CONU RODRIGUEZ, ESPIONAJE ILEGAL, FERNANDEZ LO DESPLAZÓ EN EL 3ª PEDIDO Y ATAQUE A LA JUSTICIA

Piden indagar por espionaje a un jefe de La Cámpora
Un fiscal quiere citar a Conu Rodríguez; fue echado de la AFIP
Hernán CappielloFabián “Conu” Rodríguez fue desplazado de la AFIP
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió nuevamente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que indague al funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de encargar la realización de tareas de inteligencia ilegales al expolicía preso Ariel Zanchetta. También le requirió que interrogara a tres exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contrataban esos servicios. Rodríguez, que es dirigente de La Cámpora, fue desplazado de su cargo por un decreto que firmó ayer Alberto Fernández, luego de dos pedidos para que dejara su cargo que no fueron acatados.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer nuevamente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que indague al funcionario de la AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de encargar la realización de tareas de inteligencia ilegal al expolicía preso Ariel Zanchetta. También le requirió que interrogue a tres exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que contrataban esos servicios.
La solicitud abarca también al propio Zanchetta, para que se amplíe su declaración indagatoria. Asimismo, el fiscal estableció que el 6 de noviembre, cuando la policía allanó la AFIP en busca de “Conu” Rodríguez para secuestrar su teléfono celular, el funcionario estaba en el mismo edificio, pero en otras oficinas, para eludir la búsqueda. Pollicita hizo ese descubrimiento con información de los registros de entradas y salidas, y de las cámaras de seguridad de la AFIP.
Así surge de un dictamen que elaboró el fiscal y que puso consideración del juez Martínez de Giorgi, dijeron fuentes judiciales a la nacion. El documento de más de 600 páginas describe la maniobra, los hechos, la manera en que la AFI reclutó a Zanchetta, cómo se seleccionaban los “objetivos” para producir inteligencia, la metodología de trabajo, el uso de informantes, la utilización de cámaras ocultas, cómo se sistematizaba y analizaba la información, de qué modo el Estado financiaba con dineros públicos este espionaje ilegal y la significación jurídica de los casos detectados.
La investigación estableció que la “asociación criminal” no solo tenía en la mira a jueces -lo que fue el origen de esta causa-, sino que se trató de “una red de espionaje más amplia” cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas -políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales- sobre los que se realizó recopilación de inteligencia, almacenamiento, sistematización y análisis de información de cientos de personas, la filmación a escondidas de los objetivos, el acceso indebido a bases de datos de acceso restringido de organismos públicos y a correspondencia privada y la divulgación de parte de aquella información.
El “objetivo” era trabajado mediante el hackeo de su celular cambiando el chip del teléfono, obteniendo líneas a su nombre para producir inteligencia del “blanco”. Zanchetta fue policía federal durante 25 años y, en 2009, cuando trabajaba allí lo reclutó la SIDE primero como espía inorgánico. Pero no trabajaba solo sino que lo hizo en conjunto con los tres exfuncionarios de la AFI a los que el fiscal les pidió ahora la indagatoria.
Los nombres de esos tres exagentes están protegidos por la ley de inteligencia y son secretos, pero uno cumplía funciones de jefe, otro de “agente de reunión” de información y el tercero como “agente operativo”. Ya no revistan más en la AFI, según informó el organismo. Entre 2009 y 2015 Zanchetta actuó para estos tres espías y les proveyó 168 partes de inteligencia a su pedido. En la computadora Toshiba del expolicía se hallaron 1196 informes de inteligencia.
A través de correos electrónicos con direcciones de fantasía, los agentes le señalaban a Zanchetta una persona física o jurídica como “objetivo”, a veces sin mayores especificaciones, otras veces aclarando el tipo de información en particular que requerían o el enfoque especifico a resaltar. En otras oportunidades, le pedían “todo lo que haya” o un “informe completo”.
Zanchetta además trabajaba “con el actual Subdirector General de Servicios al Contribuyente de la AFIP, Néstor Fabián Rodríguez”, conocido como “Conu”, cercano a La Cámpora. Zanchetta se comunicaba por Telegram con este funcionario y el fiscal no descartó que se hubieran borrado comunicaciones entre ellos. Cuando la Policía allanó la AFI en busca del funcionario, estaba en el edificio. Ingresó a las 10.30 y salió a las 21.55, según informó oficialmente el organismo a la justicia, lo que consta en el dictamen fiscal.
Pollicita estableció que de las conversaciones del celular de Zanchetta se desprende que le “reportaba” su actividad a Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, quien le seleccionó un “blanco”, que fue la ministra Victoria Tolosa Paz. El expolicía reunió, analizó y sistematizó información y le envió el resultado de inteligencia ilegal a través de un parte, y que lo publicó en el portal digital Enclave, que era financiado con dinero público, lo que aquel le pidió en relación al “objetivo” indicado.
La relación entre Zanchetta y el “Conu” Rodríguez data de 2022, señaló el fiscal que encontró mas de diez mil audios de Whastsapp y en algunos de ellos donde se menciona al funcionario. Según informó el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, ingresó el 2 de agosto de 2022 a las 9.45 horas Ariel al edificio central del organismo, en La Plata, a visitar al “Conu” Rodríguez y se fue a las 10.42 horas.
Entre las fuentes de Zanchetta se cuentan informantes que aportaban datos de la filiación política, cercanía de los investigados o su eventual pertenencia a los servicios de inteligencia, como lo señalan dos partes, donde en uno de ellos identifica a un militar cercano al exjefe del Ejército César Milani y en otro a un policía federal dedicado al espionaje conocido en la jerga como “pluma”.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Alberto Fernández lo desplazó por decreto
El Presidente ordenó la remoción de Conu Rodríguez luego de dos pedidos que no fueron acatados
Cecilia Devanna
Alberto Fernández firmó ayer el decreto con el que desplazó de su cargo al camporista y funcionario de AFIP Fabián “Conu” Rodríguez, acusado de espionaje ilegal. Fue a través de un decreto al que accedió la nacion en el que el mandatario consignó: “Que, atento los hechos de público conocimiento, en la presente instancia resulta necesario disponer el cese del mencionado funcionario en el cargo citado precedentemente”, en referencia a Rodríguez en el cargo de Subdirector General de Servicios al Contribuyente de AFIP.
Fue el corolario de un búsqueda a lo largo de casi un mes, en el que el presidente intentó, sin éxito, en dos oportunidades que Rodríguez, hombre de Máximo Kirchner, diera un paso al costado.
El primer pedido de Fernández fue poco después de conocido el caso. Esperó que se concretara después de las elecciones del pasado 19, para evitar ruido en la campaña. No sucedió nada. Por eso volvió a insistir esta semana, vía Carlos Castagneto, todavía titular de la AFIP. Creyó que este viernes se concretaría, pero tampoco sucedió. Rodríguez, que pidió licencia poco después de que estallara el caso, seguía sin hacer caso a la orden presidencial, amparado en el respaldo político que representa su pertenencia a La Cámpora.
Por eso luego del paso de las horas sin noticias, en las que además se conoció un nuevo dictamen del fiscal Gerardo Pollicita que pidió la indagatoria de Rodríguez -estaba en el propio edificio de la AFIP mientras se hacía un allanamiento en su despacho, pero se mantuvo en otras oficina para eludir a la justicia-, Fernández tomó la decisión de rubricar el decreto.
En una entrevista al Diario.ar de este domingo, Fernández se había referido al tema al sostener:
“Desprecio esa metodología de la política. La persona que apareció vinculada a eso [Rodríguez] estaba trabajando ahora en la AFIP como planta permanente. Le pedí a [el jefe de la AFIP, Carlos] Castagneto que lo cesara para que no gozara de ningún privilegio funcional durante la investigación. La persona se adelantó y pidió licencia. El juez no tomó ninguna determinación hasta ahora. Todo lo que está apareciendo en esa causa es realmente asqueante”.
En paralelo a esos pedidos, desde la AFIP se solicitó la apertura de un sumario en su contra, sobre el que ahora deberá decidir si se abre o no. Deberá decidir la Procuración General del Tesoro (PGT), ya que Rodríguez tiene un cargo jerárquico y ese es el procedimiento en ese tipo de casos. En tanto desde el organismo se resalta que colaboraron con toda la información requerida por la justicia, tomando distancia de un eventual encubrimiento frente a lo sucedido.
Los avances judiciales del caso tienen su correlato en la política, en especial en el oficialismo, donde la bronca por lo sucedido, luego de conocerse que había espionaje ilegal contra diferentes miembros del espacio, que se traducía en “operaciones de prensa”, también a través de la pauta en manos del funcionario, fue la confirmación de lo que muchos ya intuían. “La causa demuestra que funcionarios K hacían espionaje ilegal. Pueden disfrazarlo de “operaciones” de prensa, pero es violación a la ley de Inteligencia”, explican. “No importa si el fin eran operaciones de prensa, eso no está penado. La violación a la ley de Inteligencia, sí”, completan.
El enojo es tal que buena parte de los oficialistas consideran que el caso puede terminar de marcar un quiebre.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Advierten que el juicio a la Corte es un fuerte ataque a la Justicia
La Academia de Derecho cuestionó la ofensiva kirchnerista
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresó su rechazo al juicio político contra los ministros de la Corte Suprema y consideró que se trata de una acción que “violenta la independencia del Poder Judicial”.
El proceso fue impulsado por el kirchnerismo en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde el martes pasado se aprobó un dictamen acusatorio con el apoyo de 16 legisladores. Horas antes se dispuso una polémica maniobra que consistió en reemplazar a seis miembros del oficialismo que no estaban convencidos de firmar el texto.
“Creemos necesario manifestar nuestra desaprobación, no solamente a las causas que originan el juicio político en sí, sino también al desenlace final que ha conducido a la emisión de los aludidos dictámenes”, sostiene la Academia en una declaración firmada por su presidente, Juan Carlos Cassagne, y el secretario Eduardo Sambrizzi.
En esa línea, amplía la declaración que “si el Congreso se erige en acusador y juez de los ministros de la Corte Suprema en razón del contenido o de la decisión de los fallos que el Tribunal emite, se violenta la independencia del Poder Judicial y, con ella, la separación de poderes”.
Añade que si ese desacuerdo político se canaliza de la manera que intentó el gobierno saliente se incurre en “una amenaza a la estabilidad funcional de los magistrados judiciales, cuyo velo el artículo 53 de la Constitución solo permite que sea descorrido en casos de mal desempeño, de delitos cometidos en ejercicio de la función o de crímenes comunes”.
Los académicos cuestionan la decisión de cambiar a último momento la composición de la Comisión de Juicio Político. Los nuevos integrantes difícilmente hayan podido leer en el escaso tiempo que transcurrió entre su designación y la votación el voluminoso expediente acumulado a lo largo de más de un año de deliberaciones. “Nadie, por muy capaz y dedicado que sea, puede llevar razonablemente adelante esa tarea”, dicen. Y señalan la anomalía de que resoluciones de esta magnitud se aprueben a escasas dos semanas del recambio legislativo, sin que puedan opinar los nuevos diputados surgidos del proceso electoral de este año.
La Academia Nacional de Derecho deja sentada, así, su posición en favor de que la Cámara rechace la acusación contra los jueces de la Corte Suprema, en función de “la salud institucional del país y su prestigio internacional”.
“Por razones de prudencia institucional, esta corporación ha preferido no emitir, hasta ahora, una opinión sobre su desarrollo, ni sobre las causas que lo han impulsado, aguardando que concluyera la investigación promovida contra los más altos magistrados de nuestro país”, advirtió la Academia Nacional de Derecho, que ha seguido el desarrollo del trabajo de las audiencias de la comisión legislativa en los últimos 11 meses. Expresó, finalmente, su desaprobación por las causas que originan el pedido de juicio político y el desenlace de la comisión.

http://indecquetrabajaiii.blogspot.com.ar/. INDECQUETRABAJA