NÉSTOR O. SCIBONA Y EL ESCENARIO,

Rebote condicionado, no solo por el virus
Néstor O. Scibona
Nadie sabe muy bien por qué el ministro de Economía anticipó, en medio del alivio de haber dejado atrás el default de la deuda, un déficit fiscal primario para 2021 equivalente al 4,5% del PBI cuando todavía faltan diez días para el envío al Congreso del proyecto de presupuesto nacional para el año próximo.
Menos aún, que el presidente Alberto Fernández haya afirmado más de una vez desde entonces que dicha ley incluirá precisiones no solo sobre la política fiscal, sino también sobre la política monetaria, que no forma parte del cálculo de gastos y recursos, así como la política cambiaria.
El dato numérico aportado inesperadamente por Martín Guzmán abrió varias conjeturas. Sobre todo, en vísperas del arranque de las negociaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para extender los vencimientos por US$44.000 millones concentrados mayormente entre 2022 y 2023, que el propio ministro definió como “arduas” y se extenderían hasta el primer trimestre de 2021.
Hay quienes sostienen que ese techo, que significa bajar 35% el déficit desde el 7% del PBI con que cerraría 2020, sería un mensaje al oficialismo para que modere sus reclamos de gastos. Y también quienes creen que Guzmán cuenta con un guiño del FMI para discutirlo en el nuevo programa (como punto de partida de un sendero descendente en tres o cuatro años), que también prevé enviar al Congreso para su aprobación y diferenciarse así del gobierno de Mauricio Macri.
De un modo u otro, el Gobierno dispondrá de seis meses con mayor margen de flexibilidad para lanzar nuevas medidas de impulso fiscal de tipo keynesiano y créditos blandos para la producción y el consumo, a fin de ampliar el desparejo repunte de la economía tras el desplome de los dos meses más críticos de la cuarentena (marzo y abril) y que exhibió cierta desaceleración en julio y agosto.
El objetivo oficial de empujar a corto plazo un mayor uso de la capacidad industrial ociosa sin necesidad de nuevas inversiones, reactivar obras públicas para recuperar empleo y la demanda de bienes durables con bajo contenido importado apunta a mostrar registros interanuales positivos el año próximo, bastante antes de las elecciones legislativas. Así buscará capitalizar políticamente un efecto estadístico que el economista Orlando Ferreres explicó días atrás en declaraciones a la Radio Ecomedios. Si el PBI retrocede 12% este año –estimó–, podría rebotar hasta 6,7% el próximo y, aun sin recuperar el terreno perdido, registrar una suba interanual de 16 o 17% en el segundo trimestre de 2021 (respecto del mismo período de 2020), que sería el último dato previo a la campaña electoral.
Esta política de reactivación equivale a llenar una botella medio vacía, pero no significa crecimiento a base de inversión, que sería sumar más botellas. Tampoco tiene que ver con el marketing político presidencial, según el cual el ahorro de intereses por la deuda reestructurada (casi US$48.000 millones en cinco años) se destinará a la producción y al trabajo. No se trata de un nuevo ingreso, sino de recursos que no estaban ni están disponibles. Si el gasto público aumentara en esa magnitud sin financiamiento genuino y la economía no creciera sostenidamente por encima de 3% anual con mayores exportaciones, se estaría incubando un futuro default.
Sin embargo, el rebote de la actividad a corto plazo está condicionado por varios factores de incertidumbre. Uno de ellos es la circulación local del Covid-19, con su reflejo en el récord diario de contagios, rebrotes en varias provincias y creciente ocupación de camas de terapia intensiva. El escenario base de la mayoría de las consultoras económicas asume que el año próximo estará disponible la vacuna y hasta entonces los protocolos sanitarios permitirán una convivencia menos peligrosa con el virus.
Probablemente el ministro Guzmán también haya descontado la “nueva normalidad” al anunciar la reducción del déficit primario (sin incluir intereses) a 4,5% del PBI en 2021. Un informe de la Fundación Capital, dirigida por Martín Redrado, calcula que sin IFE ni ATP el desequilibrio primario podría bajar en 2 puntos, más otro 1,2 por el cambio de la movilidad jubilatoria y el repunte de la recaudación tributaria en paralelo con una mayor actividad económica. De hecho, el Gobierno ya comenzó a reformular las características y alcances de estos instrumentos de asistencia estatal a empresas y trabajadores afectados por la paralización forzosa de actividades hasta fin de año.
El próximo envío al Congreso del presupuesto 2021 no solo permitirá despejar la incógnita sobre la futura composición del gasto público, que en el segundo trimestre se disparó debido a la crisis provocada por el Covid y luego comenzó a moderarse en términos reales, al igual que la caída de la recaudación. En la base del menor aumento del gasto primario permanente (no asociado a la emergencia sanitaria y social) están la silenciosa reducción real de jubilaciones y la suspensión de incrementos salariales en la administración pública y las dos cámaras legislativas.
También se supone, a juzgar por lo que anticipó el Presidente, que el proyecto podría incluir un esquema de financiamiento monetario del déficit. Según la Fundación Capital, si la mitad se cubre con emisión y el resto con colocación de deuda en el mercado local, la inflación se ubicaría entre 53 y 55% anual el año próximo. Esto explica que ya no queda margen para seguir emitiendo sin presiones inflacionarias.
Otro factor de incertidumbre es el constante drenaje de reservas del Banco Central, que en agosto debió vender US$1279 millones, de los cuales US$950 millones correspondieron al dólar ahorro. Como lo anticipo lanacion, la demanda minorista también tiene una curva ascendente, ya que nada menos que 4,7 millones de personas compraron el cupo de 200 dólares para aprovechar la brecha con el paralelo. Pero también crece la diferencia entre el superávit comercial devengado y el de caja. En los próximos días, cuando comiencen a cotizar los bonos del canje, el BCRA deberá decidir si refuerza el cepo o la oferta de divisas a manera de un puente de seis o siete meses hasta el ingreso de la próxima cosecha.
Aun así, el problema de confianza difícilmente se resuelva con la presentación del proyecto de presupuesto en medio del actual clima de confrontación política, el intervencionismo estatal, los zigzagueos del Gobierno con la ocupación ilegal de tierras y los avances de Cristina Kirchner sobre la Justicia, que mantienen cajoneada en el Senado la ley de economía del conocimiento. Ni hablar si las circunstancias llevan a Alberto Fernández a accionar el “botón rojo” ante eventuales colapsos en el sistema sanitario, bajo el deseable pero ya perimido eslogan de “Argentina unida”.