MARTÍN RODRIGUEZ YEBRA ANALIZA Y OPINA,

El Frankenstein del conurbano inquieta

La rebelión policial exhibió no solo los problemas estructurales de la provincia, sino también la fragilidad operativa del oficialismo

• Martín Rodríguez Yebra

Presidenci

Axel Kicillof agotó el celular la madrugada del martes mientras una cuadrilla de policías armados quemaba gomas a las puertas de la residencia oficial donde vive con su familia. Cristina Kirchner, su hijo Máximo y Alberto Fernández le prometieron auxilio, entre palabras de contención emocional.

Al gobernador bonaerense lo asaltó el peor de los temores: que las sirenas de la rebelión policial fueran el inicio del estallido tantas veces vaticinado en un conurbano azotado por la pandemia, el déficit de viviendas, la pauperización social y el delito violento.

Sus valedores tardaron 48 horas en dar con un parche; lo que les costó hallar un culpable perfecto. En ese lapso llovieron discusiones, pases de facturas y broncas internas. Pero ante todo reinó la perplejidad por un conflicto que escaló hasta niveles indigeribles.

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, se paseó por la cuerda floja. La protesta policial desinfló el mito del sheriff que comanda esa tropa destartalada de 90.000 efectivos. En el gabinete provincial, los leales a Kicillof señalaron a Berni ante semejante reto a su autoridad. La continuidad del ministro entró al final en el paquete que delinearon Alberto Fernández y los dos Kirchner. El decreto que quitó 1,18 puntos de coparticipación a la ciudad para financiar el aumento a los policías era un salvavidas para Kicillof, pero también para Berni. Al menos por ahora.

Cristina Kirchner ve al conurbano como la capital de su proyecto político. Fernández no parece disentir. Haber cedido sin condiciones ante un movimiento anárquico de policías en actitud piquetera fue un sapo que hubo que tragar para evitar males mayores. Todo pérdida para la autoridad presidencial. Quizá no tanto para la vicepresidenta: el zarpazo sin aviso a los porteños pulverizó la confianza entre Fernández y Horacio Rodríguez Larreta (y la oposición entera). El Presidente del diálogo, despojado de su rasgo distintivo. El Frente es cada vez menos de Todos y más de Ella.

A Cristina le fastidia Larreta. no tolera la buena percepción que hay de él en el conurbano en las encuestas que mira. Lo considera una injusticia, sostenida por la “opulencia” (palabra de ella que verbalizó el Presidente) de la ciudad autónoma. De ahí el esfuerzo didáctico de Máximo Kirchner en explicarles a los bonaerenses el descaro que constituyen los canteros iluminados de la 9 de Julio.

La respuesta de Larreta

Arrastrado a la guerra, Larreta preparó su réplica como si fuera un lanzamiento presidencial. Les habló a “los argentinos” y exhibió un currículum de político eficaz: “Yo no creo en la improvisación, creo en la planificación y en las políticas de Estado”.

La disciplina en la comunicación es un rasgo de fábrica. Leyó de un teleprónter para no errar el tono, en la delicada misión de contentar a los duros de Juntos por el Cambio sin emularlos. Si toda crisis trae una oportunidad, Cristina y Alberto le regalaron 40 puntos de rating en un pedestal de líder nacional cuando aún le quedan unas cuantas almas por conquistar en su propio terreno político-electoral. La campaña –por mal que le pese– se adelanta, con la pandemia en su pico.

Le tienen limitada fe al planteo judicial en la Corte. “Hay una decisión tomada de desfinanciar a la ciudad. Si no es con esta herramienta, usarán otras”, se resigna un aliado de Larreta.

Al kirchnerismo el conflicto institucional le preocupa menos que acomodar la gestión bonaerense, por momentos pasmada con la sucesión de crisis a punto de desbordarse (contagios, delitos, tomas de tierras, demandas sociales), en un contexto nacional de recesión severa.

El cúmulo de fondos discrecionales que recibió Kicillof de la nación en el año a cuento de la pandemia (más de $100.000 millones) dio otro salto con el plan de seguridad que se anunció el viernes 4. Descartó entonces aumentar el sueldo de los policías, con la lógica de evitar reclamos en cascada de maestros, médicos y estatales.

Antes de una semana tuvo lo peor de ambos mundos: concedió el aumento bajo presión y ya se armó la fila de demandas sindicales. 30

Al igual que el Presidente, el gobernador se escandalizó por la inequidad que sufre Buenos Aires en el reparto de fondos.

La indignación del kirchnerismo por la sequía financiera bonaerense

años de crisis

resultó todo un espectáculo: como ver al doctor Frankenstein denunciando la aparición del monstruo y clamando por un responsable.

El incesante deterioro del conurbano tiene una raíz económica –la falta de alternativas al proceso de desindustrialización iniciado en los 70– y otra eminentemente política, en su concepción como plataforma de sueños presidenciales de sucesivos jefes peronistas desde los años 80.

En 1988 Raúl Alfonsín pactó con los gobernadores del PJ la actual ley de coparticipación. El bonaerense Antonio Cafiero aceptó distribuir entre las provincias que apoyaban su plan presidencial una porción de los fondos que le correspondían a su distrito, tal vez con la idea de que tendría luego opción de reponerlos cuando ganara. Buenos Aires cedió más de seis puntos respecto del acuerdo que regía.

La victoria sorpresiva de Carlos Menem en la interna justicialista quemó los papeles. En 1991, urgido de un triunfo bonaerense, le ofreció ser gobernador a su vice, Eduardo Duhalde. De las exigencias de este para aceptar, nació el Fondo del Conurbano. La ley 24.073, de 1992, estableció que el 10% de lo recaudado al año por el impuesto a las ganancias se destinaría a financiar obras de carácter social en Buenos Aires.

Duhalde disfrutó de una caja inmensa para asfaltar su ruta a la Casa Rosada. Años de inauguraciones felices de cartón piedra se agotaron cuando Menem logró el permiso para la reelección. Los aliados pasaron a ser enemigos. En 1996, el riojano le puso un techo de $650 millones al Fondo del Conurbano. El excedente iría a otras provincias. Duhalde se lanzó a endeudarse para compensar lo perdido. Fracasó en las elecciones de 1999, pero no en construir un aparato político sin par, amalgamado por el dinero público. Un bolsillo sin costuras.

Después de la explosión de 2001 y la megadevaluación subsiguiente, el santacruceño néstor Kirchner aterrizó en la Casa Rosada en 2003 sin poder propio. Comprendió de entrada que debía capturar la estructura duhaldista. Su jugada maestra consistió en no actualizar jamás el tope de $650 millones del Fondo del Conurbano, que por efecto de la inflación se fue convirtiendo en una partida insignificante para Buenos Aires y gigante para las provincias que, de rebote, recibían el excedente.

Kirchner atrajo a los intendentes con obras y subsidios. Siempre gestionados desde la Casa Rosada. “nunca les des caja a estos tipos”, solía decir. Se cansó de denunciar “el despilfarro” de Duhalde en los 90, ante la decadencia evidente de la infraestructura, los servicios y el tejido productivo del conurbano. Al aparato existente sumó a los piqueteros, actores emergentes de una geografía empobrecida. Felipe Solá, el gobernador de entonces, quedó relegado a un tercer plano. El jefe de Gabinete nacional era Alberto Fernández, que nunca expresó incomodidad con esa línea.

Para 2005, el kirchnerismo había fijado residencia en el Gran Buenos Aires. no dejó nunca más de alimentar al monstruo. El siguiente gobernador, Daniel Scioli, aceptó el papel de delegado sin poder y se dedicó a invertir partidas que sí podía administrar para su promoción personal hacia la presidencia. Coronó el plan con la duplicación de la policía bonaerense. La cuenta imposible: menos coparticipación, más gasto, más deuda. La caja de Buenos Aires ahondó su sequía y el aumento de las transferencias al interior en estas décadas de poco sirvió para crear polos alternativos de desarrollo. El conurbano y la miseria siguieron creciendo.

Axel Kicillof nunca revisó la desfinanciación bonaerense cuando fue ministro de Economía, de 2013 a 2015. El Fondo del Conurbano se liquidó a fines de 2017 después de que María Eugenia Vidal litigó en la Corte para eliminar el tope que lo había jibarizado. El pacto fiscal le dio a la provincia $21.000 millones para 2018 y otros $44.000 millones para 2019, actualizables por IPC. Recuperó fondos, aunque también aceptó absorber subsidios que pagaba la nación. El diputado porteño Kicillof votó en contra de aquella ley.

Ahora, desde el sillón principal de La Plata, exige justicia distributiva con su nombre anotado en lápiz en las quinielas presidenciales. La saga continúa. Él tiene una ventaja respecto de sus antecesores: quien maneja el poder se desvive por apuntalarlo. Quien firma los cheques demostró que también. ¿Qué pasará si el dinero no alcanza? La opción de recortar hasta otro punto de la coparticipación de la ciudad sigue sobre la mesa, mitad amenaza, mitad remedio al alcance de la mano. Botones rojos.

Es la receta universal del kirchnerismo: la plata la pone el que más tiene. nunca es tiempo de ampliar la torta. El karma del conurbano –y en apariencia del país–: siempre menos.

MARTÍN RODRIGUEZ YEBRA ANALIZA Y OPINA,

Fernández busca un nuevo libreto
En el Gobierno detectaron que el Presidente está perdiendo empatía con la sociedad y que requiere ajustar sus prioridades; el objetivo ahora apunta a lograr una recuperación económica
Martín Rodríguez Yebra
El cronograma que trazó Alberto Fernández ante la irrupción del Covid-19 contemplaba una secuencia lineal: primero derrotar al virus, después enfrentar sus consecuencias. Lo convirtió casi en un dogma humanitario, sintetizado en aquello de “salvemos las vidas que ya habrá tiempo para pensar en lo material”. El éxito que llegó a proclamar el Presidente se revela hoy como un espejismo. Los estragos socioeconómicos de la pandemia y la cuarentena asoman con la urgencia de lo impostergable, mientras los contagios están fuera de control.
El Gobierno se resignó a buscar un nuevo libreto ante el peligro de ahondar una desconexión de las preocupaciones ciudadanas que registran las encuestas de opinión pública desde junio.
Se acabaron los anuncios didácticos y los tirones de orejas a la gente por no cuidarse. El “quedate en casa” es un eslogan gastado después de medio año. La cuarentena existe y seguirá, pero ya no puede ser el eje principal de su intercambio con la población, se decretó. Fernández aceptó el riesgo de la contradicción al autorizar las reuniones sociales al aire libre el día en que la Argentina acecha rampante el top 10 mundial de infectados. Despachó tres semanas más de aislamiento con un mensaje de cinco minutos por redes sociales y con filminas que pasaron como un suspiro.
El giro obedece no tanto a las diferencias crecientes con Horacio Rodríguez Larreta, que agrietaron el “pacto del Covid”, sino al diagnóstico de que el Gobierno está perdiendo empatía con la sociedad. Se lo han advertido al propio Fernández dirigentes del peronismo a los que el aislamiento no les afectó el sentido del olfato político.
Una señal de alerta fue la despreocupada e inexplicada foto con la familia Moyano, sin barbijos ni distanciamiento social, en momentos en que se le reclama a la ciudadanía no visitar a familiares ni amigos.
Pero el cénit de esa disociación se alcanzó con la reforma judicial. El proyecto que Fernández presentó como su legado personal a la transformación institucional argentina quedó convertido en un instrumento de los intereses particulares de Cristina Kirchner. La sesión virtual del Senado que derivó en su aprobación resultó un sainete que terminó con un festival de nuevos cargos creados de viva voz a la luz de la medianoche.
La reforma que la propia Cristina despreció en público ya no es prioridad para Fernández. La dejará madurar en la Cámara de Diputados a la espera de los votos que le faltan, pero sin voluntad de derrochar más capital político en su defensa. Su prioridad de estas tres semanas en que no tendrá que pensar en cómo extender la cuarentena consiste en reconectar con la agenda social, que es una forma de volver a pensar en sí mismo como líder político.
En el altar de la unidad del Frente de Todos ya sacrificó buena parte de su atractivo como dirigente. Es decir, la capacidad de saltar la grieta y resultar atractivo para una buena porción de los votantes que rechazan a Cristina Kirchner.
La pandemia le dio la opción de diferenciarse. De construir un espacio de concordia con sectores de la oposición, encarnados principalmente en el jefe de gobierno porteño. Pasó. Tampoco se tentó con quienes le ofrecían armar el “albertismo”. En cada curva dobló hacia donde avanzaba su vicepresidenta. Difícilmente deje de hacerlo.
no fue casual que el viernes cristalizara su alejamiento de Larreta con una declaración sobre “la Buenos Aires opulenta” que, según dijo, lo llena de “culpa”. Una carga que se supone en extremo dolorosa para un tradicional vecino de Recoleta y, últimamente, de Puerto Madero. Cristina –que vive e invierte en los mismos barrios– se había anticipado hace tiempo cuando denunció en La Matanza que en la Capital iluminaban “hasta los helechos”.
Si la mímesis con su mentora le quita atractivo político y electoral, le queda adentrarse en el sendero de la administración de la crisis socioeconómica para tallar su liderazgo personal.
La semana que empieza se lo verá al frente del gran anuncio de las 60 medidas (serán algunas más) con las que apunta a reactivar sectores claves de la economía, como la construcción, el turismo y la industria liviana. Es en general un compendio de incentivos estatales enfocados en el corto plazo.
“Será ante todo una señal de oxígeno, no un plan económico”, señala un funcionario involucrado en la danza de papers que van y vienen en estas horas hasta las oficinas de la Jefatura de Gabinete a la espera de completar el paquete definitivo.
La idea es acompañar con un impulso a la economía real el resultado que se descuenta alentador del canje de deuda y antes de las noticias seguramente menos atractivas que impondrá la negociación con el Fondo Monetario internacional (FMI). Recaudar más y gastar menos, claves para alcanzar el acuerdo, solo pueden significar decisiones impopulares.
En el equipo económico, con Martín Guzmán fortalecido, se enfocan primero en la difícil administración del desastre que dejaron el coronavirus y (aunque nunca lo admitirán) la cuarentena sin fin. Lo más parecido al plan por escrito que prometió alguna vez el ministro es el proyecto de presupuesto, fruto de tensiones internas infinitas en estos días.
La parálisis de la actividad contuvo el alza de la inflación, el empleo se sostiene a fuerza de prohibiciones, los dólares se esfuman a pesar de los cepos. Ese efecto del aislamiento influye en la resistencia de Fernández a las presiones para flexibilizar más. “Es como desactivar una bomba. Hay que ir con cautela y cortar el cablecito indicado o todo vuela por los aires”, señala una fuente del equipo económico.
Inseguridad
Otra consecuencia grave de la depresión económica es el rebrote de la inseguridad, con focos muy preocupantes en el conurbano. La advertencia de Eduardo Duhalde sobre el golpe de Estado y “la anarquía con olor a sangre” resultó caricaturesca, pero el trasfondo de una crisis profunda en el bastión principal del kirchnerismo es algo que ocupa las charlas de la residencia de olivos desde hace días.
El martes, casi al mismo tiempo que las declaraciones de Duhalde impactaban en los medios, Fernández avanzó en una reunión de palacio con los lineamientos del plan de seguridad que piensa anunciar esta semana. Estaban los intendentes Juan Zabaleta (Hurlingham), Martín insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Fernando Espinoza (La Matanza), además de varios de sus ministros y el gobernador Axel Kicillof.
Los intendentes resaltaron el creciente malestar que afecta directamente a sus votantes. “no podemos dejarle esa bandera a la oposición para el año que viene”, dijo uno de ellos. Es la misma lógica que siguió Cristina al ubicar a Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad. El conurbano requiere un sheriff, no intelectuales ideologizados.
Lo que Fernández prometió es una inversión del orden de los 8000 millones de pesos para comprar patrulleros, cámaras y botones antipánico, más la refacción de comisarías y la construcción de más módulos carcelarios.
El deterioro de la situación social genera un pánico inconfesable en el oficialismo. Kicillof lleva a menudo a olivos su inquietud por las tomas de tierras. El paro de los ferroviarios por las ocupaciones en tierras por donde pasa la línea Mitre fue otra señal de alarma proveniente del interior del peronismo.
Septiembre amanece como una vuelta a empezar para Alberto Fernández. El virus sigue imparable. Cristina está, según dijo en el Senado, en su “mejor momento”. Al menos, en cuanto a su dominio del tablero político. Como al principio, al Presidente le urge revivir la economía. Lo mismo, pero peor. Con el país en un tobogán de deterioro y la política empecinada en descartar la medicina del acuerdo.

MARTÍN RODRIGUEZ YEBRA ANALIZA Y OPINA,

Las palabras del Presidente contra sí mismo
Martín Rodríguez Yebra
Alberto Fernández ejerce un novedoso pragmatismo invertido. En lugar de ajustar sus ideales en función de intereses de corto plazo, ensaya una persistente reinvención personal que devalúa sus principales activos políticos y dificulta la consecución de los objetivos que se propone.
El ataque del domingo contra Mauricio Macri constituye otro eslabón en esa estrategia: quema puentes que le impiden acercarse a una oposición con capacidad de bloqueo y limitan su empatía con los sectores no kirchneristas que lo votaron o que, sin haberlo apoyado, se esperanzaron con la fundación de una etapa distinta en la Argentina.
Recostado en el facilismo de la grieta, Fernández atenta contra sí mismo. Es cristinismo sin cara amable. Hacia adentro diluye su potencial. Hacia afuera se limita a disputar el trofeo del mal menor.
Su argumento de que “estamos mejor este año con la pandemia que en 2019 con el gobierno de Macri” persigue apenas el aplauso que ya tiene. Hoy trató de sostenerlo con datos, al mostrar que la destrucción de empleo registrado fue similar en los primeros cinco meses de cada año, aunque sin decir que en 2020 rigen la prohibición de despidos y la doble indemnización. Es como festejar que hayan bajado los accidentes de tránsito. La histórica disrupción del coronavirus hace vana cualquier comparación.
Cuando contó en radio una supuesta frase que le dijo Macri contra la cuarentena –“que se mueran todos los que tengan que morirse”– también infligió un daño a su confianza personal. Independientemente de que Macri niegue haberle dicho eso, lo habitual es que un presidente respete la confidencialidad de los diálogos de ese nivel.
Si en política el juicio ético muchas veces queda subordinado a la tiranía de los resultados, lo curioso en este caso es que Fernández consigue lo contrario a lo que necesita. Unifica a una oposición cruzada por serias diferencias estratégicas e intereses personales, cuando su juego era fracturarla. Pierde el apoyo de sectores medios a los que él se ofrecía como una evolución positiva del kirchnerismo. Frustra a los moderados del Frente de Todos a los que ilusionó con fundar el “albertismo”. Y reduce sus acciones como valor electoral ante Cristina Kirchner, al mimetizarse con ella. El proceso se acentuó después de la multitudinaria protesta del 17-A, en gran parte gestada en rechazo de esa reconversión presidencial.
Las encuestas –biblia de los pragmáticos– revelan cómo perdió imagen positiva con la extensión de la cuarentena y con medidas incongruentes con sus promesas de concordia, como la estatización fallida de Vicentin y la reforma judicial.
Este último proyecto se gestó como la apuesta de un legado personal del Presidente y terminó convertido en una bandera de la vice. La cláusula Parrilli contra los medios fue el epílogo de ese proceso de “desalbertización” de la reforma. Fernández, pese al malestar que dejó trascender su gabinete por el cambio que introdujeron los senadores kirchneristas, terminó por avalar la alusión a los “poderes mediáticos” al opinar que era “un agregado casi ocioso”. Como quien relata una travesura sin consecuencias.
Nadie puede garantizarle hoy la aprobación de la reforma, con el diálogo político cortado. El Gobierno se arriesga a una derrota política dolorosa.
Las cifras actuales de Fernández en las encuestas todavía son altas, pero tienden a equipararse con las de Cristina. La crisis económica ya es dura y será peor. Todo apunta a un 2021 electoral recesivo, con las consecuencias del desastre del virus y que incluirá casi seguramente un ajuste del gasto para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que despeje el riesgo de otro default.
En ese contexto, puede interpretarse como necesaria la estrategia “contra Macri es más fácil”. El Gobierno sueña con el expresidente como candidato y una oposición con la cara pintada. Solo hay que sacarlo a la cancha.
Nada original: Cambiemos también apostó a la lógica de enfrentarse a todo o nada contra Cristina cuando la economía solo le daba amarguras. Le salió medianamente bien hasta que ella encontró el contraataque ideal, con nombre y apellido. Alberto Fernández.
Los planes de Larreta
Es una lección que tiene muy clara Horacio Rodríguez Larreta, el opositor mejor posicionado en la carrera hacia 2023 y que se ató a la moderación con fervor religioso. Aunque le peguen los propios.
La estrategia de Larreta podría sintetizarse en preceptos que ya fueron escritos y dichos:
• “Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería los mismo que empujarnos al abismo”.
• “No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro”.
• “Quiero ser el presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí. Y quiero ser el primero en convivir con él sin horadar en sus falencias”.
• “Si actuamos de buena fe, podemos ser capaces de identificar prioridades urgentísimas y compartidas para acordar después mecanismos que superen aquellas contradicciones”.
El autor fue Alberto Fernández, el 10 de diciembre pasado, en su discurso de asunción. Un verano y una cuarentena después, siguen siendo palabras a la espera de una acción.
Recostado en la grieta, Fernández atenta contra sí. Frustra a los moderados a los que ilusionó y reduce su valor electoral, al mimetizarse con Cristina Kirchner

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Cristina le puso su sello a la iniciativa

Martín Rodríguez Yebra
Dos palabras añadidas a un texto de 55 páginas y 84 artículos le bastaron a Cristina Kirchner para ponerle su sello personal e intransferible a la reforma judicial que el presidente Alberto Fernández presentó solemnemente hace menos de un mes como un legado por el que quisiera ser recordado. La alusión a los “poderes mediáticos” como una hipotética fuente de presión a los jueces aspira a darle verosimilitud política a la teoría del lawfare, el escudo para las numerosas causas de corrupción que la involucran.
El proclamado intento de mejorar la calidad de una institución fundamental de la República sucumbe irremediablemente a las urgencias de una cruzada individual: demostrar como sea que Cristina Kirchner fue víctima de una conspiración gestada entre jueces y periodistas.
En su carrera hacia la absolución que cree haber obtenido en las urnas no titubea en plasmar en un proyecto de ley una invitación a la autocensura y una amenaza apenas disimulada a la libre circulación de información y de opiniones en la Argentina.
El retoque que se conoció anoche al texto enviado por el Gobierno establece la obligación para los jueces de denunciar ante el Consejo de la Magistratura “cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
Alberto Fernández no había incluido a los medios en ese apartado. Quien puso la cara para reclamar la modificación fue el senador oscar Parrilli, exjefe de la Agencia Federal de inteligencia (AFI), presidente del instituto Patria y en los hechos un secretario privado de Cristina Kirchner.
Si para interpretar el sentido de una ley se recomienda analizar la “voluntad del legislador”, vale escuchar lo que dijo Parrilli en el debate de comisiones al proponer la mención de los “poderes mediáticos” en el dictamen de mayoría que el Senado prevé tratar la semana que viene. “Hemos visto los últimos años en los medios de comunicación cómo periodistas denostaban e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar y desprestigiar a funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinada causa. Debemos añadir el término ‘mediático’ porque así ha ocurrido en los últimos tiempos”.
Pocas veces se había presenciado en sede parlamentaria una reivindicación tan transparente del delito de opinión.
Si se sigue el hilo del razonamiento, un editorial crítico a la decisión de un juez podría ser considerado una presión indebida, susceptible de ser investigada como delito. ¿Y por qué no suponer que un magistrado pudiera sentirse presionado si un periodista publica información sobre un escándalo de corrupción que él no llegó a indagar? ¿Qué distancia hay entre el postulado de Parrilli y considerar que la difusión de detalles sobre una causa judicial contra un funcionario implica violar la presunción de inocencia y, por consiguiente, constituye un acto de coacción hacia el juez?
El estallido de reacciones críticas –empresarios, opositores, entidades profesionales– movió a una cínica aclaración de Parrilli: “No hay ningún artículo contra la libertad de expresión, pero saltaron como leche hervida”. otra colaboradora de la vicepresidenta, Graciana Peñafort, minimizó el efecto de la enmienda. insistió en que no se prevén sanciones para los periodistas que un juez pueda señalar. “Van a poder seguir apretando”, ironizó.
En la construcción de la coartada del lawfare, Cristina Kirchner considera la difusión periodística de las escuchas a su teléfono una prueba de “una articulación de los medios de comunicación y el Poder Judicial” para perseguirla. Lo gritó el año pasado el día en que le tocó declarar en el juicio que se le sigue por la presunta adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz.
Hace tiempo que su estrategia defensiva para derrumbar las causas contra ella y sus hijos consiste en asimilar a los periodistas con espías y a las empresas periodísticas, con corporaciones golpistas.
Ahora, afincada otra vez en el mando, el plan ingresa en otra dimensión. Ella no disimula sus huellas dactilares en el proyecto insignia de Fernández. Al contrario, las magnifica.
Una reforma que requería de consensos nació herida desde el momento en que el Presidente aceptó crear una comisión para revisar el funcionamiento de la Corte Suprema que tiene como integrante estelar a Carlos Beraldi, el abogado defensor de Cristina Kirchner.
Antes del primer debate en el recinto, el texto queda marcado por otra exhibición de poder de la vicepresidenta que dinamita los ensayos dialoguistas de Alberto Fernández. La incomodidad era inocultable ayer entre interlocutores habituales del Presidente.
La comisión Beraldi y la cláusula Parrilli distorsionan la promesa oficialista de una legítima vocación por construir un Poder Judicial transparente y sin ataduras políticas. Alimentan, más bien, la sospecha de que no se discute una reforma sino una revancha.

MARTÍN RODRIGUEZ YEBRA ANALIZA Y OPINA,

El kirchnerismo se mentaliza para un ajuste inoportuno
A contramano de la tradición, el Gobierno se ve obligado por la pandemia a expandir el gasto ahora y prever un ajuste en el año electoral; es parte de los preparativos para negociar con el FMI
Martín Rodríguez Yebra
Una regla básica del manual de la política argentina postula que los años pares son para acumular y los impares para gastar, en armonía con el calendario electoral. Es una dinámica cortoplacista, a menudo incompatible con el desarrollo, pero que se impone como la ley de la gravedad a quien se sienta en el sillón presidencial.
Alberto Fernández planificó su gestión con esos ritmos hasta que el coronavirus quemó los papeles. Atado a la cuarentena como única estrategia de contención del contagio, con la caja al límite y el Fondo Monetario Internacional (FMI) esperando para negociar, se obliga a una innovación: gastar ahora y ajustar después, en medio de una campaña en que se juega su proyecto de poder.
El acuerdo con los bonistas privados, por mucho alivio que trajo al Gobierno, es una condición para diseñar una salida de la crisis. Apenas después de la formalización del canje, prevista para el viernes 28, Fernández prevé lanzar un paquete de medidas de inversión pública para la reactivación de sectores claves. Una apuesta keynesiana de un Estado sin dólares.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, incrementa sin estridencias caudal político. Trabajó su relación con Cristina Kirchner, con quien se habla o mensajea con una regularidad que solo tiene Wado de Pedro entre sus compañeros de gabinete. Fue él quien propuso no acelerar en la negociación con el FMI, vital para despejar el horizonte de vencimientos de deuda. La razón es simple. Ahora toca usar el dinero público para revivir la actividad; en las mesas de Washington llegará el turno de comprometerse a atarse las manos.
Aun así, su premisa pasa por ser quirúrgicos en las medidas de estímulo. El debate entre los técnicos del Gobierno es hasta qué punto resignarse a la noción simplista de que, ya que este es un año perdido, con un déficit que rondará el 10%, por qué no pisar a fondo el acelerador del gasto. El miedo a un fogonazo inflacionario en el último trimestre es una alarma encendida.
Guzmán es quien más se preocupa por el agujero del dólar ahorro. El goteo de miles de ahorristas comprando US$200 mensuales por internet está comprometiendo las reservas agónicas del Banco Central. Los pesos queman en el bolsillo. Fernández dijo ayer que estudiaba un cepo total, aunque después tuvo que mandar a transmitir tranquilidad con un tema demasiado sensible. El cuidado de las divisas actúa también como incentivo a postergar la reanudación de los vuelos regulares al exterior.
La cuarentena (o como se llame ahora en el lenguaje oficial la anormalidad en que vive el país) tapona la suba de precios, al tiempo que obliga a incrementar la asistencia estatal a la población privada de oportunidades laborales.
Es una ecuación económica compleja, pero de algún modo tranquilizadora para el Gobierno. El énfasis en ganar la disputa dialéctica con eso de que la crisis “es por la pandemia y no por la cuarentena” transparenta el trauma que mortifica a muchos integrantes del oficialismo. Saben que el encierro está perdiendo apoyo social de manera acelerada, pero no encuentran un mecanismo de apertura que evite el desastre sanitario.
La esperanza de Oxford
La vacuna se ofrece como una esperanza concreta para desdramatizar un presente sombrío. ni siquiera se sabe si la fórmula de oxford que producirá en Escobar el laboratorio de Hugo Sigman será aprobada. Pero en el ánimo del Gobierno la apuesta por el éxito de ese desarrollo empieza a ser la referencia real para el final del confinamiento.
Si meses atrás el viceministro de Salud de Axel Kicillof, nicolás Kreplak, decía que firmaba un fin de la cuarentena para el 15 de septiembre, hoy en el oficialismo se acomodan a la idea de que las restricciones podrían seguir con no demasiados cambios hasta fin de año o más allá. Sienten que ya pueden decir sin miedo a sonar tremendistas: “Hasta que llegue la vacuna”.
En términos políticos, eso significa ralentizar la reactivación y someter las arcas públicas a una presión delicada. Y el descalabro de 2020 tocará arreglarlo en temporada electoral.
Las posibilidades de éxito de Fernández siguen atadas a pactar con el FMI un plan de facilidades que mueva más allá de su mandato los vencimientos del préstamo que tomó el gobierno de Mauricio Macri, del que se desembolsaron 44.000 millones de dólares a pagar a partir de 2021. Ese acuerdo incluirá condicionalidades. Restringir la emisión y, por ende, frenar el gasto son de manual. También las reformas estructurales: laboral, impositiva, previsional.
El objetivo de Guzmán consiste en llegar al final del aislamiento con la situación social bajo control y sin un desmadre inflacionario que obligue a un plan de shock en 2021. La presión para frenar la sangría del dólar ahorro encaja con ese espíritu previsor. Lo mismo la continuidad de los aumentos jubilatorios por decreto y moderados.
Militar el ajuste
Fernández trabaja con Guzmán en la idea de “desideologizar” el ajuste. Traducido: militar hacia adentro para que los sectores más duros del Frente de Todos degusten en silencio el sapo de las imposiciones del FMI. Aunque el plan se diseñe en Buenos Aires, el sello se pondrá en Washington.
En la Casa Rosada ven como una señal alentadora cómo actuó Cristina Kirchner en la negociación con los bonistas. Ella fue la primera en pedirle a Guzmán que cerrara, aunque haya tenido que ceder un poco más en el último minuto. La “madurez” que intenta exhibir La Cámpora como signo de los tiempos también se acomoda en esa lógica. Resta ver si el ministro logra posicionarse como el gestor principal de la reactivación y salir del papel exclusivo de negociador de la deuda al que había quedado limitado. Los tironeos por la botonera (Banco Central, Energía, YPF incluida) ya son parte de la comidilla diaria de los diversos “gabinetes” que arma Fernández para pensar el futuro cercano.
El Frente de Todos imagina ya lo que será enfrentar su primera reválida electoral en un país sometido a una depresión económica y con la caja monitoreada desde Estados Unidos (de paso prende velas para que en la potencia que domina el FMI mande a la hora de la verdad el demócrata Joe Biden y no Donald Trump). El paraguas protector del fracaso de Macri podría resultar insuficiente como bandera de campaña.
En ese escenario cobra dimensión proselitista el sueño de la vacuna. Un gobierno y un presidente que se presentarán a la sociedad como exitosos garantes de la vida. Que consiguieron que la Argentina tuviera rápido el remedio contra el coronavirus. Los que, con la apuesta a la cuarentena inmediata y prolongada, evitaron miles de muertes y lograron fortalecer el sistema de salud para que no se desborde, como les pasó incluso a países desarrollados.
La hipótesis requiere que se cumplan variables que Fernández no controla. Una, que los científicos de oxford hayan acertado. La otra, que la presión creciente sobre los hospitales públicos no lleve a la saturación tan temida. Kicillof le insiste en que a fin de mes podría quedarse sin camas de terapia en el conurbano. La peor pesadilla.
Enojarse con la gente que está harta difícilmente arrime votos. Y la distracción con proyectos extemporáneos y sospechados de perseguir la satisfacción de necesidades personalísimas de su vicepresidenta le restó margen a Fernández para potenciar su perfil propio, dialoguista. Ya no se trata solo de si convocará o no a la oposición para pensar la salida de la crisis, como sueñan algunos de sus colaboradores. La cuestión es si le aceptarán el convite en el clima de crispación que despiertan los intentos kirchneristas de refundación institucional.
El recurso de prolongar la cuarentena aparece para el Gobierno como una consecuencia lógica de carencias presentes y necesidades futuras. El incentivo es muy fuerte para redactar nuevos decretos de aislamiento. Que el Presidente firma rigurosamente, aunque diga que “no existen”.

MARTÍN RODRIGUEZ YEBRA ANALIZA Y OPINA,

Vicentin. Alberto Fernández choca con el muro que venía a derribar

Martín Rodríguez Yebra
El experimento Vicentin expuso al Gobierno tempranamente a los límites de su poder. Heridos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner se enfrentan ahora a la reflexión que evitaron dos semanas atrás: ¿valía la pena arrojarse a un inmenso conflicto político y económico por un grupo empresario que extravió el camino?
El banderazo que en pleno aislamiento se expandió desde el campo a las ciudades reflejó el temor cristalizado en amplios sectores de la sociedad respecto de un retorno al autoritarismo y a medidas contra la propiedad privada. "Libertad" fue la palabra más repetida en las concentraciones, inorgánicas y sin presencia de opositores.
Fernández había habilitado de urgencia el estudio de una alternativa a la expropiación lisa y llana cuando desde Santa Fe el gobernador Omar Perotti anticipó el jueves dos novedades. La primera, que el juez que lleva el concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, fallaría en contra de la intervención estatal en la empresa. La otra, que la protesta que se estaba gestando iba a ser masiva, al menos en su provincia.
Una vez que constató la derrota judicial, el Presidente amagó un retroceso. Perotti reflotó el proyecto de asociación público-privada; sin los dueños de la empresa, pero sin expropiar. ¿Implicaba un despertar del sueño de la "soberanía alimentaria"? La respuesta, otra vez, surgió del territorio Cristina. Su asesora Graciana Peñafort argumentó el viernes en un hilo de 25 tuits que el fallo de Lorenzini era "un escándalo jurídico".
Fernández lo republicó antes de la medianoche, con un mensaje en el que parecía descubrir en un juez de pueblo a un agente oculto de los poderes concentrados. Al amanecer se plantó en una entrevista con términos calcados a los de Peñafort. Descalificó el fallo y dijo con todas las letras que si el tribunal no acepta el plan Perotti la "única opción" será la expropiación. Llegó a afirmar que "los DNU son leyes", en una simplificación sintomática del concepto que tiene el kirchnerismo de la institucionalidad. A los que protestan los tildó de "gente confundida".
Debo admitir que vale la pena leer este análisis de @gracepenafort para poder entender mejor cómo pasan las cosas que pasan en nuestra Argentina.
Buscando soluciones mejores, uno puede encontrarse con resoluciones peores. https://twitter.com/gracepenafort/status/1274150361272586240 …
Graciana Peñafort@gracepenafort
1. Hablemos de Vicentin, mas especificamente del "fallo" que salio esta tarde del juez del concurso que esta tramitando en Reconquista, Pcia de Santa Fe. SPOILER ALERT: considero que el fallo viene bastante falladito.
Pero analicemos un poco.
El sector del kirchnerismo que no maquilla sus ideas encontró en el fallo de Lorenzini combustible para exigir ya una reforma judicial. Y aplaudió la presión pública que le aplicó el Presidente. "No hay marcha atrás", fue el eslogan repetido como festejo de gol en las redes, con la diputada Fernanda Vallejos (aquella de las "ideas locas") como primera difusora. Perotti contiene la respiración.
El ruido en las calles
Los cacerolazos, bocinazos y caravanas sacudieron el último sábado de otoño. En las calles se mezclaban el rechazo a la estatización de Vicentin con el hartazgo por la cuarentena sin final. Es el kirchnerismo rebotando otra vez con los mismos muros. Aquellos que la versión moderada de Fernández prometía derribar, como parte del plan "volver mejores".
Una multitud durante el banderazo en Avellaneda, Santa Fe, la sede de Vicentin 
La ilusión de unidad nacional que trajo el coronavirus quedó definitivamente diluida. Muchos dirigentes oficialistas, incluso miembros del Gabinete, no aciertan a entender qué razones convencieron a Fernández de avanzar sobre una empresa agroexportadora en concurso de acreedores en un momento en que el humor social está en baja después de 90 días de cuarentena sin salida a la vista, la economía sigue estacada y la billetera del Estado empieza a secarse.
El proceso de toma de decisiones en el Gobierno quedó enrarecido. Cada vez que el Presidente tiene que decir "lo resolví yo y no Cristina" rifa una dosis de autoridad. Los grandes empresarios abandonaron la diplomacia y rechazaron la estatización. Un aliado moderado de Fernández como es Roberto Lavagna quedó perplejo con la noticia, de la que se desayunó pocas horas después de un almuerzo con el Presidente.
Pero lo más sintomático fue la reacción del peronismo. El ministro del Interior, Wado de Pedro, trabajó sin éxito para conseguir un apoyo coordinado de los gobernadores al proyecto expropiatorio. Volvió un silencio desolador.
El cordobés Juan Schiaretti fue muy crítico en privado, aunque se cuida en público. Es un hombre muy sensible al rechazo de su electorado al kirchnerismo (la protesta fue allí contundente) y sabe que apoyar una medida como la de Vicentin tendría un costo altísimo para él. Sus diputados en el Congreso son clave para que el Gobierno apruebe un eventual proyecto de expropiación.
Sergio Massa -socio clave del Frente de Todos- también evitó pronunciarse. A él le tocará, si finalmente se presenta, juntar los votos para convertir en ley la estatización.
El debate interno en el oficialismo -o entre Alberto y Cristina- se acentúa después de las protestas en las rutas y las calles de todo el país, desde Avellaneda (Santa Fe) hasta el Obelisco. ¿Se está gestando otra crisis como la de la 125, con la confluencia entre el agro y las clases medias urbanas? ¿Le están dando a una oposición mucho más sólida que la de 2008 alimento para fortalecerse?
Una imagen del banderazo en la Panamericana, en el partido de Pilar 
Entonces el kirchnerismo peleaba por captar millones de dólares en retenciones. Ahora, por el control de Vicentin para convertirla en "empresa testigo" en el sector agroexportador. El paso lógico, después de expropiar, pasaría por tomar medidas que potencien el volumen y la influencia de Vicentin. Es decir, poner curso de conflicto permanente.
El plan estatizador pesó en el fracaso de las negociaciones por la deuda. Dejó debilitado al ministro de Economía, Martín Guzmán, en su batalla por convencer a los bonistas de que no les está ofreciendo papel pintado porque la Argentina se encamina a una senda de equilibrio económico. La pregunta maldita que no consigue responder: ¿cómo un Estado quebrado quiere quedarse con una empresa que debe 1500 millones de dólares?
Poco ayudan las señales discursivas de Fernández. Su gran frase en una semana negra -que incluyó la retirada de la mayor aerolínea privada que operaba en el país y un fuerte salto de contagios de coronavirus- fue: "Ya habrá tiempo para arreglar la economía". Sonó a confesión de lo que sospechan inversores, empresarios, gremialistas y políticos respecto de la ausencia de un programa o siquiera de la noción de un punto de llegada tras la disrupción que impuso la cuarentena.
La caja se agota
Al patear para un después indefinido la búsqueda de soluciones, el Gobierno sigue secando la caja. Hasta mayo la emisión monetaria sumó 1 billón de pesos. En términos reales implica el mayor uso de la impresora de billetes en 30 años. El Ministerio de la Producción ya resolvió reducir el universo de empresas que podrán percibir la ayuda para pagar sueldos. Y en la Anses se estudian alternativas al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para ser más restrictivos.
El panorama raquítico del tejido empresarial se agrava ante la incapacidad de la Argentina para obtener financiación a tasas razonables, como sí pueden hacer casi todos los vecinos de la región. Emitir o subir los impuestos son las únicas herramientas a mano para Fernández. Las puede seguir usando a riesgo de condenar al país a ser cada día menos competitivo.
El Presidente se concibió a sí mismo como el Kirchner de 2003, que condujo la salida rápida de la depresión de 2001-2002. Algunos en el peronismo -menos atentos a la corrección política- lo comparaban con el primer Menem, que después de un inicio traumático logró el despegue económico con medidas distintas a las que se esperaban de él.
Los dos expresidentes lograron resurgir de crisis dramáticas gracias, en primer lugar, a ventajas del contexto internacional con las que hoy no cuenta Fernández, inserto en un mundo devastado. La recesión que heredó de Mauricio Macri parece un bache menor al compararla con la maldición que desató el virus.
Pero hay otra característica que, incluso en sus diferencias, unió a Menem y a Kirchner: un liderazgo político claro e inequívoco.
El caso Vicentin exhibe a Fernández oscilando entre recetas que se creían ajenas y esbozos de algo distinto. En ese péndulo se define el perfil todavía incierto de su gestión.

MARTÍN RODRIGUEZ YEBRA ANALIZA Y OPINA,

El triunfo de Cristina
Martín Rodríguez Yebra
El Frente de Todos nació como un instrumento político extraordinariamente novedoso: una coalición electoral entre Cristina Kirchner y una legión de dirigentes peronistas que llevaba años bregando para jubilarla.
El fracaso económico de Mauricio Macri dejó a la vista la zanahoria del poder. La expresidenta necesitaba al PJ unido como muleta para volver a la cima. La operación requería astucia de parte de ella y un titánico ejercicio de resignación de esa generación de políticos que se cansó de predicar contra los vicios del modelo kirchnerista.
Cristina cumplió su parte. Sorprendió con la invención de Alberto Fernández como candidato a presidente, el mejor símbolo disponible de la alianza que se buscaba construir. El fundador del kirchnerismo que había roto con ella para denunciar las incongruencias económicas, la corrupción, los atropellos institucionales, volvía para reagrupar a la tribu dispersa. Para poner fin a rencores y divisiones irreconciliables.
Funcionó. De a poco se completó la foto con Sergio Massa, Felipe Solá, Pino Solanas, Daniel Scioli, gobernadores en ciernes como Omar Perotti y otros ya curtidos, como Juan Manzur, Sergio Uñac, el siempre arisco Carlos Verna y el siempre oficialista Gildo Insfrán. Si hasta Carlos Menem fue invitado a bañarse en el Jordán del antimacrismo unido. Todo estaba permitido en la odisea de “volver mejores”.

En el horizonte no pocos participantes del experimento divisaban una bruma esperanzadora a la que llamaban “albertismo”. El sueño de jubilar a Cristina por las buenas.
Pasó un año de aquella génesis. Se disiparon los festejos electorales, pasó el frenesí del desembarco a puro reparto de pesos por decreto, la pandemia sacudió al mundo. Y, en la maraña de crisis que se superponen, muchos de los entusiastas frentetodistas se apoltronan en la misma trampa de la que quisieron zafarse una década atrás. El kirchnerismo vuelve a diluirlos en su épica. Se descubren defendiendo ideas en las que no creen y se muerden la lengua para no cometer sacrilegios, como cuestionar la catástrofe de Venezuela. Abogan por la inocencia de personajes de cuyas fechorías se avergonzaban hasta hace nada. Se embanderan en conceptos etéreos, como la “soberanía alimentaria”, festejando otra estatización como las que juraban no desear. Aunque sea Vicentin y no YPF. Es lo que queda. Ensayan exabruptos que sumen puntos con “la señora y los pibes”. Contra Macri. Contra los porteños. Contra los que se quejan de la cuarentena. Contra quien sea, pero contra alguien.
Hay que mantener abierta la grieta que venían a cerrar. Al albertismo ordenó cancelarlo el propio Alberto. Qué remedio. Si el primer albertista en potencia, Santiago Cafiero, dice que Cristina Kirchner “es la política más significativa que tuvimos desde el regreso de la democracia”.
Es opinable. Pero lo que resulta difícil de refutar es la gran capacidad de la vicepresidenta para dominar la escena a su alrededor. Porque Cristina sigue en el mismo lugar, silenciosa pero coherente. Determinada a cobrarse los cuatro años que sufrió en el llano. Las denuncias de corrupción, el desfile judicial, las burlas, el destrato de un sector del poder económico que le había consentido todo en el pasado.

Perdonó lo justo para construir el andamiaje partidista que le evitara otra derrota. Aprendió de los errores de 2013, 2015 y 2017. Cedió cartel y protocolo. Poco más.
Es irrelevante entrar en el juego cansino de si gobierna ella o gobierna él. La existencia de la duda es su triunfo. Y la mayor amenaza a la autoridad del Presidente. Las evidencias la muestran como socia mayoritaria de un gobierno con inmenso margen de acción institucional, dispuesto a usar todas las herramientas disponibles para ejercer el poder sin contrapesos. Los que cambiaron fueron los otros. Sus socios. A ellos también les puede dedicar el regreso. El peronismo la acompaña otra vez. Con la ilusión acaso de que la Argentina sea capaz de encontrar una salida enfilando por el mismo sendero en el que se extravió en el pasado.