista
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresó su rechazo al juicio político contra los ministros de la Corte Suprema y consideró que se trata de una acción que “violenta la independencia del Poder Judicial”.
El proceso fue impulsado por el kirchnerismo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde el martes pasado se aprobó un dictamen acusatorio con el apoyo de 16 legisladores. Horas antes se dispuso una polémica maniobra que consistió en reemplazar a seis miembros del oficialismo que no estaban convencidos de firmar el texto.
“Creemos necesario manifestar nuestra desaprobación, no solamente a las causas que originan el juicio político en sí, sino también al desenlace final que ha conducido a la emisión de los aludidos dictámenes”, sostiene la Academia en una declaración firmada por su presidente, Juan Carlos Cassagne, y el secretario Eduardo Sambrizzi.
En esa línea, amplía la declaración que “si el Congreso se erige en acusador y juez de los ministros de la Corte Suprema en razón del contenido o de la decisión de los fallos que el Tribunal emite, se violenta la independencia del Poder Judicial y, con ella, la separación de poderes”.
Añade que si ese desacuerdo político se canaliza de la manera que intentó el gobierno saliente se incurre en “una amenaza a la estabilidad funcional de los magistrados judiciales, cuyo velo el artículo 53 de la Constitución solo permite que sea descorrido en casos de mal desempeño, de delitos cometidos en ejercicio de la función o de crímenes comunes”.
Los académicos cuestionan la decisión de cambiar a último momento la composición de la Comisión de Juicio Político. Los nuevos integrantes difícilmente hayan podido leer en el escaso tiempo que transcurrió entre su designación y la votación el voluminoso expediente acumulado a lo largo de más de un año de deliberaciones. “Nadie, por muy capaz y dedicado que sea, puede llevar razonablemente adelante esa tarea”, dicen. Y señalan la anomalía de que resoluciones de esta magnitud se aprueben a escasas dos semanas del recambio legislativo, sin que puedan opinar los nuevos diputados surgidos del proceso electoral de este año.
La Academia Nacional de Derecho deja sentada, así, su posición en favor de que la Cámara rechace la acusación contra los jueces de la Corte Suprema, en función de “la salud institucional del país y su prestigio internacional”.
“Por razones de prudencia institucional, esta corporación ha preferido no emitir, hasta ahora, una opinión sobre su desarrollo, ni sobre las causas que lo han impulsado, aguardando que concluyera la investigación promovida contra los más altos magistrados de nuestro país”, advirtió la Academia Nacional de Derecho, que ha seguido el desarrollo del trabajo de las audiencias de la comisión legislativa en los últimos 11 meses. Expresó, finalmente, su desaprobación por las causas que originan el pedido de juicio político y el desenlace de la comisión.

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ESPIONAJE ILEGAL

Crece el malestar del peronismo con La Cámpora por el caso de espionaje ilegal
Hay preocupación por el alcance interno que pueden tener las revelaciones; acusan al kirchnerismo duro de comprometer a toda la coalición
Cecilia Devanna
Fabián "Conu" Rodríguez al salir de los tribunales de Comodoro PY
Si La Cámpora se llamó a silencio para proteger a Fabián “Conu” Rodríguez, funcionario de la AFIP y con línea directa con Máximo Kirchner dentro de la organización, el peronismo en general y gran parte del kirchnerismo en particular lo hizo para proteger la campaña electoral y a su candidato, Sergio Massa. Pero la bronca compartida contra la agrupación que data de tiempo atrás, se exacerbó casi con furia esta semana. Fue luego de que se conociera públicamente el caso por presunto espionaje ilegal que involucra a Rodríguez con el expolicía Ariel Zanchetta, investigado inicialmente por el espionaje a jueces de la Corte. “Si nadie sale a decir nada públicamente es porque no queremos hacer un quilombo antes de las elecciones y joderlo a Sergio, pero lo que pasó es una barbaridad y no va a quedar acá”, sintetizó ante  un importante dirigente oficialista en coincidencia con otros miembros del espacio.
El caso impacta de lleno en un peronismo que cifra las expectativas en lo que puede pasar el próximo domingo 19, con un eventual triunfo de Massa, que sumado a la performance que dejó Axel Kicillof en octubre a nivel provincial, confían que puede abrir un nuevo mapa de poder interno, por encima de los movimientos del ala más dura del oficialismo. Massa fue, además, uno de los espiados en el caso, en momentos en que era opositor al kirchnerismo.
Máximo Kirchner y Sergio Massa
“Otra más, no paran”, fue la forma que usó un ministro para referirse al escándalo judicial que se sumó al protagonizado por Martín Insaurralde con su lujoso viaje a Marbella y al de las tarjetas en la Legislatura bonaerense, al mando de su delfín, Federico Otermin. “Todas de ellos”, sintetizó en sintonía un gobernador al enumerarlas. “Esto es crónica de otro quilombo anunciado”, completó. El único consuelo era que entienden que el caso no impactará electoralmente.
En todos esos casos a nadie sorprendió que La Cámpora haya elegido el silencio sobre el tema, ni los trascendidos cercanos a la organización que buscan vincular lo sucedido con “un vuelto por (otro escándalo de espionaje) Lago Escondido” o por “el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. “Un vuelto, ¿en serio? Cuando en un allanamiento encuentran unos 10 discos de 2 Teras de información que va a llevar meses procesar, la realidad choca con el relato de los vueltos”, dijo uno de los consultados, con terminal en el Norte Grande. “Acá hay dos escenarios: el político y el judicial. Todo lo que puedan decir como defensa colisiona de frente con una causa que tiene alto nivel probatorio y recién va por menos de un 20% de lo que tiene por procesar y a la que hay que sumar todos los teléfonos (12) y notebooks que le encontraron al Conu”, completó.
En el peronismo todavía ironizan con un intento de miembros de La Cámpora por despegarse de Rodríguez en privado y ante interlocutores afectados por las maniobras de espionaje. “Estaban desesperados por decir que el Conu era un líbero, cuando todos saben que es Cámpora y Máximo”, explicó una de las voces consultadas. “Generan más irritación. Te espían y después te toman de boludo”, completó otro al tanto del planteo. Desde allí tampoco dudaban en ver una estricta relación entre el cargo en el que se ubicó en 2022 a Rodríguez en AFIP y la posibilidad de acceder a datos sensibles de figuras de interés. Se comunicó con la organización, pero rechazaron de plano hablar del tema.
Lo que ya se conoce del caso, aunque en rigor todo descuenta que será mucho más, vino a confirmarle a varios oficialistas lo que ya era para ellos era casi una certeza: que eran espiados y “operados” internamente por la agrupación. Hasta ahora el caso más resonante fue el de la ministra Victoria Tolosa Paz, sobre la cual Zanchetta ofrece información a Rodríguez. “Necesitas una parte. O armo algo para el portal. De esta tengo todo”, dice Zanchetta en una de las conversaciones.
Ariel Zanchetta
“El espionaje ilegal funcionó como herramienta para conseguir los objetivos políticos de la organización”, describió un peronista del interior. “No hay que extenderse mucho para ver lo que hicieron en distritos que tenían objetivos, como Olavarría, Hurlingham o Lanús, sin importar si eran oficialistas u opositores”, completó uno de los consultados. Tras lo que apuntó a los argumentos cercanos a la organización en busca de explicar lo que sucede. “Parecen Los Pumas que siempre buscan una derrota digna”, agregó.
Desde el 9 de octubre del año pasado, cuando el nombre de Tolosa Paz empezó a sonar como posible reemplazante de Juan Zabaleta en Desarrollo Social, el portal de Zanchetta publicó 11 notas, a razón de dos por mes, atacando a la hoy funcionaria. La abrupta interrupción de las publicaciones se dio a fines de abril, cuando Tolosa Paz fue invitada por Cristina Kirchner al Teatro Argentino de La Plata junto a su marido, el exsecretario de Medios de Néstor Kirchner Enrique “Pepe” Albistur. Esta semana, tras conocerse lo sucedido Tolosa Paz se limitó a decir, ante la consulta en una visita en Tucumán, que “la justicia investigue y por supuesto avance en esa causa”. Luego de eso tanto ella como su marido se mantuvieron en silencio.
Lo sucedido con ella podría replicarse en espejo con otros funcionarios que sufrieron embates similares en otras publicaciones parecidas a la de Zanchetta, que también recibían un alto número de pauta publicitaria de la provincia de Buenos Aires, cuando Rodríguez era funcionario allí. El convencimiento extendido, frente a una investigación en la que aún restan una alta cantidad de dispositivos a analizar y más de 1100 carpetas por abrir, es que las derivaciones del caso son aún insospechadas. También creen que el nombre de Rodríguez no será el único que acumule novedades del ámbito judicial en los próximos meses.
“Sea que gane Sergio o que gane (Javier) Milei, estas cosas se les van a acabar. Sergio no va a frenar a la justicia para que ellos no tengan problemas y esto no va a terminar acá”, evaluó uno de los consultados con visible molestia. En el peronismo ven cada vez más cerca la posibilidad de que con Massa como nuevo líder del peronismo y el fortalecimiento de la figura de Kicillof, la posible renovación frente a un kirchnerismo duro que no pudo ofrecer un candidato nacional competitivo tras más de dos décadas, abre un nuevo mapa de poder.
Un estudio exitoso y la continuidad en el cargo
La presentación de Rodríguez en Comodoro Py, este viernes al mediodía para entregar su celular, cuatro días después de los allanamientos, fue con el acompañamiento de los abogados del estudio del excamarista, Gabriel Cavallo. Un detalle que tampoco pasó desapercibido en el peronismo que vio allí otra contradicción de la propia organización. Recordaban que Cavallo fue quien defendió a Ernestina Herrera de Noble, la fallecida propietaria de Clarín, cuando enfrentó la causa por supuestas irregularidades en la adopción de sus dos hijos durante la última dictadura militar. Causa que fue agitada con vehemencia por el kichnerismo en plena pelea con ese grupo mediático. “Es simple. Cuando tenés problemas serios, buscas abogados serios y exitosos”, agregó uno de los consultados.
Entre los cuestionamientos también está que Rodríguez siga ejerciendo como funcionario, con acceso a información sensible de la propia AFIP, en la que tiene a su cargo la subdirección general de servicios al contribuyente. “Que se mantenga en el cargo habla más de La Cámpora que de Massa. La propia organización le tendría que haber hecho pedir licencia. Por donde lo mires no se sostiene que un tipo que tiene acceso a información sensible y está involucrado en una causa por espionaje, siga ahí”.

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Espionaje ilegal. Una tercerización caótica que abrió opciones nuevas de negocios
El detenido Ariel Zanchetta es el último exponente de una matriz de operaciones y carpetazos que lleva años; los expertos revelan que esta etapa se intensificó a partir de la presidencia de Kirchner
Texto Hugo Alconada MonFabián Rodríguez, cuando era gerente de Télam en 2014, al recibir al embajador de China, Yang Wanming, junto con el entonces gerente general Esteban Orestes Carella
La intervención y el desmantelamiento de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Alberto Fernández no erradicaron las tareas de espionaje ilegal: solo las tercerizaron en el sector privado, de manera caótica y hasta torpe. Y abrieron oportunidades de negocios para agentes –ya fueran activos o retirados– de la propia AFI y de Fuerzas Armadas y de seguridad que trabajan para el mejor postor. En ese contexto, Ariel Zanchetta es apenas el último exponente de una matriz de operaciones y “carpetazos” que lleva años y abarca de Jaime Stiuso y Fernando Pocino a César Milani y Gustavo Arribas, entre otros.
La tercerización del espionaje ilegal comenzó en tiempos de Néstor Kirchner, cuentan los expertos y veteranos de la AFI que dialogaron con la nacion bajo reserva estricta de sus nombres. Se agudizó con Cristina Fernández de Kirchner. Se propaló con Mauricio Macri. Y, como en muchas otras áreas de la gestión, la realidad pasó por encima o por un costado al presidente Alberto Fernández, que arrastra una sucesión creciente de filtraciones y escándalos.
Delegar las tareas de espionaje ilegal en “consultores” del sector privado, también coincidieron los expertos y veteranos consultados, les ofreció dos ventajas a los distintos gobiernos: les permitió mantener una pátina de legalidad y negar todo conocimiento o responsabilidad sobre lo que ocurre en los sótanos, donde se trasiegan las cámaras ocultas, las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, y los chantajes sexuales, entre otros.
Algunos de esos episodios, sin embargo, salieron a la luz y permiten atisbar cómo funciona la maquinaria del espionaje ilegal, sean protagonizados por “consultores” o por agentes de la AFI u otras fuerzas de seguridad que monetizan sus conocimientos en el sector privado, lejos de cualquier supuesto control de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso.
Los primeros atisbos de ese doble juego de agentes del Estado que delinquen en el sector privado surgieron durante el renacer mismo de la democracia. El entonces presidente Raúl Alfonsín llegó a denunciar la presencia de “mano de obra desocupada” de las Fuerzas Armadas, de seguridad y de inteligencia abocada, por ejemplo, a secuestros extorsivos. Agentes de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), como Raúl Guglielminetti, representaban una amenaza real y cotidiana en aquellos años iniciales de la democracia recuperada.
Ya en tiempos de la presidencia del peronista Carlos Menem, los agentes de la SIDE comenzaron a engordar sus ingresos con otra veta laboral: espiar para empresas. Así fue como, por ejemplo, el secuestro de Macri salió a la luz en 1991. Una célula de la SIDE había “chupado” los teléfonos de su padre, Franco, a pedido del grupo rival Soldati mientras competían por la privatización de Obras Sanitarias, y se toparon con un llamado de los secuestradores.
Néstor, el iniciador
El doble juego del espionaje, sin embargo, se convirtió en una decisión de las máximas autoridades del Estado cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada. El patagónico recurrió a un grupo especial de la EX-SIDE para tareas de espionaje doméstico: desde escuchas a políticos como Macri, Eduado Duhalde, Daniel Scioli, Gustavo Beliz y Roberto Lavagna, empresarios como Eduardo Eurnekian, Aldo Roggio y Eduardo Costantini, jueces, fiscales y periodistas hasta infiltrar manifestaciones, además de operetas como la que padeció Enrique Olivera durante una campaña electoral. Y eso, en tiempos de Francisco “Paco” Larcher, mientras que les pagaban a “buches” para que hicieran ciertos “trabajos”.
Muchas de esas tareas de inteligencia se camuflaron como parte de una operatoria que les permitió legalizarlas y volcarlas en informes reservados de “seguridad nacional”. Otras quedaron en manos de agentes como Iván Velázquez y Pablo Carpintero, o se delegaron en consultoras como Dark Star Security, que quedó bajo la lupa judicial, se ordenaron escuchas telefónicas y aparecieron indicios de todo tipo de operatorias ilegales. Desde sobornos a jueces, amenazas de carpetazos entre funcionarios, seguimientos a periodistas, vínculos ocultos con barrabravas y hasta el rol de Milani en tareas de inteligencia interna, además de datos sobre el entonces titular de la Corte Suprema y cruces de facturas dentro de la EX-SIDE.
Ya durante el mandato de la presidenta Cristina Kirchner, continuaron los aprietes –como el que padeció Norberto Oyarbide para que cerrara su investigación por enriquecimiento ilícito de los Kirchner– y las operetas, como la que afrontó Francisco de Narváez en otra campaña electoral. Pero también aconteció un punto de inflexión. El pacto con Irán colocó en un andarivel a Alberto Nisman, Stiuso y numerosos agentes que investigaban al régimen de Teherán y a Hezbollah. La presidenta se abrazó entonces al sector antagónico de la EX-SIDE que lideraba Pocino, potenció la inteligencia militar de Milani y, por último, creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), con Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Rodolfo Tailhade y Pocino como figuras.
Ese proceso llevó a la salida de cerca de 80 agentes, al ingreso de decenas de militantes de La Cámpora y a la expansión de una red de espionaje que abrevó en personal de inteligencia del Ejército, la Gendarmería –que contaba con su Proyecto X–, y de las policías de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Federal –donde revistaba el ahora detenido sargento Ariel Zanchetta– y bonaerense. También, al crecimiento de consultoras como C3 Consulting, cuyo rostro visible era otro expolicía federal, Leonardo Scaturrice, bajo el ala de Pocino.
La transición de la SI a la AFI conllevó, también, el rearmado de las estructuras. “Cuando asumió Parrilli, Tailhade quedó al frente del sector de Contrainteligencia, por lo que ‘heredó’ a Zanchetta”, rememoró un exagente ante la consulta de la nacion. Y el actual diputado nacional también era el jefe de Esteban Carella, quien venía de ser relevado como gerente general de Télam tras difundir información privada de Damián Pachter, el periodista que tuvo la primicia de la muerte de Nisman. En la agencia oficial de noticias, Carella había sido el superior del entonces gerente de Área de Periodismo, Fabián “Conu” Rodríguez. Hoy, Carella es el jefe de Cotrainteligencia de la AFI.
Las carpetas negras
Durante aquellos años, Zanchetta integró un “equipo de tareas” bajo el mando del entonces subcomisario de la Policía bonaerense, Ariel Difilippo, y Diego Raitano, alfil de Pocino, y Joaquín Conrado “El Verde” Pereyra, mano derecha de Milani, según surge de un archivo que la Justicia extrajo de la computadora del propio Zanchetta. Fueron años, también, en que Cristina Fernández recibió carpetas negras con datos de inteligencia y escuchas telefónicas. Dos fueron secuestradas en su casa de El Calafate durante el allanamiento que ordenó el juez federal Claudio Bonadio en 2018. ¿Mencionados? José Luis Manzano, el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma, Stiuso y uno de sus hombres, Pedro “Lauchón” Viale, Nisman y su exesposa y jueza federal Sandra Arroyo Salgado, el Grupo Clarín, Repsol, HSBC, Barrick Gold y General Motors, entre otros.
El ingreso de Macri a la Casa Rosada acentuó las prácticas. Por entonces procesado en el escándalo de escuchas telefónicas ilegales junto a dos hombres provenientes de la Policía Federal –Ciro James y el comisario Jorge “Fino” Palacios–, Macri designó a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani al frente de la AFI. Acumularon escándalos y denuncias penales. Entre otros, por la instalación de bases para el espionaje en el área metropolitana (AMBA) con más de 70 agentes que reclutó entre efectivos retirados o exonerados de la Policía bonaerense, como el exjefe Daniel Salcedo y el comisario general Vicente Melito, espías reactivados y oficiales retirados del Ejército, según reveló la nacion en mayo de 2019.
Ese fue, apenas, una de las varias manchas de una gestión que acumuló tropiezos. Entre otros, también por el espionaje ilegal al Instituto Patria, a los familiares del ARA San Juan y a los presos y detenidos en cárceles, además de la “Gestapo antisindical” y el Grupo Súper Mario Bros, con reclutados de, otra vez, las policías Federal y Metropolitana, que espiaron a políticos, empresarios, gremialistas, sacerdotes y periodistas.
Muchos de esos mismos y otros “objetivos” quedaron en la mira de “las Julietas”, un grupo de escorts que, al decir del extitular de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre, se abocó a seducir víctimas para luego controlarlos, extorsionarlos o “cancelarlos”, una práctica en la que habría participado Natasha Jaitt y, en la actualidad, Sofía Clerici, entre otras, mientras que un integrante de la SIDE, Raúl Martins, regenteaba prostíbulos vip.
Zanchetta, el precarizado
La gestión de Alberto Fernández abarcó, en tanto, la intervención de la AFI con Cristina Camaño y, luego, la asunción de Agustín Rossi con colaboradores del Ministerio de Defensa que para la oposición conformaron una “mesa militar” abocada al espionaje con Milani en las sombras, algo que Rossi negó repetidas veces. Pero fue durante los últimos años que arreciaron los “Sim-swap”, un método que le permite a un hacker tomar el control de un teléfono ajeno y acceder a toda o parte de la información que contiene.
Así fue como salieron a la luz los mensajes que intercambiaron jueces, fiscales, funcionarios del Gobierno porteño y ejecutivos de Clarín tras un viaje a Lago Escondido. Y así fue como la Justicia investigó, llegó hasta el hacker Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien confesó que desde Eldorado, Misiones, cobraba $15.000 por cada ataque. Entre sus víctimas figuraron desde ministros de la Corte Suprema a dos jueces del tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner.
Al tirar de esa cuerda, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita –los mismos que deben investigar por qué Cristina Kirchner tenía esas carpetas negras con información de inteligencia– lograron vincular a Nuñes Pinheiro con Zanchetta, el suboficial retirado de la Policía Federal que se definió como un “agente inorgánico” de la AFI hasta su detención, en junio de este año. Esa categoría no existe, ni en la legislación vigente ni en el escalafón interno del organismo. Pero es un eufemismo que engloba a los “precarizados” del submundo de los sótanos

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ESPIONAJE ILEGAL

El funcionario kirchnerista Fabián “Conu” Rodríguez se presentó en los tribunales de Comodoro Py y entregó su teléfono
La situación judicial del camporista se complicó ayer, cuando la fiscalía pidió su arresto; el juez rechazó esa solicitud, pero le prohibió salir del país
Federico González del Solar
Fabián "Conu" Rodríguez, al salir de los tribunales de Comodoro Py
El funcionario kirchnerista Fabián “Conu” Rodríguez se presentó hoy en los tribunales federales de Comodoro Py y entregó su teléfono celular, que ahora será peritado. Rodríguez es investigado por espionaje ilegal, acusado de haberle encargado tareas de inteligencia clandestina al espía Ariel Zanchetta y de haber financiado esas actividades con fondos públicos.
El funcionario -que hoy tiene un alto cargo en la AFIP- llegó a los tribunales federales de Retiro poco después de las 11:30 y subió al cuarto piso, al juzgado 8, de Marcelo Martínez de Giorgi. Dijo que estaba allí para hacer “una diligencia”. De acuerdo con el acta que se labró, entregó su teléfono, un Samsung Galaxi S20 Note, con el código para desbloquearlo y “la pregunta clave de su aplicación Telegram”. También dejó en el juzgado su pasaporte. Se fue como había llegado. No fue arrestado ni indagado.
La situación judicial de Rodríguez se complicó ayer, cuando el fiscal Gerardo Pollicita pidió que lo detuvieran. El juez rechazó esa solicitud, pero le prohibió salir del país.
El análisis del celular de Rodríguez podría ser clave para la causa, según advirtió el fiscal, que ayer había manifestado su preocupación por la posibilidad de que pudieran “borrarse o alterarse” pruebas de ese aparato. La imposibilidad de los investigadores de dar con el teléfono fue uno de los fundamentos de Pollicita para pedir la detención. El secuestro estaba ordenado por el juez desde el lunes.
El fiscal Gerardo Pollicita
La prueba central de Pollicita contra Rodríguez es un intercambio de chats en el que el funcionario camporista le pide a Zanchetta información sobre Victoria Tolosa Paz. Fue después de que trascendió que Alberto Fernández la iba a nombrar ministra de Desarrollo Social. Pero el fiscal destacó que además de encargarle que hiciera inteligencia ilegal, Rodríguez gestionó la paga que recibiría el espía, que consistía en la asignación de pauta oficial.
Pollicita subrayó en su dictamen de este jueves que era clave dar con el teléfono de Rodríguez, que no se pudo secuestrar cuando la Justicia allanó su casa y su oficina porque él no estaba allí. El fiscal advirtió además que hasta hoy el funcionario no se había presentado a entregarlo voluntariamente. Para Pollicita, ese comportamiento demostraba que Rodríguez no estaba colaborando con la investigación.
Fabián "Conu" Rodríguez, al salir de los tribunales de Comodoro Py
Fuentes cercanas a Rodríguez dijeron esta mañana que el funcionario no estaba en su casa en el momento del allanamiento porque estaba en el consultorio de un médico, con el que tenía cita, y destacaron que este viernes se presentó “voluntariamente”, sin que lo hubieran citado.
Al justificar el pedido de detención presentado este jueves, Pollicita relató: “Rodríguez le encargó a Zanchetta la realización de ‘informes de inteligencia’ sobre determinados ‘objetivos’ y la publicación de información contra los ‘blancos’ seleccionados”. Y dijo: “Se logró determinar que Zanchetta le reportaba la actividad ilegal realizada, todo ello mientras el funcionario público se interesó en la contratación mediante su influencia y se apropió de los fondos públicos para asegurar la financiación y remuneración de estas tareas ilegales a través del otorgamiento de publicidad oficial”.
Ariel Zanchetta

El acta de la presentación de Rodríguez
El acta de la presentación de Rodríguez, firmada por Verónica Lara, secretaria del juzgado de Martínez de Giorgi, dice que Néstor Fabián Rodríguez “compareció” y manifestó que deseaba “aportar para la causa su teléfono celular marca Samsung Galaxy 20 Note”.
Relata que informó además cuál era el “patrón de bloqueo” del aparato y que dijo que estaba ”a disposición del Tribunal para aportar las claves de acceso a aquellas aplicaciones o plataformas a las que no se pudiera acceder”. Rodríguez detalló, por ejemplo, que en WhatsApp tiene una “verificación de dos pasos que [el sistema] le pide cada tanto”, que también entregó por escrito.
El ingreso de Fabián "Conu" Rodriguez a los tribunales de Comodoro Py
“Agregó que tiene instalada la aplicación Dischord, pero nunca la activó, que no tiene Facebook ni Instagram. Que tuvo una cuenta en Instagram que utilizó hace muchos años, al igual que Twitter, pero no las tiene instaladas”, consigna el acta.
“Además, aporta su pasaporte de la República Argentina N° AAI294006 para que se mantenga bajo resguardo en el Juzgado. Por último, agrega el deponente que hay determinados dispositivos electrónicos que secuestraron en su domicilio, que pertenecen a sus hijas, suegra y esposa, por lo cual luego de poder acceder al informe del allanamiento, sus letrados realizarán una presentación pidiendo la devolución de los elementos que corresponda”, dice también.
Rodríguez dejó los tribunales de Comodoro Py poco después del mediodía sin hacer declaraciones sobre el caso.

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Silencio y preocupación en La Cámpora por las derivaciones del caso de espionaje que involucra a uno de sus hombres
“Conu” Rodríguez se presentó en Comodoro Py para entregar su teléfono, cuatro días después de haber sido allanado; la mira en las carpetas por peritar; el gesto de protección dentro del kirchnerismo
Cecilia Devanna
Fabián "Conu" Rodríguez al salir de los tribunales de Comodoro PY
La Cámpora se llamó a silencio por el escándalo de espionaje ilegal que rodea a Fabián “Conu” Rodríguez, subdirector en la AFIP y uno de los hombres con más llegada a la cúpula de la organización liderada por Máximo Kirchner. En el marco de ese caso, que estalló públicamente este lunes, Rodríguez se presentó este viernes en los tribunales de Comodoro Py para entregar su teléfono celular. Se trata del dispositivo que no había sido hallado en los dos allanamientos ejecutados cuatro días antes, y que se hicieron tanto en la casa particular del funcionario como en su despacho de la AFIP. Ayer estuvo cerca de quedar detenido como Ariel Zanchetta, expolicía federal y principal involucrado en el caso.
La presentación del teléfono de “Conu” Rodríguez abre un nuevo capítulo en la investigación. La expectativa por el peritaje del aparato genera desde cautela y expectativa, hasta las peores sospechas sobre lo que pueda suceder. En su paso por los Tribunales, el dirigente camporista entregó un Samsung S20 Note, dio la clave y se puso a disposición para entregar claves de acceso a aplicaciones y plataformas. También dio la respuesta a su pregunta de Telegram.
La actitud de Rodríguez para con la justicia contrasta con lo que sucedió en los últimos cuatro días, tras los allanamientos y poco menos de un día más tarde de que se conociera el pedido de detención en su contra, solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita y rechazado poco después por el juez del caso, Marcelo Martínez de Giorgi.
El fiscal Gerardo Pollicita
Los cuatro días que tardó Rodríguez en presentarse y entregar su teléfono abren paso a una ventana de tiempo que para distintas fuentes de la política y la justicia puede implicar el muy probable borrado de información sensible para el caso. Se trata de un punto que despejará el peritaje que se hará a partir de ahora sobre el aparato y en su defecto, de lo que se pudiera llegar a recuperar. También en ambos mundos dan por seguro que durante estas horas, Rodríguez estuvo asesorado por expertos.
A eso se suma la posibilidad de que desde hace cerca de dos meses, tras varios pedidos a organismos públicos por parte de la justicia en el marco de la investigación, el funcionario haya podido saber que estaba siendo investigado. Por lo que puede que la información y su eventual borrado se extienda desde entonces.
Por estas horas el oficialismo descuenta que el escándalo, cuyas derivaciones amenazan ser impredecibles por la magnitud de material a peritar, no impactará en la campaña electoral, pero sí subiste el temor a lo que pueda seguir conociéndose. A Rodríguez se le secuestraron, en su casa, 11 notebooks y 12 teléfonos celulares, además de dos discos externos y varios pendrives, que deberán ser peritados. Y hay más de 1100 carpetas que esperan ser abiertas y analizadas. Que lo sucedido hasta ahora es solo “la punta del iceberg” es una certeza para buena parte del oficialismo, que aunque asegura no sentir amenazada la elección no deja de mascullar en voz baja por lo que considera “un nuevo papelón camporista”.
Máximo Kirchner, jefe político de La Cámpora
El número de aparatos telefónicos y computadoras encontrados llamó la atención de varios hombres de las filas del oficialismo. “No es un delito, pero la verdad que es llamativo”, se sinceró un hombre del campamento oficialista.
Fuentes cercanas a Rodríguez dijeron que el funcionario no estaba en su casa en el momento del allanamiento porque se encontraba en el consultorio de un médico, con el que tenía cita, y destacaron que se presentó “voluntariamente”, sin que lo hubieran citado. La versión contradice con la que hasta la tarde de ayer daban en el propio búnker de Unión por la Patria en el que afirmaban que el funcionario estaba en su oficina cuando se produjo el allanamiento. Punto sobre el que se insistía pese a la información judicial y de las fuentes que afirmaban que no había sido así.
Gesto de protección
De momento, Rodríguez cuenta con el apoyo y la protección de La Cámpora: sigue en su puesto en la AFIP y le pusieron al estudio del excamarista Gabriel Cavallo para defenderlo, reconocido como uno de los mejores buffets del país. Una buena defensa puede significar la diferencia entre que la causa prospere o se hunda en un sinfín de trabas que la demoren o conduzcan a un eventual fracaso. “Lealtad” es una de las palabras que más se repiten por estas horas para sintetizar lo que sucede internamente con Rodríguez, de relación directa con Máximo Kirchner.
El expolicía federal Ariel Zanchetta
Rodríguez quedó involucrado en el caso por un intercambio con Zanchetta sobre la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Desde que comenzaron los contactos entre ambos y el pago de pauta oficial, el portal que tenía Zanchetta publicó 11 notas contra la funcionaria. Las publicaciones se cortaron abruptamente en la víspera de la invitación de Cristina Kirchner a Tolosa Paz y su marido, Enrique “Pepe” Albistur, al Teatro Argentino de La Plata a conmemorar los 10 años del triunfo de Néstor Kirchner.
Cerca de La Cámpora quienes aceptan hablar de lo sucedido creen que es un “garrón”, a la par de que consideran que eventualmente el mayor problema que podría tendría Rodríguez sería más de carácter político que judicial. “Quedó todo rayado”, sintetizan. Mientras que algunos en busca de “ayudarlo” lo describen como un funcionario de “tercera o cuarta línea”, otros dicen que lo sucedido “pudieron ser operetas, pero no espionaje”. Por el contrario están los que esperan el escándalo no crezca más antes de las elecciones en primer lugar y después, por el bien de una coalición que mira con zozobra una bolsa de espiados de los más variopinta y con consecuencias que, admiten, son insospechadas.

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Espionaje ilegal: las dificultades que tendrá la Justicia para encontrar información clave en el teléfono de Fabián “Conu” Rodríguez
Desde el allanamiento en su casa hasta hoy, el dirigente de La Cámpora tuvo cuatro días para borrar mensajes, aplicaciones o formatear el dispositivo, lo que dificultaría el peritaje
Ricardo Sametband
El dirigente de La Cámpora Fabián "Conu" Rodríguez al ingresar a los tribunales de Comodoro Py para dejar su teléfono por el caso de espionaje ilegal
El funcionario de la AFIP y dirigente de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez entregó este viernes su celular a la Justicia para que sea peritado. Lo hizo porque está siendo investigado por espionaje ilegal, acusado de haberle encargado tareas de inteligencia clandestina al espía Ariel Zanchetta y de haber financiado esas actividades con fondos públicos.
Como las comunicaciones de la mayoría de las personas pasan, casi inevitablemente, por un teléfono celular, es lógico que la Justicia busque allí pistas para avanzar con la investigación que podrán demostrar su culpabilidad o probar su inocencia.
El problema es que difícilmente logren encontrar algo clave en ese teléfono, y por una sencilla razón: cuando la Justicia allanó su casa el lunes, buscando ese celular y otros dispositivos (computadoras, por ejemplo) que sirvieran para seguir el rastro, Rodríguez no estaba en su domicilio; la Policía se llevó los teléfonos de sus hijas, su esposa y su suegra, pero no el suyo. Recién hoy, cinco días después, entregó el equipo. En ese tiempo pudo pasar cualquier cosa.
Es como requisar un auto en el que se sospecha que se cometió algún delito, pero darle unos días a alguien para que lo entregue: en el medio el auto pudo pasar por el lavadero, tener un cambio de tapizado, limpieza de motor, cambio de neumáticos, y adiós rastros. Con el agravante de que por como funcionan las computadoras, detectar cuándo algún cambio es nuevo y cuándo es viejo es más complejo.
Por supuesto, Rodríguez es inocente hasta que se pruebe lo contrario: el tema es que en estos días tuvo tiempo -si es que fue necesario- de borrar mensajes, aplicaciones y cuentas; pudo incluso formatear el teléfono, y los rastros de todo eso que habrá dejado serán migajas digitales, suficientemente pequeñas como para no servir de prueba.
Fabián "Conu" Rodríguez al salir de los tribunales de Comodoro PY
Toda la información que tiene una computadora (sea una PC, una tableta, un celular o un televisor) se almacena en una memoria; en un celular o una PC moderna, es un chip; en una PC antigua es un disco rígido. Esos datos se guardan en ese chip en múltiples fragmentos (en series de bits, es decir, largas cadenas de unos y ceros), y una suerte de índice le dice al sistema operativo dónde está guardada cada cosa.
Cuando se borra un archivo dependiendo del tipo de borrado, pueden pasar dos cosas.
Una, ese índice marca como “vacía” esa parte del chip donde antes decía que había, por ejemplo, una foto. Pero no pierde tiempo borrando el contenido; solo lo hará cuando necesite usar el espacio. En ese caso el archivo se puede recuperar, porque la foto sigue ahí. Hay mil aplicaciones que lo permiten para, por ejemplo, recuperar las fotos de las vacaciones que borramos por error de un pendrive. Pero se podrán recuperar si ese casillero que ahora está marcado como vacío no se usó luego para guardar otra cosa; en ese caso, la información original será destruida.
Dos, que al eliminar el archivo el sistema operativo haga un borrado más profundo (marcar el casillero como disponible para guardar cosas nuevas, y además reescribir los datos originales para que no pueda recuperarse). Esto no es nada extremo ni terreno de espías: cualquier celular moderno (incluyendo el Galaxy Note 20 en cuestión) lo permite, incluso para borrar el teléfono entero y arrancar de cero.

Samsung Galaxy S20 Note, el modelo del teléfono que entregó Conu Rodríguez en la Justicia
Además, la tienda de Google está llena de aplicaciones que analizan el almacenamiento que está marcado como libre y hacen una limpieza profunda, que evita que un tercero pueda reconstruir la información que tenía originalmente esa memoria: reorganizan esas cadenas de unos y ceros para que sean ininteligibles.
Mensajes encriptados
Pero en este caso, además, hablamos de mensajes dentro de aplicaciones como WhatsApp o Telegram, que permiten encriptar sus datos, y que no guardan cada chat como uno archivo independiente: si borramos un mensaje, o una conversación, lo que cambiará es toda la aplicación (o, en rigor, toda la parte de la aplicación dedicada a guardar los mensajes); no es posible “pescar” un mensaje individual desde afuera de la aplicación revisando la parte de la memoria que ocupa. Así que si se borraron conversaciones enteras no habrá manera de saberlo, sobre todo en Telegram, que puede configurarse para que los mensajes se borren después de cierto tiempo; si además se hizo una copia de seguridad nueva que “pise” las anteriores, esas conversaciones serán fantasmas digitales.
En el mejor de los casos (y suponiendo que el teléfono haya sido modificado a propósito) los peritos podrían notar que el teléfono está más “limpio” de lo esperado (o que todo se reinstaló en forma reciente), pero difícilmente encuentren algo más

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ESPIONAJE ILEGAL

En las cloacas. La trama oculta detrás del hackeo del teléfono del ministro D’Alessandro
Quedó en evidencia una red donde conviven la AFI, consultoras privadas y agentes inorgánicos de las FF.AA. y de seguridad
Texto Hugo Alconada MonMarcelo D’Alessandro, al pedir licencia como ministro porteño
La Justicia avanzó cuatro escalones y llegó a un punto muerto. Entonces irrumpió la política y se arrojó a las cloacas, con el presidente Alberto Fernández a la vanguardia. Un submundo donde sobran las operaciones y lo más visible –pero también lo más rudimentario– es la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y donde también se mueven agentes orgánicos e inorgánicos de las fuerzas de seguridad y algunas consultoras privadas que se encargan de los trabajos sucios por un fajo de billetes, según reconstruyó la nacion sobre la base de testimonios de funcionarios, exfuncionarios y expertos de las áreas de seguridad e inteligencia.
Hasta ahora, al menos seis investigaciones abordan distintas aristas vinculadas a las filtraciones telefónicas que tuvieron como protagonista central al ahora de licencia ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro. Algunas de esas causas penales lo tienen como imputado por la presunta comisión de delitos; otras, como víctima, al igual que el diputado nacional Diego Santilli, que por estas horas acumula ansiedad ante posibles filtraciones.
Una de esas investigaciones que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py permitió reconstruir parte de la metodología que se aplicó para robarle el teléfono a Santilli, en una operatoria similar a la que afrontó D’Alessandro. Incluye escalas en Buenos Aires y Misiones, según reconstruyó el fiscal a cargo de la instrucción, Federico Delgado, aunque su punto final podría ser, acaso, una cárcel. O policías deseosos de revancha.
El primer eslabón fue la empresa de telefonía Movistar. Detalló que Santilli perdió el control de su teléfono el viernes 14 de octubre, a través de un “SIM swap”; es decir, el cambio que él no pidió de la tarjeta SIM. Pero nadie se presentó en una oficina comercial de la compañía, sino que avanzó a través de su página de internet, a las 14.04, sin que debiera dejar un teléfono o correo de contacto ni quedara asentado desde dónde lanzó la ofensiva.
El atacante solo tuvo que responder cinco preguntas sobre Santilli de resolución sencilla para cualquiera con acceso a Google y, como máximo, un servicio como Nosis. Las preguntas fueron: “¿En cuál de las siguientes empresas trabajás o trabajaste?” (la respuesta fue un organismo público); “¿conocés a alguna de estas personas? (la respuesta fue alguien con su mismo apellido y el de su exmujer, Nancy Pazos); ¿en cuál de estas entidades tenés o tuviste una tarjeta de crédito? (la respuesta fue un banco público); ¿en qué localidad vivís o viviste?” y “¿cuál es tu categoría actual de monotributo según tu inscripción en AFIP?”.
Resultado: Santilli perdió el control de su teléfono durante cuatro horas, período durante el cual el atacante accedió a sus casillas de correo electrónico, sus conversaciones de WhatsApp, sus cuentas en redes sociales y su agenda de contactos. Es decir, material que el hacker pudo copiar y adulterar. Es decir, lo mismo que denunció D’Alessandro, quien de todos modos deberá dar explicaciones dentro de Pro sobre sus acciones, su nivel de vida y sus vínculos, por ejemplo, con la ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani.
Movistar le informó algo más a la Justicia. Le precisó que la tarjeta SIM que se usó para hackear a Santilli se la había vendido, junto a otras 29.999, a la empresa Comtel SA, segundo eslabón de la cadena.
Ante la consulta del fiscal Delgado, esa firma detalló que repartió las SIM en varias provincias, pero que la tarjeta de interés había sido remitida a Misiones, donde Comtel SA aclaró que había dejado de operar en agosto.
Comtel informó también que esa SIM –y muchas otras– terminaron en las manos de su vendedor en Misiones, Junior Gularte –tercer eslabón de la cadena–, que a su vez solía distribuir su mercadería entre locales y kioscos, entre otros puntos de venta. La Fiscalía lo citó y Gularte declaró que vendió ese stock final de tarjetas –incluida la SIM bajo la lupa– a un técnico de celulares y revendedor, el 9 de septiembre. ¿Su nombre? Elías Ezequiel Núñez Pinheiro, de Eldorado, Misiones. El cuarto eslabón.
Hasta allí, sin embargo, logró avanzar la pesquisa judicial. Porque Núñez Pinheiro confirmó que él recibió esa SIM, pero que la vendió junto a las demás a distintos comercios, sin asentarlo en un registro numerado. Explicó que salió en su automóvil a ofrecer las tarjetas y chips por Eldorado y ciudades aledañas, y que podría intentar reconstruir el recorrido, “de memoria”, pero que jamás podría precisar dónde vendió cada tarjeta.
Ante ese panorama, Delgado recomendó al juez archivar la investigación. Pero también pidió comunicarle los hallazgos a la autoridad regulatoria del servicio de telecomunicaciones para que adopte medidas que morigeren o reviertan las “vulnerabilidades” verificadas y que llevan a la suplantación de identidades, estafas y secuestros extorsivos, entre otros delitos.
Submundo
Si hasta allí llegó la Justicia, la política se zambulló en las cloacas. Desde Juntos por el Cambio afirman que el hackeo lo orquestó el oficialismo y especulan que podría haber recurrido a presos que se dedican a los secuestros virtuales y otras maniobras delictivas. “El plan último era pegotear a D’Alessandro o Santilli con el ataque de los ‘copitos’ a Cristina Kirchner, hackeando sus teléfonos para enviarles mensajes a [Fernando] Sabag Montiel o [Nicolás] Carrizo”, llegó a decir un extitular de los servicios de inteligencia ante la consulta  “Al final, eso no fue necesario porque se encontraron con un ‘tesoro’ en el celular de D’Alessandro que van soltando en grageas”.
Se le preguntó en qué basaba su afirmación de que el oficialismo estuviera detrás de las filtraciones. ¿Su respuesta? “¿Cómo explica que cuando Cristina Kirchner denunció un supuesto lawfare tras ser condenada se filtró el material sobre Lago Escondido y cuando el Gobierno se cruzó con la Corte Suprema por la coparticipación justo salieron a la luz los intercambios entre D’Alessandro y la mano derecha de [el presidente del tribunal, Horacio] Rosatti?”. De allí a que la oposición denunciara la existencia de una supuesta “mesa militar” dentro de la AFI vinculada al exjefe del Ejército teniente general (RE) César Milani, apenas medió un paso, aunque el organismo que lidera Agustín Rossi, según coinciden quienes pasaron por allí, carece del equipamiento y de los recursos humanos para algo consistente.
Desde el oficialismo rechazaron esas versiones y reclamaron que Juntos por el Cambio se mire en el espejo. “D’Alessandro es ‘víctima’ de la interna que carcome a su espacio político”, dijo el presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, Leopoldo Moreau, a la nacion. “Estoy seguro de que detrás de todo esto está la Policía de la Ciudad, cuyos agentes prestó [Horacio] Rodríguez Larreta a [Mauricio] Macri para que trabajasen en la AFI, donde integraron el grupo ‘Super Mario Bros’. Ahora le están pasando factura por haberles soltado la mano cuando la Justicia los procesó a ellos como ‘cuentapropistas’, mientras protegía a los eslabones superiores. Eso la mafia te lo cobra”.
Sin importar qué hipótesis pueda tener asidero o consistencia –mucho menos constatarla con evidencias–, las sospechas que afloran en ambos lados de la grieta comparten un denominador común: unos y otros descartan que el hackeo haya sido realizado por sectores ajenos a las cloacas de la política.
El contexto tampoco ayuda, ni los antecedentes recíprocos. Durante el macrismo, la AFI maniobró para que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, interviniera teléfonos de la cárcel de Ezeiza para, en teoría, escuchar al “rey de la efedrina”, Mario Segovia. Pero en la práctica se utilizó para espiar a otros internos, como Julio De Vido, Amado Boudou y Ricardo Jaime, empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa, y sindicalistas como Juan Pablo “Pata” Medina, entre otros. Sin olvidar, tampoco, el espionaje ilegal al Instituto Patria, referentes de la Iglesia y periodistas, o la filtración de las conversaciones telefónicas entre la actual vicepresidenta y Oscar Parrilli.
El kirchnerismo tampoco puede declamar pureza. Abrevó en los servicios de Antonio “Jaime” Stiuso y Fernando Pocino durante años para espiar opositores, presionar a empresarios y periodistas, y resolver entuertos judiciales, a tal punto que Gustavo Beliz salió eyectado del Ministerio de Justicia cuando alertó sobre las operaciones ilegales de la ex-SIDE. Y el juez federal Norberto Oyarbide declaró cómo le “apretaron el cogote” dentro de su propio despacho de tribunales para que sobreseyera a Néstor y Cristina Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, entre otros hitos. Eso, sin olvidar los carpetazos contra Enrique Olivera y Francisco de Narváez durante las campañas electorales de 2005 y 2009 (basados en información falsa). O la cadena nacional que protagonizó el presidente Alberto Fernández para exponer las revelaciones surgidas del hackeo ilegal al teléfono de D’Alessandro.
Servicios privados
Pero a la AFI y a los servicios de inteligencia que tienen las fuerzas como la Policía Federal, la Gendarmería o la Policía de Seguridad Aeroportuaria se suman los servicios de las Fuerzas Armadas, que tampoco agotan el espectro. Varias consultoras y agencias del sector privado recurren a mano propia y a espías, policías y militares retirados y en actividad.
Así es como una consultora privada puede ofrecer una base con datos personalísimos de una empresa de telefonía celular a funcionarios de las áreas de seguridad y tecnología de un par de provincias, según reconstruyó la nacion. Citó a uno de ellos, de la provincia de Santa Fe, y le mostró un “demo” con sus capacidades en un restaurante contiguo al Hotel Hilton de Puerto Madero. ¿Valor? En dólares.
Lejos de ser una rareza o una excepción, sin embargo, esa consultora es una de las varias que ofrecen prestar los servicios que la Ley Nacional de Inteligencia veda al Estado.
En los tribunales de Comodoro Py yace un expediente que instruyó el entonces juez federal Sergio Torres. Plasmado en miles de fojas, consta cómo otra de esas agencias privadas traficó –durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner– con información privada de funcionarios, fiscales, empresarios, abogados, periodistas y un largo etcétera. Desde Alberto Nisman hasta Matías Garfunkel, y del entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, a Jorge Lanata, además de abundar las alusiones a supuestos delitos cometidos, años atrás, dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aerolíneas Argentinas y el Poder Judicial.

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