NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

Rebote condicionado, no solo por el virus
Néstor O. Scibona
Nadie sabe muy bien por qué el ministro de Economía anticipó, en medio del alivio de haber dejado atrás el default de la deuda, un déficit fiscal primario para 2021 equivalente al 4,5% del PBI cuando todavía faltan diez días para el envío al Congreso del proyecto de presupuesto nacional para el año próximo.
Menos aún, que el presidente Alberto Fernández haya afirmado más de una vez desde entonces que dicha ley incluirá precisiones no solo sobre la política fiscal, sino también sobre la política monetaria, que no forma parte del cálculo de gastos y recursos, así como la política cambiaria.
El dato numérico aportado inesperadamente por Martín Guzmán abrió varias conjeturas. Sobre todo, en vísperas del arranque de las negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para extender los vencimientos por US$44.000 millones concentrados mayormente entre 2022 y 2023, que el propio ministro definió como “arduas” y se extenderían hasta el primer trimestre de 2021.
Hay quienes sostienen que ese techo, que significa bajar 35% el déficit desde el 7% del PBI con que cerraría 2020, sería un mensaje al oficialismo para que modere sus reclamos de gastos. Y también quienes creen que Guzmán cuenta con un guiño del FMI para discutirlo en el nuevo programa (como punto de partida de un sendero descendente en tres o cuatro años), que también prevé enviar al Congreso para su aprobación y diferenciarse así del gobierno de Mauricio Macri.
De un modo u otro, el Gobierno dispondrá de seis meses con mayor margen de flexibilidad para lanzar nuevas medidas de impulso fiscal de tipo keynesiano y créditos blandos para la producción y el consumo, a fin de ampliar el desparejo repunte de la economía tras el desplome de los dos meses más críticos de la cuarentena (marzo y abril) y que exhibió cierta desaceleración en julio y agosto.
El objetivo oficial de empujar a corto plazo un mayor uso de la capacidad industrial ociosa sin necesidad de nuevas inversiones, reactivar obras públicas para recuperar empleo y la demanda de bienes durables con bajo contenido importado apunta a mostrar registros interanuales positivos el año próximo, bastante antes de las elecciones legislativas. Así buscará capitalizar políticamente un efecto estadístico que el economista Orlando Ferreres explicó días atrás en declaraciones a la Radio Ecomedios. Si el PBI retrocede 12% este año –estimó–, podría rebotar hasta 6,7% el próximo y, aun sin recuperar el terreno perdido, registrar una suba interanual de 16 o 17% en el segundo trimestre de 2021 (respecto del mismo período de 2020), que sería el último dato previo a la campaña electoral.
Esta política de reactivación equivale a llenar una botella medio vacía, pero no significa crecimiento a base de inversión, que sería sumar más botellas. Tampoco tiene que ver con el marketing político presidencial, según el cual el ahorro de intereses por la deuda reestructurada (casi US$48.000 millones en cinco años) se destinará a la producción y al trabajo. No se trata de un nuevo ingreso, sino de recursos que no estaban ni están disponibles. Si el gasto público aumentara en esa magnitud sin financiamiento genuino y la economía no creciera sostenidamente por encima de 3% anual con mayores exportaciones, se estaría incubando un futuro default.
Sin embargo, el rebote de la actividad a corto plazo está condicionado por varios factores de incertidumbre. Uno de ellos es la circulación local del Covid-19, con su reflejo en el récord diario de contagios, rebrotes en varias provincias y creciente ocupación de camas de terapia intensiva. El escenario base de la mayoría de las consultoras económicas asume que el año próximo estará disponible la vacuna y hasta entonces los protocolos sanitarios permitirán una convivencia menos peligrosa con el virus.
Probablemente el ministro Guzmán también haya descontado la “nueva normalidad” al anunciar la reducción del déficit primario (sin incluir intereses) a 4,5% del PBI en 2021. Un informe de la Fundación Capital, dirigida por Martín Redrado, calcula que sin IFE ni ATP el desequilibrio primario podría bajar en 2 puntos, más otro 1,2 por el cambio de la movilidad jubilatoria y el repunte de la recaudación tributaria en paralelo con una mayor actividad económica. De hecho, el Gobierno ya comenzó a reformular las características y alcances de estos instrumentos de asistencia estatal a empresas y trabajadores afectados por la paralización forzosa de actividades hasta fin de año.
El próximo envío al Congreso del presupuesto 2021 no solo permitirá despejar la incógnita sobre la futura composición del gasto público, que en el segundo trimestre se disparó debido a la crisis provocada por el Covid y luego comenzó a moderarse en términos reales, al igual que la caída de la recaudación. En la base del menor aumento del gasto primario permanente (no asociado a la emergencia sanitaria y social) están la silenciosa reducción real de jubilaciones y la suspensión de incrementos salariales en la administración pública y las dos cámaras legislativas.
También se supone, a juzgar por lo que anticipó el Presidente, que el proyecto podría incluir un esquema de financiamiento monetario del déficit. Según la Fundación Capital, si la mitad se cubre con emisión y el resto con colocación de deuda en el mercado local, la inflación se ubicaría entre 53 y 55% anual el año próximo. Esto explica que ya no queda margen para seguir emitiendo sin presiones inflacionarias.
Otro factor de incertidumbre es el constante drenaje de reservas del Banco Central, que en agosto debió vender US$1279 millones, de los cuales US$950 millones correspondieron al dólar ahorro. Como lo anticipo lanacion, la demanda minorista también tiene una curva ascendente, ya que nada menos que 4,7 millones de personas compraron el cupo de 200 dólares para aprovechar la brecha con el paralelo. Pero también crece la diferencia entre el superávit comercial devengado y el de caja. En los próximos días, cuando comiencen a cotizar los bonos del canje, el BCRA deberá decidir si refuerza el cepo o la oferta de divisas a manera de un puente de seis o siete meses hasta el ingreso de la próxima cosecha.
Aun así, el problema de confianza difícilmente se resuelva con la presentación del proyecto de presupuesto en medio del actual clima de confrontación política, el intervencionismo estatal, los zigzagueos del Gobierno con la ocupación ilegal de tierras y los avances de Cristina Kirchner sobre la Justicia, que mantienen cajoneada en el Senado la ley de economía del conocimiento. Ni hablar si las circunstancias llevan a Alberto Fernández a accionar el “botón rojo” ante eventuales colapsos en el sistema sanitario, bajo el deseable pero ya perimido eslogan de “Argentina unida”.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

La mejor noticia, el peor contexto

Néstor O. Scibona
Todo indica que el gobierno de Alberto Fernández está a un paso de producir la primera –y hasta ahora única–buena noticia económicadel año, con una alta adhesión al canje de deuda bajo legislación extranjera que en septiembre, junto con la reestructuración de la deuda local, permitirá dejar atrás el default.
Pero este avance, necesario pero no suficiente para la recuperación pospandemia, contrasta con un empeoramiento del clima político que remite al pasado kirchnerista del período 2007/2015. No solo por la vuelta del discurso de confrontación que ensancha una grieta fácil de reactivar. También por decisiones oficiales apoyadas en un incipiente relato populista alejado de la realidad y a contramano de la necesidad de bajar la desconfianza sobre el futuro económico que, entre otros efectos, amplía la distorsiva brecha cambiaria y erosiona las reservas del Banco Central.
Si hasta hace dos semanas el debate político giraba en torno de las diferencias de enfoque ideológico entre AlbertoF.yCr is tina Kirchner, ahora lo hace sobre las semejanzas. Con el agravante de que la propia vicepresidenta tomó distancia de la inoportuna y controvertida reforma judicial, antes de que la mayoría oficialista en el Senado le diera media sanción con cambios de última hora que cuadruplicaron el número de cargos a crearse. Difícil saber si CFK busca eludir el costo de un rechazo en Diputados; o porque la considera insuficiente para el objetivo de “ir por todo” ya ensayado en 2013 con la “democratización” de la Justicia, frustrada ese mismo año por la Corte Suprema.
Después del “banderazo” del 17 de agosto, que desafió la cuarentena, el Presidente lanzó en estos días una comparación insólita: “A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”, sentenció. No resiste análisis su argumento de que en estos 163 días hubo menor caída del empleo, el salario real y un rebote de actividad, que solo en contados sectores se ubica por encima del piso de marzo. Por más que los resultados económicos de la gestión macrista hayan sido pésimos, resulta arbitrario cotejar los cuatro años del período 2016/2019 con el inesperado shock de estos cinco meses de pandemia, que aún nadie sabe cuándo ni cómo va a terminar. Esta visión desconoce que, pese a la asistencia monetaria del Estado a las víctimas económicas de la cuarentena, el PBI sufriría un histórico desplome de 11/13% interanual, con caída del empleo privado (principalmente informal), mayor pobreza, desigualdad social y riesgos de aceleración inflacionaria. En todo caso, 2020 será otro año perdido dentro una década perdida.
Otra variante del relato político está en los contradictorios argumentos oficiales para dictar el sorpresivo DNU que declaró servicios públicos esenciales y estratégicos a la telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para congelar sus precios hasta fin de año. Si el Presidente adoptó la decisión al enterarse de que 6500 chicos de barrios vulnerables de la CABA carecen de acceso a internet, no se justifica el rechazo del protocolo sanitario para que volvieran a las escuelas en grupos y horarios limitados, ni mucho menos la división entre “ellos” (gobierno porteño) y “nosotros” reeditada por el ministro de Educación en coincidencia con los gremios docentes. En medio de esa grieta quedaron no solo ese grupo de alumnos de la CABA, donde el acceso a internet alcanza a más de 92% de los hogares, sino otros miles de varias provincias (del NOA, NEA, Cuyo y Santa Cruz), donde se ubica entre 30 y 40%.
Si bien esta disparidad no se resuelve con el congelamiento de tarifas, el DNU para la regulación estatal de los servicios de tecnología de información y comunicación (TIC) ya tuvo su ratificación exprés por la mayoría oficialista en el Senado. Pero la virtual ausencia de debate dejó de lado aspectos claves. Uno, que las TIC son un sector intensivo en inversiones privadas (US$20.000 millones en los últimos diez años), que el cambio de reglas de un día para otro provocó en Wall Street que las acciones (ADR) de Cablevisión y Telecom se desplomaran casi 9% y se frustrara un crédito externo por US$500 millones que tramitaba esta última compañía. Otro, que el congelamiento restará incentivos para una mayor competencia, que estos servicios no tienen subsidios estatales y, además, ya existe por ley un Fondo del Servicio Universal (integrado por el 1% de todas las tarifas percibidas por las prestatarias) que acumula más de $12.000 millones y debería utilizarse para un plan federal de inversión en infraestructura tecnológica.
Tal como está planteada, esta regulación sigue la típica fórmula de pan para hoy y hambre para mañana que, de mantenerse en el tiempo, tendrá como variable de ajuste la calidad de los servicios. El kirchnerismo ya tiene el antecedente de haberla aplicado durante 12 años en la cadena de producción, transporte y distribución de gas y electricidad, a costa de crecientes subsidios y menores inversiones que condujeron al déficit energético récord de 2009/2015.
Ahora, con las tarifas de energía que a fin de año completarán un congelamiento de 20 meses, frente a una inflación acumulada superior a 80%, el debate dentro del oficialismo fue planteado en otros términos por los interventores del Instituto Patria en los entes reguladores de electricidad y gas (ENRE y Enargas). El primero propone revisar y anular la revisión tarifaria integral de 2017, además de apoyar el pedido de intendentes kirchneristas del sur del conurbano bonaerense para cancelar anticipadamente la concesión de Edesur. Y el segundo, una revisión similar para el gas, con el objetivo de fijar “tarifas justas y razonables”, a costa de mayores subsidios que elevarán el gasto público financiado con emisión.
Aun así, el propio presidente Fernández no se privó ayer de formular otro anuncio sorpresa, con la creación de la sociedad del Estado para la administración de la Hidrovía Paraná-paraguay –cuya concesión vence en 2021–, que tendrá un directorio de diez miembros, entre ellos de siete provincias. La noticia ya generó críticas del sector agroexportador, ya que las actuales tarifas de carga fluvial son las más altas del mundo y ahora se agrega un discutible costo burocrático.
Y para completar esta semana conflictiva, también ayer se conoció el texto del proyecto de ley para crear el impuesto a las grandes fortunas (como “aporte solidario por única vez”), después de que la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, descartara bajas de impuestos con el argumento de que no generan más empleo y producción. Si el Congreso lo aprueba, la Argentina tendrá un récord de 167 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal.
En un Zoom organizado anteayer por la asociación de amigos de la universidad de Te lA viv(AU TA ), cuatro economistas –Marina Dal Poggetto, Miguel Kiguel, Bernardo Kosacoff y Eduardo Levy Yeyati– coincidieron en que la salida de la crisis, agravada por la pandemia y la cuarentena, deberá pasar por la inversión privada, mayores exportaciones de los sectores con más demanda externa y el objetivo de generar 9 millones de empleos de calidad en los próximos años. Porque, aun con el alivio en el pago de intereses de la deuda, el Estado carece de recursos para liderar el crecimiento a largo plazo y no agranda la torta productiva red is tribu yéndol os de un sector a otro.
Allí se citó el caso de Israel, que aplicó durante varios años políticas fiscales y monetarias consistentes para bajar la inflación y la mitad del crecimiento del PBI en 20 años se basó en más gente trabajando, con educación y formación laboral específica.
Aquí serían necesarios acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición y entre sector público y el privado para sentar las bases de un programa de recuperación económica y social pospandemia, con condiciones de previsibilidad que permitan movilizar al menos una parte de los US$170.000 millones atesorados en billetes, según afirmó en el IAEF el presidente del BCRA, Miguel Pesce. Cada vez parece menos posible en este clima de confrontación.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

Cómo decodificar 60 medidas económicas sin un plan
Néstor O. Scibona 
El paquete de 60 medidas que el Gobierno está elaborando para reflotar la actividad productiva y el empleo en los próximos meses todavía no tiene fecha de lanzamiento, pese a que ya está por cumplirse un mes desde que el presidente Alberto Fernández anticipó esa intención, luego de revelar públicamente su descreimiento en los planes económicos integrales. A confesión de parte, relevo de prueba, dirían los abogados.
Aun así, en algunos despachos de la Casa Rosada adelantan varias pistas que permiten decodificar sus alcances. Por ejemplo, las medidas estarán divididas en dos partes –una de corto plazo con foco en el mercado interno y otra para promover más exportaciones a mediano plazo– e incluirán programas específicos, reanudación de obras públicas o comunitarias frenadas y proyectos de ley. Algunas ya están listas y otras en estudio del gabinete económico. Esto explica la demora, al igual que el análisis de consistencia entre unas y otras y con las proyecciones macroeconómicas (fiscales, monetarias y cambiarias), que está a cargo del ministro Martín Guzmán, antes de que cada una de las 60 medidas sean anunciadas en bloque por el propio Presidente.
No solo por estos motivos la fecha es una incógnita. También se busca un momento apropiado para lograr un impacto positivo sobre las expectativas económicas. Difícilmente ocurra en lo que resta de este mes, en medio del preocupante aumento de la curva de contagios por el coronavirus en el conurbano bonaerense, la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA y la brecha cambiaria. Más bien habría que pensar en septiembre, ya que el 31 de agosto se conocerá la adhesión –previsiblemente alta– al canje de la deuda bajo legislación extranjera y, a partir del lunes 4, la liquidación de los nuevos bonos que cotizarán en los mercados. No obstante, esta intención de generar confianza choca contra el ensanche de la grieta política causada por la inoportunidad y características de la reforma judicial impulsada por el oficialismo en el Congreso.
Por lo que se sabe, el Gobierno apunta a aprovechar el lapso hasta que pueda aplicarse la vacuna para acelerar el rebote de la actividad económica, hasta ahora muy heterogéneo. El espíritu es volver a las fuentes de sus primeros tres meses de gestión, antes de que el shock provocado por la pandemia del Covid-19 derrumbara a la economía mundial y la extensa cuarentena hiciera lo propio con la doméstica.
Sin embargo, el punto de partida es muy diferente. El PBI cayó al 5° subsuelo en abril, luego subió hasta ubicarse entre el 2° y el 3° tras la flexibilización sui generis en el AMBA, pero todavía está lejos de volver a la frágil planta baja de mediados de marzo con dos años de recesión a cuestas, actividades paralizadas forzosamente desde entonces y rebrotes en varias provincias.
También serán diferentes los instrumentos para reactivar la economía a corto plazo mediante el impulso al consumo interno, el uso sin mayores inversiones de la capacidad ociosa en la industria (que en junio –último dato disponible– era de 46,7%, frente al piso de 58% en abril) y la recuperación del empleo, especialmente en la construcción, uno de los sectores más afectados por la recesión. En buena medida habrá una continuación de los actuales programas de asistencia estatal a empresas y trabajadores, algunos de los cuales serán reformulados o focalizados.
De hecho, los desembolsos del ATP-4 a los empleadores para complementar el pago de salarios acaban de ser reconvertidos en préstamos a tasas de interés subsidiadas, con una escala de 0 a 15% anual según la mayor o menor caída de facturación respecto de marzo/ abril. En cambio, para las actividades más críticas –paralizadas desde entonces–, los subsidios directos vía ATP serán extendidos sin cambios hasta el 31 de diciembre. También el IFE para trabajadores informales, monotributistas, autónomos y personal doméstico será más selectivo, con las bases de datos oficiales sobre ingresos y gastos de sus destinatarios. Por lo pronto, ya se descartó la idea de que vaya a transformarse en un ingreso básico universal permanente (IBU) debido a su alto costo fiscal. A la vez, el plazo para gestionar los créditos a tasa cero para consumo (con un tope de $ 150.000) regirá hasta fin de septiembre.
En el gabinete económico destacan que los pedidos de empresas por ATP se redujeron de 443.000 en abril a 273.000 en julio y, junto con el decreto de doble indemnización por despido –prorrogado hasta el 7 de diciembre–, evitaron una mayor caída en el empleo registrado. Pero también es cierto que no pocas compañías optaron por darse de baja a raíz de la exigencia de no operar con dólar bolsa o contado con liquidación (CCL) durante dos años. Para una segunda etapa, parte de los créditos ATP serán reorientados a empresas que creen nuevos empleos y tendrán garantías estatales con financiación del BID (US$500 millones). Aquí el problema es que el Gobierno descarta una futura reducción de costos laborales, bajo el discutible argumento de que no necesariamente genera empleo privado.
Otro instrumento en que el Gobierno insistirá es en un acuerdo formal entre entidades empresarias y sindicatos. Ya se produjo de hecho con la cuarentena, cuando la UIA y la CGT convinieron el pago del 75% del salario a trabajadores suspendidos. Luego se extendió a paritarias, con ajustes salariales inferiores a la inflación pasada y futura; o pagos de suma fija, como acaba de acordar la UOM. Ahora el objetivo oficial es evitar que el paulatino descongelamiento de precios (que arrancó esta semana con los combustibles y seguirá en septiembre con telefonía móvil, internet y televisión por cable) dispare una puja distributiva que acelere la inflación en los próximos meses, frene una gradual recuperación del salario real, que este año retrocederá 11%, y también de la actividad. Aunque el Gobierno prevé mantener precios máximos para la canasta de 2000 productos de consumo masivo, con ajustes puntuales por subas de costos, la cuestión es más compleja.
El aumento de la brecha cambiaria, que ayer se elevó al 75%, presiona sobre la inflación, como lo reveló la suba de 3,9% en el índice mayorista de julio, que proyecta una suba de 3% en el IPC de agosto. Por su lado, la consultora Analytica atribuye el rebote en julio en la producción de algunos sectores (como la industria automotriz y de insumos para construcción) a la necesidad de las empresas de canalizar excedentes de pesos para recomponer stocks, en previsión de mayores costos de reposición por la brecha cambiaria. Pero lo considera transitorio, ya que luego la producción dependerá de lo que ocurra con la demanda.
En la base de la brecha está el diseño de la actual política cambiaria, que agregó al cepo el impuesto “solidario” de 30% para la compra minorista de hasta US$200 por mes y transformó la venta en el mercado paralelo en un ingreso extra o subsidio para millones de personas. Pero también los controles del BCRA a las empresas para restringir el acceso al dólar CCL y bolsa, cuyas cotizaciones en alza pasaron a ser una referencia para fijar precios de insumos importados. Todo esto acentúa la demanda de dólares y reduce las reservas del BCRA, pese al superávit comercial y la ausencia de salida de divisas por viajes y turismo al exterior.
Esta tensión cambiaria, a la espera de que aparezca una mayor oferta en el mercado oficial, ya sea a través de la activación del swap chino o una negociación con los exportadores de granos para que prefinancien la liquidación anticipada de la próxima cosecha, complica además el diseño del conjunto de medidas para promover a los sectores con mayor potencial exportador o agregado de valor. Entre ellos, agroindustria, biogenética, medicina, economía del conocimiento e hidrocarburos. No es la única tensión. También están las diferencias entre el albertismo y el Instituto Patria sobre las tarifas y la futura política energética, que acaban de provocar el relevo del aislado Sergio Lanziani y su reemplazo por el diputado peronista neuquino Darío Martínez al frente del área, que, como un laudo interno, pasará a depender del ministro Guzmán.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

Plan Rompecabezas para la economía del coronavirus

Néstor O. Scibona 
Ahora que aparece una lejana luz al final de túnel con la fabricación local de la vacuna Oxford en desarrollo avanzado contra el Covid-19, comienzan a surgir las primeras señales –aún difusas– sobre qué podría ocurrir con la economía argentina en 2021. Dentro de 14 meses habrá elecciones legislativas y la “maldición de los años pares” se potenció inesperadamente en 2020 a raíz del shock recesivo gatillado por la pandemia global y la extensa cuarentena local. No solo desplomó los ingresos, el consumo y el PBI, sino que debió ser enfrentado con una fuerte expansión de gasto público y emisión monetaria, aunque menor que en otros países. También la actividad económica y social quedó envuelta en una maraña de controles estatales que, con el correr de los meses, fueron tornándose ineficaces ante la imposibilidad de hacerlos cumplir.
La perspectiva de que la vacuna establezca un horizonte temporal para la pandemia, que hasta ahora no estaba a la vista, torna más factible elaborar escenarios para la salida de la crisis. Pero esta buena noticia, al igual que la reestructuración de la deuda externa con los acreedores privados, no resuelve por sí sola los complejos problemas que ya venían de arrastre y se agravaron en estos cinco meses. La economía y la situación social fueron afectadas seriamente por el coronavirus, con secuelas que llevará tiempo superar.
Por más que la palabra cuarentena esté desapareciendo ahora del discurso oficial, ante la paulatina pérdida de consenso social y su creciente flexibilización de hecho debido a la reducción del empleo y la masa salarial, este giro no evita contradicciones. El gobierno de Alberto Fernández lamenta la mayor circulación de personas (y del virus), pero celebra el rebote de producción ante la flexibilización selectiva por decreto en muchos sectores, aunque casi ninguno alcanza los niveles previos al 20 de marzo, ya afectados por dos años de recesión. El Presidente llegó a afirmar ayer que la cuarentena ya no existe, pero omite que desde hace 148 días están paralizadas las clases presenciales en todos los niveles educativos y que detrás de cada chico sin ir a la escuela uno de sus padres se queda en su casa cobrando sueldo sin trabajar. Que tampoco hay actividad en turismo, transporte aéreo y terrestre de larga distancia; en cines, teatros, recitales y futbol; en los fueros laboral, civil y comercial y de seguridad social debido a la feria judicial; ni en gastronomía y centros comerciales bajo techo. Aun así, se llegó al extremo de habilitar por decreto una actividad nada esencial como el funcionamiento de casinos y salas de juego en Chubut, que sugestivamente maneja Cristóbal López.
Por ahora, el Gobierno parece haber optado por medidas clásicas de tipo keynesiano para reactivar la economía en el corto plazo. Si bien volvió a prorrogar la doble indemnización para frenar despidos, pese a la cual se redujo desde el 20 de marzo en casi 150.000 el número de asalariados registrados, el ministro Matías Kulfas anunció el próximo lanzamiento de créditos subsidiados con garantía estatal (financiada por el BID) para empresas que creen nuevos empleos. No obstante, descartó una futura reducción de costos laborales. También en el mismo sentido, el gabinete económico anticipó el redireccionamiento de la asistencia estatal (ATP) hacia la creación de puestos de trabajo, así como el lanzamiento de obras públicas en las provincias para reactivar el empleo en la construcción.
Pero a la vez surgieron desde el ámbito oficial iniciativas de alcance más dudoso, como el denominado Plan Mujica para crear 4 millones de puestos de trabajo en la construcción privada, a través de un acuerdo entre el gremio (Uocra) y organizaciones sociales, que integraría asistencia estatal (IFE) al salario con un número limitado de horas semanales. Según algunos especialistas, a aquella cifra le sobran ceros. Al menos, hasta que la CNV ponga a punto nuevos instrumentos financieros para reactivar el mercado inmobiliario, después un período de consultas de 15 días con empresas del sector cuya actividad está en punto muerto.
Paralelamente, hay que tener en cuenta que la asistencia estatal a empresas, asalariados, autónomos y monotributistas (Atp/ife/créditos a tasa cero) compensa solo una parte de la caída de ingresos, pero no mejora su capacidad adquisitiva. Menos aún cuando no se redujo ningún impuesto nacional, provincial y municipal.
Esta situación hace que, pese al aumento de emisión de pesos (absorbida en parte por el Banco Central) el consumo no repunte; y que pese a la amplia brecha cambiaria quienes tienen dólares atesorados eviten venderlos, con lo cual se reduce la velocidad de circulación del dinero.
Desde un plano más conceptual, el ministro Martín Guzmán afirmó más de una vez que, tras el alivio financiero que producirán los canjes de deuda bajo legislación extranjera y local, el objetivo oficial será reactivar el mercado interno e impulsar las exportaciones, además de sustituir importaciones por producción local. A la luz de la experiencia argentina, esto supone resolver la cuadratura del círculo. Durante décadas, las políticas económicas se movieron pendularmente entre un dólar barato para estimular los salarios y el consumo y un dólar caro para promover exportaciones a costa de salarios bajos (y también fuga de capitales).
Precisamente, este debate volvió a abrirse en los últimos días. En la Experiencia IDEA Agroindustria, realizada de forma virtual en Rosario, los economistas Marina Dal Poggetto y Ricardo Arriazu coincidieron en que el tipo de cambio oficial no está atrasado frente a la inflación (subió 22% frente al 15,6% en los primeros siete meses del año), en tanto que la cotización del contado con liquidación (CCL) se ubica en los niveles de la crisis de 2002, debido a la incertidumbre económica. Por su lado, el exministro Roberto Lavagna sostuvo en declaraciones a Clarín que el dólar oficial no es competitivo. Poco antes, Miguel Ángel Broda le había puesto números a este debate: a valores del 3 de agosto, el tipo de cambio real multilateral se ubica en $72,5 (similar al promedio histórico desde 1997) y el CCL de junio de 2002 en $ 120,8, aunque repara que con el primero el BCRA viene perdiendo reservas.
Con este marco, si Carlos Melconian bautizó en 2018 como Plan Picapiedra el programa económico acordado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI, por lo básico y rudimentario que significaba el objetivo de doble cero (déficit primario y base monetaria), la actual estrategia de Alberto Fernández podría denominarse Plan Rompecabezas, debido a la complejidad que significa armonizar tantos problemas y variables sin un programa explícito, cuyo objetivo es rescatar a las víctimas económicas de la cuarentena y reactivar la economía, sin que se dispare la inflación antes de las elecciones del año próximo.
Más cerca en el tiempo, la clave será el proyecto de presupuesto nacional para 2021 que la Casa Rosada deberá enviar al Congreso dentro de un mes y permitirá determinar en qué medida será transitorio y/o permanente el fuerte aumento del gasto público de este año financiado con emisión monetaria. También será la base para iniciar la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI para extender los vencimientos de la deuda con el organismo por US$44.000 millones, concentrados mayormente entre 2022 y 2023.En 2020, la economía cerrará con una caída del PBI de 12/13%, un déficit primario de 7/8% difícil de sostener en 2021 sin el mayor impuesto inflacionario de la emisión. De hecho, el último relevamiento de expectativas del BCRA prevé subas de 4% mensual en el cuarto trimestre, equivalentes a una inflación anualizada de 60%.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

Trajes a medida que suman incertidumbre
Néstor O. Scibona
Si en la Argentina hay un consenso bastante extendido para encarar la incierta etapa de pospandemia, es que la salida de este shock económico debería basarse en tres ejes: impulso a la inversión privada –local y extranjera–, creación de empleos productivos y mayores exportaciones, apoyados en acuerdos políticos que mejoren la calidad institucional y aseguren previsibilidad de reglas cuando quede atrás la emergencia sanitaria. No solo para revertir el retroceso y estancamiento del PBI per cápita desde 2010 (una torta productiva más chica para más habitantes), sino la decadencia económica y social de los últimos 45 años.
Lamentablemente, el gobierno de Alberto Fernández está transitando ese camino en sentido contrario. Con el correr de los meses, las diferencias internas dentro del oficialismo se inclinaron a favor del cristinismo y diluyen la perspectiva de un diálogo con la oposición acorde con el resultado (48% a 41%) de las elecciones de 2019. Así fueron resurgiendo discursos y acciones políticas en busca de culpables, con una amnesia selectiva que fracciona y edita deliberadamente la historia reciente en períodos de cuatro años; regulaciones y controles ex-ante sobre empresas y sectores afectados por el desplome económico; intentos o amenazas de estatización, en ambos casos sin considerar sus costos presentes o futuros y contradicciones sobre qué medidas de carácter transitorio por la cuarentena podrían transformarse después en permanentes.
Más preocupante aún es el diseño de “trajes a medida”, con hilachas que muestran claramente las intenciones de impunidad judicial o legal de sus promotores y/o destinatarios. Un breve repaso de esta agenda paralela al Covid-19 muestra que sus principales señales ignoran que la inversión privada es hija de la confianza y se nutre de la expectativa no voluntarista de que el futuro será mejor que el pasado reciente en materia económica e institucional:
● Nadie puede discutir la necesidad de mejorar el funcionamiento y la independencia de la Justicia; en especial del fuero federal, contaminado desde hace años por el poder político de turno.
● Pero sí es cuestionable la oportunidad y prioridad del proyecto de reforma enviado al Senado, en plena curva ascendente de contagios por el coronavirus en el AMBA y sin un acuerdo previo con la oposición para otorgarle legitimidad política y social.
● En este debate, el interrogante sin respuesta es en qué medida la reforma apunta al interés común o al de Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios K procesados por corrupción.
● La designación del abogado defensor de Cristina Kirchner en el consejo consultivo de juristas refuerza la sospecha de que la actual vicepresidenta (ausente en el acto de la Casa Rosada), no se conforma con su propia teoría de que la historia habrá de absolverla en las causas judiciales en su contra, como proclamó meses atrás.
● Otro tanto ocurre con la revisión del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el propio Néstor Kirchner redujo a 5. Difícil no asociarla con la “mayoría automática” que logró Carlos Menem al ampliarla a 9 miembros. O, al menos, con una presión sobre los actuales integrantes mientras se discute el tema.
● El plazo de 90 días fijado para que se expida el consejo muestra una urgencia que el gobierno no exhibió en otras cuestiones. Por ejemplo, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que el Congreso debía aprobar antes del 30 de junio según la ley de emergencia. Luego prorrogó el plazo hasta fin de año por DNU y fijará hasta entonces ajustes discrecionales por la misma vía. Una ventana abierta para nuevos juicios previsionales cuando concluya la feria judicial.
● Tanto la eventual ampliación de la Corte como la designación de 23 nuevos jueces federales en Comodoro Py, no asegura mayor celeridad ni que las causas no se eternicen hasta su prescripción, como ocurrió con Carlos Menem por el contrabando de armas. Al menos, mientras no simplifique la maraña de recusaciones, impugnaciones, recursos extraordinarios o de queja que pueden involucrar hasta 19 pasos judiciales en cuatro instancias. Paralelamente, buena parte de las causas que llegan a la CSJ surgen por apelaciones de la Anses a sentencias en firme a favor de jubilados por reajustes de haberes.
● La última reforma del Consejo de la Magistratura (CM) en 2006, que redujo el número de miembros de 19 a 13, amplió el peso de la mayoría legislativa en detrimento de otros sectores para designar o remover jueces a través de juicios políticos, que desde entonces ejerció un virtual derecho de veto.
● Como la estructura del CM no fue modificada y la designación de nuevos jueces titulares por concurso en los tribunales federales demora años, el proyecto de reforma prevé cubrirlos por jueces subrogantes o suplentes por un plazo de 12 meses prorrogable por otros 6, con el riesgo de designaciones a dedo y largas permanencias en determinados juzgados. Además, el Senado-con mayoría oficialista deberá votar los acuerdos.
● Otro traje a medida, del empresario Cristóbal López, está en dos agregados al proyecto de prórroga de la actual moratoria para deudas impositivas hasta el 30 de junio, impulsadapara atenuar el impacto económico de la cuarentena. Aun así, incluyó los impuestos a los combustibles y apuestas de juego y, por primera vez, a empresas con quiebras decretadas. Es el caso de Oil Combustibles y López, procesado en 2016 por fraude al Estado al retener indebidamente impuestos por $ 6000 millones que debía girar a la AFIP y dedicó a la compra de empresas.
● Nada que ver con el proyecto que, por unanimidad, aprobó ayer la Cámara de Diputados para suspender hasta el 31 de marzo próximo, los plazos que impone la ley de concursos y quiebras para evitar el cierre de empresas afectadas por la cuarentena (ver aparte).
● La marcha atrás del Presidente con el decreto de intervención y expropiación de Vicentin, ni sus críticas al juez que tramita el concurso preventivo desde febrero, borran la desconfianza que en el ambiente empresario generó en su momento esa decisión, basada en el insólito argumento ideológico de asegurar la “soberanía alimentaria”. Ahora, la empresa deberá negociar con sus acreedores y la Justicia investigar las posibles irregularidades en el manejo financiero del grupo y los créditos del Banco Nación.
● En el ínterin se abrió otro frente de desconfianza con la ofensiva del los entes reguladores (ENRE y Enargas, intervenidos a fin del año pasado tras haber sido normalizados por concurso en 2018) para revisar y retrotraer las últimas revisiones tarifarias, subsidios y compensaciones cambiarias acordadas con el gobierno anterior.

● En el caso de Edesur también está la amenaza de cancelar su concesión por cortes de luz en los barrios informales del sur del conurbano, detrás de un relato de amnesia selectiva. Pocos saben que por un acuerdo marco de 1994 (gobierno peronista de Menem), la responsabilidad de las distribuidoras por el servicio eléctrico llega hasta la entrada a las villas del AMBA. De ahí hacia adentro, el tendido de cables y pago del consumo comunitario (no hay medidores individuales ni catastro) pasó a estar a cargo de los municipios, cuyos intendentes dejaron de pagar esas facturas y de invertir en el mantenimiento y ampliación de las redes eléctricas desde 2011.
● La tensión entre el oficialismo y el sector privado también tuvo otro pico con la sanción unilateral (con apoyo sindical) de la ley de teletrabajo en plena cuarentena, sin considerar los reclamos de entidades empresarias por las rigideces y subas de costos que podrán frustrar esta modalidad en el futuro y desembocar en una mayor informalidad laboral. No solo equivale a dictar un código antisísmico en medio de un terremoto, sino que además entrará en vigencia 90 días después de que concluya el aislamiento obligatorio.
Con todos estos factores, más los vaivenes del canje, la emisión de pesos con riesgo de mayor inflación, el cepo reforzado y una política cambiaria difícil de sostener, será cada vez más difícil generar confianza, una condición indispensable para que los miles de millones de dólares “encanutados” vuelvan al circuito económico bajo la forma de consumo de bienes durables o inversiones productivas.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

La falta de rumbo, peor que no tener un plan

Néstor O. Scibona
Hace dos meses esta columna sostuvo que el Gobierno estaba más cerca de llegar a un acuerdo para reestructurar la deuda bajo legislación extranjera que de alumbrar un plan económico con políticas definidas y coordinadas para salir de la crisis agravada por el shock pandémico del Covid-19 y la extensión de la cuarentena.
La primera hipótesis sigue siendo válida. La segunda quedó anulada esta semana por el propio Alberto Fernández cuando, contra todas las expectativas –alimentadas por sus señales previas–, afirmó que francamente no cree en los planes económicos porque todos habían naufragado en la Argentina. Para que no quedaran dudas, lo dijo en una entrevista con el Financial Times y lo repitió ante la televisión pública. A cambio sostuvo que tiene objetivos (producir más, crear empleos, reducir la pobreza), con los que nadie podría en desacuerdo excepto porque varias iniciativas en danza van en sentido contrario a mediano plazo. Un marco extraño para asegurar que esta vez el Gobierno se plantó y no volverá a modificar el plazo ni las condiciones de su última oferta a los bonistas porque supondrían un ajuste en el gasto para pagarles a los jubilados. Más que nada, fue un mensaje para consumo interno y dedicado a la heterogénea coalición oficialista.
Con la negociación de la deuda el Gobierno tuvo en estos meses un baño de realismo que obligó al ministro Martín Guzmán a pasar de la teoría a la práctica. Después del rotundo fracaso de su primera oferta unilateral (que a fin de abril solo obtuvo alrededor de 13% de aceptación), fue flexibilizando su postura y aceptando más concesiones que los acreedores privados, a un costo de casi US$15.000 millones. A tal punto que, a 10 días del vencimiento, en Wall Street los mercados externos apuestan a que habrá acuerdo y no pocos analistas extranjeros y locales se preguntan cómo todavía no se concretó si las posiciones quedaron tan cerca. Hoy se ubican en 53,3 de valor presente neto (VPN) promedio en la última propuesta argentina y en 56,5 en la contraoferta de los tres comités más exigentes, que concentran un tercio de los títulos incluidos en el canje aunque las proporciones varían en cada serie, con plazos y cláusulas diferentes.
La respuesta no solo está en esa diferencia (equivalente a unos US$3200 millones, prorrateados en diez años), sino también en la cuestión legal. A través de una fórmula negociada de común acuerdo, los mayores acreedores resignaron su pretensión inicial de equiparar las cláusulas de acción colectiva (CAC) de los bonos emitidos en 2016/17 (Macri) con las de los canjes de 2005 y 2010 (bonos K), para cubrirse del riesgo de futuras reestructuraciones. Pero no admiten el mecanismo aplicado por Guzmán, de excluir a los títulos sin la adhesión requerida por las CAC (Pacman, en la jerga) y reasignarlos junto a otros que entran al canje. Hay quienes sostienen que, si hasta el 4 de agosto puede zanjarse aquella diferencia económica, habrá casi un mes más para resolver estas discrepancias legales, probablemente con una categoría aparte para “bonistas calificados”.
Aun con la perspectiva cierta de un acuerdo (parcial o total) por la deuda, que despeje a corto plazo la incertidumbre sobre el default, la negativa presidencial a avanzar con los lineamientos de un programa económico pospandemia no contribuye a mejorar las expectativas en el plano interno, ya deterioradas por dos años de una recesión que ahora se extendió y profundizó con la cuarentena. Un test rápido es el dólar paralelo, que ayer cerró a $140 tras una suba de 7,7% en la semana.
Ayer mismo, ante empresarios pyme, Alberto F. anticipó su propósito de anunciar una batería de 60 medidas, que algunos funcionarios de la Casa Rosada ya bautizaron exageradamente como Plan Marshall. Sin embargo, no conforman un plan. Algunas son la continuidad de la asistencia a las empresas, trabajadores y familias más afectadas por la cuarentena en el AMBA y otras podrían asemejarse a un “delivery” para economías regionales y actividades forzadamente paralizadas por un plazo incierto (turismo, hoteles, cines y teatros, recitales, fútbol, etc.). Todas ellas tienen como común denominador la riesgosa emisión de pesos para financiar mayores subsidios y aumentos del gasto público, que en el primer semestre creció 73% interanual, frente a una suba de ingresos de apenas 8%. Y casi ninguna extiende el horizonte más allá de fin de año.
Además, hay medidas aisladas que podrían chocar contra otras, no ser consistentes entre sí y crear más confusión. Por caso, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para extender la moratoria impositiva hasta el 30 de junio (ahora con dos cláusulas a medida de Cristóbal López), pero a la vez dejó trascender que estudia un nuevo blanqueo que neutralizaría su efecto. El ministro Guzmán salió a negarlo por televisión, pero apoyó el impuesto a las grandes fortunas (IGF), que hasta ahora no tenía su aval. El Senado avanzó con la ley de teletrabajo, una modalidad que pasó a ser indispensable con la cuarentena, pero sin tomar en cuenta la opinión en contra de muchas entidades empresarias por las excesivas regulaciones que aumentan los costos en vez de reducirlos. También volvió a prorrogarse la doble indemnización por despido, mientras la anunciada flexibilización de la feria judicial no alcanzará a los juzgados laborales, previsionales, civiles y comerciales.
Es cierto que al Gobierno no se le puede pedir un programa económico integral ahora, sin haber cerrado la reestructuración de la deuda por US$66.000 millones, en medio de la incertidumbre por la duración de la pandemia con sus enormes daños económicos y del aumento de contagios que pone en peligro la incipiente flexibilización de la cuarentena en el AMBA.
Pero también lo es que, en medio de la emergencia, no ha logrado trazar un rumbo a más largo plazo que defina el futuro rol del Estado y del sector privado.
Esta ausencia de señales fue el disparador del encuentro virtual que la CGT gestionó esta semana con los empresarios nucleados en la AEA, sin participación de funcionarios del Gobierno. Allí se habló de transmitirle al Presidente la importancia de fomentar mayores inversiones privadas, empleos genuinos y exportaciones, que serán imprescindibles –al igual que la salida del default- para la recuperación pospandemia.
El caso Vicentin fue el punto de inflexión que puso al descubierto las diferencias de enfoque entre el albertismo y el cristinismo sobre la economía, entre otras áreas. Pero ahora se agrega el reclamo de los doce intendentes del sur del conurbano bonaerense para poner fin a la concesión de Edesur y la intención del ENRE de retrotraer las tarifas eléctricas a 2015.
Estas tensiones entre la Casa Rosada y el Instituto Patria conspiran contra el diseño de un programa macroeconómico que, más temprano que tarde, el Gobierno deberá negociar con el FMI para prorrogar los vencimientos por US$44.000 millones concentrados entre 2022 y 2023.
Alberto F. quizás recuerde a Roberto Lavagna, que nunca anunció un plan, pero recibió de Jorge Remes Lenicov superávits en las cuentas fiscales y externas que fueron la base para recuperar la economía a “tasas chinas” con inflación de un dígito anual entre 2003 y 2005. Ahora es a la inversa: lo peor viene después, que es estabilizar la economía y crear confianza para generar inversiones y empleo. Algo imposible sin acuerdos políticos para reformar todo lo mucho que ya venía mal en la Argentina.
El fracaso económico de la Argentina no viene de los planes, sino de los movimientos pendulares entre dos modelos ideológicos extremos (uno, cerrado, intervencionista y superregulado; otro, abierto a los mercados y desregulado), que en ambos casos duraron hasta que se acababan los dólares.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

Efectos asimétricos, la trampa de la cuarentena
Néstor O. Scibona 
Después de 120 días de cuarentena, la flexibilización –parcial, selectiva, progresiva, diferenciada y hasta cosmética en algunos casos– anunciada ayer para el AMBA no deja de resultar desconcertante, porque coincide con el fuerte aumento de los últimos días en los números absolutos de contagios y muertes por el coronavirus. Difícil saber si se llegó al pico tantas veces vaticinado; menos aún con la salvaguardia oficial para retroceder si las cifras relativas, estabilizadas en niveles altos, no van en la misma dirección. Especialmente en el conurbano bonaerense, donde los casos positivos se duplican cada tres semanas, frente a algo más de cuatro en la CABA.
Sin embargo, la clave de este nuevo intento flexibilizador no debe buscarse en el terreno sanitario. “El golpe sobre la economía es muy duro. La pobreza, el desempleo y la destrucción de empresas van a observar datos muy fuertes, de una crisis inédita. Van a empeorar, eso va a suceder, lo decimos con toda claridad”, sinceró hace una semana la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca. La economista, de bajísimo perfil, completó su crudo y realista diagnóstico con la afirmación de que el objetivo oficial de tranquilizar la macroeconomía, poner a la producción en marcha y generar empleos, requerirá un esfuerzo todavía mayor después de la pandemia.
Nadie, en el mundo ni en la Argentina, puede aventurar todavía en cuánto tiempo podrá hablarse de la pospandemia. Más bien crece el consenso en que habrá que habituarse a convivir con este virus endiablado hasta que se universalice alguna de las vacunas que solo ahora están comenzando a probarse en seres humanos. Por eso en muchos países desarrollados fueron perdiendo terreno como única defensa los aislamientos masivos y estrictos (salvo de actividades y personas de mayor riesgo), desplazados por testeos a gran escala y protocolos sanitarios para reanudar actividades paralizadas y achicar daños económicos. En el (falso) dilema salud – economía, la letra “o” debió ser reemplazada por la “Y”.
Esta realidad hace que la cuarentena récord en el AMBA (salvo para sectores esenciales) se haya convertido en una trampa para el gobierno de Alberto Fernández: es un problema flexibilizarla demasiado, pero también mantenerla sin cambios. En el primer caso, por el riesgo de mayores contagios. En el segundo, porque agudiza la caída de actividad, ventas, empleos privados, salarios reales e ingresos. Cuanto más se extiende el aislamiento obligatorio (ASPO), más aumenta el gasto público para ayuda social y asistencia a empresas, a la vez que se desploma la recaudación tributaria.
A la inversa, en las provincias que pasaron a la etapa de distanciamiento obligatorio (DISPO), se verificó en mayo un repunte de ventas de cemento y menor caída en naftas, mientras que en la primera quincena de junio las realizadas con Ahora 12 volvieron a niveles similares a los del mismo período de marzo (ajustadas por inflación). Según el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que procesa estos datos, el país funciona a dos velocidades distintas. Aun así, por el peso del AMBA en el PBI, estas mejoras asimétricas apenas mueven el amperímetro a nivel nacional.
No puede desconocerse que estos cuatro meses permitieron ganar tiempo para ampliar la infraestructura sanitaria para enfrentar el Covid-19 (hospitales de emergencia, unidades de terapia intensiva, camas de aislamiento). Ni que el número de fallecimientos y de contagios es relativamente bajo en comparación con la región (salvo Uruguay y Paraguay) y con gran parte del mundo. Pero tampoco que en el (falso) dilema salud versus economía, la letra “O” debió ser reemplazada por la “Y”
La rapidez de respuesta con el ASPO no tuvo una correspondencia con la cantidad de testeos, que sólo en el último mes y medio comenzó a incrementarse y focalizarse en CABA y el Gran Buenos Aires, debido a lo cual también aumentó el número de casos positivos y, en cierta medida, la ocupación de camas de terapia intensiva.
Paralelamente, a lo largo de este período el gobierno no intentó armar siquiera un esquema de emergencia para atenuar el gran problema del transporte público, que impide rehabilitar el trabajo de mucha gente en el AMBA por el riesgo de contagios. En ningún momento se modificó el recorrido de líneas de colectivos que se superponen con trenes o subtes. Ni se recurrió a la flota de ómnibus de larga distancia, paralizada desde fin de marzo, para realizar los mismos trayectos de los trenes suburbanos y ampliar la oferta de asientos con distanciamiento físico, excepto una sola vez cuando se produjo un paro en la línea Sarmiento. Y si bien es razonable que los protocolos sanitarios dispongan el uso de transporte privado (propio o contratado) para trasladar trabajadores, tampoco se echó mano a otra flota inactiva como la de micros escolares.
Aquí el Estado presente estuvo –y está– notoriamente ausente en medio del jubileo de subsidios y gasto público cubierto por emisión monetaria. Sobre todo en esta etapa, en la cual será necesario rehabilitar progresivamente todas las actividades que sean posibles sin poner en riesgo la salud. Desde ya que la responsabilidad individual es lo más importante, pero habrá que ayudar a quienes tienen empleo a reducir la asimetría entre contar o no con transporte propio y no sólo desde el sector privado.
La cuarentena también encierra otra trampa, expresada cada vez más en los discursos oficiales: creer que la indispensable asistencia estatal de emergencia a empresas, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y autónomos que deben mantenerse inactivos forzosamente (IFE, ATP, créditos a tasa 0%), alcanza para cubrir sus necesidades mientras dure esta situación. En realidad, compensa sólo una parte de la caída de ingresos. Los comerciantes que pudieron reabrir sus puestas pueden dar fe que el problema no es solo de oferta sino de escasez de demanda, que apenas repuntó en junio con el medio aguinaldo que los empleados estatales y jubilados pudieron cobrar, a diferencia de una parte del sector privado.
En otras actividades sin rehabilitación a la vista y baja o nula facturación (turismo, hotelería, gastronomía, cines, teatros, recitales, construcción privada, etc.), la situación sigue siendo crítica. Otra vez los efectos asimétricos.
A tal punto que los veteranos sindicalistas Armando Cavallieri (comercio), Luis Barrionuevo (gastronómicos) y Gerardo Martínez (construcción) realizaron esta semana, en una entrevista colectiva en el canal TN, una defensa de las empresas privadas como generadoras de inversión y empleo que bien podría haber sido suscripta por el Grupo de los 6, actual blanco del kirchnerismo duro.
Con este marco, el anunciado y lento ingreso a una “nueva normalidad” tiene el problema de que va a producirse dentro de la vieja anormalidad que viene padeciendo la Argentina desde hace muchos años.
Por caso, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, denunció en una nota publicada por LN Digital, que la provincia de Buenos Aires no solo recibe de la Nación un porcentaje inferior al que aporta al país (22 % vs 38 %) sino que coparticipa con sus municipios sólo 16 %. Y como en la actual situación los fondos que le llegan son en buena medida discrecionales, tampoco van de manera automática a las municipalidades. A esto agrega que la Provincia distribuyó entre los municipios ATP (Asistencia del Tesoro Provincial) para compensar los recursos que perdieron. Pero, por la forma de reparto, entregó $155.000 por casos de coronavirus en el Conurbano contra $1.257.000 en el interior provincial. De ahí que haya propuesto para pospandemia un fondo Covid- 19 no reembolsable con foco en el Gran Buenos Aires, que recibió el 52 % de los ATP a pesar de tener el 89 % de los casos.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

El daño ya está hecho
Néstor O. Scibona


A nadie se le ocurriría derribar el techo de una casa para arreglar una gotera; menos aún sin recursos y detrás de una consigna épica. Esta desproporción es semejante a la del DNU que dispuso la intervención estatal de la agroexportadora Vicentin, pasando por arriba al juzgado santafesino que tramitaba su concurso preventivo y como paso previo a la expropiación por ley que deberá tratar el Congreso bajo el discutible argumento de asegurar la “soberanía alimentaria”.
Aunque solo en los últimos dos días se inició un diálogo con los directivos de la empresa, los fundamentos políticos de la sorpresiva decisión del gobierno de Alberto Fernández agregan otra hoja al frondoso prontuario argentino de inseguridad jurídica, cualquiera sea el desenlace. Por lo pronto, el interventor oficial Gabriel Delgado deberá ocuparse de verificar la actual situación de la cerealera, que no dejó de pagar los sueldos, así como de las 18 empresas del holding agroindustrial. En principio no estarían incluidas en el proyecto de expropiación, que ingresaría al Senado la semana entrante.
No importa a esta altura si la iniciativa fue de La Cámpora o del Presidente, por más que Anabel Fernández Sagasti (la senadora mendocina ultra K autora del desprolijo proyecto de ley) le agradeciera públicamente el gesto. Ni que tampoco llegaba a tanto la propuesta que la diputada Fernanda Vallejos siquiera llegó a escribir y fue descartada como “idea loca” por el propio Alberto F. apenas 11 días antes de anunciar el combo de intervención sorpresiva-expropiación directa. Lo concreto es que de golpe reaparecieron los fantasmas estatistas e intervencionistas del segundo mandato de Cristina Kirchner (YPF, Ciccone, Papel Prensa) con letra y música del primer peronismo, junto con el consabido apoyo sindical de la CGT y la CTA cuyos dirigentes imaginan al campo como en las viejas películas de Hugo del Carril.
Con este preludio, el daño ya está hecho: genera una desconfianza en el sector privado que, más temprano que tarde, afectará las decisiones –locales y extranjeras– de inversión en el país, imprescindibles para que en la etapa pospandemia la economía pueda salir, al menos, del estancamiento de los últimos diez años.
Algunos especialistas que conocen por dentro el ecosistema agrícola coinciden en que, dentro la deuda total de Vicentin, de $100.000 millones en números redondos, el problema más urgente está en los productores que le vendieron soja y no cobran desde el 4 de diciembre, cuando entró en cesación de pagos. De todos modos, algo más de dos tercios de ese monto corresponden a 37 entidades financieras, con el Banco Nación a la cabeza y a 19 organismos tributarios (nacionales, provinciales y municipales). La empresa pidió su concurso preventivo en febrero y el juez del fuero comercial de Reconquista, Fabián Lorenzino, lo aprobó a comienzos de marzo, dos semanas antes de la cuarentena que se convirtió en feria judicial y complicó aún más la situación.
Si se supone que el resto de la deuda alcanza a $30.000 millones y la mitad (equivalente a solo un millón de toneladas de soja) corresponde a los productores, la alternativa más efectiva y directa –aunque políticamente menos ruidosa– hubiera sido que YPF Agro recomprara ese volumen a cambio de ventas anticipadas de gasoil e insumos agrícolas. Esta operación forma parte de su funcionamiento habitual a través de su amplia red de distribuidores y no alteraría el procedimiento concursal, donde solo la verificación deudas con los 2600 acreedores de Vicentin podría llevar más de un año. Tampoco la investigación de presuntas irregularidades financieras o aduaneras.
Otras opciones serían que los bancos acreedores capitalizaran un determinado porcentaje de acciones durante un período dedos años y posterior recompra por la empresa, o un acuerdo entre privados, restringido ahora por la exigencia del gobierno de compradores de capital nacional. Probablemente, porque José Luis Manzano había acerca do aun fondo de inversión externo sin antecedentes conocidos en el sector agroindustrial.
El argumento oficial es que la única forma de mantener operativa a la cerealera es la expropiación mediante el pago con las deudas que mantiene con el BNA y la AFIP y el traspaso de sus activos a un fondo fiduciario administrado por YPF. En teoría el Estado podría pedir su quiebra, pero en la práctica no es posible con el concurso preventivo frenado por la feria judicial. De ahí que la presente como un “rescate” de la empresa, a la que autodeclaró estratégica, para preservar las fuentes de trabajo. Es cierto que, en medio de la pandemia del Covid, muchos países rescataron compañías privadas, ya sea sosteniendo el valor de sus acciones o refinanciándoles deudas para evitar su quiebra, pero no para estatizarlas definitivamente.
El camino elegido no sólo ensanchó la grieta entre el oficialismo y la oposición, con cacerolazo incluido, ante la sospechosa coincidencia con la cinematográfica denuncia de CFK de una supuesta y vasta asociación ilícita para auto exculparse de las causas judiciales en su contra por el mismo delito. A esto se suma el pedido de la UIF- bajo control K- de sumarse como querellante contra los dueños de Vicentin, los ex presidentes del BNA y el BCRA y Mauricio Macri. También divide aguas entre las entidades agropecuarias, así como empresarias dentro y fuera del sector agroindustrial.
Por lo pronto, la participación de YPF Agro – una línea de negocios de la petrolera y no una S.A como erróneamente aparece en el proyecto de ley de Fernández Sagasti-, puede beneficiar a los productores que no cobraron sus ventas a Vicentin. Pero también complicar al sector de biocombustibles, donde sobra capacidad ociosa debido al congelamiento de precios que impide aumentar la mezcla con naftas y gasoil. La cámara del sector (Carbio) se pronunció ayer en contra de la intervención.
Hasta el propio Roberto Lavagna, a quien el Presidente había invitado hace diez días a Olivos para mostrar una señal de moderación ante empresarios, tuiteó luego que no bastan el Estado y los amigos del poder para que las cosas salgan bien. Así advirtió que con la soberanía alimentaria puede ocurrir lo mismo que con la “soberanía hidrocarburífera”, invocada en 2012 para expropiar el 51% de YPF que costó entonces más de US$5000 millones de resarcimiento a Repsol y ahora un juicio por otros 3000 millones. Como explicó Carlos Pagni en LN, la inclusión de YPF en el proyecto de expropiación absorbiendo al personal de Vicentin, confirma la figura jurídica de alter ego que los abogados del gobierno niegan para evitar un fallo adverso del tribunal de Nueva York.
No es la única complicación jurídica, que presagia otros juicios contra el Estado. Por caso, uno de los principales acreedores de Vicentin es la CFI, el brazo del Banco Mundial para financiar inversiones del sector privado. A su vez, la suiza Glencore, que a fin de 2019 aumentó de 50 a 67% su participación en Renova, pasará de golpe a ser socio del Estado.
Para completar el cuadro de malas señales, todo esto ocurre en la fase decisiva de la negociación de la deuda con acreedores privados, que acaba de prorrogarse otra semana. No será fácil para el ministro Guzmán explicar cómo el Estado argentino en virtual default por no pagar un vencimiento de US$500 millones decide hacerse cargo de una empresa con una deuda de US$1400 millones.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

El canje de deuda está más cerca que un plan económico

Néstor O. Scibona
Ahora que quedó atrás la fecha límite y el propio Martín Guzmán admitió cambios en la oferta, van perdiendo sustento sus inciertas proyecciones técnicas sobre la sustentabilidad de la deuda a mediano plazo antes de la pandemia. En ambas partes parece prevalecer el clásico axioma jurídico según el cual si no hay diferencias insalvables, un mal arreglo vale más que un buen pleito. Ninguna de las dos pateó el tablero, pese a que los plazos se van prorrogando como la cuarentena.
El gobierno de Alberto Fernández está más cerca de un acuerdo para evitar el peor (y costoso) escenario de un default total, aunque las calificadoras de riesgo declaren al país en default selectivo por el incumplimiento ayer del pago de tres bonos Global, que incluso podría convertirse en transitorio. De hecho, la extensión de la oferta oficial hasta el 2 de junio implica que los comités de acreedores no activarán judicialmente las cláusulas de aceleración de pagos y cross default de todos sus títulos mientras se mantenga abierta la negociación. Y, sugestivamente, el embajador argentino en los Estados Unidos aportó otro indicio al comunicar por mail que la Argentina "pospondrá" ese pago hasta que se acuerden con los acreedores "nuevos términos sobre los intereses a pagar sobre dichos bonos". Las opciones en danza (un pago cash simbólico, mejora del cupón inicial de intereses, menor período de gracia, etc.) acercarían a los nuevos títulos al valor presente pretendido por los bonistas y, según cómo se combinen, alterarán en mayor o menor medida la sustentabilidad de la deuda calculada en su momento por el ministro Guzmán, sobre la base de equilibrio fiscal en 2023 y un modesto crecimiento de 1,7% anual promedio del PBI hasta 2030.
Si esta negociación contra reloj alcanzara una significativa adhesión de los acreedores privados (a diferencia del fracaso de la oferta inicial), permitiría despejar un importante factor de incertidumbre económica, ya que un default complicará la recomposición del capital de trabajo de muchas empresas afectadas por la crisis del coronavirus. Por caso, la deuda externa de las compañías privadas que operan en la Argentina suma US$16.000 millones, que podrían ser renovados si se extiende el horizonte de la economía, hoy reducido al día a día.

Sin embargo, sería un punto de partida y no de llegada. El paso siguiente de Guzmán será acordar con el Fondo Monetario la reprogramación de los vencimientos por US$44.000 millones del crédito stand- by contraído por Mauricio Macri, que se concentran entre 2021 y 2023 y a todas luces son imposibles de pagar. Aunque Kristalina Georgieva apoyó expresamente la quita de intereses y capital a los bonistas privados (de mayor magnitud que la incluida en la propuesta argentina) y el organismo celebró el acercamiento de posiciones, parece difícil que la inevitable extensión de plazos de pago no esté sujeta cuando menos a un programa con nuevas metas fiscales y monetarias, que además debe ser aprobado por el board del FMI, donde es clave el voto de los EE.UU.
El problema es que el Gobierno está muy lejos de alumbrar un plan económico integral para definir y coordinar las políticas que aplicará en los próximos meses, una vez que concluyan las sucesivas fases de la cuarentena para enfrentar el Covid-19, que hasta ahora ocupa todas sus energías.
Por lo pronto, la curva de contagios viene empinándose marcadamente en el AMBA, donde habrá de extenderse otras dos semanas. Esta situación obligará a mantener más tiempo que el previsto la asistencia a trabajadores, desocupados, familias y empresas afectadas por la paralización de actividades en esta megalópolis, que concentra un tercio de la población total del país y buena parte del PBI industrial y de servicios. La única herramienta disponible es la emisión monetaria y todavía no tiene un límite a la vista.
Más temprano que tarde, el Gobierno deberá resolver cómo esterilizar ese excedente de pesos, que todavía no se refleja en la inflación debido al derrumbe de la actividad económica y a la necesidad del público de mantener efectivo. Por ahora, el Tesoro está renovando deuda en moneda local a tasas más acordes con las expectativas inflacionarias para los próximos meses, que superan 50% anual y el Banco Central duplicó la venta de dólares a futuro, que exportadores y empresas compran para cubrirse de una devaluación.
Más problemas
Pero debajo de esa alfombra de cientos de miles de millones de pesos, se vienen barriendo otros problemas previos y posteriores a la cuarentena. Las tarifas de servicios públicos llevan más de un año de congelamiento y constituyen un factor de inflación reprimida. El aumento de la brecha cambiaria no solo responde a la mayor oferta de pesos, sino a que, con el cepo y el impuesto PAIS, la oferta de dólares va al mercado paralelo e incentiva la economía en negro. EL BCRA viene perdiendo reservas, porque bajó la oferta de dólares en plena temporada alta de liquidación de la cosecha gruesa y los embarques desde Rosario están afectados por una histórica bajante del río Paraná. La recaudación de impuestos nacionales cayó un tercio en términos reales por la profundización de la recesión. El Gobierno prevé para este año un retroceso de -6,5% del PBI, que algunas consultoras como LCG ya estiman en -10% y el déficit fiscal primario se ubicaría en torno de 6/7% del PBI o por encima, según lo que ocurra con la cuarentena.
Con este panorama, la ausencia de un programa coordinado para normalizar y estabilizar la economía constituye un factor de incertidumbre tanto o más importante que el riesgo de default, ya que hay múltiples frentes abiertos. Y Alberto Fernández enfrenta el mismo problema de Macri con la división de la conducción económica sin una cabeza que centralice las decisiones. Guzmán es un virtual "ministro de deuda", que en el mejor de los casos actúa como secretario de Hacienda. Como ministro de Producción, Matías Kulfas se ocupa mayormente de atender a los sectores empresarios damnificados por la cuarentena. Y los titulares de los organismos que concentran los mayores gastos (Anses) e ingresos fiscales (AFIP) están en manos de funcionarios que responden a Cristina Kirchner.
Por si fuera poco, el cristinismo contribuye a aumentar la desconfianza con el endiosamiento de un Estado grande, como si no tuviera un déficit estructural crónico. O con iniciativas disparatadas como la de la diputada Fernanda Vallejos, de que la ayuda oficial para pagar salarios sea a cambio de participaciones en el capital de las empresas, en vez de promover su capitalización para evitar que el cierre sea menos costoso que mantenerlas en funcionamiento.
Si el Gobierno abriera el juego político, podría convocar a especialistas de distintos sectores para que vayan preparando un programa para aprovechar las oportunidades de exportación que se abrirán a los sectores más competitivos cuando termine la pandemia global. De lo contrario, corre el riesgo de que un populismo sin recursos genere una inflación creciente y políticamente peligrosa.

NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO

Deuda. El fin del "tómalo o déjalo"

Néstor O. Scibona
El vencimiento del plazo autoimpuesto por el ministro de Economía para canjear los bonos de la deuda externa tuvo una respuesta similar a la que ocurría en los vuelos sobrevendidos antes de la pandemia de Covid-19. Muy pocos pasajeros aceptaban la primera oferta de dejar asientos libres a cambio de incentivos menores (almuerzo en el aeropuerto, cambio de clase en un vuelo posterior), porque descontaban que las siguientes serían más atractivas a medida que se acercaba el horario de partida. Por lo general, se salían con la suya.
La ausencia de información oficial escrita, como acostumbra Martín Guzmán, sugiere por default -etimológicamente- que la adhesión inicial al canje debe haber sido muy baja, inferior a 30%. Incluso impide determinar cuántos aceptaron dentro y fuera de la Argentina. Fue el fin de la etapa del "tómelo o déjelo". Y nada parece indicar que la extensión del plazo hasta mañana vaya a cambiar significativamente el panorama. De hecho, hasta el viernes 22 es posible seguir negociando sin caer en default. Un escenario que buscan evitar tanto el Gobierno como los acreedores privados, aunque sin el mismo énfasis.
Por más que la propuesta de reestructuración de la deuda haya cosechado un amplio y heterogéneo apoyo (que va desde todos los gobernadores -menos Rodríguez Saá- hasta centrales empresarias y la CGT, pasando por economistas extranjeros, argentinos y el propio FMI), los que finalmente subirán o bajarán el pulgar son los grandes fondos internacionales de inversión con carteras de bonos argentinos bajo legislación extranjera (emitidos en 2016/17 y en los canjes de 2005 y 2010), que hoy cotizan a 25/30% de su valor nominal.
A ninguno convence la oferta de canjearlos por títulos que vencen entre 2030 y 2047 sin cobrar un dólar de intereses hasta mediados de 2023 y después con cuentagotas, con cupones que van subiendo ( step up ) de una base de 0,5% a 4,875% anual. Para la Argentina sería un alivio de US$37.000 millones para aplanar la curva de pagos de intereses (de 18% a 10% del PBI), más US$3600 millones por quitas de capital promedio de 5,4%, no aplicables a los bonos de canjes anteriores. Para los fondos, supone crear un antecedente que podría ser seguido por otros países emergentes endeudados y golpeados por el impacto económico de la pandemia.
El acuerdo requiere adhesiones de 66% (bonos Macri) y 75% (bonos K) que hasta ahora parecen lejanas, aunque el Gobierno se reserva la posibilidad de reasignarlas por series. Un incentivo para esperar otra oferta (como en los aviones) es la cláusula RUFO, que extiende cualquier mejora posterior a todos los bonistas, salvo para el Bono 2047 destinado a quienes ingresen después de un acuerdo. Tampoco se descarta un default parcial.
Pero no pocos analistas creen que todavía sería posible acercar posiciones. Entre las opciones, barajan un pago simbólico y la suba del cupón inicial de intereses a 1,5% anual (Miguel A. Broda); acortar el período de gracia o excluir del canje a los bonos ya canjeados en 2005 y 2010 (Guido Lorenzo, de LCG); excluir las series de 2016 y ofrecer un canje voluntario para las de 2005, o reconocer intereses corridos, o reducir el período de gracia, o capitalizar intereses durante primeros años, o subir algo la base de los cupones o reducir quitas directas de capital (Hernán Letcher, CEPA). Otra variante sería el stand still , que implica pagar los vencimientos inmediatos y postergar la reestructuración hasta 2021 (Carlos Rodríguez, Ucema), aunque en las actuales circunstancias ese plazo se reduciría a pocos meses.
De aquí hasta el 22 de mayo, uno de los términos técnicos que más se escuchará es la exit yield (una tasa subjetiva con la cual se descuentan los flujos) para calcular el valor presente neto de los nuevos bonos. Según la propuesta oficial sería de 8%, que implica un valor promedio de 49%, mientras los fondos de inversión la estiman en 12% y un valor de 32%.
Sin embargo, la mayor inquietud de los mercados no es la ausencia de un programa económico con metas numéricas, que hoy sería imposible de formular. Es la incertidumbre sobre el rumbo de la política del Gobierno cuando llegue el momento de volver a su cauce el desborde de gasto público y emisión monetaria justificado por la pandemia.